El ejército y la lucha sindicalista en Barcelona. 1916-1923

Teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa la nación, lo más conservador que se puede ser es ser revolucionario. Francisco Cambó.

La guerra europea causó una profunda impresión en España. La opinión estaba dividida de acuerdo con las líneas clásicas del país: el ejército, la Iglesia, la aristocracia y los terratenientes eran, con raras excepciones, germanófilos; los liberales, los intelectuales, los partidos de izquierda y los grandes industriales de Barcelona y de Bilbao, partidarios de los aliados. El rey consiguió mantenerse en equilibrio entre ambas zonas de opinión, y hasta el final de la guerra unos y otros lo consideraron como suyo. Pero nadie deseaba intervenir: los aliados no hicieron presión sobre sus amigos españoles pidiéndoles ayuda por temor de que éstos les reclamaran Fez o Gibraltar, y el partido germanófilo en España, por su parte, se encontraba demasiado aislado para ser capaz de proporcionar a sus amigos una ayuda efectiva.

Por otra parte, el país entero se estaba enriqueciendo a una velocidad vertiginosa. Hasta entonces nunca se habían cultivado tales cantidades de patatas o de cebollas, ni se habían exportado a tan altos precios. Los terratenientes doblaban o triplicaban su capital, mientras que los jornales de los obreros y hasta los percibidos por los trabajadores agrícolas subían; aunque, como es lo normal, el alza del coste de la vida dejaba sin efecto tales aumentos. Al terminar la guerra, la mayor parte de la deuda industrial y nacional se hallaba amortizada y las reservas de oro del Banco de España aumentaron de 23 a 89 millones de libras esterlinas.

Pero como se trataba de un país enfermo y desunido (invertebrado como decía Ortega y Gasset), el primer resultado de este fortalecimiento de la economía fue incrementar la potencia de cada uno de sus órganos para luchar por separado contra los demás. El rey era ya un hombre de edad madura y con experiencia. Su inclinación precoz por los cambios políticos se había convertido en el deseo, por completo consciente, de gobernar sin parlamento. Todos los síntomas característicos de ello lo demostraban: frecuentes desfiles militares; cambiar de uniforme cuatro o cinco veces al día; rígida etiqueta palatina; maneras desenvueltas y en ciertos momentos llanas.

Pero Alfonso XIII tenía más talento y, cuando se lo proponía, más simpatía personal que el kaiser, su modelo. Su habilidad política era realmente excepcional, aunque por desgracia carecía de toda comprensión y de toda preocupación por lo que se refería a los intereses reales de los españoles. Su actitud, como la de muchos grandes, educados por institutrices extranjeras, y para quienes el mundo se limitaba a París, Biarriz y Madrid, correspondía a la de un príncipe extranjero llamado a reinar sobre un pobre, bárbaro y desgraciado país. Como decía uno de los médicos de la corte: ¡El rey se siente tan entusiasmado con España! Sólo yo y la canalla estamos a favor de los aliados, era uno de sus dichos que llegó a ser famoso.

Ningún otro rey se hubiera atrevido a decir al referirse a la inmensa mayoría de sus súbditos —en la que entraban tanto la clase media como la masa de los trabajadores: la canalla. Pero Alfonso era hombre impresionable y mimético, y había hecho suyas las maneras y los puntos de vista de la deplorable clase social entre la que se había criado.

Las juntas de defensa

El acontecimiento que precipitó la crisis inevitable fue la constitución, en la primavera de 1917, de las juntas de defensa, o sindicatos de oficiales del ejército. Pero antes de explicar lo que eran estas juntas, será conveniente decir algo sobre la situación anterior en el ejército.

Al acabar la primera guerra carlista los oficiales de las fuerzas de don Carlos fueron asimilados con paga entera a los ejércitos de la reina; ello era una de las cláusulas esenciales del convenio que puso fin a las hostilidades. El resultado fue que en 1843, a despecho de la bancarrota del Estado, había más oficiales en el ejército español que en cualquier otro ejército de Europa. Los otros grados eran menos numerosos. La proporción entre oficiales y soldados, proporción que se mantuvo con ligeras modificaciones durante los setenta u ochenta años siguientes, era de uno por seis o siete.

El estado de la administración militar llegó a ser tan desastroso, que los soldados iban frecuentemente descalzos. No habrá que insistir en el escaso valor que un tal ejército representaría para la defensa del país. Desde 1660, tanto por falta de instrucción y de disciplina como por la carencia de equipo, los ejércitos españoles habían sido incapaces de enfrentarse con buenas tropas europeas. A lo más que podían aspirar era a batirse con sus enemigos tradicionales, los moros.

Pero la verdadera función del ejército consistía en defender al pueblo contra los carlistas, por lo cual se le toleraba y aún era en su conjunto una institución que gozaba de popularidad. Los generales, mientras tanto, gobernaban el país y se peleaban entre ellos. El reinado de Isabel II ofrece nada menos que dieciocho pronunciamientos y treinta y nueve gobiernos diferentes en el espacio de veinticinco años. A ellos hay que añadir dos revoluciones populares, dirigidas también por generales.

En España, el gobierno de los militares, ha sido siempre más inestable aún que el de los políticos de profesión. Los años tormentosos de 1868 a 1874 desacreditaron al ejército y permitieron a las clases medias eliminarlo de la escena política. Entonces, como la Iglesia misma y todas las capas elevadas de la sociedad, vino a sufrir un cambio. Sin ganar en eficacia como tal fuerza combatiente, se convirtió cada vez más en un organismo cerrado, desligado del resto de la nación.

Empezó además a imitar al ejército alemán y a adoptar una arrogancia prusiana que no le cuadraba. Pues el ejército español había sido siempre democrático; en los grandes días del siglo XVI, los nobles servían en la infantería, mezclados con la masa de los soldados. Y esa estrecha camaradería en las filas unida a la excelente disciplina, que era su consecuencia, constituían, en opinión de los observadores ingleses y franceses, una de las causas principales de sus victorias.

Durante la guerra de la independencia el espíritu democrático aumentó todavía, hasta el extremo de llegar a ser fatal para la disciplina. Los generales dejaban de tener autoridad sobre sus hombres, si no actuaban al unísono de sus sentimientos, y lo mismo en la victoria como en la derrota perdían toda influencia sobre ellos. Lo mismo solía ocurrir en pleno combate. El ejército español continuaba siendo un ejército del pueblo, movido por su propio espíritu popular y con los ascensos abiertos al mérito.

Una elevada proporción de sus oficiales, entre ellos Espartero, O´Donnell y Prim, habían empezado de chusqueros, es decir como soldados rasos. Por otra parte, el ejército, mantenía el prestigio de haber salvado al país del carlismo. Su papel político era también más fluido, más atento a la opinión ciudadana. Solía actuar, equilibradamente, bien en favor de la izquierda moderada como de la derecha, y en la represión de tumultos y revoluciones locales había mostrado, en general, moderación y sentido humano, recordando sin duda que él también tenía un pasado revolucionario.

Pero con la restauración, todo esto cambió, y la restricción de ascensos entre las filas de tropa, junto con la disposición que permitía redimirse del servicio militar mediante una pequeña suma de dinero, ahondó el foso existente entre oficiales y soldados. La desastrosa guerra de Cuba de 1896-1898 produjo una reacción general en todo el país contra el servicio militar. Se da la cifra de 2.000 españoles muertos en la isla a consecuencia de enfermedades o de heridas, y los supervivientes, al regresar, andrajosos y consumidos por la fiebre, contaban tiritando terribles historias de dureza, incompetencia militar y corrupción de las que habían sido testigos.

La nación se hizo pacifista y el ejército impopular. Este sentimiento cristalizó, en 1909, en el levantamiento ya relatado de Barcelona contra la movilización para África de los reservistas. El ejército mismo o, con más justeza, los oficiales que lo mandaban se resentían de esta actitud del pueblo. Se habían vuelto más susceptibles a toda crítica y esta disposición de ánimo les llevó a obligar al gobierno a que hiciera aprobar una ley, según la cual cualquier ofensa a la fuerza armada habría de ser juzgada por consejos de guerra.

Se daban igualmente cuenta de su pérdida de popularidad en el país y culpaban de ello a los intelectuales, a los obreros y a los políticos; sobre todo a estos últimos. Asistían con disgusto a su porfía por los altos cargos, a su corrupción e ineficacia, y recordaban con nostalgia que, pocos años antes, habían sido ellos mismos los que gobernaban el país y disfrutaban de los buenos puestos. Era el suyo, después de todo, un sentimiento muy humano, y cuando la cuestión catalana se situó en primer plano y los políticos parecieron dispuestos a entenderse con la Lliga, creyeron llegada su hora.

Los oficiales del ejército eran en su casi totalidad castellanos y andaluces y —lo único que les quedaba de su pasado liberalismo— se sentían intransigentemente centralistas. Eran opuestos a toda concesión al regionalismo, en lo cual les apoyaba resueltamente una fuerte corriente de opinión. El rey estaba de su parte y, con la Iglesia, se habían reconciliado desde hacía ya tiempo. ¿Cuál era la composición del ejército español por esta época? En 1912, en plena paz, pasaban de 12.000 los oficiales en activo para un efectivo de tropa de unos 100.000 hombres. Cifras que aumentaron en 1923, durante la guerra de Marruecos, hasta 25.000 oficiales y 200.000 hombres.

En 1931, terminada la guerra hacía tempo, quedaban todavía 21.000 oficiales, tantos como tenía el ejército alemán al estallar la primera guerra mundial. Entre ellos, de alta graduación, 690 generales —casi la mitad en activo— y en proporción el número de coroneles —en activo más de 2 000. Cifras que, sin embargo, muestran una disminución, ya que en 1898 había un general por cada 100 hombres.

Este ejército era costoso. En tiempos de paz se llevaba, junto con la marina, la cuarta parte del presupuesto. Se dice que en 1922, su participación presupuestaria alcanzaba el 51 por 100 del total. Y sin embargo, carecía de equipo adecuado. Aun el de artillería, arma con brillante tradición en España (la artillería española remonta a un siglo antes de Roger Bacon, y en el siglo XVI era la primera de Europa), resultaba absurdamente débil.

Faltaban aviones modernos y hasta 1936 no hubo en España ni un solo tanque, aun cuando las largas vertientes inclinadas del Rif parecían hechas para ellos, y una sola docena de tanques hubiera ahorrado muchos miles de vidas. Cuando visité Xauen en 1924 no encontré ni trincheras de segunda línea ni tampoco alambradas, y un solo camino, tan estrecho que dos armones de artillería podían difícilmente cruzarse, y tan mal construido que los puentes se venían abajo en cuanto llovía. Daba la sensación de que no se había tomado la precaución más mínima contra cualquier ataque por sorpresa; y cuando, no mucho después de mi visita, se decidió acortar la línea, la confusión que esto produjo costó la pérdida de muchas vidas.

¿A qué se destinaba, entonces, el enorme presupuesto del ejército? Desde luego que no era a la paga de la tropa, pues, aparte los sargentos y unas pocas fuerzas indígenas de Marruecos, todos eran alistados forzosos. Por razones de economía se habían hecho grandes esfuerzos por mantener un número reducido de hombres en los cuarteles. El servicio militar, aunque teóricamente por dos años no pasaba en realidad de dieciocho meses, y, mediante una pequeña cantidad, este tiempo quedaba aún reducido a nueve. Por otra parte abundaban los largos permisos, de manera que el ejército, que sobre el papel constaba de 80.000 hombres de hecho se veía reducido a 50.000 y aun a menos. Esta es la razón por la cual el ataque de un par de miles de cabileños marroquíes causaba a menudo un desastre y obligaba a llamar las reservas.

No: la mayor parte del presupuesto militar se empleaba en la paga de los oficiales. Y como eran tantos, tampoco tocaban a mucho. Un oficial joven casado no podía sostener su casa y se veía obligado a buscar ingresos suplementarios. Muy pocos disponían de rentas. En otras palabras, el ejército español no era una fuerza militar a la moderna, sino sencillamente un ejemplo más de la acostumbrada burocracia, tan excesiva como mal pagada, típica del Estado español. Y lo mismo que los sucesivos ministerios habían combatido sin éxito por limitar el número de frailes y curas, por controlar a sus empleados, a los directores de ferrocarriles y a los favorecidos con sinecuras, igualmente se veían obligados a enfrentarse con el insoluble problema de reducir los cuadros del ejército.

Bajos sueldos y poco trabajo en puestos de responsabilidad conducen siempre a los mismos resultados. Y exactamente igual que los empleados se dejaban sobornar fácilmente, maduraba la corrupción en ciertas ramas del ejército español. En Melilla, por ejemplo, las partidas destinadas a caminos, barracones y equipos desaparecían en los bolsillos de los coroneles y generales; los oficiales de menor graduación traficaban con el jabón, los ladrillos, tejas, frutas y aceite, pues tenían en sus manos el monopolio de los suministros.

Los particulares que querían edificar casas se veían obligados a recurrir a los servicios de ingenieros militares, los cuales exigían por su trabajo exorbitantes honorarios. Otros, para pagar sus deudas de juego, vendían armas y municiones al enemigo. Así en 1922 se descubrió que habían sido gastados 77 millones del parque de artillería sin que en parte alguna apareciese el registro de su empleo. La corrupción de los políticos podía ser y era a veces aireada en la prensa; el ejército en cambio, era sagrado, y cualquiera que se aventurase a decir una palabra contra él iba a parar a la cárcel.

El ejército desde dentro

Vista ya la situación del ejército desde fuera, permítasenos que la enfoquemos desde el punto de vista de un oficial medio. Este oficial medio es un joven de la clase media, atraído por lo que tiene el ejército de brillante; ingresa en él lleno de elevada ambición y patrióticos ideales y se encuentra de pronto en una situación muy grata: lleva un elegante uniforme, es el ídolo de las muchachas, ocupa una situación social más elevada y dispone de tiempo abundante para gozar de todo ello.

Ve a sus compañeros de colegio que se han encaminado por el derecho o la medicina sudando entre sus libros y, socialmente hablando, muy por debajo de él. Situación ésta que atrae a muchos jóvenes españoles. Después, un buen día se enamora y se casa, contando con su paga de capitán. De golpe, todo cambia: la paga resulta insuficiente, su envidiable posición se ha esfumado como por encanto. Llegan hijos y más hijos, los ascensos van muy despacio. El ejército español, muy ineficaz y muy mal equipado, no ofrece la satisfacción de un trabajo serio. Los reclutas pasan la mitad de su tiempo aprendiendo a leer bajo la dirección de los sargentos. No hay dinero para maniobras. Y el capitán, ayer flamante, se convierte en un hombre descontento y desilusionado. Naturalmente, ya ha pasado a engrosar el abundante número de los que se sientan en los cafés o en los casinos a hablar de política.

Cualquier español podrá decíroslo; por mucho que difieran los políticos de café, desde luego, todos están de acuerdo en una cosa: en que el gobierno está arruinando y deshonrando deliberadamente al país. Pero el capitán en cuestión no olvida que pertenece al ejército, es decir al noble y patriótico cuerpo de oficiales que en otros tiempos daba órdenes a los políticos, y que dispone de hombres con fusiles y con cañones. Y empieza a dar vueltas en la cabeza a todos los puestos tan bien retribuidos, a todo el prestigio que en España emana del gobierno. Con ello, no es ningún milagro el que su única idea llegue a ser el esperar a que uno de aquellos seiscientos generales le dé la orden de sublevarse. Y los generales tampoco suelen quedarse cortos. En una biografía del famoso Weyler, el autor hace notar que, dígase de él lo que se quiera en otros aspectos, mantuvo la elegancia de no haberse levantado jamás en armas contra el gobierno.

Llegamos ahora a la primavera de 1917 y a la constitución de las juntas de defensa o sindicato de oficiales del ejército. Los oficiales del ejército —dice Salvador de Madariaga— tomaron en sus manos el arma que esgrimían los obreros sindicalistas, y volvieron contra el Estado la fuerza misma que el Estado les había confiado. El primer objetivo de estas juntas, no obstante, no dejaba de ser razonable: se trataba de terminar con los abusos que habían arraigado dentro del propio ejército. Estaban decididos a protegerse contra el caciquismo o favoritismo que privaba en la casa militar del rey; a conseguir la reorganización del cuerpo de sanidad y de la administración militar y, como cualquier organización sindical, obtener un aumento de sueldo para sus componentes

Las juntas obligaron al gobierno a dimitir y en junio del mismo año forzaron al jefe del nuevo gobierno, Dato, a aceptar su ultimátum y darles estado legal.

No pareció en el primer momento que las juntas de defensa habrían de tomar una orientación reaccionaria. Se decía incluso, que algunos de sus jefes eran militares republicanos. Semejaban más bien parte del movimiento de renovación, como se le llamaba, que agitaba por aquel verano a España en toda su extensión y cuyos objetivos eran librar al país del corrompido régimen político y convocar unas cortes libremente elegidas que le diesen una nueva constitución.

A la cabeza de este movimiento se hallaban los fabricantes catalanes de la Lliga bajo la jefatura de Cambó, los industriales de Oviedo y Bilbao bajo la de Melquíades Álvarez, y el partido socialista. También los radicales apoyaban el movimiento, que contaba en toda España con simpatías en amplios sectores de las clases medias, sobre todo entre los hombres más inteligentes y progresivos frisando la cuarentena. En el mes de julio, los miembros de ambas cámaras que favorecían esta corriente (71 de un total de 760) se reunieron en Barcelona y anunciaron que la Asamblea se consideraría en sesión permanente con objeto de preparar el camino a unas cortes constituyentes elegidas por votación libre. La asamblea fue prohibida por el gobierno, pero continuó reuniéndose en secreto.

Era un momento crítico en la historia de España. Los grandes industriales del país, aliados a los socialistas y otros partidos de la izquierda se colocaban en actitud revolucionaria frente al gobierno. No se trataba ya de una mera cuestión de regionalismo catalán o vasco; lo que se ventilaba era si habrían de ser los propietarios de las fábricas del norte o los latifundistas de Castilla y Andalucía quienes llevasen el peso de la dirección política de la nación: cuestión análoga a la decidida un siglo atrás en Inglaterra por la Reform Bill Los burgos podridos ingleses de 1832 tenían su equivalente en el caciquismo de 1917. Para Cambó no se trataba únicamente de la autonomía de Cataluña. Se había hecho el portavoz de la demanda general de una España regenerada, gobernada por hombres a la moderna, decentes y eficaces, que intentasen un serio esfuerzo por resolver los problemas económicos fundamentales del país. No le importaba que esto se llevara a cabo bajo una monarquía o bajo una república federal.

En este momento, el factor decisivo era el ejército. Tanto los partidarios de la renovación como el propio rey estaban tratando de atraérselo. No se veía con claridad qué camino habrían de tomar las juntas, que representaban, podía decirse, el ala izquierda de las fuerzas armadas, pues aunque en general simpatizaban con el movimiento de renovación, se oponían firmemente a la autonomía de Cataluña y a cualquier forma de federalismo y no veían con satisfacción la marea ascendente de las clases trabajadoras. Tanto los socialistas como los radicales de Lerroux habían hecho esfuerzos por atraerse a los jefes y a la masa de las tropas. Mientras tanto, por todas partes surgían juntas de sargentos, de telegrafistas, de empleados de correos y de los otros cuerpos del Estado, tomando por modelo las juntas de los militares, y se creía que, de llegar a una lucha en las calles, las tropas se negarían a disparar.

En tan delicado momento sobrevino una huelga de ferroviarios de la Compañía del Norte, encuadrados en la sindical socialista, la UGT. La huelga estaba a punto de lograr una solución, cuando el gobierno, que trataba de provocar una crisis general antes de que el movimiento en gestación cobrase decisiva importancia, se negó a aprobar los términos del acuerdo. El Partido Socialista recogió el guante que le lanzaban y ordenó la huelga general. Los anarquistas, por su parte, más bien de mala gana, se unieron a ella. El 10 de agosto de 1917 comenzó la huelga.

Pablo Iglesias, el veterano jefe del partido socialista, opinaba que el momento era inoportuno y se opuso al intento, pero ya era un hombre de edad y se hallaba en cama enfermo, y la dirección efectiva pasó a Francisco Largo Caballero, hombre más joven. La teoría de la huelga general, desarrollada por los sindicalistas franceses y que ya había sido aceptada por la CGT, contaba por aquellos días con gran predicamento en España. Se la creía un arma eficaz en manos de la clase trabajadora, un medio seguro para lograr los objetivos de los socialistas y los anarquistas.

Tan esperanzados estaban los jefes del movimiento que se decía que Lerroux contaba con ser, en el plazo de una semana, presidente de la República. Pero las tropas fueron movilizadas y utilizaron sus ametralladoras contra los huelguistas. La huelga terminó a los tres días, dejando un balance de setenta muertos, centenares de heridos y dos mil presos. Se estimó que las tropas se habían conducido bárbaramente y por ello, las juntas perdieron toda la popularidad que habían adquirido entre el pueblo, como enemigas del gobierno; pero el ejército había salvado al país y a partir de aquel momento se convirtió, junto con el rey, en el único poder efectivo.

La asamblea se reunió de nuevo en octubre. Mas ya no quedaba gran cosa que hacer. Cambó había entendido siempre, que teniendo enfrente al ejército no había revolución posible. Sin duda, tampoco, como banquero e industrial conservador, deseaba ver triunfante una revolución de las clases medias provocada por una huelga general. En consecuencia, se inclinó del lado del rey. Con el fin de apartar el peligro inminente de una dictadura militar, ya que las nuevas Cortes no eran manejables, se constituyó un gobierno de concentración formado por los jefes de todos los partidos: Maura, Romanones, Cambó, Santiago Alba y otros. Pero, este gobierno, aparte de conceder la libertad a los jefes socialistas que habían sido condenados a cadena perpetua —Largo Caballero, Besteiro, Saborit y Anguiano—, no consiguió ningún avance notable.

A partir de entonces, la única solución parecía ser una dictadura militar. Como Maura dijo: Que gobiernen los que no dejan gobernar Pero uno o dos obstáculos demoraban esta solución. El rey quería un régimen que le permitiera gobernar a través del ejército, pero en modo alguno dar todo el poder a las juntas. Por otra parte, la victoria de los aliados y la caída de varios tronos en Europa le hicieron poner freno a sus aspiraciones. Pero él velaba para que no se produjera un resurgimiento político, y para que la decadencia y escisión de los viejos partidos continuara. Resultado de este proceder fue que, años más tarde, cuando cayó Primo de Rivera, no hubo un solo político, a excepción del archicacique y reaccionario La Cierva, que lo sostuviese.

Luchas en Barcelona

La escena se traslada ahora a Barcelona. La negativa de la Lliga a apoyar la huelga general la había desacreditado ante los ojos de muchos de los que la sostenían. La burguesía rica se hallaba más dispuesta que antes a contentarse con el pacto secreto que, según frase de Cambó, habían sellado Barcelona y Madrid; pacto que convertía a Castilla en tributaria económica de Cataluña, y a Cataluña en tributaria política de Castilla. En materia de tarifas aduaneras, y en general en todas las cuestiones económicas, Madrid dejó ahora las manos libres a Cambó. Y así fue cómo la Lliga, que siempre había sido un partido conservador, se hizo más clerical y reaccionaria, y perdió simpatías y votos, mientras surgieron varios nuevos partidos catalanistas que se orientaban hacia la izquierda. Estos pequeños partidos fueron los que más tarde se fundieron, para formar la Esquerra, partido de izquierdas de Cataluña, bajo la dirección del coronel Maciá.

Entretanto, los conflictos y luchas obreras que tan mala reputación habían dado a Cataluña en el extranjero empezaron de nuevo. Y una vez más, como en la etapa 1906-1909, su origen resultaba complejo. En primer lugar, durante los últimos años de la guerra, el gobierno alemán había invertido bastante dinero en propaganda sediciosa entre las clases trabajadoras; Barcelona había llegado a ser el refugio de toda suerte de indeseables internacionales; una horda de espías, agentes provocadores, gangsters y pistoleros intervenía en los conflictos obreros y ofrecía sus servicios a quienquiera que se los pagase. Existía además el enorme estímulo para los anarquistas de la revolución rusa, y el de los tratados de paz con su principio de autodeterminación de los pueblos, para los nacionalistas catalanes. Los dueños de las fábricas habían hecho mucho dinero con la guerra, y a su vez los trabajadores lograban aumentos de salario. Ambos bandos se sentían lo bastante fuertes para llevar adelante sus exigencias.

En el curso del año anterior, los anarquistas, defraudados por el fracaso de la huelga, se habían reorganizado en sindicatos. Su nueva sindical, la Confederación Nacional del Trabajo o CNT, había convertido la mayor parte de sus sindicatos por oficios en organizaciones por industrias, llamadas sindicatos de ramo, que llegaron a ser conocidos con el nombre de sindicatos únicos. Eran tácticamente más eficaces que los antiguos y más dados a la acción violenta; en teoría sus huelgas no se basaban solamente en abandonar el trabajo, sino que llevaban a cabo actos de lucha abierta contra los patronos y la policía que los apoyaba. En la práctica, no obstante, hay que distinguir entre dos elementos actuantes: el uno, los nuevos sindicatos, que englobaban a la gran mayoría de los trabajadores bajo la dirección de sus jefes Pestaña y Seguí, y que eran opuestos a la acción violenta; el otro, los grupos anarquistas, más o menos disidentes, que seguían aún aferrados a las ya superadas teorías de la acción individual. De estos últimos se nutrieron los centros de acción terrorista, como réplica a la actuación de la policía.

Pero los patronos, por su parte, se habían organizado también. La industria en Barcelona, con excepción de las empresas extranjeras, poco numerosas, se mantenía en un estadio primitivo; no existían grandes factorías, sino un gran número de pequeños talleres que competían unos con otros de la manera más anárquica. Los propietarios de estos talleres eran, en general, gente subida de la nada, muchas veces antiguos capataces, por lo cual solían conducirse de un modo muy duro con los trabajadores, y siempre se mostraban reacios a cualquier solución de compromiso. Hasta la primera guerra mundial, para luchar contra la CNT habían seguido una política indirecta, organizando equipos de esquiroles que reclutaban en las ilimitadas reservas de aldeanos y entre los emigrados procedentes de las provincias del sur donde el hambre hacía estragos, así como en ciertas asociaciones tituladas católicas. Llegó 1914 y las federaciones patronales celebraron un congreso que trazó un definido plan de acción, y en la época a que nos estamos refiriendo, temerosos de la actitud cada vez más agresiva de los sindicatos obreros y del inmenso y alarmante crecimiento del número de sus militantes, decidieron dar la batalla a la CNT mediante un lock-out. Siguiendo el estilo habitual en España, empezaron para ello a preparar el terreno movilizando agentes provocadores.

En la complicada serie de acontecimientos ocurridos a partir de este momento, uno de los factores principales que contribuyeron a agriar la situación fue la divergencia de criterio surgida entre las autoridades militares y civiles de Barcelona. El gobernador civil Montañés, apoyado por el gobierno de Madrid, desaprobó la conducta de los patronos y adoptó una actitud conciliatoria con los obreros. En ello, claro es, no hacía más que seguir la política que había movido a sus antecesores, diez años antes, a sostener a los radicales contra los nacionalistas catalanes, que coincidía, por otra parte, con la de los gobiernos conservadores de esta época y con su propio deseo de conseguir un mejoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.

Pero las juntas militares, a través de su representante el general Miláns del Bosch, capitán general de la región, cargo que le convertía en una especie de virrey, respaldaron a los patronos y aún les incitaron a dar la batalla La unión de los nacionalistas catalanes con el ejército anticatalanista era una situación paradójica; demostración —si resultase necesaria— de que la Lliga anteponía su preeminencia social de clase a la cuestión del catalanismo. Para el ejército era un medio de ganar para su causa a la burguesía catalana o, en todo caso, de no conseguir esto, de desacreditarla a los ojos de sus conciudadanos, de modo que quedase inutilizada. En consecuencia, el ejército no le escatimó su apoyo. Y así como en 1908 los que ponían las bombas estaban pagados por el gobernador civil, ahora las acciones de los pistoleros se organizaban en el despacho del capitán general.

Estas bandas de terroristas, que en diferentes ocasiones actuaron a las órdenes ya de las autoridades civiles, ya de las militares de Barcelona, requieren un poco más de atención. Desde luego, proliferaban en estrecho contacto con la policía. La policía política española o brigada social, creada por los años noventa para investigar en lo relacionado con los atentados anarquistas, era, como puede suponerse, un cuerpo perezoso e incompetente sin ninguna formación técnica y por consiguiente muy mal informado. Se apoyaba sobre todo en denuncias privadas de sus confidentes y, como tenía pocos escrúpulos, rara vez se tomaba la molestia de comprobar estas denuncias.

Así comenzaron a pulular en estrecha conexión con ella —en realidad bajo sus órdenes— varias bandas delatoras o de informadores profesionales a los que se pagaba por su servicio. Estas bandas cooperaban igualmente con los organismos directamente interesados, tales como la Patronal. Cuando se cometía un crimen, estos confidentes informaban sobre los supuestos autores; y como por lo general resulta más fácil inculpar a un inocente que trabajar por encontrar al verdadero criminal, se hicieron maestros en el arte de confeccionar falsas pruebas y colocar bombas y material comprometedor en los domicilios de gentes no culpables.

Como es natural, escogían para ello trabajadores cuyas actividades como dirigentes en las huelgas o propagandistas del anarquismo les hacían sospechosos a los ojos de los patronos y de la policía. De esto a designar a aquellas personas a las que oficialmente se les ordenaba acusar, no había ya más que un paso. Pero esto no era todo. El oficio de confidente está expuesto, como cualquier otro, a las altas y bajas del ciclo industrial. En las épocas de tranquilidad los crímenes eran raros y a los confidentes de la policía les interesaba que se perpetrasen poniendo ellos mismos las bombas. Tal fue el caso de Rull en 1908, con la agravante de que éste recibió alentadores estímulos, si no verdaderas órdenes, del gobierno civil, para sus actos de terrorismo. Análogo fue el caso de uno, por lo menos, de los más famosos atentados con bombas perpetrados en el año noventa.

Los pistoleros de la patronal

Las condiciones de Barcelona en 1918, eran especialmente apropiadas para el desarrollo de bandas criminales de este tipo. Durante los últimos años de la guerra, cuando la ciudad se convirtió en refugio de delincuentes de toda índole, desecho de los países de Europa, el dinero alemán había corrido con largueza para la organización de huelgas en las fábricas de municiones, e incluso para suprimir patronos que se negaban a dejar de fabricar municiones con destino a los aliados. Un tal Bravo Portillo era el jefe de una de estas organizaciones de espionaje y controlaba a toda una banda de pistoleros. Resultó culpable de haber informado a los alemanes de la salida de barcos españoles de los puertos del Mediterráneo, que fueron torpedeados, y por ello se le condenó a unos cuantos meses de prisión. A pesar de esta condena, a su salida de la cárcel fue contratado como agente de policía al servicio del capitán general Miláns del Bosch y de la Patronal.

Cuando, poco más tarde, cayó asesinado en represalia por el atentado particularmente brutal organizado por él contra el jefe sindicalista Pablo Sabater, le sustituyó un aventurero alemán que se hacía llamar barón de Koenig, pero cuyo verdadero nombre, según parece, era el de Colman. Este Koenig o Colman, que ya había actuado durante la guerra como espía de Alemania, trabajaba a las órdenes del general Arlegui, jefe de policía en Capitanía General, y del marqués de Foronda, uno de los dirigentes de la Lliga e íntimo amigo del rey.

Su tarea consistía, no sólo en quitar de en medio a los jefes sindicalistas o, en otros casos, aportar pruebas que pudieran servir para condenarles, sino en provocar a la clase trabajadora a una revancha que habría de crear las condiciones que obligaran al gobierno a cortar toda negociación con los huelguistas y suspender las garantías constitucionales; lo que reduciría a la nada los poderes del gobernador civil y haría del capitán general el hombre preponderante de Barcelona. Entonces podría llevarse a efecto el deseado lock-out.

Pero Koenig tenía un modo personal de interpretar esta misión. Era hombre que vivía a lo grande y necesitaba mucho dinero. Entonces se dedicó al chantaje con los dueños de fábricas, advirtiéndoles que sus vidas estaban en peligro y que para asegurarse la tranquilidad resultaba preciso que contribuyesen con determinada suma. Aquellos que se negaban a pagarla caían sistemáticamente víctimas de atentados. Sus relaciones con la policía de Capitanía General le dieron carta blanca por espacio de más de un año, pero al final los asesinatos que organizaba resultaron demasiado evidentes; su banda fue desarticulada y él tuvo que huir de España.

Los pistoleros de los obreros

Del otro lado, los sindicatos de la CNT tenían también sus propios pistoleros. Durante los dos últimos años, la CNT había crecido enormemente en número de militantes; toda clase de gentes dudosas, incluso criminales de profesión, ingresaban en ella. No hay que olvidar que en el movimiento anarquista, desde 1882, había grupos que creían en la eficacia de los actos de terrorismo individual, aun cuando sus miembros nunca o muy rara vez ocuparon puestos influyentes en la organización sindicalista. Venían a ser una especie de francotiradores, cuya acción era generalmente desaprobada por los jefes, pero que gozaban de cierta popularidad y de apoyo siempre que actuaban como vengadores de opresiones y tiranías, por ejemplo, cuando los dirigentes de las huelgas habían sido encarcelados y éstas terminaban en un fracaso.

El hecho de que las organizaciones sindicalistas españolas no dieran subsidio a los huelguistas hacía que las huelgas se llevasen a cabo en una atmósfera de hambre, que arrastraba fácilmente a la violencia. La prolongación de una huelga daba lugar a actos de sabotaje y a choques con la policía, y su fracaso creaba un clima de resentimiento y de ruptura de la solidaridad en los sindicatos, lo cual daba motivos de acción a los terroristas. En el caso que nos ocupa, por consiguiente, si bien fueron los pistoleros de los patronos los que rompieron las hostilidades, los terroristas de los sindicatos no se mostraron remisos en la réplica.

Luchas entre los sindicatos y los patronos

Tales eran las circunstancias en las cuales se abrió la lucha entre los sindicatos y los patronos. En febrero 1919 se declararon en huelga los obreros de la importante compañía eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, generalmente conocida por la Canadiense. Sus reivindicaciones no eran en realidad muy graves: pedían la reincorporación de siete compañeros que habían sido despedidos por razones políticas, así como un alza de jornales para algunos empleados de la empresa. Pero la huelga, cuidadosamente organizada por Seguí y Pestaña, adquirió cierto carácter simbólico. Siguió a su declaración una espectacular campaña de propaganda en todo el país y fue para la CNT y los recién creados sindicatos únicos, la primera prueba importante de su fuerza.

El gerente inglés de la compañía estaba decidido a llegar a un compromiso con los huelguistas, tanto más cuanto que las condiciones de trabajo en la Canadiense eran inferiores a la media, pero aconsejado por el capitán general cambió de opinión y se negó a entablar discusión alguna con ellos. La huelga, que en su comienzo era un paro parcial, se fue extendiendo y se llegó a cortar la luz, pero no hubo disturbios. Y es aquí donde puede observarse un caso típico de la mentalidad militar española.

La respuesta de las autoridades a esta huelga esencialmente pacífica consistió en encarcelar a los jefes sindicalistas, declarar la ley marcial y militarizar a los huelguistas. Pero éste no era el criterio del gobierno. Romanones, entonces jefe del gabinete, despachó a un emisario que se reunió con los representantes tanto de los huelguistas como de los patronos, y se llegó a un acuerdo. Pero el capitán general se negó a poner en libertad a los jefes encarcelados, por lo que al día siguiente estalló en Barcelona la huelga general.

Duró ésta quince días, y fue sostenida con completa solidaridad por más 100.000 trabajadores. Y lo que es más de destacar: fue pacífica; no se disparó un solo tiro ni se molestó a una sola persona. Notable tributo a la influencia de Seguí en aquella inquieta ciudad. No obstante ello, los militares detuvieron a gran número de personas y, persistiendo en su tradicional estilo, se dictaron sentencias que llegaban a mil setecientos años de prisión —sentencias que, naturalmente, no se cumplieron. El resultado de la huelga quedó indeciso: ni los obreros ni los patronos pudieron atribuirse el éxito. Pero al día siguiente el general Miláns del Bosch ponía en el tren, enviándolos a Madrid, al gobernador civil, Montañés, y a su jefe de policía, Doval. Ante tal acto de violencia, Romanones dimitió y Maura entró a formar gobierno cediendo a la insistencia del rey (abril de 1919)

Maura se había hecho viejo y se hallaba alejado de los problemas del país, por lo que fueron sus ultrarreaccionarios colegas, principalmente La Cierva, los que de hecho gobernaron. Declararon la ley marcial, fueron encarcelados otros jefes obreros y por el contrario las bandas de pistoleros de Bravo Portillo gozaron de una mayor libertad. Replicaron los pistoleros sindicalistas y la situación fue de mal en peor. En Andalucía, donde reinaba una general efervescencia, se decretó también el estado de guerra y se enviaron tropas a los grandes cortijos para reprimir las huelgas. Se celebraron después unas elecciones de lo más corrompido, a pesar de lo cual —tal era el estado de opinión del país—, la mayor parte de los candidatos oficiales fueron derrotados. El clamor popular obligó a Maura a dimitir, y otro gobierno conservador bajo la presidencia de Sánchez Toca, se encargó del poder.

Este nuevo equipo abordó con gran tacto y de manera inteligente el problema de la situación en Barcelona. Amado, el nuevo gobernador civil, se dio cuenta de que los grupos de terroristas no contaban con el asentimiento de los sindicatos y de que si seguían actuando era por hallarse éstos presos. Comenzó, en consecuencia, poniendo en libertad a los dirigentes sindicales, y por crear comisiones de conciliación a fin de convenir acuerdos con los obreros. Con ello, mejoró inmediatamente la situación y se terminaron los asesinatos.

Tras infinitas dificultades, ya que los patronos se mostraban reacios a negociar y existían divergencias entre los sindicalistas, se llegó, al fin, a un acuerdo y setenta mil huelguistas volvieron al trabajo. Pero los elementos intransigentes con predominio en la Federación Patronal y que no habían cejado ni un momento en sus intrigas para impedir cualquier arreglo se negaron a última hora a readmitir a los jefes sindicalistas y la huelga empezó de nuevo. Minada su autoridad, tanto por los ataques de la prensa más reaccionaria como por las intrigas de las juntas militares y del rey, el gobierno cayó (septiembre de 1919), reemplazándole un débil ministerio.

Era la ocasión hacía tiempo esperada por los patronos para dar la batalla Empezaron por declarar brutalmente el lock-out. Se detuvo a muchos sindicalistas; fueron suspendidas las garantías constitucionales, y al mismo tiempo se inició una era de asesinatos seguidos de otros como réplica. Bandas rivales de terroristas se enseñorearon de la calle y no pasaba una semana sin que cayese alguien asesinado. Esta situación se prolongó durante todo el invierno, hasta que en marzo de 1920 se constituyó un nuevo gobierno conservador presidido por Dato. Entre tanto, de una parte y de otra, habían caído asesinadas numerosas personas, entre ellas el último gobernador reaccionario.

Dato representaba una política de apaciguamiento. Nombró gobernador civil de Barcelona a Carlos Bas, un hombre moderado y humano. Pero ya, en ambos bandos, desencadenadas las pasiones, el apaciguamiento resultaba mucho más difícil. Los patronos pretendían que la CNT —central sindical a la que pertenecía el 80 por ciento de los trabajadores de Cataluña— fuese disuelta, y sus jefes fusilados. Bas advirtió que, a pesar de que la CNT había sido declarada ilegal hacía más de seis meses, continuaba funcionando en la clandestinidad y recibiendo con regularidad las cotizaciones de sus miembros; y en cuanto a los jefes sindicalistas, en lugar de fusilarlos, se sentía impaciente porque fuesen puestos en libertad y recobrasen el control de sus organizaciones.

Estaba igualmente convencido de que Seguí, Pestaña y demás dirigentes eran opuestos a los actos de terrorismo, pero que en aquellas circunstancias no podían contener a sus pistoleros. Procedió a desarticular la banda de Koenig, que había estado asesinado lo mismo a sindicalistas que a los patronos que resistían al chantaje, y emprendió de manera sistemática la solución de las nuevas huelgas que, entretanto, se habían declarado. Pero la Federación Patronal contaba, aparte de la banda de Koenig, con otros terroristas (uno de los cuales, en julio, lanzó una bomba en el Pompeya, café cantante atestado de trabajadores).

Y cuando el gobernador consideró justificada la más importante de las huelgas en curso, de los obreros del transporte, por no cumplir los patronos la ley que regulaba el horario del trabajo, la Patronal se negó a entrevistarse con él. Hubo una violenta escena entre Bas y el capitán general, Martínez Anido, y toda colaboración entre ellos se hizo imposible. Intervino el rey y el gobierno forzó a Bas a dimitir, y nombró gobernador civil a Martínez Anido con plenos poderes para aplicar las medidas que considerase necesarias, destinadas a poner término a los disturbios en Barcelona.

Los procedimientos elegidos por Martínez Anido no eran los legales, ni siquiera los empleados por la jurisdicción militar, tales como la detención arbitraria y el juicio sumarísimo ante consejo de guerra. No hacía mucho habían fundado los patronos un reducido sindicato obrero al servicio de sus intereses, al que dieron el nombre de Sindicato Libre, el cual abrigaba en su seno una crecida proporción de pistoleros. El jefe de policía de Martínez Anido, general Arlegui, reorganizó y armó a estos pistoleros y les entregó una lista de jefes sindicalistas a los que había que liquidar lo antes posible.

Durante las treinta y seis horas que siguieron, veintiún dirigentes sindicalistas cayeron en la calle asesinados. Otro de los métodos utilizados era la llamada ley de fugas: la policía detenía a un determinado sindicalista y en el trayecto a la comisaría lo asesinaba; en el parte del hecho se hacía constar que había tratado de escaparse Y un tercer procedimiento consistía en detener a obreros y ponerlos inmediatamente en libertad; una banda de pistoleros los estaba esperando en las cercanías de la puerta de la cárcel y disparaba sobre ellos antes de que pudieran llegar a los relativamente seguros barrios proletarios.

Como los atentados perpetrados por ambas partes (pues los sindicalistas tomaban severas represalias) aumentaban —en dieciséis meses cayeron asesinadas en las calles 230 personas— se extendió por Barcelona y toda España una ola de histeria. Cambó elogió la actuación de Martínez Anido. Pero los atentados continuaron, y en mayo de 1921, como represalia a la acción terrorista del gobernador civil de Barcelona, fue asesinado en Madrid el presidente del Consejo de ministros, Dato.

En el espacio de veinte años, Dato fue el tercer jefe de gobierno asesinado en venganza de atrocidades policíacas. Y hasta que el desastre de Marruecos debilitó el prestigio del ejército y fue posible verse libres de Martínez Anido, el terrorismo en Barcelona continuó e incluso empeoró. Su destitución, sin embargo, no puso fin al terrorismo, pues sus pistoleros ya no necesitaban quien los guiase y prosiguieron la guerra por su cuenta. En marzo de 1923, en Barcelona, cayó asesinado en la calle Salvador Seguí, y poco después, como represalia, el cardenal arzobispo de Zaragoza. No llegó a restaurarse la paz hasta el advenimiento de la Dictadura, con la prohibición tanto de los sindicatos anarcosindicalistas como de la Lliga y de todo vestigio de nacionalismo catalán; y al propio tiempo con la imposición obligatoria de comités paritarios de patronos y obreros, que tanto unos como otros rechazaban.

El desastre de Annual

El desastre de Marruecos fue el último episodio del viejo régimen parlamentario. El rey se hallaba ansioso de un éxito espectacular que le permitiera verse libre de una vez del Parlamento. Los lentos métodos de penetración política en el Rif le impacientaban, y se decidió a dirigir él mismo, por encima del Ministerio de la Guerra, las operaciones. Envió allí a Silvestre, un general de caballería, cuyo estilo brusco y temerario Alfonso XIII admiraba. Silvestre debía marchar al frente de su columna atravesando el Rif, desde Melilla, sobre Alhucemas: unos 64 kilómetros.

Se había calculado la fecha de su llegada para que coincidiera con el discurso que el rey habría de pronunciar con motivo del traslado solemne de los restos del Cid a la catedral de Burgos, lo cual coincidiría también con la festividad de Santiago Matamoros, el legendario patrón de España. Pero dos días antes de esa fecha (el 23 de julio de 1921) la columna de Silvestre, que había avanzado sin ninguna precaución, fue copada en Annual por la fuerzas rifeñas de Abd-el-Krim, mucho más reducidas.

Hubo diez mil muertos, cuatro mil prisioneros y cayeron en su poder todos los fusiles, ametralladoras, artillería y aviones. Raro fue el que consiguió escapar. El propio general Silvestre se suicidó. Una semana o dos más tarde, la posición fortificada de Monte Arruit tuvo que rendirse. Su guarnición, de unos siete mil hombres, fue exterminada y los oficiales, cargados de cadenas, guardados para el rescate. La misma Melilla se vio a punto de caer.

La comisión de investigación puso en claro que el avance había sido emprendido de la manera más imprudente, sin la necesaria preparación política y material. También se descubrió que al iniciarse la operación reinaba un estado de confusión e indisciplina; que muchos de los oficiales de mayor graduación habían abandonado en el campo sus unidades para asistir en Melilla a la apertura de un kursaal; otros se encontraban con permiso en Málaga, y que, por su parte, los aviadores dormían lejos de sus aparatos. Pero ciertas informaciones no pudieron hacerse públicas: por ejemplo, la carta del rey a Silvestre, encontrada según se dijo entre sus papeles, en la que le ordenaba Haz como yo te digo y no hagas ningún caso del ministro de la Guerra, que es un imbécil.

Se inició un interminable pleito. El país pugnaba por desenmascarar al rey; el rey por encubrir su responsabilidad; el ejército que también se sentía atacado, por proteger al rey. Al cabo pareció que el rey iba a salir perdiendo. Una nueva comisión informadora había terminado su tarea y se disponía a publicar su dictamen. Era de conocimiento público que según este informe la mayor responsabilidad recaía sobre don Alfonso. Faltaban doce días para que, reunidas las Cortes, lo discutieran. Pero una semana antes de que la comisión hiciera entrega de su dictamen (el 13 de septiembre de 1923), Primo de Rivera, el nuevo capitán general de Cataluña, se erigió en dictador.

Ya desde 1917, cuando la única solución legítima y honesta —convocar elecciones libres de diputados a Cortes— había sido rechazada por el rey y la casta de terratenientes que le apoyaba, llegó a hacerse evidente que una de las dos cosas eran inevitables: una dictadura militar, o una república. El terror sindicalista de Barcelona había reducido a la burguesía catalana al silencio, y aún más, a la transigencia. La responsabilidad directa del rey en el desastre de Annual, hacía ahora imposible toda dilación. Deben hacerse notar, sin embargo, dos circunstancias: la primera que el dictador tomó el poder con el consentimiento del ejército, pero no en su nombre; la segunda, que el rey, salvado por el dictador de una ignominiosa situación, se veía condenado a algo que le desagradaba en exceso: quedarse en una situación de segundo plano.

BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 107-136.