La revolución de 1868

Cuando Isabel II —dice Ortega Rubio, t. VI. pág 104— se echó completamente en brazos de la reacción; cuando González Brabo, bajo su presidencia y con la cartera de Gobernación, formó aquel ministerio compuesto de Roncali, en Gracia y Justicia, e interinamente en Estado, y de Orovio, Catalina, Mayalde, Belda y Marfori, en Hacienda, Fomento, Guerra, Marina y Ultramar; cuando el Gobierno se presentó a las Cortes diciendo que sería dirigido por la sombra del duque de Valencia; cuando la constitución no fue respetada y se amordazó a la Prensa; cuando los consejos no fueron atendidos y al grito de guerra de los liberales se contentó con la persecución, entonces, los tres partidos, unionista, progresista y demócrata, olvidando antiguos agravios, se comprometieron a una acción común contra la reina y su gobierno.

Madrid: la Puerta del Sol en la mañana del 29 de septiembre de 1868, de Urrabieta.Madrid: la Puerta del Sol en la mañana del 29 de septiembre de 1868, de Urrabieta.

En efecto, la desacertada política seguida por los ministros de la última parte del reinado de Isabel II, así como la desaprensiva conducta de la reina, provocaron severas críticas, creando un ambiente de intranquilidad y malestar que muy pronto habría de traer funestos resultados.

El mismo día en que la corte se trasladaba a la Granja después del enlace de la infanta Isabel con el conde de Girgenti, hermano del destronado rey de Nápoles decía La Nueva Iberia: Adelante podemos ir todos; y para ello, y coincidir en puntos capitales de política, no es necesario que la unión liberal abdique. La ley del progreso es predicar la unión de las fuerzas y elementos afines. Unidos podemos ir todos. Este artículo que constituía ya un grito de guerra, decidió al Gobierno a tomar una grave determinación. En consecuencia, los generales Serrano, Dulce, Córdoba, Echagüe Zabala, Serrano Bedoya, Caballero de Rodas y el brigadier Letona, fueron detenidos y desterrados, y a los duques de Montpensier se les hizo salir de la Península, para que con su presencia no contribuyesen a fomentar la conspiración.

Pero la oposición no cejó por eso en sus propósitos, por el contrario, la política de represión no hizo más que exacerbar en ella el espíritu de rebeldía. Mientras tanto, la corte veraneaba tranquilamente en las costas del Cantábrico, desdeñando posibilidad de un movimiento revolucionario. El mismo presidente del Consejo escribía el día 11, desde Lequeitio: Así como mi instinto me decía en los primeros días de julio que aquello era verdad hoy me dice que esto es agua de cerrajas.

Pocos días más tarde, los acontecimientos vinieron a desmentir sus afirmaciones. El día 8 de septiembre el brigadier Topete había enviado a Canarias al vapor Buenaventura, con el objeto de hacer regresar en él a los generales allí deportados. Pero antes de que estos regresaran, llegó de Southampton el general Prim, y la escuadra sublevada, compuesta de las fragatas de guerra Zaragoza, Tetuán, Villa de Madrid y Lealtad, las goletas Ligera, Concordia, Santa Lucía y Edetana y otros buques de menor importancia, intimó la rendición de la plaza, que fue entregada por su gobernador militar, en vista de que la guarnición y el pueblo apoyaban a los revolucionarios.

El 19 de septiembre llegaron los generales de Canarias, y aquel mismo día el duque de la Torre, Prim, Dulce, Serrano Bedoya, Primo de Rivera, Nouvilas y Caballero de Rodas firmaron un manifiesto, redactado por López de Ayala, en el que se acusaba gravemente a la reina Isabel y se declaraba, entre otras cosas, que Cádiz no depondría las armas hasta que la nación recobrase la soberanía. A continuación, decía lo siguiente:

Queremos que una legalidad común por todos creada tenga implícito y constante el respeto de todos. Queremos que el encargado de observar la Constitución no sea su enemigo irreconciliable. Queremos que las causas que influyan en las supremas resoluciones las podamos decir en alta voz, delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nuestras hijas; queremos vivir la vida de la honra y de la libertad. Queremos que un Gobierno provisional, que represente todas las fuerzas vivas del país, asegure el orden, en tanto que el sufragio universal eche los cimientos de nuestra regeneración social y política.

Después de lanzar este manifiesto, el brigadier Topete permaneció en Cádiz, al frente de la flota allí formada; el duque de la Torre se dirigió a Sevilla, y Prim, con tres fragatas, marchó a recorrer las costas del Mediterráneo hasta Cataluña. Entre tanto, la reina había llegado, el día 17, a San Sebastián, donde le sorprendieron las noticias de Cádiz y la dimisión de González Brabo, que, recordando lo sucedido al conde San Luis en 1854, solo pensó en ponerse a salvo, abandonando el Gobierno.

Fue nombrado para sustituirle don José de la Concha, marqués de La Habana, quien, inmediatamente, convocó una Junta de generales, organizando el ejército que, a las órdenes del marqués de Novaliches, había de oponerse al duque de la Torre, en Andalucía. Antes de tener lugar la decisiva batalla de Alcolea, López de Ayala se presentó a Novaliches portando ciertas proposiciones de arreglo; pero estas fueron rechazadas, porque el marqués de La Habana abrigaba la esperanza de lograr una victoria definitiva sobre los revolucionarios.

Por ello, dirigió al general en jefe del ejército de Andalucía un telegrama, en el que manifestaba: La situación de la costa del Mediterráneo es tal, que se hace absolutamente necesario que obtenga V. E. mañana una victoria. A lo que contestó, al día siguiente, el general Paredes: Hemos sido rechazados por ambos lados del río. General en jefe, herido. Nos retiramos en el mayor orden al Carpio. Espero instrucciones. La correspondencia terminó el día 29 con un telegrama del marqués del Duero a Paredes, que decía: El ministro de la Guerra ha hecho dimisión. Dé V. E. paso al duque de la Torre. Decidido el triunfo de los revolucionarios en la batalla de Alcolea, el general Serrano continuó su camino a Madrid, sin que se le opusiera el menor obstáculo.

La reina, que había seguido, aturdida, la marcha de los acontecimientos, sumida en la mayor indecisión, no sabía qué camino tomar, entre los consejos de Salamanca y otros, que la inducían a regresar a Madrid para hacer frente a la situación, y los de Marfori —su privado a la sazón—, partidario de allanarse a la demanda revolucionaria, pasando la frontera.

Pero llegó un telegrama, anunciando el pronunciamiento de Madrid, y después, otro, expresivo de la definitiva caída de los Borbones; más tarde, tuvo noticias de sucesivos pronunciamientos y, comprendiendo que su reinado había concluido, salió de San Sebastián, a las diez de la mañana del dia 30, dirigiéndose a Francia. Creí tener más raíces en este país, cuentan que exclamó, al observar la indiferencia con que el pueblo la vio partir.

En Pau, cuna de los Borbones, firmó, al día siguiente, una viva protesta, en la que declaraba que obedecía a fuerza mayor al abandonar su reino, sin deber de perjudicar, atenuar, ni comprometer la integridad de sus derechos, sin que los actos del gobierno pudieran, en manera alguna, menoscabarlos, y menos aún las resoluciones de sus asambleas, que habían de formarse necesariamente bajo el impulso de los furores demagógicos, con presión manifiesta de las conciencias y de las voluntades.

BEGUÉ, Olimpia, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg. 2ª edición. Ed. de la Revista de Occidente, 1969, tomo N-Z, págS. 475-476.