El antiguo régimen 1874-1931

Índice

La restauración de 1874
El parlamentarismo y la cuestión catalana. 1898-1909
Los liberales y la Iglesia
El ejército y la lucha sindical en Barcelona. 1916-1923
La dictadura de Primo

La restauración de 1874

La víspera de Navidad de 1874 un general español, Martínez Campos, ordenó hacer alto al puñado de tropas que mandaba, a la sombra de los olivos de la colina de Sagunto, y les dirigió una arenga, al final de la cual proclamaba a Alfonso XII rey de España. Los soldados, vestidos con destrozados uniformes, aplaudieron siguiendo en esto a sus sargentos. Unos cuantos oficiales, recordando que habían jurado fidelidad a la primera República se marcharon.

Los últimos sesenta años habían sido testigos de una larga serie de pronunciamientos de este tipo a un promedio de uno cada veinte meses pero ninguno obtuvo un éxito más duradero. La I República cayó sin que se disparase un solo tiro en su defensa; y pocas semanas después, el joven rey, a la sazón cadete en Sandhurst, desembarcaba en Barcelona. El hombre a quien se debía la Restauración no era, sin embargo, un general.

El golpe de estado se había adelantado un tanto como consecuencia de la ansiedad existente entre los jefes del ejército para lograr este honor. El verdadero creador del nuevo orden era un político conservador, don Antonio Cánovas, quien, desde que se puso de manifiesto el fracaso de la Revolución de 1868, venía preparándolo cuidadosamente. Asumió, pues, la jefatura del gobierno provisional y emprendió a la vez la difícil tarea de bosquejar una nueva constitución, la sexta del siglo, y que había de durar hasta su anulación por parte de Primo de Rivera.

Cánovas era hombre de inteligencia y cultura fuera de lo común, y no se hacía ilusiones en cuanto a las condiciones materiales y morales de España en aquel momento. Había pasado los últimos cuatro años estudiando en el archivo de Simancas las causas de la rápida decadencia de España en el siglo XVII y, en particular, durante el catastrófico gobierno del conde duque de Olivares, cuya situación, consideraba él, en muchos aspectos, análoga a la suya propia.

Hombre de excepcional talento, Olivares había llegado al poder en un momento crítico con la misión de salvar y reconstruir el país, y había fracasado. Su gran error, tal como Cánovas lo veía, era el error habitual de los españoles intentar llevar adelante ambiciosos proyectos sin considerar en lo debido los medios económicos y materiales, sobre los cuales habían de asentarse tales proyectos.

El mayor vicio nacional español ha sido siempre un exceso de confianza y optimismo. Cánovas, por su parte, odiaba a los optimistas, y determinó seguir exactamente el camino opuesto.

procurar a la nación una época de equilibrio después de las guerras civiles y las algaradas políticas; estimular la creación de industrias y hacerlas prósperas, confiando en que así, una vez que las clases dirigentes nacidas de este proceso llegasen a europeizarse, sacudirían buena parte de su pereza y egoísmo ingénitos y adquirirían un sentido más claro de sus propias responsabilidades.

Nada en el ambiente español de aquellos años parecía oponerse a tales puntos de vista. Una nube de pesimismo e inercia se extendía sobre España los españoles penetrados de sentimientos patrióticos se desesperaban cuando se enfrentaban con la historia reciente de su país.

La guerra de la independencia, glorioso levantamiento nacional contra Napoleón, fue seguida por veintiséis años de salvaje reacción y de guerra civil; esta a su vez había desembocado en una sucesión de gobiernos anárquicos presididos por generales, que bajo una reina encantadora, pero de escandalosos caprichos siempre relacionados con la alcoba, y en una atmósfera de uniformes y de especulación en torno a los nacientes ferrocarriles, consiguieron tirar adelante otros veintiocho años.

Así, sobrevino la Revolución de 1868, e Isabel II fue destronada. Las clases medias se sublevaron porque los gobiernos de camarilla les habían arrebatado sus libertades; los generales se sublevaron porque la reina había escogido esta vez un amante que no pertenecía a la Guardia, y el pueblo se sublevó porque se le arrebataban sus tierras comunales, y se mandaba a sus hijos a morir en remotas regiones insalubres, en guerras sin sentido para ellos.

Pero una vez que hubo salido de España, no se había llegado a un acuerdo en cuanto a la mejor forma de gobierno; se escogió un rey de la anticlerical dinastía de los Saboya que pronto se vio obligado a abdicar, y fue proclamada la Republica, que acabó desastrosamente.

Los carlistas se habían levantado en las provincias del norte; hubo una sublevación cantonal en el sur, reprimida rápidamente por la fuerza. Y ahora un Borbón, un joven de aire insignificante, que no había heredado el buen tipo del catalán guarda de corps que se le atribuía como padre, venía a ocupar el trono vacío. El ambiente político del país jamás había estado tan decaído, nadie sentía ni esperanza ni entusiasmos en cuanto al futuro.

El nuevo Estado

En esta atmósfera, nada desfavorable para sus planes, empezó Cánovas a levantar el tinglado del nuevo Estado. Le guiaban, sobre todo, dos principios: Mantener alejado al ejército del poder político y no confiar en manera alguna en elecciones libres. La opinión general del país reprochaba al ejército la serie de disturbios y pronunciamientos de los últimos treinta años. Desde 1808 hasta 1840, había sido el defensor de las débiles clases medias, más o menos liberales, y había salvado al país de los temidos carlistas.

Terminada la primera guerra carlista, este mismo ejército había venido gobernando a la nación en primer lugar en su propio provecho, pero también, en cierta medida, con la aprobación de las clases medias. Ahora que el carlismo parecía por fin aplastado, la función interior del ejército había desaparecido, y Cánovas estaba decidido a que quedase reducida a lo que es tarea normal en cualquier ejército: la defensa el país contra posibles enemigos exteriores.

El segundo principio de Cánovas resulta difícil de explicar. Admiraba el sistema parlamentario inglés —hasta el punto, se dice, de que se sabía de memoria muchos discursos de Gladstone y de Disraeli— y en su constitución imitó cuidadosamente la forma externa de este sistema. Introdujo también un requisito censitario, mediante el cual las clases trabajadoras, en su mayoría iletradas, quedaban excluidas del derecho al voto.

Se podría pensar que con ello, las clases medias y bajas, no proletarias, podrían expresar su opinión libremente y escoger en las elecciones sus propios candidatos. Pero es esto lo que Cánovas trató cuidadosamente de impedir. Aun cuando la prensa era libre —circunstancia en la que él insistía con frecuencia—, no hubo ni una sola elección a diputados auténtica en todos los años de su vida, ni tampoco (puesto que el sistema creado por él le sobrevivió bastantes años) hasta la caída de la monarquía en 1931.

La explicación de esta anomalía es, por lo demás, bien sencilla. Cánovas vio claro que España debería ser gobernada durante cierto tiempo por las clases altas del país, que eran, desde luego, las únicas con las que se podía contar como apoyo y sostén del nuevo régimen. Pero por su parte, el país —es decir, aquella parte del país que disfrutaba del derecho al voto— era en su mayoría radical, con fuerte contingente de republicanos, y en cualquier elección libre habría enviado una mayoría radical a las Cortes. Por esta razón —pensaba él— hasta que la monarquía ganase en fuerza y en prestigio, las elecciones debían ser cuidadosamente controladas.

Había además razones más generales y permanentes. A partir del comienzo de las guerras civiles, la desconfianza de la opinión pública española respecto a los poderes constituidos se había hecho realmente endémica. El viejo sentido de unidad bajo el rey y la Iglesia de los felices tiempos pasados, había pasado dejando en su estela una nube de oscuras sospechas.

Ahora bien, los españoles son por lo general gentes suspicaces e intolerantes, habitualmente viven en compartimentos sociales estancos y gustan de arreglar sus asuntos a través de pequeñas camarillas o de grupos. Todo para su familia, sus amigos, sus subordinados, su clase, y nada para los extraños, es su regla. De haber contado con el votante medio, hubiera sido imposible cualquier pacto entre los partidos liberal y conservador, puesto que no se hubieran fiado el uno del otro. Era pues condición esencial la exclusión de este factor peligroso e imprevisible: la opinión pública.

Todo este pesimismo, en cuanto a la capacidad de juicio y ductilidad del pueblo español Cánovas lo compartía e incluso lo extendía también a su propia clase «Son españoles los que no pueden ser otra cosa», dijo una vez, cuando se le pidió que definiese, con vistas a algunos de los artículos de la Constitución, los límites de la nacionalidad española.

Y de este pesimismo nacía su firme convicción de que los asuntos del país debían ser dirigidos por una reducida y escogida clase de políticos profesionales: los más inteligentes, los más educados, a los cuales habría que confiar todas las tareas necesarias.

Así, gradualmente, esperaba él que se irían formando serias corrientes de opinión pública y que las clases altas y medias —tan inertes, tan egoístas— despertarían para hacer frente a sus responsabilidades. Vengo a galvanizar solía decir él el cadáver político de España. De hecho, como su antecesor Olivares, aunque por razones exactamente opuestas, lo que hizo fue contribuir a que se corrompiera más rápidamente.

El sistema de turnos

Los años de mediados del s. XIX habían traído uno tras otro, dictaduras militares y gobiernos reaccionarios, derribados de cuando en cuando por rebeliones militares. Desde 1814, ningún gobierno liberal había conseguido subir al poder sino por la violencia. Cánovas era demasiado inteligente para no darse cuenta de los inconvenientes y peligros de todo ello.

Por lo tanto, arregló las cosas de modo que gobiernos conservadores fueran regularmente reemplazados por gobiernos liberales. El plan seguido por él consistía en dimitir y dejar que los liberales resolviesen el problema en el momento en que una crisis económica o una huelga importante amenazaba las estructuras. Ello explica el por qué la mayor parte de la legislación represiva aprobada durante todo el resto del siglo fuese precisamente obra de los liberales.

Pero en el fondo, no había gran diferencia entre liberales y conservadores, excepción hecha de que los liberales eran anticlericales y se preocupaban por la educación, en tanto que los conservadores dirigían su atención —sin excesiva impaciencia, desde luego— hacia la agricultura y las condiciones de trabajo.

En 1885 el rey murió de tuberculosis, y a los pocos meses la reina regente dio a luz un hijo póstumo: Alfonso XIII. Mientras Alfonso XII yacía en su lecho de muerte, los jefes políticos se reunieron en el Palacio del Pardo y firmaron un pacto que consagraba formalmente la práctica ya establecida de partidos turnantes. Con ello se evitaba todo riesgo a la dinastía. Cánovas, entonces en el poder, dimitió, y el jefe de la oposición liberal, Sagasta, formó gobierno.

Con el fin de aquietar la opinión radical, fue aprobada en la Cámara a bombo y platillo una ley de sufragio universal que, en realidad no cambiaba apenas las cosas. La regla consagrada era que el gobierno que hiciese las elecciones, debía ganarlas. La cosa parecía tan natural que incluso a veces aparecían publicados en La Gaceta los resultados de las elecciones antes de que estas hubieran tenido lugar. Era raro que ni un solo candidato no designado por el gobierno, lograse un puesto de diputado.

La maquinaria electoral

Pero quizá será interesante explicar de que manera se obtenían tales resultados. La maquinaria electoral disponía de su estado mayor en el Ministerio de la Gobernación. Desde allí se cursaban órdenes a los gobernadores civiles de las distintas provincias, señalándoles los nombres de los candidatos del gobierno, y a veces incluso las cifras aproximadas de la mayoría por la cual debían aparecer triunfantes. No todos estos candidatos pertenecían, sin embargo, al mismo partido. Si era un gobierno conservador el que presidía la elección, había que incluir entre ellos a un buen número de liberales, e incluso a algún inofensivo republicano.

Los diputados gubernamentales, a diferencia de los miembros de las asambleas más recientes de los diferentes estados fascistas, no deseaban hablar en el vacío; eran por el contrario hombres cultivados, razonables, y para desenvolver debidamente sus ideas y marcarse puntos necesitaban una oposición. Por otra parte se trataba de artistas de la palabra hablada, y cualquiera que poseyese un buen estilo oratorio, aun cuando sus puntos de vista fuesen un tanto heterodoxos, podía estar seguro de obtener un puesto de diputado.

La primera tarea del gobernador civil apenas recibía las órdenes del ministerio consistía, a su vez, en preparar los ayuntamientos. Si por algún azar, los hombres deseados no resultaban elegidos en dichos ayuntamientos, se descubría una irregularidad cualquiera en las actas y pasaban otros a ocupar su lugar.

Los ayuntamientos confeccionaban entonces la lista de votantes. Naturalmente, en tales listas figuraban únicamente aquellos a quienes se suponía que habían de apoyar a los candidatos oficiales; y si el número de estos electores era insuficiente, se repetían los nombres una y otra vez. Hasta los muertos eran conjurados en sus tumbas, y en una ocasión, un cementerio entero, setecientos muertos en total, dio su voto, resultando edificante el ver que, aunque en vida estos setecientos votantes habían sido absolutamente analfabetos, todos ellos habían aprendido a leer y a escribir después de muertos.

Esta treta recibía el nombre de pucherazo. Hablando del aquelarre que tenía lugar cuando había a la vista elecciones, Maura decía. Una oleada de altos y bajos agentes del gobierno cae sobre las ciudades y pueblos y desarrolla todo el repertorio de sus insoportables actos, pone en práctica todas las artes del abuso, realiza las más ultrajantes falsificaciones y manipulaciones y lleva a cabo los más ingeniosos engaños y trampas.

Durante cierto tiempo, estas medidas fueron suficientes; mas cuando los años pasaron y el pueblo empezó a manifestar el deseo real de elegir sus propios candidatos, fueron necesarias aún más amplias falsificaciones de la votación. El modo más expeditivo para ello fueron las llamadas actas en blanco. Los miembros del comité electoral certificaban que ellos habían contado los votos, pero dejaban la columna de resultados en blanco para que la rellenase a su gusto el gobernador civil.

Si, por una u otra razón, esto resultaba imposible, la policía excluía entonces a los votantes que se le antojaban, las papeletas de voto aparecían inutilizadas, o bien bandas de matones a sueldo se dedicaban a romper las urnas. Los candidatos oficiales no asomaban por su respectivo distrito, ni hacían ninguna clase de declaraciones electorales, a los no oficiales tampoco se les permitía ni lo uno ni lo otro. Otro modo muy usado consistía en distribuir papeletas de votación con ciertas señales secretas. Con ello podía saberse el resultado de la votación, aun antes de hacer el recuento. Si este se anunciaba desfavorable para el gobierno, se echaban a escondidas en la urna un número de papeletas suficiente para asegurarse la mayoría.

En 1905, los candidatos socialistas, Pablo Iglesias y Largo Caballero, se aseguraron su elección como concejales del Ayuntamiento de Madrid imitando estas secretas señales de identificación, de modo que hasta el momento del recuento los agentes del gobierno creían haber obtenido la mayoría.

Cambó, distinguido banquero e industrial, jefe de los conservadores catalanes, recapitula lo que él describe como la inmensa ficción del régimen constitucional en España desde Fernando VII hasta septiembre de 1923. Durante todo un siglo, España ha vivido bajo la apariencia de un régimen democrático constitucional, sin que el pueblo haya tenido nunca, directa o indirectamente, la menor participación en el gobierno. Los mismos hombres que le dieron sus derechos políticos tuvieron buen cuidado de hacer que no los pudiera ejercitar nunca. Si el pueblo no ejerce sus derechos, es por su propia culpa, decían y todavía dicen los que los han usurpado, pero la verdad es que, cuando en 1907, se comenzó a considerar en Cataluña el sufragio popular como la clave de los derechos políticos, las clases gobernantes de todos los partidos procuraron adulterarlo y corromperlo.

¿Quién no recuerda elecciones en las que los gobernadores civiles utilizaban a la policía para robar las urnas electorales, o en las que el recuento de los votos se falsificaba en las mismas salas en las que se administra la justicia? ¿Quien no recuerda que el voto de los diputados que declaraba válida una grosera y evidente falsificación hacía que cierto número de personas respetables aceptaran como colegas en el parlamento a sujetos a los cuales jamás hubieran permitido franquear la entrada de sus domicilios particulares?.

El caciquismo

Tales métodos electorales resultaban suficientes en las grandes ciudades, donde el gobernador podía echar en todo momento un vistazo a lo que sucedía; pero no así en las villas y ciudades pequeñas; allí hacía falta otro tipo de persona: el cacique. El cacique palabra derivada de otra de los indios de América, que significaba jefe —era un hombre, generalmente terrateniente, quien a cambio de ciertos privilegios no escritos organizaba políticamente el distrito por cuenta del gobierno.—

Lo más probable es que siempre haya habido caciques en España; los romanos debieron considerarlos útiles sin duda cuando se trató de romper la resistencia de las tribus celtibéricas. En todo caso, los escritores del siglo XVII se quejan de ellos, y los del siglo XVIII hablan de su existencia como del azote del país. Pero fueron los gobiernos constitucionales y el voto popular los que, en verdad, les revistieron de su fuerza real. La época de mayor florecimiento del caciquismo hay que situarla entre 1840 y 1917; a partir de esa fecha, la aparición y consolidación de una verdadera opinión pública y de un auténtico cuerpo de votantes, empezaron a desposeerlos de su influencia.

Las obligaciones del cacique para con el gobierno consistía en hacer que los candidatos ministeriales resultasen elegidos, a cambio de los cual disfrutaban de la protección de los gobernadores civiles, de los jueces y magistrados y, naturalmente del apoyo activo de la policía. En casi toda España, con la única excepción de las provincias vascas, los caciques eran prácticamente omnipotentes. Ellos designaban a los alcaldes en las ciudades pequeñas y en las aldeas, controlaban a los jueces locales y demás funcionarios públicos, y a través de ellos se establecía el reparto de impuestos.

Sus principios fiscales estaban reducidos a uno: eximirse y eximir a sus amigos del pago de impuestos, y cargar el doble o el triple sobre sus enemigos. Usurpaban, por otra parte, los terrenos comunales, invadían con sus rebaños las tierras cultivadas por otros, y desviaban los canales del riego del vecino en beneficio de sus propios campos. Si algún mal aconsejado pretendía levantarse contra tal estado de cosas, procesos inacabables se abatían sobre él, y terminaba arruinado.

Su modo particular de actuar, variaba de acuerdo con las características de la propiedad del suelo: en el norte, donde las propiedades estaban en general muy divididas (minifundio) y los pequeños propietarios se encuentran casi siempre agobiados por las deudas, el cacique solía ser un notable local, un abogado o aun a veces un cura, representante de cualquier interés o asociación conservadores, y que prestaba dinero a usura. Quien pedía prestado comprometía con ello su voto en la dirección indicada por el prestamista. En otras regiones de España el cacique solía ser un gran terrateniente. Su arma principal era la amenaza de despido.

En Andalucía, su conducta era particularmente ofensiva y violenta. Durante la primera mitad del s. XIX, estos caciques tuvieron estrechas relaciones con los bandidos y, hasta los comienzos del s. XX, mantenían bandas de matones que apaleaban y y aun eliminaban a cualquiera que se atreviese a enfrentárseles. El las épocas de elecciones, esta bandas eran llamadas el –Partido de la porra–, e incluso en las elecciones revolucionarias de 1868, a despecho de la oposición del gobierno y de todo el país, continuaron manteniendo su presa sobre los ayuntamientos andaluces.

Los caciques principales eran personas ricas que controlaban gran cantidad de aldeas y a cuyas órdenes actuaban otros caciques de rango inferior, los cuales, a su vez, tenían probablemente todavía otros a su servicio. A veces sucedía que en la ciudad o villa, hubiese no uno sino dos caciques: uno liberal, y otro conservador, los cuales, a despecho del acuerdo entre caballeros convenido por los políticos de Madrid, vivían en un estado de feroz rivalidad. En ellos se encarnaba típicamente la política de aldea, con su secuela de odios y venganzas. Como dice un notable historiador, Gumersindo de Azcárate.

El caciquismo es sencillamente un feudalismo de nuevo cuño, cien veces más repugnante que el feudalismo militar de la edad media.

No es pues de extrañar que la mayoría de los españoles –en los distritos campesinos, la inmensa mayoría– prefiriese mantenerse al margen de toda política. Valía más aguantar agravios e injusticias, cualesquiera que fuesen, que no arriesgarse a lo peor protestando, ya que los tribunales de justicia no aseguraban la más mínima protección. La separación de poderes no existía, y los magistrados eran simples empleados del gobierno que recibían órdenes de arriba.

Condenaban y absolvían a quien el gobernador civil les ordenase condenar o absolver. Y todavía era peor en los pueblos, donde los jueces estaban a las órdenes directas del alcalde y del cacique que lo habían nombrado. Aun en casos de gravedad, que rebasaban su jurisdicción, intervenían ellos, haciendo desaparecer pruebas, corrompiendo testigos y cosas por el estilo, hasta obtener el resultado que se desaba. Solamente un pueblo tan paciente y fatalista como el español puede haber aguantado siglos y siglos tales condiciones de vida, desamparado de la justicia más elemental

La corrupción

Pero este tipo de injusticia no venía a ser otra cosa que un síntoma de un mal mucho más general: la corrupción de todas las clases de la sociedad. En el mundo presidido por aquella política, todos, con la excepción de algunos políticos preeminentes que no manifestaban por lo demás la más mínima repugnancia en vivir sobre la corrupción de los demás, todo el mundo estaba cortado por el mismo patrón.

El propio Cánovas otorgó, en el espacio de cinco años, no menos de mil doscientos títulos y condecoraciones nobiliarios. Su lugarteniente, Romero Robledo (que como ministro de Gobernación fue el organizador del sistema caciquil) en una ocasión se adjudicó 282.000 pesetas para trabajos de irrigación en terrenos de su propiedad.

No solamente abundaban las defraudaciones, más o menos legalizadas en los municipios, sino que se consideraba como una traición el denunciarlas. Así ocurrió cuando un hombre honesto y desinteresado, el marqués de Cabriñana, denunció los notorios escándalos del Ayuntamiento de Madrid; no solo fue condenado por difamación, sino que la totalidad de las familias aristocráticas, algunas de las cuales participaban en tales fraudes, romperon con él toda relación personal

Los ricos, por otra parte burlaban casi todos los impuestos. En 1902, el ministro de Agricultura declaró en el Senado que el nuevo catastro de tierras había revelado que en solo cuatro provincias las ocultaciones anuales de riqueza imponible ascendían a más de un millón de hectáreas, sobre las cuales los impuestos adeudados al Estado eran al menos de tres millones de pesetas.

Se estimaba que el fraude fiscal por la propiedad en toda España ascendía del 50 al 80%. En 1909, A. Marvaud, testigo competente e imparcial, revelaba que los pequeños propietarios agrarios pagaban de 70 a 80 pesetas por hectárea, mientras que las grandes haciendas no pagaban absolutamente nada. Y para colmo, el presidente del Tribunal Supremo declaraba en 1876 que un tercio de los impuestos recogidos quedaba entre las manos de los agentes sin llegar jamás al gobierno.

Sin embargo, creo hay que observar cierta prudencia al apreciar las consecuencias de este estado de cosas. España no es el único país que haya atravesado periodos de corrupción política y social. En una u otra época, todas las naciones de Europa han pasado por experiencias similares. Puede ser útil tomar como término de comparación la Inglaterra de fines del siglo XVIII.

Por aquella época, Inglaterra, como España en 1880, era un país agrícola gobernado por un parlamento de terratenientes cuya principal preocupación consistía en que se gravara con fuertes tarifas el trigo extranjero. Un movimiento social industrial y minero mirado despectivamente por el Parlamento, iba empezando a tomar auge. En las grandes ciudades, los jornales de hambre creaban una masa de población ignorante e inquieta, cuya existencia era considerada como un peligro permanente para la sociedad. Existía, igualmente, una clase media empobrecida, cuyo nivel de vida era muy bajo.

En uno y otro país, además, los grandes terratenientes hacían acotar en beneficio propio las tierras comunales: en Inglaterra, mediante decretos particulares, obtenidos sobre la base de un total desconocimiento de los derechos de los campesinos; en España, como resultado de una política general debida no tanto a la presión de ansiosos terratenientes como a las ideas liberales. En ambos casos se manifestaba una gran corrupción política, y la Iglesia, olvidada de todo sentido de sus deberes religiosos, había dejado de ser otra cosa que un instrumento en manos de los ricos. El paralelo acaba, sin embargo, aquí.

En Inglaterra no había caciques. Los grandes terratenientes pasaban la mayor parte del año en sus tierras y, a despecho del acotamiento de los terrenos comunales y también de las leyes feroces contra los merodeadores, continuaban siendo figuras populares y administradores imparciales de la justicia en los tribunales. En Inglaterra existía, por otra parte, un generoso sistema de leyes de protección del pobre, y ninguna policía.

En España, por el contrario, existía una fuerza de policía armada de fusiles y ningún sistema legal de protección de la gente pobre. La aristocracia española vivía en las grandes ciudades y visitaba raramente sus posesiones; y la administración de justicia, si bien más benigna que en Inglaterra, era corrompida y parcial. Por otra parte, en Inglaterra el comercio era floreciente. El capital inglés y la energía inglesa estaban ocupados en desarrollar industrias nuevas. En España, la mayor parte del capital era extranjero, y el comercio y la industria del país, tal como había ocurrido en el siglo XVII, en su mayoría estaba en manos de ingleses y franceses.

Resumiendo: en 1750, Inglaterra era un organismo sano y enérgico, aunque en muchos casos despiadado y brutal, y sus vicios eran propios de un crecimiento rápido que presuponía grandes cambios, en tanto que en España, que pasaba por la misma fase económica ciento cincuenta años más tarde, constituía uno de los hombres enfermos de Europa.

El letargo español

¿Como explicar este fatal letargo? Ciertamente no podría hablarse con exactitud de decadencia en cuanto a las intrínsecas energías del pueblo español. Todo decae con frecuencia en España, menos la raza, decía Cánovas, y nadie que se haya dado un paseo más allá de los Pirineos le discutirá la razón. Los españoles en tiempos de Cánovas eran lo que siempre habían sido; una raza de inmensa y, tal vez, excesiva vitalidad. Pero padecían de una enfermedad que se propagaba de arriba a abajo. Y el principal síntoma de esta enfermedad era la disociación entre su sistema político y la clase social de terratenientes que lo manejaba, de un lado, y las necesidades económicas y sociales del país, por otro.

Los defectos de las clases altas españolas suelen reducirse a lo que se ha llamado mentalidad feudal. Pero me parece que el término no está bien escogido: el feudalismo implica un sentido de obligaciones mutuas que ha faltado enteramente en España; aparte de esto, e históricamente hablando, jamás ha habido en la Península, excepto en Aragón, una época auténticamente feudal.

El prototipo de la sociedad moderna española ha de buscarse en el s. XVII, en el periodo que siguió a la inmensa expansión que transformó a un país rudo, mal cultivado y pobre (con excepción de Cataluña y otras regiones del Sureste, en que prevalecían las influencias mediterráneas), pero viril, en un vasto imperio; y esto en el curso de muy pocos años. España recibió, demasiado fácilmente y con excesiva rapidez, una inmensa herencia sin poseer la suficiente preparación económica ni cultural; y ello actuó como una droga.

El orgullo español, la creencia española en los milagros, el desprecio por el trabajo, la impaciencia y el gusto por la destrucción, aunque ya existían antes en Castilla, recibieron entonces un poderoso impulso. A partir de 1580, las pocas fábricas de paños que existían en el país desaparecieron, y los españoles se convirtieron en un pueblo rentista, una nación de caballeros, que vivían en parasitaria dependencia del oro y la plata que les llegaba de las Indias y de la industria de los Países Bajos.

Esta es, después de todo, la suerte común de los pueblos duros y primitivos que conquistan civilizaciones avanzadas. La historia del mundo oriental, en el que núcleos étnicos pastoriles que conquistan una vez y otra y son absorbidos, de rechazo, por los pueblos agrícolas conquistados, está llena de tales ascensiones y decadencias fulgurantes. La España del s. XVII muestra claramente la decadencia de una clase gobernante que había dominado a la civilización europea sin llegar a comprenderla ni asimilarla nunca.

Y como vivían sobre su propio suelo y no sobre el de los países que explotaban, España volvió simplemente a su condición de pobre. Pero, entretanto, el ideal caballeresco con su contrapunto de ocio llegó a ser parte del carácter nacional. El trabajo era considerado como algo degradante. Para evitarlo, valía más explotar la propia astucia, o bien, si se contaba con influencia, pasar a engrosar la amplia nómina de escribanos o mejor aún, usufructuar sinecuras en las oficinas del Estado.

Aquí se halla la raíz de las sucesivas instituciones políticas de la península. Y uno no puede menos que recordar el lado ascético de este ideal de vida ociosa, que la redime de toda bajeza y vulgaridad. El hidalgo siempre estaba dispuesto a renunciar a toda comodidad, a sufrir frío y hambre con tal de vivir con honor. En otras palabras, podemos decir que los españoles habían llegado a acostumbrarse a vivir para grandes y espectaculares fines, y empezaron a decaer cuando el ideal burgués del trabajo, deber y perseverancia fue el único sobre el cual podía crearse y mantenerse unida la sociedad.

Esto nos lleva a preguntarnos que es lo que hace falta en España, si ha de jugar de nuevo un papel en la civilización europea. Como demuestra claramente la historia, España, ha existido únicamente como nación cuando se sintió bajo la influencia de alguna idea o impulso; tan pronto como declinaba esta idea, los átomos de la molécula se separaban y empezaban a vibrar y chocar unos con otros.

Lo vemos por primera vez en tiempos de Augusto, cuando la civilización romana sometió a las belicosas tribus íberas. Apenas acabada la conquista de la península por los romanos cuando España hizo suya la idea de Roma, en una medida jamás lograda por la Galia, y automáticamente empezó a producir generales, emperadores, filósofos y poetas, hasta el punto de que Italia llegó a parecer una simple provincia de España.

Pero la decadencia en los siglos siguientes fue tan completa que ni siquiera los Pirineos lograron proteger a la península contra las hordas germánicas que se precipitaron sobre ella en aluvión. Últimos entre estos, los visigodos, fundaron un reino bastante estable sobre las piezas rotas del Imperio, pero sin llegar a inspirarle una nueva vida de modo que, alrededor de 710, unos millares de árabes y africanos fueron capaces de conquistar y convertir en pocos años la mayor parte de la península.

El Islam aportaba consigo una gran idea igualitaria –la hermandad de clases y razas bajo una bandera–, idea que el cristianismo, con su jerarquía eclesiástica y su indiferencia por las virtudes cívicas había dejado de ofrecer; lo cual, unido a la fragmentación de latifundios y reducción de impuestos que fue su consecuencia inmediata, hizo posible un resurgir económico en aquellas partes de España que, hasta el momento en que fueron finalmente arruinadas por Castilla, fueron siempre las más cultas y las más industriosas.

Este resurgir promovió una brillante aunque políticamente inestable civilización, que acabó por fragmentarse, bajo el primer gobierno débil, en una cantidad de pequeños estados altamente civilizados que, en la lucha para oponerse al empuje de los cristianos que venían del norte, consintieron en ser absorbidos por los nuevos y bárbaros imperios marroquíes fundados allá en los bordes del desierto por derviches fanáticos (almorávides, almohades, Benimerines).

La Reconquista comenzó cuando los pequeños reinos bárbaros, en que había quedado dividida la España del norte, adquirieron –bajo la influencia, singularmente de los monjes de Cluny- una nueva conciencia de su papel histórico, pero la idea subyacente de la Reconquista no era en esa época, tanto religiosa como social y política. Los primeros cruzados de la Reconquista traían una nueva forma de libertad —la de las comunas autónomas— que con extraordinaria fuerza y vigor habían brotado como por magia en todo el norte y centro del país.

La razón de ser de tales comunas era que los reyes y los nobles deseando repoblar las llanuras abandonadas, y defenderlas, a su vez, contra los moros, se habían visto obligados a dar libertad a sus siervos y aun a concederles amplios privilegios. Este movimiento hizo un alto en el s. XIII a consecuencia de la crónica incapacidad de los castellanos para pensar en términos económicos y agrícolas, en lugar de hacerlo en términos militares y pastoriles.

Con su incompetencia y falta de instinto comercial arruinaron los nuevos e inmensamente ricos territorios que habían conquistado, y la España cristiana dejó aplazada y a medio terminar su tarea a lo lago de más de dos siglos, cayendo en guerras civiles sin sentido y, en consecuencia, en la anarquía.

La unión de Castilla con Aragón, la toma de Granada y la concentración del odio popular sobre los judíos proporcionaron el motivo y la fuerza del tercer gran periodo –una empresa militar, religiosa de colonización–; pero declinó tan rápidamente que ya en 1640 cuatro regiones de España intentaron su secesión e independencia: Portugal la logró; y una larga civil fue necesaria para evitar que Cataluña se uniese a Francia.

De modo paralelo, en 1890, en el periodo de que estamos tratando, hubo movimientos separatistas en varias regiones; pero lo que era mucho más serio, mucho más corrosivo, eran las tendencias aislacionistas de ciertas corporaciones, particularmente de la Iglesia y el Ejército, y también en los estratos horizontales de la sociedad, de las distintas clases sociales.

La labor de Cánovas había consistido en suavizar provisionalmente las diferencias que en el siglo anterior habían separado a la Iglesia del Ejército, y a una y otro de los políticos, permitiendo que todos ellos se enriquecieran, con el resultado de desmoralizar no solo a las clases alta y media a que pertenecían, sino de crear un abismo infranqueable entre ellas y el resto del país

El sistema de elecciones desde arriba acabó de hacer irremediable la situación. Puesto que la Europa moderna no está ya, de hecho, aunque mucha gente lo añore, organizada como en la edad media en corporaciones y gremios, el voto es el único medio de hacer arraigar un sistema político, así como la clase que lo administra, en la sociedad. Al no permitir que este voto fuera ejercido, no solamente los políticos perdían toda influencia, sino que las clases superiores acababan por separarse de las inferiores, a las cuales estaban hasta aquí en cierta manera ligadas, aunque fuera por débiles lazos.

Ya alrededor de 1900, a los ojos de muchos españoles, los individuos de estas clases privilegiadas aparecían como una clase de parásitos, que nada producían y no hacían otra cosa que moverse en el vacío, con sentimientos y aspiraciones propias del siglo XVII. Hablar de la pereza del español sin explicarla equivale a no decir nada. El sistema de trabajo en toda sociedad queda determinado mucho menos por el proletariado que por las clases dirigentes Donde la clase media es industriosa, el pueblo sabe cómo trabajar. Si conseguimos que trabajen las clases privilegiadas, habremos resuelto la clave del problema.

Tal era la opinión de Joaquín Aguilera, secretario de El Fomento, la gran asociación de industriales catalanes; y en verdad apenas si se encuentra un viajero que haya cruzado España desde 1600 hasta nuestros días, que no se crea obligado a predicar su sermón sobre la pereza de los españoles. Por mi parte, no diré más que esto: si un pueblo de tan maravillosas energías naturales como el español ha continuado generación tras generación viviendo de tal modo, ello se debía únicamente a que esperaba una idea —un plan de trabajo— que excitara su imagInación.

No hemos de censurarles por haber encontrado escasísima inspiración en el triste frenesí capitalista del siglo último. Para nosotros el capitalismo ha sido, en Inglaterra, simplemente el desenvolvimiento normal de un estado anterior de cosas; en cambio, para los españoles, ha representado siempre algo extranjero que imitar (España es por excelencia el país de las imitaciones de lo extranjero), pero que no constituía un íntimo motor para trabajar.

Al faltar el proceso de crecimiento y desenvolvimiento históricos, los. fundamentos económicos para estas estructuras capitalistas no existían en España. Como hemos de ver, la pobreza del suelo y la irregularidad del régimen atmosférico han marcado un ritmo violento a la historia de España impidiendo la normal acumulación de primeras materias, pero creando una disposición de ánimo capaz de producir a veces grandes y sorprendentes efectos.

Y esta es la razón, sin duda , por la que España, a partir del momento en que perdió su fe católica, ha sido sobre todo un país a la búsqueda de una ideología. Una idea nueva, incitación a la acción común, se presiente que podía liberar todo ese cúmulo de energías hasta aquí dirigidas únicamente contra sí mismas; y en vez de batallar sin objeto en torno a sus propios problemas, España podría muy bien enviar rayos de luz y de energía hacia el mundo. Esta es exactamente la fuerza subyacente tras de la República, tras de los movimientos socialista y anarcosindicalista; y aun tras de esas ideas patrióticas y militares que prepararon el camino al fascismo.

BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 25-47.