El parlamentarismo y la cuestión catalana 1898-1909

El gobierno de España es el más perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero la corrupción de los tiempos ha ido llenándolo de abusos. Desde el pobre hasta el rico. Todo el mundo consume y devora la hacienda del rey: los unos, a pequeños bocados; la nobleza, a boca llena; y en cuanto a los grandes en cantidades fabulosas... Hay muchos que piensan que se trata en verdad de un milagro el que la Monarquía continúe manteniéndose. Giovanni Cornaro, embajador de Venecia en Madrid en los años 1681-1682.

La hora final del periodo de la restauración sonó en 1898 con la guerra contra los Estados Unidos. En pocos meses perdió España los restos de sus últimas posesiones coloniales: las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. El desastre podía haber sido predicho muchos años antes. A menos que fuese concedida autonomía a los cubanos, levantados en armas contra la vergonzosa administración de la madre patria, podía tenerse como seguro que los Estados Unidos intervendrían en la contienda. Cánovas, que tenía ante sus ojos el fatal ejemplo de Olivares, parece que comprendió esto, pero el ánimo patriotero de los españoles, la insistencia de las clases privilegiadas y del ejército para que fueran aplicadas medidas firmes, terminaron por hacer imposible cualquier compromiso.

Y fue enviado el general Weyler para someter a los isleños a sangre y fuego, y los horrores de los campos de concentración, por él creados, despertaron en Norteamérica un sentimiento que llevó finalmente a la intervención. Cánovas murió asesinado por un anarquista italiano pocos meses antes de que estallara la guerra. La pérdida de los últimos restos de lo que fue en un tiempo inmenso de imperio colonial causó verdadera consternación, pero tan escasa meditación sobre sus causas como ligero cambio en la mentalidad del país, de modo que Silvela, jefe del gobierno conservador, señalaba con tremenda amargura que apenas se podía sentir el pulso de España.

Y sin embargo es éste, de hecho, el punto más bajo y el final de toda una era. A partir de 1898 comienza una nueva España. Entre esta fecha —1898— y la de la proclamación de la República —1931—, se manifiesta en la historia de España un doble proceso. El principal y más aparente es la sucesiva desintegración de los diferentes elementos que constituían la vieja España: administración, ejército. Iglesia, clases sociales y vínculos entre las diferentes regiones, que, a falta de un plan común de vida, se vuelven unos contra otros e intentan, mutuamente, destruirse.

El otro proceso, difícilmente perceptible a simple vista y nunca demasiado intenso, es un intento de recuperación que termina, no obstante, por elevar el nivel moral e intelectual del país y que, casi, por primera vez desde 1680, da a España el derecho a ser considerada como parte —y una parte valiosa— de la Europa moderna. Hablaré primeramente del aspecto más visible: los políticos y su lucha contra el ejército, en el que inciden otros dos factores importantes: el rey y la cuestión catalana.

Desde 1900 hasta 1923, fecha en que Primo de Rivera acabó con él, el régimen político instaurado por Cánovas funcionaba con más dificultad año tras año. Dos eran las razones principales de ello; la primera, que el mero paso del tiempo y el gradual despertar de la opinión pública desacreditaban cada día más el sistema. En segundo lugar, la actuación de zapa del rey, que obstaculizaba sistemáticamente el movimiento que tendía a restaurar el prestigio de las Cortes mediante elecciones libres, con lo que preparó el camino para una victoria del ejército.

Los políticos habían dejado de ser populares. Con la muerte de Cánovas y de Sagasta (respectivamente en 1897 y 1903) los partidos conservador y liberal se habían escindido y, aunque poco después estrecharon sus filas, no pasó mucho tiempo sin que surgieran en su seno nuevas dificultades. Maura, el nuevo jefe conservador, fue eliminado por sus ultraclericales opiniones; y Canalejas, la gran esperanza del partido liberal, fue asesinado, como antes lo había sido Cánovas, por un anarquista.

La burocracia cesante

Las elecciones continuaron realizándose conforme al antiguo patrón, aunque con creciente disgusto y resentimiento de todo el país. A partir de 1910, tanto republicanos como socialistas empezaron, aunque en pequeño número aún, a ser elegidos en las grandes ciudades, a despecho de las abrumadoras ventajas de sus adversarios; en los distritos rurales, sin embargo, el cacique continuaba siendo intocable. Pero no se puede dejar de percibir cómo, a medida que pasaba el tiempo, hacía falta cada vez una cantidad mayor de fuerza para conseguir los resultados apetecidos.

De manera cada vez más frecuente, el gobierno tenía que recurrir a la policía junto con bandas de matones, para mantener a distancia a los votantes hostiles, en tanto que los terratenientes se veían obligados a explicar, a sus hasta aquí dóciles colonos o jornaleros, que el dejar de votar por el candidato que se les señalaba les acarrearía el desahucio o el despido. Después de 1917, llegó a ser necesario, en la mayoría de las provincias, el comprar el voto: clara prueba de que las viejas prácticas estaban en crisis.

Otro rasgo perturbador de la maquinaria política era el ejército de cesantes, o empleados del gobierno que perdían sus puestos en el momento en que su partido dejaba el poder. No es que ello fuese particularmente nuevo; al contrario, había sido la práctica normal durante el siglo XVII, apenas el rey destituía a su primer ministro. Pero en la pugna entre los jefes del ejército después de las guerras carlistas, renació tal práctica a inmensa escala, llegando a convertirse en regla de todos los sucesivos cambios de gobierno.

En una época de golpes de Estado y pequeñas algaradas revolucionarias, tales despidos generales podían tener alguna significación; pero como estos tiempos habían pasado y la distancia que separaba a liberales y conservadores se había convertido en diferencias más de hombres que de principios, resultaba evidente que tales cambios servían ahora a muy diferentes propósitos.

El sistema parlamentario español era por su parte una prueba de lo poco que habían cambiado las ideas de las clases gobernantes a partir del siglo XVII. Bajo nombres nuevos, el método continuaba siendo el mismo. La máquina que había sustentado a grandes ministros como Lerma y Uceda era apenas distinta de la que sustentaba ahora a Dato y a Romanones. En uno y otro caso, su objeto no iba más allá del enriquecimiento privado y el apoyo de facciones, que no comprendían sólo a unos cuantos individuos situados en lo más alto, sino que penetraban a través de los escribanos y funcionarios más modestos en las capas pobres del pueblo.

¿No es España, después de todo, el país en que la Historia —y de qué monótona manera— se repite una y otra vez? La condición parasitaria de la economía española desde 1580, cuando los españoles dejaron de vivir de sus propias empresas e industrias y se precipitaron sobre las oficinas del Estado, ha marcado de manera indeleble a las clases superiores y medias.

Para comprender mejor la inmensa extensión y la crónica inestabilidad de esta burocracia, hay que recordar que, a despecho de los fuertes sentimientos locales y provinciales de su población, España ha tenido uno de los gobiernos más centralizados de Europa, y que cada cargo de cartero rural, de maestro de escuela u oficial de aduanas, debía ser cubierto por nombramiento del ministerio de Madrid. Todos esos pequeños funcionarios, junto con las huestes de oficinistas y escribanos del gobierno, hasta el más humilde portero, sin contar los parásitos, habían obtenido su puesto por pertenecer a la clientela de algún personaje político.

Prácticamente no existía la carrera de funcionario y, excepto en una o dos ramas técnicas, los candidatos del gobierno para la burocracia oficial no eran molestados con exámenes ni pruebas selectivas. El presupuesto del Estado, como decía Lerroux, era la lista civil de un partido. Resultado de este estado de cosas era un desproporcionado incremento en el número de empleados del Estado, así como una disminución de su eficacia, por no ser elegidos sobre bases de competición, al igual que de su honestidad, ya que el presupuesto no podía proveerles de salario suficiente para vivir.

Cada oficialía o secretaría se veía duplicada —ya que cada partido tenía su propia nómina— y en cada cambio de gobierno un gran número de estos empleados eran despedidos sin indemnización alguna. Si el partido opuesto al suyo permanecía demasiado tiempo en el poder, estos pobres hombres se veían reducidos a la mayor miseria, y su clamor, llegando a los oídos de algún ministro con sentido humano, era a veces suficiente para provocar un cambio de gobierno. Quítate tú para ponerme yo, llegó a ser el primer principio de los partidos políticos.

Pero no eran sólo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos. Los principales intereses industriales de España, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muy estrechamente ligados a la política; de los políticos dependía el que se consideraran favorablemente sus intereses, mientras que los políticos, a su vez, dependían de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administración y cargos lucrativos para miembros de sus familias. Resultado de todo esto era que la mayoría de las industrias españolas, y en particular los ferrocarriles, se veían obligadas a soportar gran número de directores y aun otros empleados menores absolutamente superfluos que estaban muy lejos de haber sido escogidos por su eficacia.

Corrupción institucional

Las mismas Cortes no eran lo que habían sido durante el siglo anterior. Por haber desaparecido los grandes oradores del diecinueve, los debates eran más grises. Apenas si estaban en ellas representadas la agricultura, las finanzas y la industria; la mayoría de los diputados eran periodistas o abogados, duchos solamente en los sutiles enredos y maniobras del juego político.

Constituían una clase reducida y cerrada: en 1922, por ejemplo, en las últimas cortes elegidas antes de la Dictadura, 113 de los diputados eran familiares cercanos de los jefes políticos. La mayor parte de su tiempo lo pasaban intrigando para favorecer a estos o aquellos intereses, o para proporcionar ayuda a tal o cual persona. Bastará, para juzgar, con un ejemplo. Un parlamentario muy conocido ha referido que cada político llevaba un librito de notas que contenía detalles sobre las irregularidades y abusos secretos cometidos por los diferentes departamentos del gobierno. Cuando deseaba alguna cosa de cualquiera de ellos y no se le atendía consultaba su libro de notas y planteaba una interpelación sobre tal o cual tema molesto. El ministro aludido venía, más tarde, a encontrarle en los pasillos y llegaban fácilmente a un acuerdo.

Es fácil comprender que parlamentos tales no hiciesen gran obra legislativa; por una parte, los ministros no tenían tiempo para prepararla; por otra, excepto dos o tres oficiales permanentes de Hacienda, no había expertos ni técnicos que les asesorasen, puesto que a sus subordinados, que cambiaban con cada gobierno, les faltaba preparación y competencia. Los propios ministros pasaban doce horas al día en un trabajo de rutina, firmando miles de papeles y recibiendo a cientos de personas.

La costumbre obligaba a recibir a todos los solicitantes, de modo que sus antecámaras estaban tan llenas de gente como la antesala de un médico de seguros. De no haber sido por un organismo autónomo y no dependiente de los políticos, la Comisión de Reformas Sociales, creada por Moret en 1883 y reorganizada en 1903 bajo el nombre de Instituto de Reformas Sociales, cuya tarea consistía en estudiar las condiciones de trabajo del país y proponer leyes para remediarlas, ni una sola disposición de carácter social hubiera sido promulgada. Por lo demás, la oposición de los industriales bloqueaba casi en absoluto cualquier intento de reforma; las primeras y tímidas leyes sociales señalando indemnización a los trabajadores accidentados por máquinas y limitando las horas de trabajo a los niños fueron aprobadas en 1900 y 1902, pero no eran cumplidas.

Ninguna protección era concedida por la misma época a las mujeres embarazadas, y en 1911 se nombraron inspectores de fábricas, aunque su nombramiento se hizo en condiciones tales que resultaban inútiles. Esta es, en total, la legislación social promulgada en España antes de 1918. Una ley de inquilinato, aprobada para obligar a los terratenientes a mantener sus casas en decentes condiciones de habitabilidad, nunca ha sido cumplida hasta el día de hoy. La única disposición legal de alguna importancia promulgada durante el primer cuarto del siglo fue un decreto permitiendo el traspaso de un pequeño número de servicios a los catalanes.

Sería sin embargo un error suponer que todos los políticos españoles aceptaban sin protesta el estado de corrupción y estancamiento a que había quedado reducida la política. Sobre aquel enjambre de nulidades, que solamente asistían a las Cortes a la pesca de favores para sus parientes o sus amigos, había siempre cierto número de hombres, entre los cuales han de ser incluidos los jefes de los diferentes partidos, que eran a un tiempo honestos y capaces.

Pero en la maraña de conflictos de intereses en que se veían obligados a actuar, sin presión alguna del electorado, que les diese al mismo tiempo autoridad, se hallaban de hecho atados de pies y manos. El único apoyo efectivo que podían buscar era el del rey; contando con la buena voluntad real, la legislación bloqueada por la Cámara hubiera podido pasar por decreto y los ministerios se habrían visto estabilizados. Pero el rey, desgraciadamente, era la última persona en quien se podía tener confianza.

Alfonso XIII había comenzado a reinar en 1902, el mismo día en que cumplió dieciséis años. Era un muchacho vivo y precoz que gozaba intensamente con el ejercicio de sus funciones, pero a quien desaventajaba su mala crianza y una instrucción insuficiente.

El conde de Romanones ha dejado un vivido relato del primer Consejo de Ministros, convocado inmediatamente después de la jura de la Constitución. Era un día muy caluroso y los ministros volvían a palacio agotados y hambrientos después de la larga sesión en las Cortes. Pero el rey, en lugar de permitirles despedirse, les dio a entender que deseaba celebrar Consejo en el acto. Con el aire de un hombre que ha estado presidiendo consejos de ministros toda su vida, hizo entonces una o dos preguntas perentorias sobre el estado del ejército y enseguida señaló que, según tales artículos de la Constitución, a él le correspondía el exclusivo derecho de conceder honores y títulos. Por consiguiente, os advierto que, en adelante, me reservo para mí solo ese derecho. El duque de Veragua le repuso, cortésmente, que según otro artículo la cosa no era precisamente así. Después de una intervención cauta del presidente del Consejo, la reunión acabó. Pero a todos les dejó la impresión de un carácter al que no le era indiferente el poder, cualesquiera que fuesen sus otras cualidades.

Y desgraciadamente para España, toda la máquina política dependía de él. Para obtener mayoría en la Cámara, los ministros tenían que ser capaces de hacer las elecciones; y solamente podían lograr esto si conseguían del rey el decreto de disolución. De este modo era el rey, en lugar de serlo el cuerpo electoral, el único árbitro de los gobiernos, que hacía y deshacía cuando le venía en gana.

El partido conservador, escribía el conde de Romanones en sus Memorias, con el fin de permanecer en el poder un poco más de dos años (desde diciembre de 1902 hasta julio de 1905) hubo de atravesar por cinco crisis totales, con cinco jefes de gobierno y setenta y seis nuevos ministros La causa, continúa diciendo, estribaba en la debilidad de los partidos y en las intrigas del rey que parecía divertirse en cambiar frecuentemente a las personas a las cuales, más o menos completamente, prestaba su confianza

Los dos años y medio siguientes presenciaron el paso de siete diferentes gobiernos, ello debido todo a la misma causa.

Es poco probable que el rey se hubiera trazado por entonces un plan definido para desacreditar el régimen parlamentario o dirigir las cosas hacia un gobierno más personal. Se trataba simplemente de que el poder estaba en sus manos y le gustaba jugar con él. El estilo frívolo y de irresponsabilidad que introdujo en los Borbones de España María Luisa, la reina retratada por Goya, era evidente en su carácter. Pero el resultado fue el mismo que si hubiese intentado sabotear premeditadamente la Constitución. Las esperanzas que los más inteligentes y honrados entre los políticos pusieron en devolver alguna decencia a la política nacional, y aun hacer promulgar la legislación más elemental y necesaria, se vieron frustradas por el rey. Fuese amor al poder, inestabilidad de carácter o bien pura ignorancia de las condiciones sociales de su país, el hecho es que regular e indefectiblemente torpedeó toda proposición.

La cuestión catalana

Tal vez la máquina política hubiera seguido funcionando algún tiempo más por cauces relativamente tranquilos, derramando sus beneficios sobre la pequeña casta dirigente y sus paniaguados, de no haber surgido un problema, demasiado urgente para poder ser soslayado y demasiado serio para ser ni remotamente resuelto por tan desacreditada institución. Era la cuestión catalana. Durante más de veinte años había envenenado la atmósfera política en España más aún que la cuestión irlandesa envenenó la de Inglaterra. Con la diferencia, por añadidura, de que Cataluña no es una isla retardataria y empobrecida, sino la principal zona industrial de la península.

Habrá que empezar por decir que el problema de Cataluña presenta un aspecto bastante especial del problema general del regionalismo español. La península ibérica, como todo el mundo sabe, está dividida por cadenas de montañas y por diferencias geográficas y climatológicas entre sus regiones, muy distintas unas de otras. En Valencia, por ejemplo, crece el arroz y maduran los dátiles, mientras que Burgos, a unos trescientos kilómetros al interior, tiene un clima semejante al de Polonia. Estas diferencias regionales han tenido como consecuencia el nacimiento de fuertes patriotismos locales, que levantan cabeza en cuanto se afloja la tensión del poder central.

Durante la Guerra de la Independencia, por ejemplo, veintitantas juntas provinciales se declararon independientes, y una de ellas, la Junta de Murcia, habiendo tenido ocasión de tratar con el gobierno británico, escribía que su provincia deseaba negociar con él no como un comerciante con otro, sino como una corte con otra corte; como una nación soberana con otra nación soberana De nuevo en 1873, durante la breve existencia de la República federal, con una sola excepción, todas las ciudades del sur y del este, de Sevilla a Valencia, sacaron a relucir sus orígenes de ciudades-estados mediterráneas y se declararon puertos francos y cantones independientes, no reconociendo ninguna autoridad central, y apenas ha habido un levantamiento campesino desde 1840 en que cada aldea no haya reunido en asamblea a sus habitantes, declarándose estado libre y soberano.

Creo, sin embargo, que sería un error considerar dichos movimientos como muestras de un deseo real y sostenido de independencia frente a Madrid. La unidad económica de España no puede ser puesta en duda por ninguna persona cultivada. Tales insurrecciones eran en gran parte, solamente protestas contra el mal gobierno.

Pero el problema catalán es cosa muy distinta. Tanto lingüística como culturalmente, Cataluña forma más bien una unidad con el sur de Francia que con el resto de la península. Bajo la influencia de la clase rica de comerciantes que la gobernó durante la edad media, llegó a adquirir un carácter activo y emprendedor y una mentalidad europea muy diferente de la de sus vecinos semipastoriles de las mesetas interiores. Los siglos XIII-XIV constituyeron el periodo de su máxima prosperidad. Primero bajo los condes de Barcelona y más tarde unida a la corona de Aragón, monopolizó el comercio marítimo en el Mediterráneo occidental y extendió su dominio sobre Nápoles y Sicilia.

Pero el descubrimiento de América y la ruina del comercio mediterráneo por los turcos provocaron su decadencia. Sin embargo, hasta mediado el XVII, siglo y medio después de su unión a Castilla, cuando el prestigio de esta monarquía había empezado a declinar, no comenzó a surgir la idea de un movimiento separatista.

España era entonces todavía la misma confederación de estados con poca trabazón interna que fuera a principios del siglo XVI. Las provincias que pertenecían a la corona de Castilla mantenían alguna cohesión, aunque las Vascongadas pudieran ser consideradas como repúblicas semi-independientes, y los asturianos y gallegos conservasen sus fueros y privilegios locales. Pero los reinos y el condado (Valencia, Mallorca, Aragón y Barcelona) incorporados en la corona de Aragón contaban cada uno con sus propias leyes y cortes, y el rey no podía levantar impuestos ni hacer entrar tropas extranjeras (esto es, castellanas) en su territorio sin antes obtener su permiso. Tan extranjera se consideraba en realidad a Castilla frente a un miembro cualquiera de la federación aragonesa, que los catalanes mantenían cónsules en Andalucía; por otra parte, a los súbditos de la Corona de Aragón no se les permitía comerciar con América.

Ni Felipe II ni sus sucesores hicieron el menor intento por construir un Estado más centralizado. La unidad de España estaba basada no en lazos políticos sino en su ideología —esto es, en la religión— y el guardián de esa unidad era la Inquisición. No obstante, cuando Olivares llegó a ser primer ministro en 1623 dos cosas eran evidentes: la decadencia económica de España avanzaba a pasos agigantados, y las guerras de los Países Bajos y Alemania, que ninguna relación tenían con los intereses españoles sino que habían sido emprendidas con pretextos religiosos, aceleraban esta decadencia. Los catalanes fueron naturalmente los primeros en darse cuenta de ello y en sacar las consecuencias que se imponían. Por otra parte, Olivares percibía con fundamento que en el inevitable duelo que se aproximaba con Francia, Francia había de ganar precisamente porque era un país centralizado.

Bosquejó por lo tanto planes secretos para modificar los privilegios celosamente conservados por Cataluña y las demás regiones autónomas. Los catalanes tuvieron noticia de ello, y el día del Corpus de 1640, en plena guerra de España con Francia, se sublevaron colocándose bajo la protección del rey francés. Su rebelión fue la señal de un movimiento afortunado de secesión en Portugal y también de alzamientos, fracasados éstos, en Andalucía y Aragón (una rebelión de los vascos había tenido lugar pocos años antes). Barcelona no llegó a someterse hasta 1652 y la guerra continuó en las montañas hasta 1659, fecha en que terminó con la Paz de los Pirineos, por la cual España entregaba a Francia la provincia más septentrional de Cataluña, el Rosellón, y el distrito de la Cerdeña. El gobierno era demasiado débil para imponer castigo alguno a los catalanes.

Apenas cuarenta años después, en la guerra española de sucesión, los catalanes se levantaron nuevamente contra Madrid y ofrecieron su apoyo a la coalición aliada. Pero cuando ésta fracasó y Barcelona fue tomada por asalto después de un asedio terrible, los catalanes se encontraron con que no habían ya de tratar con los blandos descendientes de Felipe II, sino con príncipes borbónicos que habían aprendido el estilo de la autocracia en la corte de Luis XIV. Se edificó el castillo de Montjuich para dominar Barcelona; las seis universidades catalanas fueron suprimidas, creándose, bajo la inspección del nuevo rey, una nueva en Cervera, al mismo tiempo que eran abolidos los fueros y privilegios de Cataluña.

A cambio de esto se apoyó a los catalanes en sus nuevas industrias, concediéndoseles más tarde ciertos derechos de comercio con América, con lo cual se les contentó por algún tiempo.

La política centralizante de los Borbones fue continuada en el siglo siguiente por sus herederos políticos, los liberales. La única cuestión entre Barcelona y Madrid era ahora la de las tarifas aduaneras. Los catalanes pedían aranceles sobre los artículos manufacturados lo suficientemente elevados para alejar toda competencia de ingleses y franceses; y los liberales, que eran teóricamente librecambistas, accedían de hecho a la mayor parte de estas demandas.

En los años 1840 a 1850 los fabricantes catalanes se organizaron en un Instituto Industrial de Cataluña, con el casi exclusivo objeto de defender aranceles elevados; y en 1869, cuando la revolución impuso un gobierno genuinamente librecambista, aquel organismo fue reorganizado con el nombre famoso de Fomento del Trabajo Nacional. La política proteccionista volvió en 1874 con Cánovas, pero todo tratado comercial con Francia o Inglaterra levantaba protestas en Cataluña.

Mientras tanto, el moderno movimiento catalanista se iba gestando. Entre 1822 y 1837 Cataluña había perdido sus leyes penales, su legislación comercial, su moneda, sus tribunales especiales, y aun el derecho a usar la lengua catalana en las escuelas sin protesta alguna. Pero muy pronto empezó a manifestarse un resurgir de los sentimientos nacionales catalanes. Primero, este resurgir fue puramente literario. A mediados de siglo empezaron a organizarse certámenes entre poetas catalanes en lengua vernácula y fueron resucitados festivales de origen medieval como los Jocs Floráls.

Después del 60 se notó un florecimiento de la lengua, que había dejado de hablarse salvo en las aldeas, así como la fundación del primer periódico catalán y un teatro para obras catalanas. El movimiento federal de 1868 a 1873 fue bien acogido por los intelectuales de Barcelona, y no es sin duda un azar el que tres de las figuras dirigentes del periodo revolucionario: Prim, Pí y Margall y Figueras, fuesen catalanes. Pero sólo la derrota final de los carlistas en 1876 convirtió el nacionalismo catalán en un movimiento realmente serio.

El campo había sido siempre carlista en Cataluña; los pequeños propietarios y aparceros habían combatido fanaticamente por el primer Don Carlos, y aunque lo hicieron con menos entusiasmo por su nieto no por esto habían renunciado a sus opiniones. El carlismo en el siglo pasado no representaba únicamente clericalismo extremado, sino autonomía y privilegios locales. Asociando sus propios objetivos con aquellos del pueblo, la Iglesia había encontrado campeones para su causa en el País Vasco y Cataluña. Y cuando por segunda vez el carlismo fue derrotado y su causa pareció irremisiblemente perdida, era natural que la Iglesia, lo mismo en las provincias vascongadas que en Cataluña, hiciese pesar su influencia del lado de los nacientes movimientos autonomistas.

En Cataluña, el obispo de Vich llegó a ser uno de los jefes del partido nacionalista; y no ya las familias específicamente carlistas, sino de hecho la totalidad de la encopetada burguesía de Barcelona, que por lo demás se sentía inclinada hacia el clericalismo, acabó por unírsele. Hasta 1900 desde luego y, salvo un breve intermedio, hasta 1923, el nacionalismo catalán fue un movimiento predominantemente de derechas.

Existía también, claro es, un ala izquierda, aunque numéricamente débil, importante porque incluía a la gran mayoría de los intelectuales, y que ejerció notable influencia en el bosquejo del programa común catalanista. Este ala izquierda había surgido también de la derrota por la oligarquía de la restauración de uno de los partidos extremistas revolucionarios: los federales de Pí y Margall, a los cuales originariamente había pertenecido su jefe, Almirall. Publicó éste en 1886 su famoso libro Lo catalanisme, que resumía los objetivos e historia del nacionalismo catalán e indicaba el camino a seguir.

Esta fase del movimiento culminó en la redacción, en 1892, de las Bases de Manresa, programa político de largo alcance, incompatible con los desnudos hechos económicos y con la unidad española, pero que fue suscrito entusiásticamente tanto por el ala derecha como por la izquierda del catalanismo. La campaña cultural iniciada por Prat de la Riba en la Renaixensa un par de años más tarde siguió una evolución paralela.

La próxima etapa surge con la entrada en escena de factores económicos. La pérdida de Cuba, en la que los industriales catalanes tenían cuantiosos intereses, provocó un sentimiento de irritación contra Madrid, a cuya intransigencia se atribuía tal pérdida. Lo cual no era completamente justo, pues la oposición de los propietarios de fábricas catalanes a la autonomía de Cuba había sido uno de los factores que contribuyeron al desastre; pero sus quejas sobre el modo incompetente con que los asuntos del país eran conducidos desde Madrid, los escándalos de la administración, las enormes sumas de dinero empleadas en un ejército siempre derrotado así como la indiferencia de los gobiernos en cuanto al comercio y la industria, eran mejor fundadas.

Se trataba, en resumen, de la antigua oposición de Cataluña contra Castilla, basada en concepciones fundamentalmente distintas sobre la manera de gobernar, reforzada por agravios recientes. En Cataluña, nosotros tenemos que sudar y trabajar para que vivan diez mil zánganos en las oficinas del gobierno de Madrid, podían decir los catalanes. Y añadir enseguida que, aunque su población es solamente un octavo de la de toda España, ellos pagaban la cuarta parte de los impuestos del Estado, y sólo un décimo del presupuesto total volvía a sus provincias.

Son, más o menos, las mismas quejas que sus antepasados habían expresado en 1640. Punto de vista natural en una comunidad negociante e industriosa que se encuentra sometida a una oligarquía, la cual, aunque en muchos aspectos más culta que ella, no manifiesta un interés urgente y vivo por hacer dinero y se esfuerza únicamente en continuar su perezosa y agradable existencia. Cuando estos sentimientos se les subieron a la cabeza a los fabricantes catalanes, mezclados con el clericalismo de las clases acomodadas de las ciudades y con la tradición carlista de las zonas rurales, fue cuando el nacionalismo catalán se convirtió por primera vez en una fuerza poderosa y desintegradora de la política española.

Se formó un partido, la Lliga Regionalista, que reunía a los diversos elementos de derechas, y que tuvo la buena suerte de encontrar un jefe activo e inteligente en Francisco Cambó, presidente del Fomento (más tarde presidente también de la CHADE, la principal compañía eléctrica de España, y director de varios establecimientos bancarios) En 1901, este partido, conocido simplemente por la Lliga, obtuvo un triunfo resonante e inesperado en las urnas, y con ello la lucha por la autonomía catalana comenzó en serio.

Desde entonces y a lo largo de más de veinte años, Barcelona se convirtió en el escenario de una serie de maniobras sumamente complicadas y nada escrupulosas: republicanos radicales se presentaban a las elecciones con el secreto apoyo del Madrid conservador; el gobierno contrataba pistoleros como elementos de acción; se provocaba y desafiaba a los anarquistas y los propios policías colocaban bombas a la puerta de pacíficos ciudadanos en un esfuerzo por intimidar a los nacionalistas catalanes o bien para crear situaciones en las que se hiciera necesario suspender las garantías constitucionales.

En 1923, la situación había llegado a un grado tal que la Lliga se sintió casi contenta viendo a su peor enemigo, el ejército, hacerse cargo del poder para restaurar el orden Pero habrá que examinar esto con mayor detalle, ya que fue durante estos años, y surgiendo de estas confusas luchas, cuando se incubaron las fuerzas que llevaron a la guerra civil.

La primera réplica al movimiento catalanista fue la creación y rápido desarrollo en Barcelona de un partido republicano de izquierda, llamado Partido Radical. Su jefe era un joven periodista llamado Alejandro Lerroux. La extraordinaria demagogia de sus discursos, sus incitaciones a matar curas, saquear y quemar iglesias y derrocar a los ricos le crearon gran popularidad en esta ciudad excitable y predominantemente izquierdista.

La policía no intervenía en sus mítines; el gobernador y los militares se mantenían cortésmente aparte, y en 1903 consiguió derrotar a la Lliga en las elecciones. Lerroux fue aclamado como emperador del Paralelo (avenida que bordea un barrio de míseras callejuelas y burdeles en Barcelona) y los políticos de Madrid continuaron misteriosamente cerrando los ojos ante sus violentas incitaciones. Era anticatalanista, y los catalanistas no podrían hacer muchos progresos en tanto que él controlase las clases medias y bajas de la ciudad.

Pero los acontecimientos se desenvolvían ahora más rápidamente. En 1905, el gobierno de Maura negó su apoyo a Lerroux y los radicales fueron derrotados en las elecciones por la Lliga. En la excitación creada por ello, unos cuantos oficiales del ejército asaltaron e incendiaron algunas redacciones de periódicos que habían publicado caricaturas según ellos ofensivas para los organismos militares. El incidente llevó a una situación en la cual el gobierno liberal se vio obligado a hacer aprobar, bajo la amenaza de una sublevación militar, una ley (ley de jurisdicciones) que establecía que toda ofensa, por mínima que fuese, al ejército, la policía o la patria, debería ser juzgada por un tribunal militar. Y como el ejército era el más fanático enemigo del nacionalismo catalán, y aun de toda cesión por pequeña que fuese de la autoridad central, la ley en cuestión fue interpretada como una amenaza para los intereses catalanes. Ante ello, los distintos partidos catalanistas, desde los carlistas a los republicanos anticlericales, constituyeron un frente unido (Solidaridad Catalana), con Cambó y la Lliga a la cabeza.

Este frente resultó tan eficaz que en enero de 1907 consiguió una victoria abrumadora en las elecciones, a despecho de que el gobierno había empleado todos sus recursos para evitarla, incluido un atentado contra la vida de Cambó.

La vida política española está llena de las más extrañas paradojas. El gobierno responsable del mantenimiento del orden en estas elecciones y también del terrorismo policiaco que siguió a ellas fue precisamente el de don Antonio Maura. Maura era sin embargo un hombre de honor e íntegro, que en ciertos aspectos descuella sobre todos los demás políticos del reinado de Alfonso XIII. Su mera presencia cuando aparecía en algún lugar público infundía respeto; a pesar de su origen judío (era por su familia un chueta de las Islas Baleares) fue el único español a quien el rey no trataba de tú.

Verdad es que, aun dentro de los esquemas españoles, se trataba de un reaccionario. Era autocrático, clerical y opuesto por naturaleza a toda solución de compromiso. España es pródiga en hombres que creen ser ellos solos capaces de alumbrar el manantial puro de las tradiciones nacionales y proyectarlo hacia el futuro; y todos los que no están de acuerdo con ellos son necesariamente perversos y en consecuencia deben ser aplastados. Este es el caso de Maura.

En realidad se trataba de un carlista que aceptaba el sistema parlamentario y el rey. Pero también creía que un gobierno sólo puede existir con el consentimiento de los gobernados. Durante la guerra de Cuba, insistió tenazmente porque se concediese autonomía a los cubanos, y ahora se daba cuenta de que cierto grado de descentralización debía ser otorgado a los catalanes. Lo cual era también una posición del carlismo. Por otra parte, Maura creía que había que purificar las elecciones y acabar con el caciquismo, devolviendo así a la vida política la dignidad y la honestidad que, a su entender, había poseído en otras épocas.

Cuando subió al poder en 1907, su gobierno llegó envuelto por lo tanto en un aura de esperanza y de fe en tiempos mejores, aura tonificante tras la debilidad y la mala reputación de los gobiernos liberales que le habían precedido. Se creía simplemente que, por la fuerza de su personalidad, Maura aniquilaría a los viejos dragones de la corrupción y la esterilidad parlamentarias, resolvería la cuestión catalana y daría a la vida política del país un nivel elevado y moral.

Ante la sorpresa de todo el mundo, escogió como ministro de Gobernación a La Cierva, el peor afamado de todos los políticos del momento, y maestro en las artes de falsificación electoral. En cada uno de los siguientes gobiernos de Maura, La Cierva fue su mano derecha, y las elecciones realizadas bajo su mandato fueron las más corrompidas del siglo. Al tratar de los anarquistas, volveremos sobre otros casos que revelan cómo el idealista puro se encuentra encadenado y necesariamente depende del hombre de bajos y violentos instintos.

El ideal de elecciones sinceras de Maurase basaba en la creencia de que los electores al votar sin coacción, por fuerza habían de llevarle a él a las Cortes al frente de una amplia mayoría. Como de hecho no había ni el más ligero asomo de realidad en ello, se hacía necesario, si el maurismo no quería destruirse a sí mismo, que alguno de sus seguidores olvidase sus ideales y se dedicase a falsear los resultados.

El primer año que La Cierva dirigió el Ministerio de la Gobernación tuvo como consecuencia un recrudecimiento del terrorismo, por medio de bombas y atentados, en Barcelona. En breve espacio de tiempo estallaron en las calles unas dos mil bombas, dirigidas en su mayor parte contra propiedades de los fabricantes catalanes que pertenecían a la Lliga. Pero se daban en estos atentados ciertos rasgos capaces de despertar sospechas: jamás eran detenidos los dinamiteros en el momento de poner las bombas, y en cuanto a los trabajadores acusados de ello por los confidentes de la policía a menudo podían probar coartadas.

Finalmente, después que un detective inglés fue llamado para hacer una investigación, quedó al descubierto que en casi todos los casos los atentados habían sido cometidos por una banda de pistoleros y agentes provocadores a sueldo de la policía. El jefe de la banda, Juan Rull, y sus colaboradores más destacados fueron procesados y condenados, pero aunque la complicidad del último gobernador de Barcelona, el duque de Bivona, resultó patente, nada se hizo por llevarle ante la justicia, y se echó tierra sobre otras ramificaciones del asunto.

Pero los atentados con bombas continuaron y La Cierva, que ya había decretado medidas represivas, pudo finalmente suspender las garantías constitucionales y poner la ciudad bajo la ley marcial, situación que, evidentemente, perjudicaba a los nacionalistas catalanes.

Un lector imparcial puede maravillarse de que tal historia sea cierta; no es hoy práctica normal de los gobiernos conservadores contratar pistoleros para intimidar a los industriales ricos. Pero hasta un escritor como Madariaga, que tiene empeño siempre en no dar de su país una mala impresión en el extranjero, la admite enteramente. No puede ser obra del azar, escribe Madariaga, el que las explosiones de las bombas anarquistas coincidieran invariablemente con momentos en que los nacionalistas catalanes daban señales de particular vitalidad, provocando con ello medidas represivas que redundaban principalmente en contra de los intereses nacionales catalanes Y él mismo atribuye la desaparición de los atentados durante la dictadura de Primo de Rivera al hecho de que entonces se habían suprimido las actividades del nacionalismo catalán.

Podemos añadir por nuestra cuenta que cesaron de nuevo los atentados cuando se permitió a los catalanes que se gobernasen a sí mismos. En realidad las primeras bombas colocadas en Barcelona coinciden con la promulgación de las Bases de Manresa, primer manifiesto del nacionalismo catalán (1892), y los actos de violencia continúan creciendo y perdiendo intensidad con el flujo y reflujo periódicos del sentimiento nacional catalán. Como notaba en 1909 un observador inglés, si se preguntaba a cualquier obrero en Barcelona de dónde venían las bombas, éste contestaba: ¿No lo sabe? Las fabrican los jesuitas.

En julio de 1909 tuvo lugar en Marruecos uno de aquellos pequeños desastres que la incompetencia y la falta de organización del ejército español estaban provocando constantemente. Una columna de tropas que avanzaba a pocos kilómetros de Melilla para ocupar unas minas de hierro cuya concesión había obtenido poco antes el conde de Romanones, cayó en una emboscada tendida por unos cuantos moros y resultó casi aniquilada. Para reemplazarla, el Ministerio de la Guerra recurrió a los reservistas de Cataluña.

Era ésta una medida estúpida y sin duda constituía también una deliberada provocación. Desde la desastrosa guerra de Cuba y la repatriación de millares de soldados muertos de hambre y enfermos de malaria, el país entero se había vuelto profundamente pacifista. Los reservistas eran hombres casados de las clases trabajadoras, pues en España no se movilizaba a nadie que pudiese allegar la pequeña suma requerida para rescatarse del servicio militar. Las minas de hierro se creían propiedad de los jesuitas, que a los ojos de media España ocupaban más o menos la misma posición que en Inglaterra después de la Conjuración de la pólvora. Hubo dramáticas escenas en la estación en el momento de partir las tropas; al día siguiente la población estaba sublevada.

La semana trágica

A lo largo de seis años, Lerroux había estado incitando al populacho al saqueo, al incendio y al derramamiento de sangre. Ahora que había llegado el momento, tanto él como sus compañeros radicales desaparecieron de la escena, pero sus secuaces más jóvenes, los jóvenes bárbaros como se llamaban a sí mismos, marcharon adelante. El resultado fue cinco días de motín, durante los cuales los jefes obreros perdieron el control de sus hombres, y veintidós iglesias y treinta y cuatro conventos fueron incendiados. Hubo muertes de frailes, profanación de tumbas, y extrañas y macabras escenas por las calles en las que ciertos individuos bailaban con las momias de las monjas desenterradas.

El motín fue reprimido duramente por La Cierva. Ciento setenta y cinco obreros fueron muertos en las calles, y siguieron otras ejecuciones. Entre las víctimas cayó Francisco Ferrer, anarquista teórico que había fundado un establecimiento de enseñanza. La Escuela Moderna, en la que se daba a los alumnos instrucción antirreligiosa. No se pudo probar que Ferrer hubiese tenido participación alguna en el levantamiento —que fue cosa espontánea, no obra de un plan anarquista— y ni siquiera se encontraba en Barcelona por aquel tiempo. Pero se le consideraba como el instigador de un atentado a la vida del rey, cometido tres años antes por un discípulo y amigo suyo llamado Morral, y se aprovechó esta ocasión para librarse de él.

Ello constituyó sin embargo un error político, pues Ferrer era muy conocido fuera de España y su muerte causó una impresión que en vida había hecho él poco por merecer. El gobierno de Maura cayó y tal fue la aversión que se creó en torno a su nombre que tuvo que abandonar la jefatura de su partido; pasaron casi diez años antes de que él y La Cierva pudieran volver a participar activamente en la vida política. La era inaugurada treinta meses atrás con tan abiertas esperanzas se había terminado en un completo fracaso. Incluso la ley que concedía una escasa autonomía a los catalanes había sido echada abajo por la Cámara, si bien Canalejas consiguió hacer aprobar otra análoga, concebida en términos más generosos, tres años más tarde.

Uno de los efectos de los acontecimientos sangrientos de Barcelona fue la ruina del partido radical. Los trabajadores que habían seguido a Lerroux, cuando vieron que éste abandonaba el terreno sin sostener lo que había sido su obra, creyeron que se había vendido a Madrid y abandonaron su partido para pasar al anarquismo. Los radicales se volvieron gente dócil y respetable y el propio emperador del Paralelo cambió sin gran pesar su tribuna de madera y su camisa abierta por el confortable sillón y la pechera almidonada de la plutocracia.

BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 48-78.