Los liberales y la Iglesia

Los anarquistas han destruido muchas iglesias, pero el clero había destruido antes la Iglesia José Castillejo.

Los siete años siguientes —a la semana trágica— representan una pausa en la historia de España. Algunos días de tumultos y la caída del gobierno responsable de ellos habían aliviado la tensión que, desde 1906, venía acumulándose en Barcelona. Los anarquistas estaban ocupados organizando una nueva sindical, la Confederación Nacional del Trabajo, imitación de la CGT francesa, y rival de los socialistas. Los nacionalistas catalanes asustados por los desmanes estaban quietos. El frente unido, Solidaridad Catalana, se había dividido a causa de la cuestión religiosa (todo lo cual demostraba que la táctica del gobierno había dado sus frutos), y la Lliga, aunque con menos entusiasmo, se había convertido una vez más en la única representación seria de las ambiciones catalanas.

Pero había sido momentáneamente apaciguada con un nuevo programa de tarifas aduaneras que daba a Cataluña el completo monopolio del mercado interior, y una moderada ley de descentralización (la ley de mancomunidades), que después de interminables discusiones en las Cortes, fue aprobada por decreto en 1913. Por otra parte, el rey había sido advertido en los funerales de Eduardo VII del peligro de lanzarse demasiado lejos por el camino de la reacción, y, con la frivolidad que le era propia, se proclamó a sí mismo buen liberal y aun llegó a coquetear con los republicanos.

Durante varios años todavía los gobiernos conservadores y liberales se turnaron apaciblemente y, aun cuando la mayor parte de los vicios del régimen seguían patentes, en las grandes ciudades se estaba formando una verdadera opinión pública que de vez en cuando daba señal de vida en las elecciones. Empezaban a mostrarse síntomas favorables del comienzo de una situación política más sana.

En los centros mineros e industriales una serie de huelgas hacía elevar los jornales de los obreros, y los propios conservadores se interesaban por el mejoramiento de las condiciones de trabajo a través de la legislación. De hecho, poco era lo que podía hacerse en este terreno, pero el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto de Previsión, dos organismos autónomos creados por gobiernos anteriores, se vieron animados a explorar el terreno y preparar proyectos que pudieran ser adoptados. La labor realizada por ambas entidades fue admirable y el estímulo que recibieron por parte de los gobiernos, que rara vez tenían el valor de llevar a la práctica sus tímidas propuestas, probaba al menos sus buenas intenciones.

Por otro lado, los liberales reemprendían su monótona lucha contra la Iglesia, lo cual, desde su primera aparición en las Cortes de Cádiz en 1810, era el principal objeto de su actividad. Esta pugna se agudizó a partir de 1900. A lo largo de los últimos veinticinco años la Iglesia había aumentado regularmente sus recursos financieros y su poder. Sus militantes —las órdenes monásticas y los jesuitas— eran más numerosos y disciplinados que nunca y sus cajas estaban repletas. No se había resignado jamás la Iglesia a la pérdida de la posición dominante que había tenido un tiempo en el Estado y, tras la muerte de Cánovas, que siempre la mantuvo apartada de la política, y la aparición del partido clerical de Maura parecía que se le presentaba la ocasión de dar un paso decisivo hacia el poder.

Por su parte las fuerzas del anticlericalismo se habían fortalecido también; contaban con el apoyo de toda la corriente encarnada por el pensamiento europeo contemporáneo, y el reciente triunfo de su partido en Francia así como la separación del Estado y de la Iglesia en este país, les animaba grandemente.

El primer choque se produjo en enero de 1901 con la representación de la obra anticlerical de Galdós, Electra. El Padre Montaña, ayo y confesor del entonces rey niño, había publicado un artículo en El siglo futuro afirmando que el liberalismo era pecado. El sentimiento anticlerical del pueblo era vivo, y esta obra de teatro del más grande de los novelistas españoles polarizó la opinión pública. Empezó la lucha. Los puntos principales a debatir eran la limitación del número de órdenes religiosas, la tolerancia de otras religiones y el control de la educación.

Pero lejos de ganar terreno, los liberales se dieron cuenta de que apenas si podrían mantener lo ya conseguido. Dos años de lucha (1910-1912) para obligar a las órdenes religiosas a someterse al concordato de 1851 y a las leyes establecidas en el país fracasaron rotundamente. Hubo que retirar una circular que ordenaba la recaudación de impuestos de las comunidades religiosas no registradas, dedicadas a asuntos de comercio e industria.

El único avance logrado fue (y ello no sin violentas protestas de los obispos, procesiones de señoras elegantes por las calles de Madrid y reconvenciones del Vaticano) el permiso concedido a las iglesias protestantes para erigir una cruz o cualquier otro símbolo sobre sus edificios. Se decía que el rey de Inglaterra se había negado a visitar Madrid mientras no fuera otorgada esta concesión. Entretanto, el apoyo prestado a la Iglesia por las clases ricas, permitía a ésta resistir la presión de la opinión pública. Mas, para aclarar la cuestión religiosa y los violentos sentimientos que despertaba, habrá que exponer más detenidamente la historia de la Iglesia católica en España y sus relaciones con el Estado.

En los siglos XVI y XVII no existía realmente una unidad política en España. Media docena de reinos vivían juntos, cada uno con sus propias leyes y cortes. El único vínculo político entre estos reinos era la persona del rey; y su poder, por lo que se refería a los derechos individuales y a las libertades locales, era muy limitado. El aglutinante que lo mantenía unido todo era la Iglesia.

La Iglesia española era en el siglo XVI cosa muy distinta a cualquiera de las iglesias que hoy subsisten, generalmente separadas del Estado y a veces en conflicto con él. Por el contrario, lo abarcaba entonces todo. A través de ella, el rey se había convertido en una figura semisagrada: una especie de faraón, según decir de un historiador portugués. Las guerras de Flandes y de Alemania eran guerras de religión y los descubrimientos y conquistas en el nuevo mundo, misiones evangelizadoras. España vivía entonces por un ideal y sacrificaba todo para mantener este ideal en toda su pureza.

La Inquisición, organismo creado para tal propósito, gozaba como es natural de una posición preponderante dentro del Estado. Es evidente la analogía de la España de entonces con los estados totalitarios de hoy. La actitud militante que imponía al país costaba guerras inacabables por motivos ideológicos; la severa censura, las quemas de libros, los juicios secretos, el sistema de purificaciones, el entredicho lanzado sobre las personas de sangre herética o judía, la proscripción de todo estudio extranjero y los viajes, las trabas a todo comercio exterior: todos estos síntomas modernos se encuentran por primera vez en la España del siglo XVI. Solamente faltaba la centralización económica y política.

Pero si la Iglesia interfería de tal manera sobre el Estado, también el Estado actuaba sobre la Iglesia. Se trataba ante todo de una iglesia esencialmente nacional. Un ejército español ocupó y saqueó Roma, humillando al Papa. Tanto la Inquisición como el rey se hallaban a menudo en agudo conflicto con el Vaticano.

El dogma de la Inmaculada Concepción, rechazado todavía en muchos países católicos, era artículo de fe en España. Ningún intento serio se hizo para convertir a los moriscos, y los descendientes de conversos no eran considerados como cristianos viejos hasta la tercera generación y se les rehusaba el ingreso en las órdenes religiosas. De no haber sobrevenido el cisma protestante, la Iglesia Católica Española podía muy bien haber sido la única que se hubiera separado de Roma.

Sin embargo todo hubiese sido diferente en este caso, pues el totalitarismo español de 1580 era esencialmente un movimiento reaccionario (como lo ha sido el nacionalsocialismo en nuestros días) que posiblemente no hubiera existido de no ser por la rebelión del protestantismo.

Dentro mismo de España, la religión era no solamente el lazo de unión entre las diferentes regiones y la música que ordenaba el movimiento de todos, sino que era también el gran elemento nivelador. Nunca fue menos cierta que en este caso la afirmación de Marx de que la religión es el opio del pueblo En todos los conflictos sociales de la época —las Germanías de 1520 en Valencia, el levantamiento de los vascos contra el impuesto sobre la sal y las exacciones de los ricos en 1631— eran los frailes quienes apoyaban y sostenían al pueblo.

Como en la Alemania de hoy la fuerza de la religión nacional sola hacía que un país en el que hasta aquí las divisiones entre nobles y plebeyos habían sido profundas, llegase a ser hacia 1620 una nación de notable igualitarismo. Bajo reyes débiles pero cada día más amados y cada día más divinizados, vivía una masa anárquica de gente, que con tal de no importarle apretarse el cinturón, podía hacer prácticamente cuanto quisiera.

Toda distinción entre las diferentes clases sociales dejaba de tener importancia. Los franceses y los italianos se horrorizaban ante la insolencia con que el más vil comerciante, provisto de capa y espada aunque en su casa no hubiera mucho que comer, no se recataba en darse empellones por la calle con los grandes del reino. Los nobles, naturalmente, tenían verdaderos ejércitos de criados, pero éstos ponían su honrilla en no trabajar y en tratar a sus señores con familiaridad. Los pobres, que mendigaban por las esquinas o se alimentaban con la sopa de los innumerables conventos, no les iban en zaga en altanería. Hambrientos, andrajosos, perezosos, asombrosamente ignorantes pero también asombrosamente libres: tal es el veredicto de los viajeros hacia 1660. España es el país de Europa, escribe el protestante francés Antoine de Brunel, donde mayor igualdad social existe.

Hay que conceder gran parte del mérito de esto a la Iglesia, con su idea religiosa unificadora. La magnífica independencia de los españoles, que asombra a todos los viajeros modernos, es sin duda un legado de la alta Edad Media; pero el hecho de que esta independencia no haya sido destruida por el auge del absolutismo debe ser contado en el haber de los frailes, quienes a lo largo de tres siglos fueron los defensores de las libertades personales y locales, a la vez contra la intrusión del Estado y la arrogancia de las clases altas del país.

Southey, que visitó España en 1795, lleno de las ideas de la revolución francesa y los derechos del hombre, fue, creo, la primera persona en hacer el razonamiento —obvio, aunque no necesariamente exacto— de que, puesto que el español pobre había alcanzado un tal espíritu de libertad e independencia, completamente desconocido en la clase humilde de Inglaterra, era más apto que los individuos de otros pueblos para disfrutar de instituciones libres.

Volviendo a 1700, vemos que España se encontraba en plena bancarrota; su semisagrado rey, imbécil y sin sucesión; su población diezmada; la tierra sin cultivar; el comercio inexistente. Mientras tanto, la vieja concepción religiosa seguía su curso. Una nueva idea política introducida por los Borbones suponía unidad y centralización y, a medida que fue avanzando el siglo, un cierto despertar económico. La Iglesia había perdido su función política. Y poco a poco, penosamente, España empezó a vivir de nuevo, pero un género de vida muy diferente. La Iglesia, sin embargo, no se sometía fácilmente. Los jesuitas resistieron y fueron expulsados en 1767.

La Inquisición, a la que había que tratar con cautela, resistió también. Y tuvo aún poder suficiente para derribar a Olavide, el ilustre comisario real de Carlos III, que intentaba repoblar las tierras yermas y como la Iglesia era el primer terrateniente de España se sentía amenazada por su política agraria. La Iglesia contaba con la gran masa del país.

El pequeño grupo de hombres de la Ilustración que actuaba bajo la dirección del rey se esforzaba por imponer una nueva estructura económica y una nueva mentalidad al pueblo, y se percataba de que este pueblo —anárquico y amante de su libertad— no tenía ningún deseo de evolución y que su resistencia contra las reformas estaba dirigida por la Iglesia, especialmente por los frailes.

La resistencia opuesta por la Iglesia al Estado empieza a aparecer hacia 1760, y ha continuado sin desaliento hasta nuestros días. Esta resistencia ha tenido como consecuencias: en primer lugar frenar el desarrollo natural del país; después llevar a la Iglesia a considerar que su actitud normal es la oposición contra los poderes públicos; y finalmente, obligar al Estado a considerar como una de sus principales funciones la lucha contra la Iglesia.

Cuando, en mayo de 1808, el pueblo español se levantó contra Napoleón, no fueron ni el rey ni el gobierno quienes le dirigieron. Las clases ricas y los nobles tomaban precauciones o se ponían al lado de los franceses; fue el pueblo dirigido por la Iglesia quien tomó las armas. Curas y frailes, herreros y silleros encabezaban las partidas y bandas de guerrilleros participaban en las juntas provinciales. Llegó incluso a ser norma en muchas de las partidas el que ningún hidalgo perteneciese a ellas, porque en la lucha contra el invasor nadie que tuviese algo que perder inspiraba suficiente confianza.

Esta fue la última ocasión en que la Iglesia desempeñó en España un papel a escala nacional. Y sin embargo, por extraño que parezca, las Cortes reunidas en Cádiz en 1810 para proseguir la lucha contra los franceses y dotar al país de una constitución se manifestaron como simple continuación (en forma un tanto modernizada, ahora que el rey estaba prisionero en Francia) de los viejos consejos burocráticos y anticlericales de Carlos III. Los liberales no aportaban a España nada nuevo excepto la idea —por otra parte natural, dadas las circunstancias— de que la soberanía emanaba del pueblo y cierta exaltación de la libertad; pero pasaron semanas y semanas discutiendo furiosamente una ley que los Borbones hubieran deseado promulgar, sin atreverse a hacerlo: la abolición de la Inquisición. Todos los demás artículos de la Constitución, por drásticos e innovadores que fuesen, fueron aprobados casi sin discusión.

El referente a la Inquisición fue aprobado únicamente con un pequeño margen de votos y, según la profecía de Wellington, decidió el destino de las Cortes, de la Constitución misma y de los liberales, como ya empezaban a llamarse, que la habían hecho aprobar. A partir de este periodo, la religión infundió su veneno a las atroces represiones y guerras civiles de los treinta años siguientes. El odio que había despertado Napoleón fue dirigido contra los liberales, y las cobardes camarillas cortesanas que se habían congregado en manada bajo el rey José se unieron a esta corriente.

Los liberales, por su parte, estimulados y enloquecidos por las persecuciones, encubriéndose en las logias masónicas desde donde podían más fácilmente conspirar, poco a poco fueron apareciendo como el partido de las nuevas y débiles clases medias, y encontraron en el ejército, cuyos oficiales salían generalmente de estas clases, un campeón para defenderlas.

El carlismo, partido creado por la Iglesia para defender sus intereses y la ideología del siglo XVII, fue al final derrotado. Y no habría podido resistir tanto tiempo como resistió si aquellos intereses no hubiesen coincidido con los de los nacionalistas vascos y catalanes, cuyos fueros habían sido reducidos o suprimidos por los Borbones, y que la Iglesia, fiel a su actitud anterior al periodo borbónico, había apoyado siempre.

En el curso de la primera guerra Carlista se produjo un hecho significativo, que hubiera podido abrir los ojos a la Iglesia en cuanto a la gravedad de su propia situación si no hubiera perdido ya hacía tiempo toda capacidad de reacción ante situaciones nuevas. Se desarrolló una epidemia de cólera en Madrid y corrieron rumores de que los frailes y especialmente los jesuitas habían envenenado las fuentes. Se produjo un motín, cuya consecuencia fue la quema de iglesias y conventos y la muerte por las turbas de cuantos frailes pudieron tener a su alcance.

Al año siguiente (1835), como respondiendo a una señal, iglesias y conventos ardieron en todas las grandes ciudades de España. Dos hechos deben ser destacados en relación con esto: primeramente que los hombres que quemaban las iglesias eran casi todos católicos practicantes; en segundo lugar, que los conventos no eran incendiados por gentes de las clases medias, sino por el pueblo.

La irritación contra los carlistas había hecho impopulares a los frailes, que les apoyaban. Pocos meses más tarde, Mendizábal promulgaba una ley por la que se disolvían las congregaciones religiosas y se confiscaba la mayor parte de las propiedades agrarias rústicas de la Iglesia. Esta ley no era simplemente una disposición anticlerical o más bien anticarlista; formaba parte de la política general de los liberales de acabar con la propiedad de manos muertas que, junto con los bienes comunales, cubrían la casi totalidad del país.

Mendizábal, que había residido largos años en Inglaterra (como banquero y próspero hombre de negocios) y había comprendido cuales eran las bases económicas del liberalismo, esperaba destruir la vieja inercia española, obligando a sus conciudadanos a crear riqueza mediante el cambio, el comercio y la especulación. Y esta medida que atrajo a los terratenientes y a la burguesía provinciana que acaparaba las fincas desamortizadas a precios irrisorios, decidió la guerra civil y el triunfo de la revolución liberal, de la misma manera que en Inglaterra la venta de los bienes monásticos había decidido el triunfo de la Reforma.

Pero produjo también otro resultado. Al privar al clero y los frailes de la posesión de la tierra, los apartaba de hecho del pueblo, obligándoles a pensar en otros medios de enriquecimiento y arrojándolos en brazos de las clases ricas, sobre las cuales se han apoyado exclusivamente en casi toda España desde entonces. Con ello, la lucha que desde 1814 a 1840 había hecho de la Iglesia una institución exasperada y sedienta de sangre, la hacía ahora codiciosa.

Intelectualmente no había dejado de degenerar desde 1700 —como cualquier otra institución española— y moralmente había degenerado todavía más rápidamente a causa de la violenta actitud agresiva que había adoptado. Bastará citar al Ángel Exterminador, sociedad fundada en 1821, que conoció una extraordinaria actividad en 1834, bajo la presidencia del obispo de Osma, y que tenía como finalidad exterminar a los liberales; la ejecución de un maestro de escuela deísta en 1827, ordenada por el arzobispo de Valencia después de un proceso de herejía; o la miserable impostura de la Monja de las llagas y del padre Claret en la corte de Isabel II, hechos todos ellos que no podrían haber ocurrido en esta época en ningún otro país católico.

Así se explica el espectáculo del pueblo español, el más espontáneamente religioso de Europa, que aunque aislado de las peligrosas influencias del siglo por no saber leer se separa gradualmente y con repugnancia de la Iglesia cuando llega a convencerse de que es solamente una institución egoísta que no se preocupa en absoluto de los intereses populares. Hacia 1870, aunque la gran masa del pueblo era todavía católica, los curas habían perdido en casi todas las grandes ciudades el ascendiente sobre el pueblo y los frailes eran odiados. Síntomas análogos a los que en Alemania precedieron a la Reforma.

Y sin embargo no puede menos que pensarse que ello podría haber sido distinto. En los siglos XVI y XVII la Iglesia española fue, como se ha dicho, una institución niveladora. Sus estrechas relaciones con el Estado le inspiraron un interés por las cuestiones sociales y políticas que ninguna otra iglesia de la cristiandad jamás ha tenido y a su influencia se debió largamente el asombroso éxito de la colonización de América y la humanidad en los métodos con que, pasada la primera violencia de la conquista, eran resueltos los conflictos entre los colonizadores y los indios.

Sus misioneros volvían a España con una gran experiencia práctica de los problemas sociales; por otra parte, el intenso idealismo de las órdenes monásticas hacía que su peso se inclinase generalmente a favor de los humildes (en América, los indios; en España, los trabajadores) contra los poderosos y los ricos. No es pues, sorprendente comprobar que la Iglesia española haya ido más lejos que cualquiera de las iglesias protestantes de su tiempo ofreciendo una plataforma que permitía la libre discusión de teorías sociales de un cierto carácter comunista.

El padre Mariana, el más grande de los historiadores españoles, cuyos libros constituyen hoy la Biblia de las derechas, proclamaba la ilicitud de la propiedad privada de la tierra, y pedía la intervención del Estado en la distribución de las riquezas naturales. Otros eclesiásticos de su tiempo sostenían puntos de vista análogos. La estupidez y la injusticia de la desigual distribución de la tierra fueron proclamadas por una multitud de frailes, teólogos y juristas en términos mucho más violentos que los que se habían permitido nunca los escolásticos medievales.

En América, el Estado colectivista de los incas causó profunda admiración tanto entre los misioneros como entre los funcionarios ocupados en reorganizar el país. Parece que los jesuitas, sobre todo, se sintieron profundamente impresionados por él; y fue un jesuita, el padre Acosta, quien en su Historia de las Indias, publicada en Sevilla en 1590, recomendó por primera vez seriamente la aplicación en España del estado socialista incaico; esta corriente de pensamiento llevó pocos años más tarde al establecimiento de las famosas concesiones de los jesuitas en el Paraguay, que ofrecieron el primer ejemplo de un Estado comunista organizado por europeos.

El siglo XVII muestra a lo largo de su curso un notable desarrollo y una más clara concepción de las ideas socialistas o colectivistas, tanto entre el clero, que las propugnaba por razones morales y religiosas, como entre los funcionarios y empleados civiles, que veían en ellas el remedio de la catastrófica situación económica del país.

El Estado acogió por fin estas ideas y, aun cuando las extensas medidas socialistas que fueron decretadas nunca fueran llevadas a la práctica (empezando por la pragmática de 1633, en la que se fijaban tan rígidamente las condiciones para el arrendamiento de pastos que hubieran dado como resultado el nacionalizar la mayor parte de la superficie del país) la falta no debe ser imputada a los que dirigían la opinión pública de España. Pero quisiera subrayar ahora el inmenso papel que la Iglesia desempeñó en el fomento de estas ideas y la insistencia que puso en persuadir al rey y al gobierno que era deber moral suyo lograr por la fuerza si era preciso, y sin indemnización, una distribución más equitativa de la propiedad.

Lo que impidió que España en este siglo avanzase considerablemente hacia una organización socialista fue el colapso demasiado rápido de toda la estructura económica y moral del país, así como la debilidad del gobierno y su incapacidad para conseguir que ninguno de sus decretos sobre materias económicas fuese llevado a la práctica gracias a la callada oposición de los terratenientes.

Las tendencias colectivistas de los economistas españoles se habían esfumado precisamente cuando llegó el momento de decidir la cuestión agraria. Las teorías de Adam Smith hicieron su aparición en España en el último cuarto del siglo XVIII, y debido a la influencia de Jovellanos, el más famoso economista de su tiempo, triunfaron por completo. En las Cortes de Cádiz de 1810-1814, cuando la cuestión agraria fue puesta sobre el tapete, sus opiniones prevalecieron y se decidió que las propiedades privadas que surgieran mediante la venta de los bienes comunales y, posteriormente, de las propiedades de la Iglesia, habían de constituir un mercado libre.

Esta política, que continuó siendo propugnada a lo largo del siglo, era muy impopular entre los campesinos y labradores pobres, que veían las grandes haciendas crecer en todas partes a costa suya. Si la Iglesia hubiese propuesto una política agraria basada en sus tradicionales puntos de vista y en las viejas costumbres comunales de los pueblos, poniendo a contribución la inmensa experiencia adquirida en sus concesiones en América, para trazar un plan de colonización interior de España, podría muy bien haber cerrado el camino a las ideas liberales, que en muchos aspectos eran incompatibles con las condiciones del país.

Pero la Iglesia no era ya capaz de inventar nada; su política agraria consistía en aferrarse desesperadamente al pasado, sin ofrecer ninguna orientación para pasar de una existencia semipastoril a la agricultura, transformación que estaba realizándose en todas partes y que daba como resultado un gran aumento de población. Por ello el carlismo fracasó en todas partes menos en Navarra y en la vertiente sur del Pirineo, donde era favorecido por el sistema de haciendas rurales de mediana extensión y amplios pastos comunales.

La Iglesia de España se desacreditó por su incapacidad para reaccionar inteligentemente contra las ideas de la Revolución francesa, y el bajo nivel de la educación en los seminarios (las universidades habían sido secularizadas en 1837, dejando de enseñarse en ellas teología) impidió para siempre el que se recobrase.

Órdenes religiosas

En resumen, de 1874 a 1931, la Iglesia fue perdiendo año tras año su ascendiente sobre los pobres, al mismo tiempo que aumentaba progresivamente su influencia sobre los ricos y su poder político. La muerte de Alfonso XII reforzó enormemente su posición. A cambio de la especial protección de León XIII (que evitó el peligro de un levantamiento carlista durante la minoría del rey), la regente concedió con mano pródiga dinero y apoyo a la Iglesia.

En realidad se hallaba enteramente sometida a la influencia de su confesor; apenas si necesitaba estímulos en este sentido. Por este tiempo, el clero regular francés, que se había visto obligado por las leyes secularizadoras de Jules Ferry a abandonar su país, vino a establecerse en España, iniciándose un esfuerzo concertado para salvar del liberalismo ateo al menos un país en Europa. El hecho es que en pocos años, la península se vio inundada de conventos, colegios y fundaciones religiosas, que no dejaba de evocar su época más floreciente, y que la corte, las universidades, la prensa y de hecho una parte considerable de las clases dirigentes fueron sumergidas por una ola de clericalismo.

La Compañía

Los dirigentes de este movimiento eran, como es natural, los jesuitas. Su política —dictada ya tres siglos antes por su fundador— consistía en ganarse a los ricos y a los poderosos. Para ello les hacía falta dinero. Y verdaderamente España ofrecía un campo prometedor para invertir los fondos de la Compañía: el dinero no sólo producía un buen interés, sino que se traducía en influencia política inmediata. De modo que su riqueza en la península comenzó a aumentar; riqueza constituida por inversiones realizadas en el extranjero por la Compañía y por nuevos legados de gentes piadosas de España, y que llegó a adquirir inmensas proporciones.

En 1912, según Joaquín Aguilera, secretario de El Fomento, los jesuitas controlaban sin exageración, un tercio de la riqueza capitalizada de España. Poseían ferrocarriles, minas, fábricas, bancos, compañías navieras, plantaciones de naranjos. En torno a sus actividades industriales, llegó a crearse una leyenda. Corría el rumor de que acaparaban el comercio de antigüedades, que proveían a Madrid de pescado fresco y que controlaban los más florecientes cabarets.

Se calculaba que su capital operativo se elevaba a 60 millones de libras esterlinas. Desde luego no había razón alguna para que los jesuitas, que tenían que atender a sus colegios y misiones, no fueran ricos; si no lo hubieran sido no habrían podido llevar adelante su tarea. Hay un refrán español que dice que el dinero es muy católico Pero era difícilmente compatible con el interés nacional que un sector de la comunidad, y un sector militante, controlase una parte tan importante de la vida industrial del país.

No puede echarse en olvido que buena parte de esta riqueza era adquirida mendigando limosnas y legados entre los ricos, y que tales favores no eran otorgados gratuitamente. A cambio de ellos, la Iglesia debía defender los intereses de los ricos contra los de los pobres. Quien no haya vivido algunos años en España no podrá creer la estrecha, íntima y, en resumidas cuentas, indecente relación entre ciertas órdenes religiosas y las clases más ricas del país. Hace ya más de un siglo que todo contacto con los privilegiados, con la corte y con los políticos de España ha sido de lo más corruptor.

Por el contrario, el clero rural era pobre. Sus sueldos, pagados por el Estado, habían sido fijados en el Concordato de 1851, y el coste de la vida no había dejado de aumentar. Algunos de ellos apenas si ganaban lo que un jornalero. Pero la pobreza nunca ha sido humillante en España; al contrario, gracias a ella ha florecido lo mejor del carácter español, y aunque con una instrucción insuficiente y con frecuencia relajados en su conducta, según las modernas normas de la vida (muchos clérigos practicaban aún la costumbre medieval de la barraganía y tenían en su casa a un ama), en general eran hombres honrados y sencillos que, en una época en que la fe había desaparecido, se esforzaban en cumplir sus deberes lo mejor que podían.

Problema aparte era el de las órdenes monásticas. Según lo establecido por el Concordato, sólo tres órdenes estaban permitidas en España: dos de ellas mencionadas expresamente, y la tercera dejada a la elección del papado. Pero Roma nunca comunicó esta elección, de modo que cada orden podía pretender que era ella la favorecida. En varias ocasiones los liberales intentaron regularizar esta situación o, al menos, obligar a las órdenes a registrarse y someterse al derecho de inspección, pero cada tentativa iba acompañada de tan furiosas protestas, tantas amenazas eran proferidas por Roma y los arzobispos, que siempre fracasaba el propósito.

En realidad el número de frailes no era excesivo —unos 10.000 en el momento de la proclamación de la República, la mayoría de ellos dedicada a la enseñanza— pero en cambio el número de monjas se elevaba a 40.000, cifra nunca alcanzada en España hasta entonces y por lo menos doble que en tiempos de Santa Teresa. Pero el caballo de batalla de los liberales era la enseñanza.

Hasta 1836 la enseñanza había estado casi enteramente en manos del alto clero y las órdenes religiosas. Por entonces la Iglesia no se había recobrado aún del golpe que le asestara la Revolución francesa, y tenía un miedo mortal al saber. No se enseñaban ni las ciencias físicas, ni las matemáticas, ni la agricultura, ni la economía política, como si estas materias fuesen peligrosas excepto para sabios teólogos. Los jesuitas fruncían el ceño a la historia, que tan malos ejemplos ofrecía a las almas jóvenes e inocentes. De modo que la única materia que podía ser estudiada de manera conveniente en las universidades, era el derecho.

Aunque se enseñaba la medicina, había que hacerlo sin rozar la errónea noción luterana de la circulación de la sangre, y en cuanto a la astronomía, no se podía olvidar que el sistema de Copérnico seguía siendo cosa de Inquisición En las escuelas elementales se impedía deliberadamente que los hijos de los pobres aprendiesen a leer; únicamente se les enseñaba a coser y a recitar el catecismo. Como declaraba la universidad de Cervera —la única que se había dejado a Cataluña— en un famoso memorial a Fernando VII: Lejos de nosotros la funesta manía de pensar La revolución liberal modificó esta situación.

Los sucesivos gobiernos liberaron gradualmente a las universidades del control clerical y echaron los cimientos de la educación primaria universal. Las órdenes religiosas dirigieron entonces su atención a los colegios de segunda enseñanza. La Iglesia se impuso como tarea la educación de los hijos de las clases altas y medias. Los colegios de jesuitas y de agustinos llegaron a ser lo que las publics schools son en Inglaterra. Es difícil decir que se diera en ellos una buena educación. Los jesuitas no educan, domestican —escribía el conde de la Moriera y los que se negaron a recibir la impronta, conservaban amarga memoria de los castigos corporales, del sistema de adulaciones y espionaje que imperaba en sus colegios.

Algunos de los anticlericales españoles más intransigentes debían su odio a la Iglesia a estas impresiones juveniles. Ni siquiera concedían al aspecto puramente escolar de la educación la importancia que hubiera podido esperarse. Las humanidades (latín, historia y literatura) eran mal enseñadas, y lo mismo sucedía con la religión; en cambio alcanzaban un alto nivel en materias tecnológicas. Los jesuitas, por ejemplo, contaban con dos universidades que otorgaban títulos de derecho y comercio, más un importante y eficaz instituto para ingenieros y electrotécnicos. Editaban la revista más importante de electrotecnia publicada en el país. En este terreno el gobierno no les presentaba la menor competencia.

La Institución Libre de Enseñanza, uno de los mejores y más famosos establecimientos de toda Europa, y que ha contribuido a elevar el nivel de la cultura española más que cualquier otro organismo, fue fundada en 1876 por iniciativa privada. Pero la batalla decisiva se libraba en torno a la educación primaria. Vasto era este campo, pues en 1870 alrededor del 60% de la población era analfabeta. Aun cuando la mayoría de las escuelas existentes estuvieran sometidas a las autoridades civiles (la política de las órdenes religiosas en las primeras décadas del siglo XIX había sido el evitar que los pobres aprendiesen a leer), ambas partes reclamaban para sí el monopolio.

La táctica de la Iglesia consistía en obligar a las escuelas del Estado a cerrar por falta de fondos. Como el sostenimiento de estas escuelas estaba a cargo de los municipios, con su influencia sobre los caciques y la administración local, el clero lograba evitar la inclusión de la escuela en el presupuesto. De entonces proviene el dicho tener más hambre que un maestro de escuela Y en un país en que dos tercios de la población están subalimentados permanentemente la expresión adquiere un significado especialmente dramático. Tal estado de cosas sólo encontró remedio en 1901, cuando Romanones pasó la educación a cargo del Estado, pero la cantidad consagrada a ella en los presupuestos era escandalosamente pequeña.

Para apreciar debidamente la actitud de total intransigencia en que se colocaba la Iglesia, no puede dejarse de señalar que hasta 1910 la inmensa mayoría de los maestros eran católicos sinceros e iban regularmente a misa; que religión y catecismo se enseñaban obligatoriamente en todas las escuelas y que el cura de la parroquia tenía el derecho de supervisarlas. Hasta tal extremo iban las cosas, que a veces los padres de los niños se quejaban porque sus hijos pasaban la mitad de las horas de clase rezando el rosario y estudiando historia sagrada, sin que se les enseñara a leer.

La diferencia entre una escuela de frailes y una del Estado no era religiosa sino política. Dicho crudamente, los frailes enseñaban en sus escuelas a los niños que, si se unían a los liberales, irían sin remedio al infierno. Actitud ésta claramente expresada en el Catecismo completo, reeditado en 1927. —¿Qué es lo que enseña el liberalismo? comienza preguntando. —Que el Estado es independiente de la Iglesia Y prosigue explicando que el Estado debe estar sometido a la Iglesia como el cuerpo al alma, en lo temporal y en lo eterno. Después enumera, entre las falsas libertades del liberalismo, la libertad de conciencia, de educación, de propaganda y de reunión, y dice que es herético creer en ellas. Continúa: —¿Qué clase de pecado es el liberalismo? —Un pecado gravísimo contra la fe. ¿Por qué? —Porque consiste en una colección de herejías condenadas por la Iglesia. —¿Es pecado para un católico leer un periódico liberal? —Puede leer las cotizaciones de Bolsa. —¿Qué clase de pecado comete el que vota a un candidato liberal? —Generalmente pecado mortal

Cuando se recuerda lo tímido, respetable y conservador que era el partido liberal por aquellos días, y cómo la mayor parte de las libertades que propugnaba eran ya moneda corriente en todos los pueblos civilizados del mundo, se comprende lo difícil que era no adoptar una actitud de violenta resistencia contra una institución que en el curso de los tres últimos siglos lo había olvidado todo y no había aprendido nada.

La Iglesia constituía en España un problema insoluble y no puede sorprender que la intransigencia política del clero impulsase por fin a la mayoría de la población a separarse desesperadamente de ella y se entregase a quemar iglesias con cólera revolucionaria —casi podríamos decir con cólera católica y filial. Puede argumentarse, desde luego, que únicamente mediante una actitud de rígida intransigencia puede sobrevivir un organismo religioso en la atmósfera corrosiva del mundo moderno. El poder de atracción de una iglesia radica principalmente en su capacidad de inspirar seguridad, lo que trasladado a la acción significa intolerancia. Pero los errores del catolicismo español no procedían de la fuerza de su convicción, sino por el contrario de su falta de sentimiento religioso y de su orgullo.

De la misma manera que en el siglo XVI no mostró ni la voluntad ni la paciencia necesarias para convertir a los moriscos, sino que usó de su influencia sobre el Estado para expulsarlos, así en nuestro tiempo ha rehusado, hasta que ha sido ya demasiado tarde, el tomar las medidas adecuadas para detener el proceso de descristianización de las clases trabajadoras. Desdeñando el lento trabajo del ejemplo y la persuasión, ha preferido respaldarse en la autoridad del Estado. Así, en lugar de combatir a los socialistas y anarquistas en su propio terreno, mediante organizaciones laborales, sociedades recreativas y proyectos de reforma social, ha concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de un gobierno que suprimiese a sus enemigos por la fuerza y restaurase al catolicismo en la privilegiada situación de que disfrutaba hace dos siglos.

La acción de la Iglesia ha sido, pues, predominantemente política y, como ha escogido a sus aliados entre las clases más ricas y más reaccionarias, se ha atraído en el curso de la lucha la hostilidad de todos los elementos honrados y progresivos del país, hostilidad que le ha causado un daño increíble. Los españoles cultos se han visto forzados a considerar a la Iglesia no sólo como al enemigo del gobierno parlamentario, sino de toda la moderna cultura europea; las clases trabajadoras han encontrado en ella una barrera a sus esperanzas en pro de un nivel de vida mejor.

Detrás de cada acto de violencia pública, de cada reducción de la libertad, de cada asesinato judicial, estaba el obispo, que en su pastoral o en un artículo de fondo de un periódico católico, manifestaba su aprobación o pedía una represión más dura. Y si no olvidamos que esta intransigencia política encubría a menudo la mayor relajación en la conducta y una ausencia más o menos total de todas las virtudes cristianas, no nos sorprenderemos de que, a los ojos de amplios sectores españoles, la Iglesia haya llegado a ser el símbolo de todo lo que hay de más vil, más estúpido y más hipócrita.

La devoción individual de algunos curas y frailes, la sinceridad y humanidad que tantos miembros de la Iglesia española han mostrado siempre, quedaban de hecho oscurecidos por la actitud militante y reaccionaria de la jerarquía eclesiástica. En estas circunstancias quizá resulte natural que España dejara de ser un país católico en más de los dos tercios de su extensión. Ya en 1910 los matrimonios y entierros civiles, inauditos en el siglo anterior, llegaron a ser cosa corriente. La mayor parte de la gente recurría aún a las ceremonias religiosas en nacimientos, defunciones y matrimonios, y acudía en gran número a las fiestas, pero al mismo tiempo expresaba abiertamente su incredulidad sobre los dogmas de la Iglesia y muchos eran los que no iban jamás a misa ni se confesaban.

Entre las clases medias (quiere decirse entre los hombres, pues las mujeres se aferraban con más tenacidad a la antigua fe), el escepticismo religioso era habitual; y un cierto desprecio por todo lo que se relacionaba con la Iglesia y el clero se había puesto de moda incluso entre los que pasaban por creyentes. Hacia 1931 este proceso de descatolización alcanzaba proporciones extraordinarias. Según datos del padre Francisco Peiró, sólo el 5 por 100 de los campesinos de Castilla la Nueva y de toda la España central iban a misa y atendían al cumplimiento pascual; en Andalucía la asistencia de los hombres a las ceremonias religiosas era de un 1 por 100. En Madrid, la situación no era más favorable a la Iglesia. En la parroquia de San Ramón, en Vallecas, de una población de 80.000 feligreses sólo el 3,5 por 100 (sin contar los niños que asistían a las escuelas de los frailes) iban a misa; y el 25 por 100 de los niños no estaban bautizados.

Entre los educados en colegios religiosos el 90 por 100 no se confesaban ni asistían a misa desde el momento en que dejaban la escuela. Y sin embargo esta parroquia era una de las más ricas de España y empleaba mucho dinero en obras de caridad y en educación. La situación en las otras parroquias era aún peor: en la de San Millán, por ejemplo, aun cuando los asistentes a la iglesia se reclutaban sobre todo entre personas de edad avanzada, más del 40 por 100 morían sin sacramentos. Barcelona y Valencia, por su parte, tenían fama de ser ciudades más irreligiosas aún que Madrid.

En gran parte, esta decadencia del sentimiento religioso se debía simplemente al espíritu de nuestro tiempo; más o menos el mismo fenómeno estaba produciéndose en otros países. Pero la situación de España presentaba dos rasgos diferentes: en primer lugar los curas de aldea habían dejado (excepto en el norte) de influenciar en sus feligreses, que habían perdido la fe mucho antes de que la propaganda socialista o anarquista llegara a ellos; y en segundo lugar, la actitud de las clases trabajadoras y de la pequeña burguesía ante los curas y las monjas no era de indiferencia, sino de odio. Odio que, como ya hemos señalado, era la consecuencia de la actitud batalladora del alto clero en todas las cuestiones políticas; es decir, la reacción de las clases trabajadoras y de la pequeña burguesía ante la actitud negativa de la Iglesia hacia ellos y sus reivindicaciones.

Pero el odio alcanzaba proporciones impresionantes. Muchos de los anticlericales respondían al fanatismo de la Iglesia Católica con otro fanatismo igualmente violento. Y como el fanatismo lleva en sí la credulidad, en cada uno de los bandos se creía firmemente en el poder y en la perversidad de las fuerzas ocultas del adversario: de una parte los masones y los supuestos agentes rusos, y de la otra los frailes en general y los jesuitas en particular. De entre los muchos antagonismos que durante los últimos cuarenta años se han sucedido en España, ninguno fue más encarnizado ni más envenenado que el que oponía a la Iglesia Católica y sus enemigos.

La guerra civil vino a mostrar a qué consecuencias trágicas podía arrastrar esta pugna. Ya he dicho que la Iglesia no hacía ningún esfuerzo serio por asegurarse la adhesión leal de las clases trabajadoras a través de asociaciones de católicos y sociedades culturales o recreativas. A esto hay que hacer alguna rectificación. En los últimos veinte años del siglo XIX se dieron ciertos pasos en este sentido con la nueva política social inaugurada por León XIII. Las asociaciones católicas entonces fundadas tuvieron alguna ventaja inicial sobre los sindicatos socialistas y anarquistas; disponían de considerables sumas de dinero, y merced a su ascendiente sobre patronos y terratenientes podían asegurar una situación privilegiada a sus miembros.

Pero los terratenientes y patronos mostraron una vez más su habitual inercia y, excepto en las crisis periódicas de alarma a raíz de las huelgas o conflictos del trabajo, no secundaban con eficacia a las asociaciones católicas. Más aún, los organizadores de ellas se vieron a menudo colocados en situación difícil. De no conseguir demostrar a los trabajadores que en los momentos críticos y defendían los intereses de los obreros frente a los patronos, les era imposible reunir un número suficiente de afiliados; pero esto era, precisamente, lo que no hacían ni podían hacer.

Los patronos, que proporcionaban el dinero y daban trabajo a los parados, esperaban en compensación utilizar las asociaciones católicas para romper las huelgas. Cosa que a los trabajadores les repugnaba hacer. Y así sucedió que al cabo de años de trabajo y esfuerzos en medio de grandes dificultades, las asociaciones católicas se vieron obligadas a admitir su completo fracaso, salvo en ciertas regiones del norte —Navarra, Castilla la Vieja, el País Vasco—, en las que la distancia entre ricos y pobres podía ser más fácilmente salvada. En el resto de España, los anarquistas y socialistas les desbancaban, o bien los campesinos continuaban sin organización de ninguna clase.

En otras palabras, la Iglesia estaba tan gravemente comprometida con los patronos, que los obreros y los campesinos no se sentían atraídos por el cebo de sus asociaciones. Hay, sin embargo, que admitir que, aunque no hubiera sucedido esto, el papel de los jefes católicos no podía ser nada fácil: dada la situación económica, el enorme desnivel entre los ricos y los pobres y el propio temperamento español, en la mayor parte del país era inevitable un fuerte antagonismo de clases. Había que tomar, pues, partido de un lado o de otro.

Y si la Iglesia se hubiera puesto francamente del lado de los trabajadores, hubiera visto como la abandonaban la mayor parte de sus actuales aliados, la gente de orden Puede decirse que el año 1912 señala el fin de la larga lucha entre la Iglesia y los partidos liberales. La Iglesia mantenía estrechas relaciones con el ejército y la corona, buscando en ambos apoyo para asegurarse el triunfo. Había hecho su elección entre los ricos o los pobres y no podía volverse atrás. Ni lo deseaba tampoco. Los ricos la proveerían del dinero que necesitase para triunfar sobre los pobres, y a cambio ella les garantizaría el respeto y el orden social Esta era la política de unos y otros. Tal pacto no correspondía, por desgracia, a las circunstancias reales ni al estado de opinión del país y no resultaba, por lo tanto, viable.

BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 79-106.