Nubeluz

La Restauración

Partidos turnantes en el poder
Alegoría de la Primera República Española.Caricatura en la revista Don Quijote, 5 de octubre de 1894

El periodo comprendido entre el golpe de estado de Sagunto —29-XII-1874— y la muerte de Alfonso XII —25-XI-1885— se ha venido a denominar la Restauración. Se alude así, por antonomasia, a la restauración de la monarquía borbónica. Mas lo que a la sazón se restaura o restablece no es tanto la monarquía de los Borbones como la oligarquía de 1860.

Aunque en 1875 ocupaba el trono un hijo de Isabel II, aquella monarquía era hechura perfecta del conglomerado oligárquico, creada por él y para él. La propiedad es el fundamento del sistema de las instituciones, y la monarquía de Isabel II nació en el maremagnum de la treintena, cuando aún no había estado civil en España, justamente porque no existía en aquel torbellino disolvente de la sociedad civil una clase social homogénea, o varias clases con intereses comunes en el orden económico y religioso. Monarquía fundada sobre el caos, sin sólidos cimientos, para vivir y sostenerse tuvo que ceder jirones de sus prerrogativas, incluso las constitucionales, ora a la masa, ora al ejército y en ocasiones, al propio carlismo.

No se confunda, pues, a la monarquía de la Restauración con la de Isabel II. Si ambas fueran una, o el trono de Isabel II no hubiera caído —no bastaban los progresistas para derribarlo—, o la Restauración no hubiera durado. E incurren en error los que descubren contradicción en la conducta de Cánovas, como cuando escriben: "Quizás había olvidado Cánovas el programa de Manzanares, y El Murciélago, contribuciones suyas, extremadamente efectivas en el destronamiento de la dinastía que ahora iba a restaurar." H. Butler Clarke, Modern Spain, 1815-1898, Londres, 1906, cap. XIV, pág. 379. Cánovas no se propuso derribar la dinastía de los Borbones, sino el trono de Isabel II, que era lo que estorbaba los planes de la clase representada por el historiador malagueño. La monarquía de la Restauración pretendía ser una monarquía nueva, y lo era. Consciente de ello Cánovas anunció, una vez que recuperó el poder, que no venía a restaurar, sino a conciliar.

En 1875 no había quien disputara el mando a la nueva oligarquía. La clase social que emergió de la revolución se hallaba ya formada, en 1860, y quince años después, esa clase, que se apartó, resentida, de Isabel II, tuvo ya complexión bastante para imponer su moral al príncipe, reducir al proletariado por la violencia, embolar las punzantes uñas al carlismo y persuadir al Ejército de que no era tronco de la sociedad. Por fin señoreaba a España, a vuelta de tan enconada disputa, la oligarquía territorial.

El golpe de Estado del general Pavía allanaba el camino a la restauración del poder oligárquico. Cánovas estaba seguro de ello, y por eso se negó a figurar en el gobierno Serrano. Era un político sin prisa.

Tan seguros estaban ahora los alfonsinos de su fuerza, que se impacientaban ante la exasperante lentitud de sus líderes. Pero Cánovas los contenía. Deseaba que se agotara hasta el final la comedia de la República; esperando un poco más —pensaba— el experimento terminará de tal forma que servirá de advertencia para todas las edades. H. Butler Clarke, Modern Spain, 1815-1898, Londres, 1906, cap. XIV, pág. 379.

Las fuerzas políticas de la clase media se orientaban de nuevo en la situación creada por el hundimiento de la República. La mutua aproximación entre todas las clases propietarias que anhelaban la tranquilidad y temían al pueblo, se precipitaba. Pavía había anunciado que serían admitidos en el nuevo gobierno representantes de todos los partidos, menos carlistas y federales (menos los dos sectores nacionales expropiados, las dos víctimas, en el área económica, de la revolución liberal: la Iglesia y el proletariado.

Se produjo a continuación una reconstrucción definitiva de los frentes. Lo que iba a venir recortaba ya sus contornos. Apareció el fusionismo sagastino, un paso más hacia la identificación del progresismo, en bloque con los alfonsinos. Terminado el proceso de reorientación, se fundaron dos partido políticos: el liberal conservador, con don Antonio Cánovas del Castillo por numen y corifeo, y el liberal, bajo la diestra y suave mano de don Práxedes Mateo Sagasta. Cánovas ayudaba a la formación del partido liberal y Sagasta cooperaba a la condensación del partido conservador. Lo que ocurría era que la primitiva Unión Liberal, enormemente reforzada ahora por la entrada de la clase media, se desdoblaba en dos grandes grupos.

Hacia 1860 O´Donnell presidía a hombres de varia etiqueta política, agrupados en torno suyo por dos apetitos: uno, el de paralizar a España en un sosiego urgente, a toda costa; otro, el de medrar. La coincidencia de los usufructuarios del poder en estos dos puntos era absoluta, bien que algunos antepusieran el reposo nacional a la granjería privada. Pero en principio menester es sentar una afirmación: que los legisladores de la nueva oligarquía eran hombres de fe: todos creían en sí mismos. Venían no a gobernar, sino a presidir un entierro. Tal era su desgana y su melancólico escepticismo. Consideraban a España difunta y querían ser ellos los organizadores del sepelio. Entre tanto, a la espera de las exequias nacionales, no les parecía delito ir disponiendo, sin atenerse siquiera a las formalidades de la testamentaría, de los bienes del desahuciado.

No cuadraba a la rebatiña, ni a la tranquilidad pública que hubiera un solo partido, y esa fue la razón de que hubiera dos. Toda la distancia que separaba a los liberales de los conservadores se cifraba, siquiera fuese solamente por algún tiempo, en la que mediaba entre la constitución de 1869, ideal de Sagasta, y la de 1876, ideal largamente soñado por Cánovas. Tan liviana diferencia no iba a ser un obstáculo para que los liberales que lo desearan se incrustaran en el partido conservador, y a la inversa. Y contemplamos a don Antonio tirando de los conspicuos secuaces de don Práxedes, y a don Práxedes hurtándole la alta clientela a don Antonio. Había conservadores librecambistas y librecambistas proteccionistas. Generales muy de vigilar en el bando liberal, y celosos cancerberos del poder civil en la galería conservadora. Con razón habrán de preguntarse los historiadores que esperanzas podía encerrar para España un partido liberal en el que figuraban generales como Weyler y terratenientes como el duque de Veragua.

Cánovas repudiaba el sufragio universal, por no tener que adaptar la maquinaria oficial para suprimirlo en la práctica. Sagasta lo propugnaba y al fin lo implantó, pensando, sin duda, más político que su nominal adversario, que a ratos conviene dar al país la sensación de que hace grandes progresos. El jefe liberal gobernaba a veces con una mayoría conservadora y el faraón conservador se apoyaba en ocasiones en una mayoría liberal. En 1891 Cánovas declaró que ya no había diferencias entre ambos partidos. Eran dos agrupaciones, pero un solo movimiento político. Era una oligarquía absoluta, que tenía, como Jano, dos caras.

Cánovas y Sagasta

Oportuno será parar atención en los dos personajes que rigieron la política de España en los veinte años de la Restauración y la Regencia. Don Antonio Cánovas del Castillo inició sus pasos en la vida pública bajo la guía tutelar de su tío, don Serafín Estébanez Calderón, El Solitario.

Don Serafín era persona de considerable influencia en Madrid, consejero de Estado, ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, académico de la Historia, senador, etc. O´Donnell protegía al tío, y este no ahorró esfuerzo para poner al sobrino en franquía bajo el mismo capote del duque de Tetuán, rumbo a la conquista de España. Cánovas es increíblemente joven y culto cuando quiebra sus primeras lanzas por el poder y la fama.

Fácil le fue a don Serafín Estébanez situar a su sobrino en la vía del éxito, porque Cánovas no arribaba a la corte inerme; venía concienzudamente preparado para triunfar. Caso de verdadera precocidad, a los veinticinco años había escrito ya estudios históricos de gran talento.

Conocía la historia de España como pocos, y era, a su vez, un historiador de vena clásica, reposado y jugoso. Jurista aventajado, insigne disertante, escritor de mucho porte e historiador ejemplar, don Antonio Cánovas del Castillo pudo haber sido un español útil a su patria, si los vuelos de su talento no hubieran tenido por contrapeso un miserable defecto de su ánimo.

Cánovas era un pesimista incurable. No creía en España, Son españoles... los que no pueden ser otra cosa, dijo una vez. Y cuando desfiló por Madrid en diciembre de 1895, aquella manifestación pública contra el cohecho y la venta de sinecuras que los ediles conservadores, como los liberales, practicaban en el ayuntamiento, como le informaran de que habían asistido a la protesta miles de madrileños y de que el acto se apellidó de los hombres honrados, exclamó: ¿Pero es que hay en Madrid tantos hombres honrados?. En ocasiones como esta apuntaba en él un escepticismo que fácilmente se confundía con el más hondo desprecio a sus compatriotas. No venía, a la verdad, en socorro de su deformación afectiva la singular constitución de su carácter, pues en Cánovas el cerebro se había desarrollado a expensas del corazón.

Cánovas tenía en el tuétano en convencimiento de que España se había acabado. No le interesaba lo presente, y menos le seducía pensar en lo futuro, vagas unidades de tiempo que él suprimía in mente, ya porque le aterrorizaran, con lo cual se sacudía angustias, ya porque estimara que para España no había más que pasado. Un historiador de estirpe como Cánovas suele ser un intelecto que se refugia en el pretérito y se deja absorber por él renunciando a vivir en sus días o despreciándolos. Nuestro monárquico restaurador pasó por el gobierno de España con la sola preocupación de apuntalar por aquí y por allá la agrietada fábrica del Estado español para que si se derrumbara no le cogiera a él debajo. Lo que hizo en cuanto a estadista fue una chapuza. Ni se enteraba de lo que estaba aconteciendo en la metrópoli o en las colonias, ni quería enterarse. Organizó a España inicuamente para que tirara otros cuarenta o cincuenta años —seguramente que él no lo fio tan largo—, e incurrió en todos los desmanes que censuró en los políticos del siglo XVII.

Tendió su amplio manto encubridor sobre todas las concupiscencias de sus amigos. No comprendió el gravísimo pleito de Cuba, no porque le faltara inteligencia, sino porque en los pliegues de su espíritu había dado por pérdidas a Cuba y a España mucho antes de que se soliviantara la manigua.

Es locura pensar —escribía don Antonio en 1854— que las naciones, por nobles que sean, puedan levantarse a grandes intentos, hacer grandes sacrificios, moverse a ciertos esfuerzos supremos, oprimidas y desconfiadas, sin fe en lo presente ni en lo futuro.

. De esta locura fue, sin embargo, enfermo el autor de la sentencia. Con su sistema de gobierno causó incalculable mal a la nación; la castró, la oprimió y la hizo perder la fe que le quedara en lo presente y en lo porvenir.

Pocos crímenes menos disculpables que el del hombre que se sitúa al frente de un gobierno, o de un sistema de gobierno, sin fe en su patria. No hay engaño de peores consecuencias para un pueblo. Cánovas era de este género de políticos; y su estilo de gobernante obseso por una paz interior comprada a cualquier precio, reacio a hacer y mucho más a pensar en lo futuro, se ceñía y ajustaba a las sórdidas ambiciones de la oligarquía terrateniente, ávida ya de sentarse al banquete y gozar en quietud las rentas pingües, sin pensar en reformas que fueran bálsamo en las miserias de un proletariado haraposo; ni en la edificación de un Estado sobre firmes pilares, ni en el mañana que el pueblo español merecía.

Asociaba a Sagasta en la obra de Cánovas el pesimismo; pero así como el pesimismo de Cánovas era rencoroso, mordaz y altivo, el de Sagasta era blando, liviano y populachero. Don Práxedes se había batido en las calles de Madrid por la libertad, y tuvo entonces, cuando progresista, un contacto con la masa que al menos le sirvió para conocerla. Cánovas desconocía el arte de hacer amigos, y salvo en la intimidad, su ceño solía ser adusto. Por el contrario, Sagasta no tenía intimidad. Su casa de la plaza de Celenque abría sus puertas a todos los correligionarios. Los correligionarios eran todos los madrileños que a las tres de la tarde quisieran ir al domicilio de Sagasta a estrecharle la mano. El secreto de don Práxedes no se albergaba tanto en su talento como en sus maneras, que también son una forma de talento.

Cánovas imponía por su autoridad de creador, que aunque funesta en política, era innegable. Sus amigos le llamaban el monstruo, ponderación hiperbólica de su energía intelectual. Sagasta, en cambio, sabía poco de lo que se aprende en los libros, y el jefe conservador, que tanto desvío sentía por los españoles, debía pensar que Sagasta era un hombre inculto. Pero un hombre inculto y simpático merece honores que se regatean a un hombre culto y soberbio. Por tanto, al cacique liberal, felino de rostro y modales, le otorgaba el pueblo una adhesión que negaba a Cánovas. Y no porque fuera conservador el último y el otro demagogo, que las cartas siempre estuvieron al descubierto, y que para nadie era un secreto que Sagasta, cariátide izquierda de la portada de la Restauración, tenía por función dar simetría al edificio oligárquico. Los papeles, en efecto, se hallaban bien distribuidos. Sin la figura de Sagasta, que tampoco creía en España, pero que, gran pícaro, no se desprendía de su sonrisa alentadora ni cuando la escuadra norteamericana destruía la armada española siendo él jefe del gobierno, la Restauración hubiera sido más lúgubre de lo que fue. Don Práxedes, era, en suma, el pesimista alegre, el hombre que se echa sus cuentas y creyéndolo todo perdido se hace filósofo de la escuela de Diógenes. Cánovas y Sagasta eran dos cínicos, antipático el uno, simpático el otro.

No ofrece duda que Sagasta, entonces jefe del gobierno, fue cómplice resignado en el golpe de Estado de Sagunto. Cánovas hubiera deseado que Alfonso XII ocupara el trono por la voluntad de los españoles civilmente expresada. Quería proclamar al nuevo rey en la Cortes. El golpe de Martínez Campos le pareció, pues un disparate.

El manifiesto del rey, fechado el 1-XII-1874 en Sandhurst, semanas antes de la sublevación de Martínez Campos, contenía ya la fórmula sobre la cual se proponía la oligarquía fundar su dominación. Es clara la mano de Cánovas en la factura del documento. Alfonso XII prometía ser buen español, buen católico y como hombre del siglo, verdaderamente liberal. La nueva monarquía buscaba la reconciliación nacional sobre la base del gobierno oligárquico, y tocaba a los políticos de la corona trenzar en la práctica, después de hacerlo lo mejor posible en la Constitución, el compromiso con todas las fuerzas discrepantes. La expresión jurídica del compromiso fue la Constitución de 1876, obra colectiva de las lumbreras forenses del reino. Y no era para menos, porque para crear un estado con aquellos materiales, aunque solo fuera en el papel, se necesitaba mucha ciencia.

La oligarquía, ahora que se sabía soberana, iba a acabar virtualmente con los pronunciamientos e iba a meter en cintura al carlismo.

El compromiso con la Iglesia

El carlismo vencido en la última batalla militar con la toma de Estella por Primo de Rivera en febrero de 1876, perdió su mayor brío al comprender al cabo la Iglesia que ganaría más con el compromiso que ofrecía Cánovas que con la rebeldía montaraz. El Vaticano aceleró la desintegración del movimiento teocrático con el reconocimiento de Alfonso XII, y en la Regencia la adhesión de los prelados españoles a la corona asestó el golpe definitivo al descabellado designio frailuno de gobernar a España en el siglo XIX.

De tumbo en tumbo la familia carlista, en 1888 don Ramón Nocedal rompió violentamente con la política de don Carlos, por diputarla de un pragmatismo inadmisible. Con Nocedal se apartaron del pretendiente buena fracción del clero y veinticuatro periódicos ultramontanos, entre ellos El Siglo Futuro. Los parciales de Nocedal se llamaron desde entonces integristas y elevaron sobre la autoridad de don Carlos la del Papa.

Subsistió, pues, el carlismo, pero en franca crisis, dividido entre varios grupos hostiles entre sí.

La idea de Cánovas respecto de la Iglesia, como respecto del Ejército, consistía en prodigar las máximas concesiones, siempre que el sector favorecido admitiera su subordinación al gobierno oligárquico. Ese era el programa de la política de la Restauración, y se dirigía a impedir que se perturbara la paz interior, su única aspiración. A trueque de la tolerancia y el favor omnímodos con que el Estado obsequiaba a la institución espiritual, le exigía que dejase gobernar.

El enmarcamiento de la Iglesia en el nuevo Estado tiene superlativo interés, porque el tácito convenio que selló con la forma de gobierno oligárquica se prolongaría hasta nuestros días. Menester es no olvidar que la Constitución de 1876 y el gobierno de la monarquía restaurada durarían cuarenta y siete años.

La Iglesia luchó durante casi todo el siglo XIX por gobernar a la nación. Lo consiguió en determinado periodo del reinado de Isabel II. Pero en la Restauración cambió punto menos que bruscamente de táctica. Si desde 1808 mantuvo la política de imponer al país la teocracia, en 1876 está ya a la defensiva. Ha perdido la porfiada e inacabable batalla, que era también una guerra contra la nueva oligarquía, y entra ahora por la senda del compromiso con el Estado, no, claro es, con lo que haya de conciencia disidente en la nación.

Las aspiraciones de la Iglesia a fines de siglo resultaban fácilmente conjugables con el ideal político de Cánovas y Sagasta, con los postulados de todos los sectores que no fueran la clase media avanzada y el proletariado. Insistía la Iglesia, sin embargo, en reproducir en la Constitución de 1876 la fórmula de la Constitución de 1845, por virtud de la cual se declaraba única religión de la nación española la católica, apostólica, romana. Los eclesiásticos se resignaban a no gobernar, pero no estaban dispuestos a admitir de buen grado la tolerancia, concesión que implicaba, desde el punto de vista católico, una dejación de principios teológicos. El compromiso en este terreno hubiese sido demasiado exigente si Canovas no hubiera tenido para ese conflicto una solución parecida a la que tenía para el sufragio universal y para todo lo demás.

La Iglesia no apoyaba la tolerancia, pero en la Constitución de 1869 se había proclamado la libertad de cultos, y se ofrecía por ello imposible el retroceso a la Constitución de 1845, sobre todo después de la derrota militar definitiva del carlismo Con la protesta de los prelados y del pontífice se fijó, pues, en la Constitución de 1876 que nadie será molestado en territorio español por sus ideas religiosas, ni por el ejercicio del respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. (Art.11.) Constaba en el mismo artículo que la religión del Estado español era la católica, apostólica, romana, cuyo culto se mantendría con fondos de la nación.

Se había probado ya que de un modo formal la Iglesia no podía gobernar. Se dio entonces el clero a procurar que no se gobernase contra él. El compromiso en la ley tenía fatalmente que presentarse como se presentó, aunque no agradara a los clérigos. Pero más importante que la ley escrita era su aplicación, y aquí la Iglesia poco tenía que temer. Porque el Estado que fundó Cánovas tendría por norma la corrupción de la ley siempre que estorbara el sosegado discurso del régimen. Los hombres del nuevo sistema carecían de principios, y como ellos eran las discusiones que levantaban. Se dictaba la ley para que no se cumpliera cuando conviniese que no se cumpliera. El verdadero compromiso lo cerraba la oligarquía con corporaciones o personas a espaldas de su propia ley, que en sí misma representaba otro compromiso. Tan difícil era alzar una monarquía constitucional y un Estado fundado en la soberanía nacional sobre la injusta y quebrada estructura de la sociedad española, que los gobernantes no podían pararse en ninguna suerte de consideraciones éticas. Y solo exhibiendo ejemplos, como el que ahora voy a citar y los que luego seguirán, cabe apreciar la verdadera condición del régimen.

En los comienzos del reinado de Alfonso XII el gobierno de Cánovas dictó un decreto contra la libertad de cátedra. Don Francisco Giner de los Ríos elevó una protesta, que hizo pública. Cánovas transmitió entonces privadamente a don francisco el ruego de que retirase su protesta, asegurándole que el decreto, bien que promulgado oficialmente, no llegaría a aplicarse. Pero el ilustre profesor replicó que no aceptaba el compromiso y que continuaba decidido a mantener la protesta.

No tardó en incorruptible don Francisco en conocer la reacción de Cánovas. Estando enfermo en la cama, se presentaron en su domicilio unos policías, le sacaron de madrugada a la calle y paró en una fortaleza de Cádiz.

Este linaje de doble compromiso, que en el caso descrito no llegó a consumarse porque una de las partes se resistió a admitirlo, es típico de la política de la oligarquía. El sistema era el siguiente: Cánovas contraía la obligación con los prelados de abolir la libertad de cátedra, y dictaba el decreto. Los eclesiásticos quedaban satisfechos. Por este lado el orden estaba asegurado. Pero la medida, naturalmente, originaba la protesta de los profesores. Por este lado, por tanto, el orden estaba amenazado. El gobierno trataba de resolver el conflicto de la manera que hemos visto. En el caso de don Francisco Giner el procedimiento falló, pero hombres de este temple no abundaban. Otros, la mayoría, se dejaban corromper, porque entonces, como bajo O´Donnell, la ruina personal esperaba a los irreductibles.

El acuerdo del nuevo régimen con la Iglesia fue otro doble compromiso. Cánovas salió al encuentro de la opinión anticlerical decretando que a nadie se molestara por sus ideas religiosas o por el ejercicio del culto disidente. El orden estaba salvado por este lado. Pero la Iglesia repudiaba el precepto. Por este lado, pues, el orden estaba en peligro. Ya se había dado satisfacción a los radicales. ¿Como apaciguar ahora a los clérigos? Cánovas los tranquilizaba haciendo que los tribunales ignoraran en sus resoluciones esa parte de la Constitución.

Con el disimulo que el asunto exigía, cumplía el jerarca conservador las promesas que había hecho al Papa y a los prelados españoles para aplacar su resentimiento respecto al artículo 11 de la Constitución. De manera oficiosa Cánovas se había comprometido, siguiendo su método, a acrecer considerablemente el presupuesto de culto y clero, pagar los atrasos pendientes con los curas, suprimir, en cuanto le fuera posible, la tolerancia religiosa y restablecer el concordato de 1851.

El compromiso no era siempre favorable para la Iglesia, como se ha visto, Si lo fuera, el poder civil se enfeudaría a esa institución y volverían los desórdenes del siglo XIX. La idea de los hombres de la Restauración consistía, por el contrario, en romper con el siglo XIX. ¿Lo lograron? Aquí está la clave del éxito o del fracaso de la política de Cánovas, y sobre ello fallaremos al estudiar las consecuencias del sistema.

Pudo advertir sin demora la Iglesia que el poder judicial no era independiente en el nuevo régimen, y que la justicia política anularía en la práctica cuanto pudiera haber de menoscabo para la fuerza social de la institución espiritual en los preceptos legales. La religión oficial era la católica, y a todas las demás, que en rigor no existían, solo podía rendirse culto en privado. Dónde terminaba la zona privada para una religión competía a los tribunales decidirlo. Pero anunciar, por ejemplo, en un periódico, o por medio de pasquines, la existencia de una escuela protestante constituía acto delictivo, manifestación pública contra la religión del Estado.

Lo alarmante aquí no es el amparo que se prestaba a la intolerancia, sino el método por el cual se imponía el exclusivismo católico, el uso desmoralizador que se hacía de la ley. Corrompía menos la Inquisición.

La debilidad del nuevo Estado era manifiesta. Más fuertes que las del s. XIX, las instituciones de la Restauración, sin embargo, no disfrutaban salud suficiente para hacer de la sociedad civil el indiscutido poder dominante. Cierto que cuando la nueva oligarquía instauró su monarquía, la Iglesia carlista se hallaba ante una clase social, aunque ruin, poderosa, compacta, homogénea, lo que antes ni había. Lo mismo le pasó al Ejército. Pero la fuerza de la nueva clase directora era física solamente, no era física y moral, y por eso era injusta. Ahora bien, todo gobierno injusto tiene que descansar sobre la fuerza bruta, inmolando su independencia, sin que pueda tampoco prescindir, para fines políticos, de una institución conservadora como la eclesiástica., a la que ha de utilizar como instrumento de orden. Ello impone al poder civil un compromiso con sus enemigos naturales que será tanto más lesivo para él cuanto menor sea su autoridad moral, cuya fuente principal en el gobierno de los pueblos es la justicia. El ideal de Cánovas de dominar a la Iglesia y al Ejército era irrealizable en un régimen que tenía que burlar su propia ley para poder subsistir. La Iglesia y el Ejército solo pueden ser expulsados de la política por una sociedad civil fuerte. Los gobiernos injustos necesitan la religión y las armas para sostenerse. ¿Y que es eso sino sacar a la Iglesia y al Ejército de sus funciones privativas, meterlos en la política y quedar, a la postre, a su merced? He aquí la gran contradicción de la política de Cánovas.

El caballo de batalla de las primeras Cortes de la Restauración había sido la unidad religiosa. Mas cuando la Iglesia supo que clase de régimen era aquél y se convenció de que la Constitución no iba a regir se sometió, calmada ya, al nuevo Estado. En las postrimerías del reinado de Alfonso XII la oligarquía y la Iglesia estaban reconciliadas. Ambas se necesitaban mutuamente. La Iglesia venía a ser una pieza más de la máquina opresora del sistema oligárquico de gobierno y con ello la Iglesia se condenaba políticamente.

El nuevo poder oficial de la Iglesia culmina, según vimos, en la Regencia. Los clérigos acatan ahora el régimen, no con resignación, sino con verdadera entusiasmo. Se establecen en España nuevas congregaciones al amparo de aquel artículo del concordato que toleraba tres órdenes de las aprobadas por la Santa Sede y solo mencionaba dos. Las órdenes que ya funcionaban multiplican sus miembros. De momento, quizás ganara el régimen, que se felicitaba de verse reforzado con la adhesión de una institución que estuvo en rebeldía a lo largo de toda la centuria, ¿pero no había peligros para el nuevo Estado en un acatamiento que, como el del Ejército, se compraba con tanta generosidad? ¿No serían los obispos y los generales los que trajeran otra vez la República?.

El horror a las reformas

Veamos ahora el lugar que ocupa el Ejército en la Restauración. Se sigue respecto de él la misma política que con la Iglesia.

Los cuadros de jefes y oficiales eran desproporcionados, por su vastedad, al volumen de la tropa. Mas nada se hacía por crear un Ejército eficiente y mucho por halagar al generalato, que con tal que dejase gobernar disfrutaba patente de corso. En esto, como en todo, el horror a las reformas era increíble. Tenía España sobre las armas 90.000 hombres y este contingente costaba a la nación tanto como a Francia y a Italia sus respectivos ejércitos de 500.000 soldados.

Temía Sagasta llevar al ministerio de la Guerra un general ejecutivo honrado, de esos que pudieran concebir la idea de enmendar los infinitos males que aquejaban a la organización militar; y el jefe liberal, creyendo haber dado con su hombre, designó para tan alto puesto a un general oscuro, de excelente historia militar: don Manuel Cassola. Al hacerse público este nombramiento la gente se preguntaba ¿Quien es Cassola? Precisamente por gris lo había elegido el jefe del Gobierno. Pero no tardó el nuevo ministro en destacarse por su talento, acaso nunca puesto a prueba antes, y en rebelarse como orador preciso, político agudo y gran patriota. Naturalmente, al contemplar desde su observatorio ministerial lo que era el Ejército español, ideó una serie de audaces reformas, entre ellas la implantación del servicio militar, obligatorio para todo el mundo, inclusive para los clérigos, la reforma del estado mayor, la disminución a ocho de las trece capitanías generales en que se dividía España. Reformas todas realizables, aunque no sin herir los intereses ilegítimos de rigor. Cassola llevó su plan a Consejo de ministros. Tanto atrevimiento en aquel régimen, que solo ansiaba el reposo, era, en verdad, estupefactivo. El político castrense manifestó, al ver la expresión de sorpresa en el rostro de sus colegas, que si no se admitían sus reformas dejaba el gobierno. Había supuesto con notoria ofuscación, que aquellos hombres estaban en el poder para gobernar. El caso dio mucho que hablar y que escribir entonces, y tras gran forcejeo, Cassola salió del ministerio de la Guerra. Sagasta, el gran cínico, puso un comentario estupendo a la crisis, exclamando: Señor, ¡qué chasco! Está el peligro donde menos de piensa... Son inútiles las más escrupulosas precauciones.

El peligro era que alguien se atreviera a reformar algo. Don Manuel Casasola se estrelló contra la resistencia de la oligarquía a que se llevara a cabo la menor reforma en lo militar. Lo propio ocurrió a Silvela en lo político, a Maura en lo colonial y a Camacho en lo financiero.

Aquella clase social se hallaba posesa por el designio de enterrar a España, a la que creía muerta, y cuantos doctores acudían al lecho del enfermo con la pretensión de reanimarlo o de salvarlo eran apartados con ademán iracundo.

Cerrada la oligarquía a todo intento de reforma adjetiva, mucho más lo habría de estar a patrocinar o a admitir ninguna mutación relacionada con la propiedad. Mas sin la reforma del estado de la propiedad de la propiedad agraria España no tenía salvación. Porque al no rozar la Restauración ni por pensamiento ese problema era diáfana conclusión que tendría que falsificar la voluntad popular. Esta desventaja para la nación presentaba el régimen de la oligarquía absoluta respecto del de la monarquía absoluta: que la primera, por no poder escapar al sistema representativo, montaba todas sus instituciones sobre el corrosivo principio de la corrupción del sufragio, y con ello corrompía a toda la nación, al menos políticamente, mientras que la monarquía absoluta, fundada en el derecho divino del príncipe o en la fuerza que no necesita cohonestar su mando con ningún disfraz constitucional, ahorra a la nación el estrago de la adulteración de la ciudadanía y es, por consiguiente, un régimen más puro. Esto, que pudiera parecer una apología a la monarquía absoluta, no pretende ser sino una definición del sistema de gobierno implantado por los hombres de la Restauración.

Cánovas y Sagasta no hicieron más que imponer un régimen inevitable y fatal en una nación en que las circunstancias históricas descartaban la mordaza descarada de la opinión y donde la cabal expresión, en el área política, del sistema de la propiedad imperante, era la dictadura retrógrada.

El caciquismo fue, pues, brote espontáneo de la inverecundia de otorgar derechos políticos a la masa huérfana de propiedad. Hubiera habido menos daño en proclamar el reinado del despotismo, pero esto no era posible.

El pueblo español, como todos los demás, habría inmolado su libertad, para una política quirúrgica de urgencia, en el altar de la igualdad. Pero esto no podía esperarse de la oligarquía, que llegaba precisamente a consolidar la desigualdad. No había opción; se imponía la forma de gobierno oligárquica, la dominación del país por un grupo omnipotente, responsable ante sí mismo, en un parlamento amañado por él. El camino de la dictadura estaba cerrado para Cánovas y Sagasta porque la dictadura hubiera significado inquietud, desorden y pronunciamientos avalados de antemano con el éxito. Contra los pronunciamientos y las algaradas venían liberales y conservadores. La oligarquía territorial solo podía salvarse mediante la camisa de fuerza del caciquismo.

El caciquismo

A poco que se medite se verá que la aversión que la gente ha dispensado en España al caciquismo y la acusación consiguiente elevada ante el tribunal de la Historia contra Cánovas y Sagasta. por este hecho soslayan el problema esencial. Todo el mundo reprochaba a liberales y conservadores la inmoralidad electoral y administrativa, pero eran muy pocos los que los censuraban por su oposición cerrada a todo cambio en la estructura de la sociedad. Y no obstante, el genuino atentado contra la vida en España no estribaba en el montaje de la ortopedia caciquil, ni en la múltiple mengua de los ingresos de la nación como resultado de turbios manejos, sino en la vehemente defensa que hacía la oligarquía de unas relaciones de propiedad incompatibles con la salud de la patria. El caciquismo y la corrupción eran solo efecto de esa causa. En el dilema de reformar la propiedad o poner la libertad constitucionalmente en secuestro, los oligarcas optaron por lo último.

La oligarquía apadrinaba una intención loable, si tras ella no se hubiera escondido un sórdido egoísmo; la de poner fin a la guerra civil. Pero esta clase social era tan obtusa y tan degenerada, que eligió el procedimiento menos costoso para ella, siquiera fuera el más nocivo para la nación.

Se siguió la norma de 1860: a los amigos de la oligarquía, toda suerte de dádivas y mercedes; a los adversarios insobornables, la sañuda persecución.

En cada pueblo, el cacique local, especie de señor de pendón y caldera, era responsable ante el gobernador de su provincia de la sumisión de la masa con derechos civiles a la política de turno. El gobernador, a su vez respondía ante el ministro de la Gobernación de la lealtad de los caciques de campanario inclusos en el radio de su provincia. La fuerza del cacique local provenía del apoyo que recibía del gobierno, ya directo, ya a través del sátrapa provincial, y probaba su omnipotencia nombrándose alcalde o haciéndolo a favor de uno de sus incondicionales; designaba los concejales, elegía los jueces municipales y señalaba quienes habían de ser los empleados del concejo. Los diputados provinciales apuntalaban, remachaban y soldaban el influjo del gobernador vigilando, a compás con el delegado del gobierno, los movimientos de la mesnada caciquil de la zona.

Competía a los diputados a Cortes mantener viva la conexión entre los caciques rurales y los flamantes ministros. Cada diputado a Cortes obraba como ministro de la provincia en la inexcusable función de repartir prebendas y halagar a los intereses locales, lícitos unas veces, menos lícitos otras. El diputado a Cortes nombraba a los altos funcionarios, entre ellos a los jueces y magistrados, que interesaba fueran leales, de confianza y seguros; porque estos jueces y magistrados habían de administrar la justicia caciquil, descargando el pesado brazo de la ley sobre los inadaptables al sistema. Se daban, pues, órdenes de prisión en toda regla, y con todos los sellos y firmas de una justicia meticulosa en el procedimiento contra los españoles indefensos, apresados por los tentáculos de hierro del caciquismo, a los que pocas almas sanas escapaban. A menudo desembocaba todo en navajadas y tiros y formidables disturbios: el drama rústico típico de esta clase política.

Las elecciones si eran de ámbito nacional, las disponía, preparaba y organizaba con prodigiosa exactitud, el ministro de la Gobernación. Ya vimos como las hacía Posada Herrera cuando la oligarquía ensayaba sus métodos: inmensa mayoría en las Cortes y en el Senado para el Gobierno; discreto número de puestos para las oposiciones, con el fin de que la mayoría gubernamental no se desmoralizara y los enemigos de la situación no conspirasen fuera de las cámaras. El gran elector de Cánovas era Romero Robledo, ministro de Gobernación durante casi todo el reinado de Alfonso XII. Por los liberales, el dueño del manubrio electoral era, unas veces, don Venancio González, otros don Alberto Aguilera. Más tarde los sería el conde de Romanones, unido en matrimonio a una hija de Alonso Martínez, quien como Cánovas, pertenecía a la vieja guardia de O´Donnell.

Posada solía asignar setenta puestos a las oposiciones Tan fiel era la política de la oligarquía a sus actos juveniles que se sorprende comprobar cómo en no pocos parlamentos de la Restauración y la Regencia se seguían asignando a las oposiciones los mismos setenta escaños. En las elecciones de 1884, amañadas por Romero Robledo, resultaron 295 actas para el gobierno conservador y setenta para la oposición liberal, por no haber acudido a las urnas ni republicanos ni tradicionalistas. En la consulta nacional de 1886, muñida por don Venancio González, se respetaron a los conservadores los inevitables setenta puestos, con lo cual, la voluntad nacional libremente expresada en los comicios venía a apurar el sentimiento de la justicia distributiva no dando a Cánovas ni un diputado más ni uno menos de los que dio a Sagasta; y a nadie sorprendía ver anunciado el resultado de las elecciones, con varias fechas de anticipación, en la prensa gubernamental.

Se elevó a pauta del turno pacífico en los municipios de consideración la inmoralidad administrativa. En el ayuntamiento de Madrid se salía a escándalo por periodo, fuera liberal o conservador. Bajo el cetro presidencial de don José Abascal, personaje sagastino, o dirigido por el señor Bosch y Fustegueras, alcalde conservador, el concejo madrileño barbotaba dilapidaciones, fraudes y cohechos, que los tribunales de justicia, cuando intervenían, sepultaban en el olvido por presión superior.

La desesperación de los campesinos

Dueña del poder y de todos los resortes de la administración, la oligarquía disponía de la nación como patrimonio privado o finca de recreo, creada para su solaz. Desde luego, no tributaba como debiera. los grandes propietarios territoriales ocultaban la riqueza ala fisco, y cuando algún celoso servidor del Estado descubría su exacto volumen, se adelantaba el soborno a distraerlo de su deber. Mas si el funcionario rehusaba el premio inicuo, se movilizaban las fuerzas políticas para arruinarlo. Se ejercía, pues, auténtico terror por los avarientos oligarcas, que así procedían con la gente honesta e inadaptable a la corrupción oficial. Señor de campos y de aldeas había que declaraba, a los efectos de la tributación, cuatrocientas hectáreas de olivar como pastizal y trescientas de naranjo como pradera.

En 1888 el volumen tributable de tierra rústica, según las declaraciones de los propietarios, sumaba 516.019.540 pesetas. Pero el que se desprendía de la investigación realizada por la Dirección de Contribuciones ascendía a 962.582.936 pesetas. Había, pues, una ocultación de 447 millones, y se computaban lugares en los cuales la ocultación representaba el 78 por ciento de la riqueza imponible.

Solo tributaban, en rigor, por cuanto poseían los labradores humildes, y ellos, exprimidos por el fisco, pagaban por los grandes propietarios. No podía la propiedad modesta y desamparada con tanta carga, y entonces apremiaba la fría máquina oligárquica con el desahucio. En abril de 1880 se daba conocimiento a las Cortes de que se iban a confiscar 173.000 fincas rústicas por atraso en el pago de contribuciones.

Otra lacra del sistema era la de los empleados simulados, solo efectivos en los presupuestos de las corporaciones públicas, por manera que innumerables sujetos, favoritos de uno u otro grupo turnante en el poder, vivían a cuenta de la nación a cambio de encontrarlo todo bien y cohonestar, con la pluma o con la palabra, los desmanes del régimen. Porque se derramaban credenciales y nombramientos a voleo entre la turba corrompida de abogados, periodistas y muchedumbre de paseantes sin oficio, improvisados funcionarios del Estado, la provincia o el municipio. Costaban los servicios sumas copiosas, y no había tales servicios. En junio de 1876 confiaba al Senado el presidente del Tribunal Supremo que más de la tercera parte del caudal que arrojaban las contribuciones se invertía en sostener el aparato de la burocracia recaudadora.

No había cesado el campo andaluz de avisar a los gobernantes, con sus espasmódicas convulsiones de violencia social, que sobre aquella impía distribución de la propiedad era de todo punto imposible fundar el más leve conato de convivencia entre el pueblo y los señores. Sin embargo, aquellos legisladores vieron en los disturbios campesinos un síntoma del espíritu alborotador de la raza, para el cual el mejor trato era la mano dura. Cuantas veces se soliviantaron las masas, en los pueblo o en las ciudades, se atribuyó la rebeldía a la cualidad de ingobernable del español, calumniosos pesimismo que al menos servía para justificarlos mayores excesos del poder público. Todo lo que se les ocurría a los estadistas del turno era colgar a varios campesinos de la horca y enviar a otros a reclusión perpetua.

La Mano Negra

En 1883 afloró en las regiones de los latifundios una vasta organización de tipo carbonario que sembró el pavor en la comarca: La Mano Negra. Una virulenta campaña de agresiones fulminantes contra los grandes propietarios minó durante determinado periodo de tiempo la confianza que aquella clase social había puesto en la fuerza bruta. Los opulentos propietarios se apresuraron a ponerse a seguro, y dejaron con temerosa diligencia dehesas y cortijos para refugiarse en los grandes centros de población. Por la fértil campiña andaluza se expandió el rumor de que había 50.000 braceros armados prontos a romper en la más sañuda insurrección que se vio en España. Tal era la vacilación de los ánimos, que no quedó un rico en el campo, y si alguno permaneció se hizo rodear por la fuerza pública. Esta Mano Negra fue un movimiento carbonario español, un Ku-Klux-Klan agrario menos sangriento de lo que se decía, pero bastante para esparcir la alarma y quebrar aquella quietud que constituía todo el programa de gobierno de la oligarquía territorial.

Acorralado en medio de las tierras feracísimas de Andalucía por la implacable violencia del Estado, verdadera fuerza sobrenatural, el campesinado miserable, uno de los más imaginativos del mundo, tardaría en abrazar cualquier utopía social el tiempo que el iluminismo de la época se tomara en explicársela.

En 1892, se repitió el asalto de Loja, solo que entonces no fue Loja la ciudad elegida por los campesinos para ensayar su falansterio, ni esta vez marchaban los braceros desarmados. En los aledaños de Jerez de la Frontera se dieron cita unos cuatrocientos proletarios rurales procedentes de Arcos, Lebrija y Lajar, lugares vecinos. Cada cual traía el arma que había podido encontrar: escopetas, navajas de desusadas proporciones, horquillas y otras herramientas del oficio. Era la insurrección campesina clásica. Los exaltados braceros iban a conquistar jerez, y apara ello se habían trazado un plan militar. La hueste atacante se dividió en tres cuerpos. Uno asaltaría el cuartel de infantería, otro el ayuntamiento, y el tercero pondría en libertad, Dios mediante, a los presos, obra de misericordia esta última que no podían excusar quienes iban inducidos por el más primitivo sentimiento de justica a tomar el cuartel de infantería con rastrillos y navajas.

Irrumpió la turba en la próspera ciudad de los vinos al grito de ¡Mueran los burgueses!, y asesinó a cuantos individuos consideró que pertenecían a la desalmada clase social dominante.

Nada da mejor idea de la catadura de las autoridades que el hecho de que, conociendo la conjuración, prefirieran no interrumpir los preparativos. Por esta razón, cuando los extraviados campesinos entraron en Jerez, fuerzas municipales, de la Guardia Civil y del Ejército los esperaban convenientemente apostadas. Tras una hora de lucha, los campesinos se retiraron con las bajas consiguientes, pero las precauciones oficiales no habían podido impedir que los insurrectos descargaran su odio sobre cuantos se cruzaron en su camino.

Los tribunales militares dictaron cuatro sentencias de muerte y gran número de cadena perpetua.

Discutidos los luctuosos sucesos en el Senado, se le ocurrió al piadoso obispo de Salamanca que revueltas de esta índole solo podrían evitarse reformando... ¡el Código penal!, harto anticuado ya, a su juicio. Y Cánovas estuvo conforme con el devoto obispo de Salamanca, y prometió reformar el Código penal.

Por esta época se reanuda el éxodo de la población campesina a otras tierras, que la imaginación popular supone más hospitalarias. Las gentes de la gleba meridional, sitiadas por le hambre y asediadas por el caciquismo, emigran al África francesa, de preferencia a Túnez y Argelia. El labrador andaluz se ha dado cuenta de que solo hay un modo de escapar, en sus condiciones de vida, al presidio o a la horca: huir. Con los hijos al hombro y la mujer de la mano vuelve la espalda a las tierras vírgenes de la oligarquía. El proletariado del Noroeste, la región estrangulada por la cadena minifundista, toma la ruta de América.

No bastaba el caciquismo, ni la fuerza del Estado, ni aquel valioso recurso de suspender las garantías constitucionales, para mantener sujeta a la nación. Cánovas y Sagasta también necesitaban las aventuras en el exterior, por lo menos una guerra en marcha, que absorbiera los comentarios políticos y concentrara la atención del país lejos de los oligárquicos establos de Augías.

En 1893 un nuevo incidente con los moros estuvo a pique de traducirse en otra sangrienta guerra. Por muy poco se evitó a España otro desastre. No quiso la Providencia que entraran en acción aquellos 25.000 hombres que envió Marruecos al gobierno de Sagasta, mal equipados y peor elegidos.

Como no se llegó a persuadir nunca la clase directora española de que su ideal de expansión en África, tan acendradamente alimentado por Cánovas, sería puro sueño, o algo peor, mientras España no estuviera organizada, es un misterio que solo se desvanece cuando se conoce su mentalidad. Ya vimos que fue obsesión en Cánovas desde joven la penetración española en África, movimiento expansivo que él concebía impuesto por la historia y la geografía. Pero esto era cierto solo a condición de que España pudiera con la carga. Largamente se confirmó en el s. XIX y en 1909, 1921 y 1925 el disparate que suponía tratar de engrandecer a la nación fuera al paso que se la empequeñecía dentro; desordenar y corromper al país e ir a ordenar y dar ley a otros; despoblar a la nación expulsando virtualmente a los ciudadanos más laboriosos a tierras de Francia y América, y al mismo tiempo extender la superficie política de España solo para que la oligarquía tuviera más territorio que devastar y los defectos españoles fueran mejor conocidos en el mundo, tan reacio a perdonar a España lo que fue un día.

Para Cánovas, sin embargo, la idea del imperio español reconstruido en África llegó a condensarse en mito. Era el escéptico malagueño carne y sangre de la clase social que lo aupó al poder, y no es la menor de sus coincidencias con el complejo sentimiento de sus mandatarios la obsesión de buscar la aventura en la otra margen del Estrecho. ¡Prodigioso sincronismo entre la mente de un jefe culto y el corazón de una clase social despreciable! Cánovas no sentía; sus poderdantes no pensaban. Pero ambos se identificaron de modo entrañable en la propulsión del nuevo imperialismo, y España pretendió en África, desde 1860, un papel legítimo, que a nadie le correspondía como a ella, pero que nadie estaba en peores condiciones que ella para representar.

Perdíamos los restos de nuestro imperio en América y Oceanía, simplemente porque si una república desorganizada no puede realizar conquistas, tampoco conservará las que hizo en tiempos de fortuna.

Con aquella política, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas tenían que perderse, y milagro sería que no se perdieran otras provincias más allegadas al corazón de la monarquía.

La historia del conflicto cubano es indispensable en todo retrato de aquel régimen.

La situación en la isla de Cuba

Saqueaban a Cuba, en explotación comanditaria, la oligarquía liberal-conservadora y el partido isleño de Unión constitucional, prolongación en Cuba de sus aliados metropolitanos. La fusión entre peninsulares y constitucionalistas era absoluta en designio y pensamiento, tanto más cuanto que muchos individuos del partido cubano habían nacido en la Península y acataban a Cánovas y a Sagasta y a Romero Robledo como jefes políticos. Este mestizo partido conservador, que con sospechoso orgullo se llamaba el partido incondicional español, mandaba en Cuba a la manera que dominaban en la metrópoli los oligarcas. Cánovas se apoyaba en él para que el régimen caciquil de la Península y el de Cuba fueran homogéneos. No se contaba enemigo más terco en toda la administración cubana que el partido de Unión constitucional. Tenía en sus manos las vidas y haciendas de los cubanos y abominaba la menor mutación. Hubiera bastado el sistema caciquil por sí solo para que se levantaran hasta las piedras contra la dominación española, pero había más.

Los funcionarios que el gobierno de Madrid enviaba a las colonias no siempre iban por que hicieran falta aquí, sino, a menudo, porque estorbaban allí. Caían sobre los territorios de ultramar como nubes de langosta no pocos hijos pródigos a redimir pecados con otros mayores; los fracasados en la metrópoli, a enmendar sus yerros, poniendo de nuevo a prueba su incompetencia allí donde no eran conocidos; los codiciosos, a medrar al socaire del desbarajuste; los aristócratas arruinados a rehacer su fortuna. Era justamente el sistema que Mommsen considera muestra infalible de una oligarquía podrida.

Cuando el gobierno de Sagasta pensó en el general Salamanca para la capitanía general de Cuba —solo porque el general dificultaba la obra del ministerio en el Senado— el posible procónsul dijo en público que había funcionarios en las Antillas que remitían fondos por vía particular a ciertos políticos de la metrópoli y que tenía anotados varios nombres. El general Calleja, uno de los mejores gobernadores, tuvo que dejar el puesto en vista de que no encontraba asistencias para reprimir los excesos administrativos.

Se intentó corregir los abusos en varias ocasiones. Al cabo, en 1889, pasó a aquel auténtico virreinato don Manuel Salamanca, y se condujo tan discretamente, siempre atento al deber, en el año de su mando —del que lo apartó a destiempo la fiebre— que dejó la isla en orden y sosiego. La mala maña del capitán general que siguió a Salamanca volvió las cosas al antiguo desconcierto.

El partido autonomista cubano, antagonista del de Unión constitucional, se formó a raíz de la paz de Zanjón, hecho que marca un hito importante en la historia del pleito.

Desde que cayó el trono de Isabel II hasta 1878 en que se pactó la paz precitada, hubo en la isla combates encarnizados entre los guerrilleros autonomistas y el Ejército español. Martínez Campos venció a los insurrectos y les prometió reformas políticas y administrativas. De aquel núcleo rebelde, ya doblado a la concordia, salió el partido autonomista, que encarrilado en la lucha legal, triunfó en las elecciones d e1880 por diversos distritos. Se segregó entonces del partido de Unión constitucional un ala izquierda y reclamó la total implantación en la isla de la Constitución de la monarquía española. El autonomismo cobraba auge y se radicalizaba al ver como en al Península se acrecían los derechos políticos de la masa con la introducción del sufragio universal mientras que las anunciadas reformas para Cuba se traspapelaban.

Había cambios de urgencia vital. El gobierno español había acumulado las cargas de la última guerra de diez años sobre los hombros de los indígenas, negándose a conllevar la parte financiera del daño. Se aplicaba en Cuba, por ejemplo, el elevado arancel peninsular, de suerte que el comercio y la producción cubanos, en cuanto españoles tenían cerrados no pocos mercados extranjeros, pero en cuanto coloniales no se les consentía que colocaran sus mercancías como quisieran en al Península.

La impaciencia del autonomismo isleño, que no era separatista, estaba en colisión con el anhelo paralizador de los hombres de la Unión constitucional, y por no perder a estos y dar alientos a su perturbador conservatismo, Cánovas salió al encuentro del amenazante bullicio autonomista diciendo.

...que en la isla de Cuba emplearemos, si fuere necesario, el último hombre y la última peseta; y que siempre que en día desgraciado, en la isla de Cuba se empeñe una lucha entre peninsulares e isleños, la victoria será siempre de los que pesan más, de los que son más, de los que más ríos de sangre pueden derramar y de los que más tarde o más temprano han de extinguir toda resistencia por la mayor fuerza física y aun por la mayor fuerza moral.

Con esta huraña admonición, impropia, por su atropellado estilo, de un escritor de abolengo, y sorprendente, por su cerril incomprensión del problema, en el más severo censor del conde-duque de Olivares, la oligarquía elegía la política de la guerra. La oligarquía necesitaba una guerra. En 1893, don Antonio Maura, ministro de Ultramar, elaboró una ley de bases para la reorganización descentralizadora de las colonias. Movilizados en intransigente forcejeo todos los enemigos de las reformas, dirigidos por Romero Robledo y los conservadores de la Unión constitucional, el proyecto de Maura se quedó en iniciativa, y el ministro abandonó el gobierno. La oportunidad de atajar el separatismo era manifiesta, pues dos meses antes de que el político mallorquín arrostrara la impopularidad entre sus compañeros de partido, y aun entre la mayoría de los españoles, se habían alzado nuevos grupos de insurrectos en Holguín, al grito de ¡Viva Cuba libre! No tenía duda que la rebeldía iba minando sectores cada vez más considerables de la población cubana. Tras el fracaso de Maura continuó el gobierno español sin afrontar el problema, como si no le arredrara la perspectiva de conflicto; mejor dicho, como si lo deseara.

Pareció abrirse el buen sentido dos años después, y siendo ministro de Ultramar el posibilista castelarino don Buenaventurra Abarzuza, aprobaron las Cortes una ley que satisfacía a todos los partidos cubanos. Lento, como siempre, el trámite —porque una cosa eran las reformas en el papel y otra el implantarlas—, el gobierno no llevó la ley Abarzuza a la Gaceta, ni la llevaría nunca.

Diez días después de votada la predicha reorganización político-administrativa, no inferior en generosidad al plan Maura, el 23-II-1895 se alzaba otra vez sobre la isla el espectro de la contienda sangrienta, y se propagaba la insurrección por oriente y occidente, por Baire, Holguín y Guantánamo, por las provincias de La Habana y de Matanzas. De estos sucesos se infirió en Madrid, no que apremiaban las reformas, sino que serían inútiles; punto de vista absurdo, pues con ese motivo todos los partidos cubanos, excepto el separatismo furibundo, acudieron a ofrecer su adhesión al gobierno metropolitano, y en manifiestos muy expresivos combatieron el alzamiento. Los insurrectos no contaban con el apoyo de la opinión cubana.

El clarín de Monte Christi

Pero en la Península avanzaba la política de guerra, jaleada por la propaganda periodística; y resultaba arriesgado discrepar de los oligarcas, para quienes toda falta de entusiasmo marcial era tachada de antipatriotismo. El caso era crear una psicosis guerrera en el pueblo, y para ello se ridiculizaban las reformas, calificadas de impracticables por los mismos que nunca las quisieron de corazón. A la hora en que el gobierno proclamaba que se aplicaría la ley reorganizadora, se decía por personajes como Silvela que lo urgente era someter a los sublevados por el acero, y dejar las reformas para mejor ocasión. Romero Robledo proponía que se formara un ejército de 20.000 hombres, Sagasta, entonces primer ministro, prometía, como Cánovas, gastar la última peseta y dar la última gota de sangre de los hijos de España. Estaba ya decidido a encomendar la pacificación de Cuba a las armas. Y a ese tenor, el gobierno se apresuró a preparar las expediciones, transmitió órdenes a la Marina, movilizó recursos de todo género y mandó a Martínez Campos, el pacificador del Zanjón, de capitán general. Interesante figura la de Martínez Campos. Allí donde se desmoronaba una colonia, o se soliviantaba una región, o se relajaba la disciplina, o se ponía en peligro el régimen, el gobierno enviaba la espada de Sagunto. Con un pie en cada partido de los dos que constituían la oligarquía, le vemos ahora detrás de Cánovas y luego siguiendo a Sagasta, para volver a apoyar a Cánovas, y así hasta el final de sus días.

Martínez Campos no carecía de talento político y luego que desembarcó en Santiago el 16-IV-1895, indagó si le había precedido por cable el real decreto que había de ordenar la implantación de las reformas Abarzuza. Le dijeron que no. La suerte estaba echada.

Ya había sonado el clarín de Monte Christi, desde donde Máximo Gómez, general mulato de la tropa levantisca de la manigua, y José Martí, la cabeza filosófica de la secesión, llamaban a los cubanos a su bandera. Presentes en la isla todos los capitanes de la independencia, antes acechantes en el exilio, se emboscaban ahora en la maleza tropical, con sumisa y fanática hueste, Gómez, Martí, los hermanos Maceo, Flor Crombet y tantos otros. Comenzaba la guerra que habría de expulsarnos de nuestros últimos dominios americanos. Cuando el gobierno español se decidiera a conceder la autonomía sería ya demasiado tarde.

Nunca creyó Martínez Campos que la pacificación de Cuba pudiera fiarse exclusivamente a las armas. Enérgico con los obstinados, se mostraba, sin embargo, generoso con los que se rendían. Pero en Madrid se culpó a esta política, que llamaban del perdón, del retraso en la derrota de los rebeldes. Acabó por imponerse a todos el fiero nombre del general Weyler. Weyler marchaba a Cuba; y cuando el 25-I-1896 rompía las primeras olas del viaje el barco que llevaba al nuevo capitán general, unos dos mil cubanos solicitaban pasaporte con urgencia y huían al extranjero.

Con Weyler la insurrección se dilató hasta las puertas de la Habana. España jugaba ahora una partida perdida. No había virtualmente gobierno en Madrid, y para que no cupiera duda sobre ello, se creyó Cánovas obligado a manifestar que en cuestiones tan fundamentales solo la nación puede y debe ser su propio hombre de Estado. Donosa salida cuando más urgente era sujetar las pasiones y señalar un rumbo. Sagasta, que siempre, desde la muerte de Alfonso XII, fue un eco de Cánovas, como Cánovas lo fue de Sagasta, expresó juicio análogo cuando, perdido todo, hasta la escuadra, dijo estas inolvidables palabras: El gobierno se ha limitado a seguir la corriente imperiosa de la opinión. La opinión que el gobierno formaba con sus poderosos medios periodísticos.

La intervención norteamericana

Para los Estados Unidos, la vecindad de España era enojosa. Pero no estaba en la intención del gobierno norteamericano, como se dedujo de todo el proceso diplomático, acabar con la soberanía española en la Isla. Le urgía a la American Sugar Refining Company, que ya había creado fuertes intereses en Cuba y en Puerto Rico, abrirse paso franco en las Antillas; y Norteamérica se hubiera conformado con el derecho de penetración económica. ¿No había tolerado España esa misma penetración en la Península?

Los Estados Unidos, evidentemente, impulsaron la secesión, primero bajo mano, luego descaradamente, ayudando a los separatistas. España hubiera necesitado un poder naval de que carecía para cortar el contrabando de armas, que era constante.

El pleito hispanoyanqui lo decidió a la postre la opinión pública, impresionada hondamente por la propaganda que le servía —y para ello no tenía que violentar mucho su imaginación— la prensa representante del núcleo minoritario yanqui interesado ahora en expulsar a España del Caribe.

En 1896 abordaron la cámaras de los Estados Unidos la cuestión de la beligerancia. Abundaban los que apremiaban al presidente Cleveland para que la decretara, y no faltaban otros, los más radicales, que pedían al gobierno de Washington la declaración de independencia para Cuba. Cleveland, sin embargo, no estaba dispuesto a otorgar ni lo uno ni lo otro. Mas al propio tiempo hacía llegar al gobierno español con discreta frecuencia su anhelo de que España diera remate sin tardanza a la pacificación de la isla. Señalaba el secretario de Estado, Mr. Olney, al ministro de España en Washington que había bajado el producto normal de la isla de 100 millones a 20, que se destruía la propiedad sin diferenciar al enemigo del neutral y que se estaba acabando con los capitales americanos y empobreciendo a gran número de ciudadanos de los Estados Unidos. Con estas censuras, que se hacían públicas, el presidente apaciguaba a quienes ejercían a diario presión sobre e para que adoptara una política intransigente.

En la extensa nota de mayo de 1896, los Estados Unidos ofrecían su mediación, afín de cooperar a la inmediata pacificación de la isla. "¿No sería prudente —preguntaba Mr. Olney— modificar la política de la guerra con una declaración oficial de los cambios que se proponen en la administración de la isla? Si los Estados Unidos pudieran recomendar su adopción, usarían de su influencia para que fueran aceptados, y es apenas posible dudar que sería ella poderosísima para traer la terminación de las hostilidades. La insurrección perdería gran parte, si no todo el auxilio y apoyo moral que ahora disfruta por parte de los Estados Unidos.

Era el momento indicado para que el gobierno español llegara a un acuerdo con Norteamérica, contra cuya voluntad estaba visto que no cabía resolver el problema. No lo entendió así Cánovas y rechazó la mediación. El hombre que había afirmado que en aquella cuestión solo la nación debía y podía ser su propio hombre de Estado, no comunicó al país la gestión de Cleveland. Hasta pasados varios meses el pueblo español no supo que había existido.

El 7 de diciembre de igual año leyó el presidente de los Estados Unidos ante el Congreso un mensaje en el que exponía su política respecto del conflicto antillano. Se oponía Cleveland al reconocimiento de la beligerancia, calificaba de inadmisible proclamar en Washington la independencia de Cuba, y hacía notar que España no se avendría a negociar el traspaso de la isla a otra soberanía.Los Estados Unidos como nación —decía Cleveland— tienen que informar sus actos en el derecho y no en la fuerza. Se proponía a España que otorgara la autonomía de manera que quedara a salvo la soberanía española. Y terminaba advirtiendo: No debe razonablemente suponerse que ha de seguir siendo expectante la actitud de los Estados Unidos. Mas aún tendría tiempo para volver a su esperanza de que España pusiera fin a la guerra, bien sola, bien con cooperación norteamericana.

A todo esto crecía la hostilidad de la opinión yanqui contra España y cada día era mayor el número de los que simpatizaban con los rebeldes. Era evidente que Cleveland, a punto de terminar su mandato presidencial, rehuía acabarlo con un conflicto exterior. Aparte eso, sus sentimientos personales eran en modo alguno antiespañoles.

En el cambio presidencial estaba el peligro para España. Porque el nuevo presidente electo, Mac-Kinley, pertenecía al grupo de los menos transigentes, y podía temerse, como ocurrió, que escuchara con mayor atención que Cleveland la poderosa corriente de opinión que favorecía la independencia de Cuba. Esta opinión tenía ahora mayoría en la Cámaras y en la prensa.

El 1-IX-1897 llegó a España el nuevo ministro de los Estados Unidos, Mr. Woodford, y no tardó en presentar al gobierno español una manera de ultimátum que solicitaba para el mes siguiente una propuesta española, o la garantía de una rápida pacificación de Cuba. Respondió el gobierno de Madrid relevando al general Weyler y prometiendo promulgar la autonomía cubana; entre tanto, se modificaría la legislación vigente a esos fines. No tardó en aparecer en la Gaceta una nueva Constitución para Cuba y Puerto Rico. La autonomía era completa, restando solo al poder autónomo la política internacional y la defensa de la isla.

Mejoraron así las relaciones hispanoyanquis. No ocultó su satisfacción el presidente Mac-Kinley al ex ministro español Canalejas cuando este le visitó a su paso por Washington. Y prueba de ello es que en su mensaje a las cámaras, el nuevo presidente se opuso al reconocimiento de la beligerancia, subrayando que había cambiado la política española en Cuba y expresando su confianza en Sagasta.

Pero aunque habían jurado los nuevos ministros cubanos el 1-I-1898 ante el gobernador, ahora el general Blanco, era imposible dominar ya el infierno revolucionario, que se extendía por todo el territorio. Weyler había revuelto la isla de cabo a cabo.

Un incidente oportunamente explotado por la prensa yanqui, interesada en precipitar los acontecimientos, vino a agravar la crisis. El 12 de enero un grupo de oficiales españoles que habían resentido la campaña de prensa contra Weyler asaltaron en la Habana El Reconcentrado, La Discusión y el Diario de la Marina. Los periódicos norteamericanos no necesitaban más. Mac-Kinley decidió entonces liquidar el pleito de un modo o de otro, mediante la compra de Cuba o por el empleo de la fuerza.

En febrero, un enviado personal del presidente visitó a la regente y le ofreció 300 millones de dólares por la isla, más un millón de corretaje para los españoles que negociaran la enajenación, todo ello harto expresivo del realismo norteamericano. Pero este género de realismo no es fácil que lo acepten los españoles. Incluso una oligarquía podrida, si es española, no llega a estar tan madura para semejante derivación de las relaciones internacionales como sus equivalentes de otros países. No hubo, en fin, quien aceptara el millón.

Acaeció días más tarde la voladura del crucero yanqui Maine en la bahía de la Habana, por una explosión interna, con la desaparición de dos oficiales y 260 tripulantes. La guerra hispanoamericana parecía ya inevitable, y ambas partes hacían preparativos en ese sentido. Pero aun propuso Mac-Kinley que España concediera un armisticio a los insurrectos, por manera que desde marzo a octubre se negociara la paz con su amistosa intervención. Estimó el gobierno español que mientras no actuase el parlamento cubano, convocado para principios de mayo, no cabría una paz honrosa; y se mostró decidido a otorgar el armisticio siempre que lo solicitaran los rebeldes.

Todavía aplazó la ruptura de hostilidades la intervención del Pontífice, quien logró del gobierno español que anunciara la suspensión de la lucha en la isla, esto es, la concesión del armisticio. El 11 de abril hizo público el bando pacificador el general Blanco. Mas poco había ya que hacer. En igual fecha el presidente Mac-Kinley sometía a las cámaras el fatal mensaje pidiendo poderes para imponer la pacificación en Cuba.

La catástrofe del 98

Pudo España haber salvado los postreros jirones de su vasto imperio. Pero la oligarquía procedió hasta el final con insigne torpeza.

El conflicto armado con los Estados Unidos no solo ponía en la balanza la suerte de Cuba, sino que envolvía, por extensión, a Puerto Rico, donde el intento insurreccional fue pronto sofocado, y a las Filipinas, justamente por aquellos días pacificadas.

Guerra más absurda, por parte de España, que la hispanoyanki se busca y no se halla en la Historia universal, aun considerando que los Estados Unidos no eran entonces lo que hoy son. Cien días duró, como el de Napoleón, este último resplandor de la gloria española desorientada. En Mayo de 1898 destruían los yanquis en Cavite la escuadra española. En julio sucumbía la flota del Caribe con el honor de la desaparición. Acorralada en el puerto de Santiago por los superiores efectivos norteamericanos, prefirió el almirante Cervera de acuerdo con el gobierno, salir a desigual combate antes que hundirla de propia mano. Desde la playa del Este telegrafiaba el almirante al capitán general de Cuba.

Salí ayer mañana con toda la escuadra, y después de un combate desigual y contra fuerzas más que triples que las mías, toda mi escuadra quedó destruida, incendiados y embarrancados Teresa, Oquendo y Vizcaya, que volaron, y el Colón, según informe de los americanos, embarrancado y rendido, y los caza-torpederos a pique; ignoro aún las pérdidas de gente, pero seguramente que suben de seiscientos muertos, muchos heridos, aunque no en tan grande proporción; los vivos somos prisioneros de los americanos; al comandante del Vizcaya le dejaron su espada; estoy muy agradecido a la generosidad e hidalguía con que nos tratan; entre los muertos está Villaamil y creo que Lazaga, y entre los heridos, Concas y Eulate. Hemos perdido todo. Cervera

Se nos ha querido convencer de que entonces la nación española no tenía pulso y de que no había pueblo en España. Lo del pulso lo dijo Silvela, uno de los autores del desastre. Eran los gobernantes quienes difunden el pesimismo para nacionalizar un crimen o una gravísima responsabilidad que en justicia solo recaía en ellos. El pueblo español era el de siempre, y entonces, como en ninguna ocasión anterior, infinitamente superior a la clase directora. No había prescrito la sentencia de George Ticknor: No he visto en Europa un pueblo más obediente y leal.

La catástrofe antillana aturdió a la nación. Una parte quedó postrada, se recogió en sí misma y concluyó desde este preciso instante, parafraseando a San Agustín: Noli foras ire; in interiore Hispaniae habitat veritas. Había que buscar la verdad dentro de España. Otra parte de la nación, acaso no menos estoica, se negó a vestirse de luto y se fue a los toros. Y después de todo, ¿quiénes y cuántos eran estos? He aquí —decían los cínicos estadistas del turno— al pueblo que acaba de perder su escuadra. Tiene los gobernantes que merece, y los gobernantes que merece somos nosotros. Pero no le quitaban las cadenas, no fuera que le diese por elegir otros.

Cierto que España no vibró. Ningún cuerpo exangüe reacciona. El pueblo había dado sus mejores energías. Sobre sus espaldas cayeron todas las cargas que impuso al país aquella cruel aventura. Espontáneamente ofreció su sangre, y sufragó los gastos con sin par mansedumbre patriótica. Las clases privilegiadas, en cambio, avaras de sangre, retuvieron a sus hijos en la Península, y egoístas de su dinero se las agenciaron para financiar la guerra de Cuba sin desprenderse de un solo céntimo.

No existía en España el servicio militar obligatorio. Sustraídos los ricos a la campaña por la redención a metálico, únicamente iban a la guerra los hijos del proletariado. Todo el que tenía propiedad librada a sus privilegiados retoños de los trabajos militares mediante el pago de una cuota. A tal límite había degenerado la aristocracia de sangre y la clase territorial, que el deber que en otro tiempo fue su orgullo, el ejercicio de las armas y la defensa de la patria, ahora lo esquivaba. Pretendió, como dijimos, el general Cassola abolir tan censurable privilegio, pero los progenitores de aquella juventud que confundía la masculinidad con el impune atropello de los débiles, reservaban a su prole para las manifestaciones callejeras en favor de la guerra hasta la última gota de sangre ajena. En todo lo que duró la guerra de Cuba se vio a la mocedad excluida por el dinero de los combates exaltando los ánimos con el himno zarzuelero de La Marcha de Cádiz y atronando el aire con estentóreos vivas a España. Esta funestísima contribución fue la única que los vástagos de la oligarquía aportaron al sangriento negocio.

¡Con qué tranquilidad oían los ricos a Cánovas y a Sagasta prometer la última gota de sangre española para la campaña cubana, seguros de que no sería la se sus hijos!.

El pueblo, por contraste, lo daba todo con ejemplar decisión. Porque equivocado o no el gobierno, en trances tan graves para una nación está dispuesto, quizás porque es lo que conviene a la sociedad, que el entusiasmo patriótico de la multitud arrolle los diques del escepticismo y atropelle las razones de los vacilantes. Fuera para Cuba o para Filipinas, obtuvo el gobierno al instante cuantas tropas pidió; y si no era de extrañar que la oligarquía no se cansara de embarcar gente para ultramar, sí lo era que el proletariado no se fatigase de dar su sangre, vigente, sobre todo, aquel baldón, barra de bastardía en los escudos de la nobleza española, que eximía a los adinerados.

En pocos meses aprestó el pueblo 205.000 hombres para la guerra.

Esperaban a los soldados en la manigua enemigos más temibles que los insurrectos. Las fiebres, la disentería y el vómito hacían más estragos entre las fuerzas españolas que la balas de los mambises. Por mil bajas causadas en combate, nueve mil lo eran por las enfermedades. Y con todo eso, seguía el pueblo enviando a sus hijos sin una protesta.

Comunicaban los jefes militares con frecuencia actos de heroísmo de la tropa, como el del soldado raso Eloy Gonzalo —ya en la historia con el nombre del héroe de Cascorro— que se ofreció voluntariamente para incendiar una cabaña en la que se había parapetado el enemigo, con la sola condición de que los españoles recuperaran su cadáver, para lo cual se ató una cuerda a la cintura.

Pero la guerra no solo exigía sangre; también devoraba dinero. ¿Cómo financiarla de suerte que tampoco dejara la desastrada aventura impacto en los bolsillos de los oligarcas? Por el sistema de los empréstitos se esquivaba este otro deber. Las Cortes autorizaron al gobierno para contratar la enormidad de trece por una suma de tres mil millones de pesetas. Se traspasaba así la financiación del pleito a la nación, al proletariado y a los pequeños propietarios, a los que tributaban, a los que iban a pagar la Deuda y los intereses de la Deuda. Los otros, los que mandaban, creían, quizás de buena fe, con todo el aplomo de las aristocracias degeneradas, que solo tenían derechos. La ausencia de patriotismo en la clase directora se puso de manifiesto con la acogida que dispensó a la suscripción nacional abierta por la regente: la inició la reina con un millón de pesetas y no pasó del millón y medio.

Todos estos detalles más que suficientes para persuadir al más optimista estudiante de Historia de que España había llegado a ese punto extremo que marca el fin de una nación. Muchos no lo veían, porque daban demasiada importancia a cierto adelanto material, perfectamente compatible con nuestra crisis histórica, crisis nueva, punto de partida y no, como se cree, un eslabón más de la cadena de la decadencia de España. Es un error pensar que la pérdida de las Antillas constituye la cancelación de un proceso fatal de liquidación del imperio español. Verdad que medio siglo antes se había separado de España el continente americano de habla española. Pero había, por lo menos dos razones para que este hecho se produjera: una, la de que potencias más fuertes tenían intereses en la secesión; otra, que al derrumbarse las instituciones metropolitanas, al desaparecer el Estado, y la monarquía y la burocracia y el Ejército en la Península, caían los símbolos, los aglutinantes morales y las fuerzas físicas que mantenían el nexo.

Luego que surgieron las primeras juntas populares en las colonias de avanzaba personalidad política, se inició la separación. También en América, destruido el Estado español, brotaban los estaditos, órganos populares de poder que iban a reemplazar a un poder peninsular anegado en el caos de la Revolución. La disolución de España implicaba la disolución del imperio, particularmente, además, porque las grandes potencias estaban dispuestas a no dejar pasar tan excelente ocasión para sus afanes expansivos. Se separaron las naciones continentales americanas de España porque España se quedó sin régimen y sin Estado. Pero perdimos las Antillas porque España tenía un Estado y un régimen que habían nacido corrompidos y para corromper. No era un poder que se apagaba allá en la Península lo que incitaba a los cubanos a rebelarse, ni el consejo o la seducción de naciones enemigas de España lo que alimentaba el separatismo, sino, al contrario, la torpe presencia de un Estado con fuerza bastante para oprimir. Los vínculos políticos con las naciones continentales de la América española quedaron rotos en cuanto apareció en la Península la colisión entre la soberanía de las Cortes y la de la corona. Era fatal que América planteara, siguiendo la norma metropolitana, igual pleito a la bamboleante monarquía, solo que en España podía ser restablecido el absolutismo por la fuerza y allí no. Cuba, tal vez, en virtud de su condición de insular y por considerar instintivamente que nunca sería independiente teniendo tan cerca a los Estados Unidos, no mostró deseos de separarse. Es más: solo con enorme esfuerzo pudieron lograr los gobiernos españoles que se nos fuera. Perdimos, pues, la isla no porque España no tuviera régimen, sino porque el régimen que tenía era funestísimo.

Si lo malo hubiesen sido los hombres y no el régimen, la catástrofe del 98 no hubiera tenido tanta importancia. Inglaterra también enfocó erróneamente en el s. XVIII su conflicto con las posesiones trasatlánticas, y con la política de la guerra a ultranza las eliminó del imperio. La separación de los territorios americanos ofreció, no obstante, a los ingleses una enseñanza que recogieron incluso para su política interior. Estaba la nación británica sanamente constituida, y aquello fue un mal paso, simplemente; quizás un mal paso providencial. Pero la pérdida de Cuba fue solo un episodio de la pérdida de España bajo el desgobierno de la oligarquía. La grave del desastre español estaba en que había sido obra, no de un gobierno desorientado, sino de un sistema corrompido, y lo que era todavía peor: de un régimen corrompido difícil de sustituir. Porque entre los daños del sistema precisa incluir el de la destrucción de la oposición. No tenía enfrente la oligarquía una oposición real.

La oligarquía, soberana y absoluta

Salvo unos pocos carlistas y republicanos irreconocibles, apenas había quien dejara de reconocer que al presente España no podía aspirar a tener mejor gobierno que el de la Restauración. H. Butler Clarke, Modern Spain, 1815-1898, Londres, 1906, cap. XIV, pág. 411.

Pero se había llegado a tan singular situación porque la oligarquía no tuvo escrúpulos en acudir a los medios más reprobables para deshacerse políticamente de sus adversarios. La claudicación de la burguesía ante los terratenientes fue consecuencia, ciertamente de la insurrección del proletariado contra la propiedad, pero esta provino de la insostenible arquitectura del orden social que venía a apuntalar el nuevo régimen. Los republicanos fracasaron por su inexperiencia política; mas también porque se las tenían que ver con una clase directora que fomentaba los disturbios con su perverso cerrilismo, tal vez aconsejada por el avieso criterio de que el ensayo sirviera de advertencia para todas las edades. No es, pues, que casi todo el mundo reconociera que no podía haber mejor gobierno, sino simplemente que no lo podía haber ni mejor ni peor, dado que por unas u otras razones cuanto se oponía a aquel régimen estaba virtualmente aniquilado.

Este era, por otra parte, el único estado de cosas que podía hacer posible el gobierno de la oligarquía absoluta.

A partir de la restauración de la oligarquía solo estará frente al régimen de modo sistemático —prescindimos de momento del proletariado— la clase media avanzada, cuyo representante en la política es el republicanismo filosófico. Núcleo el aludido de cierto peso por su autoridad moral e intelectual, pero sin masas propias, señero e impotente. El liberalismo bastardeado por la burguesía al rendirse a los grandes terratenientes y a la nobleza, el liberalismo del partido liberal, había dejado vacante el sitio que ocupaba en la izquierda, y este era el que ocupaban los republicanos. Las clases medias, la de la industria y la de la del comercio, quedaban desdibujadas políticamente entre Escila y Caribdis, entre el peligro oligárquico y el proletario, y serían conocidas desde entonces con un nombre expresivo: el de clases neutras. Al cabo de una centuria, el republicanismo, depositario, por defección de la burguesía, de los principios revolucionarios liberales, heredaba la misión de los reformadores de Cádiz. La revolución liberal había fracasado, no había creado una clase media, y había que empezar de nuevo. La burguesía había renunciado definitivamente a la revolución, a su revolución, todavía por hacer, y el destino de la reforma de la sociedad española venía a manos, como a principios de siglo, de una secta filantrópica dividida.

Se contaban cuatro agrupaciones republicanas: la de Castelar, la de Salmerón, la de Pi y Margall y la de Ruiz Zorrilla. Grandes diferencias las separaban, porque unos prestaban más atención que otros a la cuestión social. Líderes sin masas, se apoyaban aún en el proletariado, que pronto los abandonaría, porque ya habían comenzado los obreros y los campesinos a organizarse en partidos de clase.

Al cerrar la centuria, el grupo de Castelar fue baja en el republicanismo. Los posibilistas, que se definían como uno que desea una República que sea una barrera contra el radicalismo acababan fundiéndose con el partido de Sagasta. Castelar estimó que conseguido el sufragio universal, el ideal de su vida quedaba realizado. El famoso orador no dejó a Sagasta en paz hasta que no le extrajo el sufragio universal. Creía que así se salvaba España. ¡Oh, sancta simplicitas!

Por la mayor parte, la flor intelectual del republicanismo formaba una secta puritana que confiaba en la educación y en el progreso civil de los españoles para levantar la nación. En este grupo, acaudillado por don Nicolás Salmerón, concurrían don Gumersindo Azcárate, don Manuel Pedregal y don Joaquín Costa. Sin embargo, don Joaquín no se hallaba unido a Salmerón en la política por lazos muy sólidos. Costa, de quien habrá que hablar con pausa, era todo un estadista, la cabeza mejor organizada de la oposición, el hombre que con más tino diagnosticó los males de España.

Pi y Margall mantenía enhiesta su bandera federalista, tan desteñida como todo el republicanismo. Aquellas muchedumbres federales, o anarquistas, de la primera República, se alistaban a hora en el socialismo y en el sindicalismo revolucionario. Marx y Sorel deplazaban a Fourier y a Proudhon. Pero el rampante proletariado era incapaz de compensar con su débil poder político el enorme estrago de su amenaza.

En conflicto con todos los republicanos, Ruiz Zorrilla, anacrónico conspirador o romántico retrasado, se afanaba desde París por derribar a la monarquía mediante golpes de mano militares. A instigación de su Asociación Republicana Militar se sublevaban los soldados en Badajoz y en Santo Domingo de la Calzada, o se alzaba el general Villacampa en Madrid en descabellada rebelión, y su indulto sirvió a la Regencia para mostrar la benignidad del régimen.

Junto a estos grupos de oposición republicana, y a las veces en alianza con ellos, trabajaban pacíficamente los disminuidos carlistas por la teocracia. El barón de Sangarrén proclamaba desde su escaño del Congreso la nueva política carlista de no separarse de la legalidad.

Al margen de la política, pero tocándola tangencialmente, se estableció un noble y pulcro foco de oposición a la oligarquía: la Institución Libre de Enseñanza. Privados de sus cátedras por la reacción clerical —aunque repuestos en 1881— don Francisco Giner de los Ríos y otros profesores de la escuela filosófica de Sanz del Río —el introductor del krausismo en España—, fundaron una secta pedagógica, una Universidad familiar frente a la Universidad oficial, refugio de unos estoicos que no querían naufragar moral e intelectualmente.

Y frente a este enjambre de sectas y sin un movimiento nacional orgánico que amenazase su pleno control del poder, la oligarquía señoreaba a la nación. Al finalizar la centuria la fuerza del conglomerado oligárquico no tenía rival. La clase directora, dueña del territorio, soberana en las grandes empresas subvencionadas por el Estado y asesorada y defendida por hombres de un talento político indiscutible, no estorbado por ninguna suerte de pudor, gozaba ya el ansiado sosiego. La Iglesia y el Ejército estaban sometidos, bien que a oneroso coste. La flaca burguesía había claudicado. El proletariado seguía protestando, pero eso era todo. No era absoluta, ni mucho menos la calma, y los oligarcas debían guardarse.Mas el siglo XIX quedaba atrás, y quienes lo recordaban hallaban arcádico el nuevo orden. Ya se podía vivir, mejor dicho, ya podía vivir aquella clase social que desde 1860 solo tuvo un sueño y un programa: sentarse a la mesa y disfrutar, en medio de la miseria general y en cerrado festín, su monopolio de la riqueza.

RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 301-341.