Uruguay Independiente

Índice

Introducción
Los primeros gobiernos
La guerra grande
La política de fusión
El militarismo
El régimen civilista
Batlle y el batllismo
Terra y el régimen colegiado

Introducción

Iniciaba el Uruguay su vida independiente, a la que le había preparado el cerrado federalismo de Artigas y su tenaz oposición a los gobiernos argentinos, pero que habían estado a punto de causar la incorporación definitiva del país al Brasil. Un hondo sentimiento de hostilidad a la soberanía brasileña coadyuvó a la insurrección iniciada por los Treinta y tres y le permitió triunfar con el apoyo del resto del Río de la Plata.

Pero el resultado había sido, no la incorporación a este, sino la erección de un nuevo Estado, pequeño en extensión, débil y que durante bastante tiempo seguiría siendo objeto de ambiciones e intervenciones de sus vecinos. Tampoco sería durante casi un siglo un país pacífico: no escaparía de la norma general en las noveles repúblicas hispanoamericanas, de desorden, revoluciones —meros motines—, militarismo, guerras civiles. Pero el país superaría esta larga crisis, gracias a una creciente prosperidad debida a su situación y otros factores geográficos y económicos y a la inmigración.

Los primeros gobiernos

Juan Antonio Lavalleja (1786-1853), jefe de la revolución de independencia, había constituido un gobierno provisional en la Florida el 14-VII-1825 y convocó elecciones para una Sala de Representantes, reunida en la misma población el 21 de agosto; tanto el gobierno provisional como esta asamblea (25-VIII) reconocieron la soberanía del gobierno argentino y la incorporación a las Provincias Unidas. La incorporación sin respetar la autonomía de la provincia era lo buscado por Rivadavia y los unitarios y en el Uruguay por hombres civiles, opuestos a los caudillos, que, al contrario, como Lavalleja, querían continuar la amplia libertad preconizada por Artigas. La asamblea, que coincidía más bien con la primera tendencia, obligó a Lavalleja a delegar el gobierno en Joaquín Suárez por una ley de 15-VII-1826.

Suárez concedió el ministerio único a Juan Francisco Giró; la asamblea abolió en parte la esclavitud y la trata, suprimió los cabildos municipales, pese a su arraigada tradición; afirmó las garantías individuales, reorganizó la Hacienda y dio otras reformas. Su espíritu unitario hizo que no pudiera continuar al caer este régimen en la Argentina en 1827 y Lavalleja disolvió la Legislatura el 4-X, asumiendo de nuevo el poder, y anulándose parte de las reformas realizadas.

Por el acuerdo de paz de agosto de 1828 se eligió una Asamblea Constituyente, reunida en San José el 22 de noviembre que elaboró la Constitución de 10-IX-1829, con régimen presidencialista, elección de presidente por la Asamblea, tres ministros, separación de poderes, dos cámaras (de Representantes y de Senadores, Alta Corte de Justicia, derechos y libertades individuales, religión católica oficial, régimen centralizado, sin autonomía municipal. Aprobada la constitución en 1830 por la Argentina y el Brasil, se juró el 18 de julio. La Sala al reunirse en 1828, había elegido gobernador interino a Rondeau, que dimitió, sustituyéndole Lavalleja el 17-IV-1830.

Rivera

El 24-X-1830 fue elegido primer presidente Fructuoso Rivera (don Frutos) (1778-1854), que había luchado al lado de Artigas, pero luego había reconocido y servido a la soberanía brasileña, hasta la revolución de 1825, en que se incorporó a la causa de la independencia. Era el típico representante del caudillismo rioplatense, de las tendencias anárquicas de la época revolucionaria y así del ídolo de los gauchos y de honda popularidad, eliminado Artigas con su confinamiento en el Paraguay. Enfrente había otro caudillo, Lavalleja, que le hizo oposición, basándose en que sus ministros, entre ellos Nicolás Herrera, habían servido a Portugal y Brasil, y acudió al pronunciamiento, sin éxito. La administración de Hacienda fue desordenada. Los charrúas se alzaron en 1830 y 1832 y Rivera los reprimió, disminuyendo mucho ese pueblo.

Oribe

En 1835 terminó Rivera su periodo, aunque encargándose de la Comandancia General de la Compañía, y le sucedió Manuel Oribe (1790-1857), de tendencia más conservadora, y de respeto a la autoridad, de continuidad de la tradición colonial, que suprimió el cargo de Rivera, el cual menoscaba su autoridad. Se sublevó este, pero fue vencido.

Aparecieron entonces los nombres de los dos partidos que desde entonces se han disputado el poder en el Uruguay: los «blancos» o conservadores y los «colorados» o liberales. Oribe y su gobierno pusieron orden en la Hacienda, organizaron el Libro de la Deuda Pública y la Caja de Amortización y redujeron el ejército. En 1835 se prohibió la trata de negros y en 1838 fue reprimido el fuero personal.

Rebelado de nuevo Rivera, con el apoyo de las gentes de Río Grande en el Brasil, y de la escuadra francesa, que bloqueaba Buenos Aires contra Rosas, privado del apoyo de este tuvo que renunciar Oribe en 1838. Aún no se había firmado un tratado definitivo de paz y la situación internacional del Uruguay era algo precaria; Giró no consiguió ni el reconocimiento por España ni un tratado de comercio con Inglaterra. El Brasil exigía una alianza y amenazó con su derecho de intervención si lo hacía Rosas (1838).

La guerra grande

El Uruguay acabó por ser arrastrado a complicaciones exteriores en relación con las internas. Rivera, de nuevo presidente, se unió a los argentinos unitarios de Lavaye, que combatían a Rosas y con la escuadra francesa citada. Se alió con la provincia de Corrientes y declaró la guerra a Rosas (III-1839), quien reconoció como presidente legal a Oribe.

La guerra se corrió en la Argentina a varias provincias en 1824 y en ese año fue derrotado Rivera por Oribe en Arroyo Grande, el segundo sitio de Montevideo desde febrero de 1843. La guerra duró diez años (laNueva Troya) y el país quedó dividido en dos partes: la mayor parte que obedecía a Oribe y a su gobierno de El Cerrito, sobre todo después del triunfo de India Muerta (1845), y la capital defendida por el unitario argentino José María Paz y que con el mar libre podía no solo resistir, sino incluso prosperar.

Hasta se inauguró la Universidad en 1848. Brown intentó bloquear Montevideo, impidiéndolo las flotas extranjeras. En 1845 Rosas cerró la navegación de los ríos, pero la flota franco-inglesa rompió el bloqueo del Paraná en el paso de Obligado, y el famoso revolucionario y aventurero italiano Garibaldi, con su legión al servicio de Rivera, abrió la navegación del río Uruguay. La ciudad estaba llena de extranjeros, que hacían sus negocios a pesar de la anormal situación. Era refugio de los unitarios e intelectuales argentinos, enemigos de Rosas.

Cesó Rivera constitucionalmente en 1843, sucediéndole Joaquín Suárez. Desterrado después de su derrota, regresó en 1846 y aunque siguió Suárez, se hizo cargo del ejército y puso fin a la actividad de la Sociedad Nacional, de tendencia civilista y liberal y opuesta a su caudillismo; por haber entablado negociaciones con Oribe fue de nuevo desterrado (1847).

Oribe a su vez, organizó el gobierno del Cerrito, con su ministerio y la Asamblea general (1845) y demás organismos, siendo obedecido en todo el territorio menos en la capital. Para poner fin a esta rarísima situación, el gobierno de Montevideo envió al jurista y escritor argentino refugiado Florencio Varela (1807-1848) a Europa, para pedir ayuda a Inglaterra y Francia, sin éxito.

Brasil se había aliado con Rosas contra Rivera (1843), pero al dictador argentino no le interesó luego, y teniendo el Brasil su influjo en el Uruguay, solicitó la intervención de aquellas potencias, con la intervención armada mencionada; Rosas, sin embargo, se mantuvo con dignidad frente a ellas y en 1849 y 1850 llegó a un acuerdo que conservaba la soberanía argentina sobre los ríos y hacia levantar el bloqueo.

En 1851 Andrés Lamas firmó unos tratados con el Brasil, de alianza perpetua, que preveía su intervención en el Uruguay, mejoraba su frontera y le daba grandes ventajas económicas; Suárez ratificó por sí el tratado, pese a la resistencia de la Asamblea; por otra parte el ministro Manuel Herrera y Obes llegó a un tratado con Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y ambas alianzas permitieron acabar con el gobierno de Oribe, que se retiró de la lucha y de la política y con los suyos se hizo la paz el 8-X-1851, reunificándose el Uruguay. Urquiza prosiguió la lucha contra Rosas al que derrotó en Monte Caseros, poniendo fin a su dictadura (1852). Rivera en 1842 había abolido la esclavitud, lo que también hizo y amplió el gobierno del Cerrito en 1846.

La política de fusión

Se intentó una paz sin vencedores ni vencidos y de fusión de los partidos; se eligió una Asamblea General, la cual eligió presidente a Giró, del partido blanco, que había colaborado en el gobierno del Cerrito; hombre recto y partidario de la ley y de la juridicidad (1852); logró algunas ligeras rectificaciones a los tratados con el Brasil y quiso gobernar con hombres de ambos partidos. El partido colorado se reconstituyó en su núcleo adicto a principios, más que a caudillos, por obra de Juan Carlos Gómez y con el nombre de partido conservador, tendencia que se llamaría principismo.

Un motín promovido por el coronel colorado Venancio Flores (1803-1868) derribó a Giró (1853) y quiso formar un triunvirato con Lavalleja y Rivera, quien había seguido desterrado en el Brasil después de la paz por una reacción contra el caudillismo. Pero la muerte de los dos últimos dejó pronto solo a Flores, quien legalizó su posición por una Gran Asamblea de ambas cámaras, y se sostuvo por una intervención militar brasileña en virtud de los mencionados tratados.

Pero Andrés Lamas desde Río de Janeiro publicó un encendido manifiesto contra el caudillismo y contra los dos partidos, que carecían de ideales, exhibía el atraso del país y propugnaba un buen gobierno y un partido de unión y de vida constitucional normal. Se formó este, la Unión Liberal (1855) y se hizo caer a Flores. Pero este se unió con Oribe, recién vuelto, y ambos caudillos reaccionaron contra los intelectuales y juristas de la Unión liberal, por el Pacto de la Unión, aunque ambos renunciaron a la presidencia en favor de Gabriel Antonio Pereira (1856), quien, no obstante, trató de realizar una política de conciliación y de fusión de los partidos, tendencia que, como se ha visto, venía manifestándose con insistencia, y formó el llamado partido nacional.

La muerte de Oribe (1857) favoreció esa fusión. Pero el conservador o colorado se sublevó, siendo vencido y el jefe del pronunciamiento César Díaz y varios oficiales fueron fusilados en Quinteros (I-1858), lo que no perdonó su partido, achacándoselo al blanco. En 1859 Lamas firmó con el Brasil y la Argentina, un tratado de neutralización del Uruguay, garantizándose su independencia e integridad, pero que en realidad limitaba su soberanía y lo colocaba bajo el influjo de aquellas naciones.

En 1860 subió a la presidencia Bernardo P. Berro, que mantuvo una estricta neutralidad en el conflicto entre Buenos Aires, gobernado por Mitre, y el resto de la Confederación; respetuoso de la ley quiso impedir el resurgimiento de los partidos y protegió la sinceridad del voto; mantuvo rígidamente ante a la Iglesia el derecho de Patronato, que juzgaba poseía el Estado como heredero del español, y logró imponer su criterio; su gobierno reorganizó el ejército, arregló la Deuda, introdujo el sistema métrico y se mantuvo digno ante las reclamaciones extranjeras.

Venancio Flores

No pudo evitar Berro otra insurrección de Flores, con el pretexto de las ejecuciones de Quinteros y de los agravios a la Iglesia, apoyado por el Brasil y la Argentina, esta por la ayuda de Flores a Mitre (1863). Triunfó con ayuda de tropas y buques brasileños en 1865 sobre el nuevo presidente Anastasio Aguirre, distinguiéndose las defensas leales de Florida y Paysandú (1864). Aguirre había intentado una alianza con el Paraguay para defenderse de sus vecinos y luego una garantía de independencia por parte de las potencia europeas —incluso España—, sin resultado.

Venancio Flores, Uruguayan president, c.1865.Venancio Flores, 1865.

Por el apoyo recibido de la Argentina participó Uruguay en la guerra del Paraguay, mediante la adhesión a la Triple Alianza con aquella y el Brasil (1-V-1865), cuando el dictador Francisco Solano López atacó a estas dos naciones. López había protestado contra la ayuda argentina a Flores en su anterior campaña y luego contra la invasión brasileña en el Uruguay en defensa del mismo y como ataque al equilibrio del Plata y a la seguridad del Paraguay (30-VIII-1864).

Flores dirigió las tropas uruguayas que participaron en la lucha, regresando en 1866. Durante su gobierno se promulgaron los Códigos Civil (1868) y de Comercio (1866). Las tropas uruguayas participaron en varias batallas de aquella sangrienta contienda, como Yatay (1865), Estero Bellaco (1866), donde fue derrotado Flores; Tuyutí y Boquerón. Elegida otra Asamblea, Flores traspasó la presidencia al candidato elegido por ella, Pedro Varela, pero estalló una revolución de los blancos, dirigida por Berro, siendo asesinado Flores (19-II-1868) y también Berro.

El militarismo

A quien se eligió ahora fue el colorado moderado Lorenzo Batlle; quiso hacer frente a la inflación promovida por los blancos, prorrogando el curso forzoso de sus billetes, pero prohibiendo nuevas emisiones. En 1870 se sublevó el partido blanco pidiendo participación en el poder, del que le privaba el exclusivismo del gobierno. La guerra civil duró hasta la paz de abril de 1872, ya dimitido Batlle, que admitió la coparticipación.

Se renovaron los partidos, surgiendo el radical, de carácter muy liberal, y el Club Nacional, con programa más práctico y con vista a la mejora de la administración y el fomento de la prosperidad. Ambos se mostraban opuestos al caudillismo, agrupaban a sus respectivos principistas y resultaban demasiados doctrinarios en su liberalismo, sin atención a los intereses materiales. Elegidas las nuevas cámaras con más calor que hasta entonces elevaron a la presidencia al principista José Ellauri (1873), que cayó por un pronunciamiento que desterró el principismo y abrió una etapa militarista, ratificándose, sin embargo, el acuerdo de coparticipación mencionado (1875).

Se eligió presidente a Pedro Varela (1875), contra quien estalló una revolución principista, cuya principal figura fue Manuel Herrera y Obés y en la que participaron elementos de ambos partidos, mientras Lamas apoyaba a Varela e intentó crear un Banco Nacional; fracasó el movimiento ante la eficacia del ejército regular, que anulaba la vieja influencia de los caudillos y la táctica de la montonera (1875). Pero se desprestigió el gobierno de Varela por una crisis económica, que le hizo derribar por el general Lorenzo Latorre (1876), que inauguró abiertamente la etapa militarista. Gobernó dictatorialmente y restableció el orden persiguiendo el bandidaje.

Con una nueva ley electoral, que no introdujo la proporcionalidad como proyectó una comisión designada para elaborar aquella, se eligió una Asamblea que confirmó legalmente a Latorre (1879); José Pedro Varela llevó a cabo la reforma escolar. Dimitió Latorre en 1880 y le sucedió algo después el coronel Máximo Santos (1882), habiendo llevado aquel a cabo una intensa labor de reformas y mejoras administrativas, como el registro civil, la implantación de jueces letrados en lugar de los alcaldes, el código procesal (1878), la Dirección de Agronomía y logró la erección del obispado de Montevideo; se implantó la enseñanza gratuita y obligatoria, según las directrices de P. J. Varela, pero no laica. Había acabado con el poder del caudillismo rural y consolidado un poder único.

Santos gobernó en forma militarista y apoyándose en los colorados; realizó una política anticlerical, con el matrimonio civil obligatorio y la limitación de conventos y anulación de valor de los votos monásticos. Se concedió cierta autonomía a la universidad —que abarcaba también a la enseñanza secundaria—; unificó las deudas exteriores y consagró oficialmente a Artigas como el héroe nacional, pero fue desordenada la administración de la Hacienda.

Venció una revolución, la de Quebracho, procedente de la Argentina (1886), pero que dejó simpatías. Le sucedió el general Máximo Tajes (1886), iniciándose con su elección la crisis del militarismo, realizada por su ministro Julio Herrera y Obes y resurgiendo el influjo del principismo. La tranquilidad reinante impulsó el progreso económico, fundándose el Banco Nacional, que fracasó, y creándose nuevas empresas, varias por obra del español Emilio Reus; y se consolidó una política proteccionista.

El régimen civilista

Le sucedió a Tajes Julio Herrera y Obes (1890), principista y colorado, pero escéptico hacia la democracia, por lo que impuso oficialmente el influjo del gobierno en las elecciones y mantuvo el dominio absoluto del partido triunfante; sin embargo, respetó las libertades, especialmente la de prensa. Pero sufrió el país una grave crisis económica, empeorada por calamidades naturales, que contribuyeron a su desprestigio.

En 1894 fue elegido Juan Idiarte Borda, asimismo colorado, que realizó una intensa labor material, especialmente en obras públicas. Contra él estalló una revolución nacionalista, por no practicarse la coparticipación, y durante ella pereció Idiarte en un atentado (1897). Su sucesor provisional, Juan Lindolfo Cuestas, pactó en el paso de la Cruz con los sublevados (18-IX) y se acordó introducir la representación proporcional y, por tanto, la de las minorías en las elecciones.

Como la Asamblea se oponía, fue disuelta y un Consejo de Estado nombrado por Cuestas y con ministros de los partidos colorado, nacionalista y constitucional redactó la ley pertinente que introdujera aquella anhelada reforma, por la que se venía luchando hace mucho tiempo, y la nueva Asamblea ratificó la presidencia de Cuestas. Pero la consecuencia real fue la división de hecho en dos gobiernos, ya que el blanco Aparicio Saravia vino a quedar como dueño de la campiña.

Al comenzar el s. XX el Uruguay había superado una larga etapa de desorden e inestabilidad, como otros países hispanoamericanos, y a pesar de los pronunciamientos de años anteriores, se encaminaba a una mayor regularidad, una vez que se había conseguido la proporcionalidad y se había anulado el peso de la mayoría absoluta.

Se habían promulgado a lo largo de la segunda mitad del s. XIX los diversos nuevos códigos, se había hecho más fluida la propiedad y reducido el tono feudal de las grandes estancias; se había puesto la justicia en manos de letrados, aumentando el número de ministerios, uniéndose a los tres primitivos los de Relaciones Exteriores, separado del de Gobierno y el de Fomento, luego dividido en los de Obras Públicas e Industrias y el de Trabajo e Instrucción; se había acabado con los privilegios de los extranjeros; pero seguía rigiendo la misma constitución de 1830, caso poco frecuente.

El país había prosperado mucho, desarrollado su economía, construido vías de comunicación, recibido una fuerte inmigración, en especial de italianos y españoles, y la población se acercaba ya al millón de habitantes, desde lo 74.000 calculados del momento de la independencia (438.000 en 1879). De 1853 a 1890 inmigraron desde Europa 395.000 seres. La población extranjera llegó a tener un alto porcentaje, en algunos momentos el 10% del total. De este modo se desarrollaron sectores sociales medios, que superaron a las antiguas clases y al predominio del campo, siempre inclinado al desorden.

Batlle y el batllismo

En 1903 fue elegido presidente José Batlle y Ordóñez (1854-1929), hijo de Lorenzo Batlle, del partido colorado, hombre culto, laico y avanzado y que proyectaba reformas democráticas. Quería la actuación política de las masas y no solo de las minorías. De larga actividad política, había sido presidente del Senado. Al ascender a la presidencia, siguió la política de coparticipación, pero el partido nacionalista, no obstante, se lanzó a una rebelión armada dirigida por Aparicio Saravia, con numerosas adhesiones; triunfó el gobierno y pereció Saravia (1904).

José Batlle y Ordóñez, ideólogo del Batllismo.José Batlle y Ordóñez, ideólogo del Batllismo.

La idea de la revisión de la constitución y de la implantación de la proporcionalidad se iba abriendo camino. En esta primera etapa Batlle fomentó la educación y creó nuevos centros. Le sucedió Claudio Williman (1907), con un gobierno solo colorado, bajo el cual se creó la Alta Corte de Justicia (1907), las intendencias municipales y se aumentó la representación de las minorías. Con el Brasil se consiguió participar en la navegación del río Yauguarón y de la laguna Merim, que era exclusiva de aquel desde 1851.

Reelegido Batlle en 1911, llevó a cabo una serie de grandes reformas de tipo avanzado dando preferencia a las de carácter social, aumentando la intervención del Estado sobre el excesivo individualismo predominante en la política del país en el s. XIX. El ideal de Batlle era el Ejecutivo colegiado, en lugar del amplio poder del presidente. Logró evitar el difícil proceso revisionista de la constitución de 1830 y fue elegida una Convención Nacional, que resultó opuesta a tal reforma, mientras que las cámaras eran partidarias de ella; pero mediante una transacción, se elaboró la constitución de 1918, promulgada por el sucesor de Batlle, Feliciano Viera (1915-1919).

Se conservaba el presidente, pero a su lado, lo administrativo era del dominio de un Consejo Nacional de Administración electivo, de nueve miembros, renovable por dos tercios cada dos años y con representación proporcional. Se conservaban las dos cámaras. El gobierno local se confiaba a Asambleas representativas y Consejos de administración, con amplia autonomía; se introducía el sufragio universal y secreto y la representación proporcional. Quedaba la iglesia separada del Estado. Luego se creó la Corte Electoral para velar por las garantías del voto. El sistema resultó en la práctica complicado, pesado y lento, fragmentado y con dos poderes ejecutivos, aunque buscaba un equilibrio de fuerzas y la fiscalización de la mayoría por la minoría.

Batlle, por sí o por su sucesor, dio numerosas leyes sociales: accidentes del trabajo, jornada de ocho horas, pensiones a la vejez, jubilaciones de empleados públicos, descanso semanal, consejo de protección de menores, etc. Socialismo no doctrinario que colocó al Uruguay en posición de adelanto en reformas sociales sobre casi todos los demás países.

Creó el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, introdujo el divorcio por voluntad unilateral de la mujer, fundó nuevos centros culturales y desenvolvió una política de intervención estatal, como la nacionalización de los Bancos de la República e Hipotecario, centrales eléctricas oficiales y la administración de vías de comunicación y del puerto de la capital. Así llevó a término su ideal de la triple democracia: política, económica y social.

El Uruguay intervino en la primera guerra mundial a lado de los Estados Unidos. El nuevo sistema permitió por breve tiempo el predominio colorado, al elegirse presidente del Consejo Nacional al jefe del partido blanco o nacional, Luis Alberto de Herrera (1925-1927). La división del colorado en las elecciones a las Cámaras —no para la presidencia o el Consejo— permitía una mayoría nacional en ellas.

A Batlle —muerto en 1929—, una de las más importantes personalidades del liberalismo hispanoamericano, sucedieron en la presidencia hombres de sus ideas que continuaron el batllismo, Viera, Baltasar Brum (1919), José Serrato (1923) y Juan Campisteguy (1927). El régimen parecía funcionar normalmente y el número de votantes aumentó enormemente, encauzando las energías que antaño se vertían en luchas civiles.

Terra y el régimen colegiado

Elegido el colorado Gabriel Terra en 1931, la crisis mundial afectó al país, se acentuaron las divergencias entre los diferentes organismos estatales y se pensó en una reforma. Terra dio un golpe de Estado en 1933, asumiendo la dictadura, disolvió la Asamblea y el Consejo, y convocó una Convención que dio otra constitución en 1934, de acuerdo con Herrera y su partido.

Establecía la presidencia y un Consejo de ministros —no el anterior Consejo— responsable ante el Parlamento, presidido por el presidente de la República y compuesto de miembros de ambos partidos, manteniéndose parte de la colegialidad anterior; se conservó la bicameralidad, pero con menor proporcionalidad que antes, y se disminuyó la autonomía local. Se crearon el Tribunal de lo Contencioso, el de Cuentas y el Consejo de Economía. La reforma de la constitución se haría por plebiscito. Se suspendieron las nacionalizaciones. Este régimen se llamó marcista.

A Terra sucedió el general Alfredo Baldomir (1938-1943), que en 1941 dio otro golpe, apoyado por los Estados Unidos, llegando al poder una coalición izquierdista, disolviendo las Cámaras y que hizo reformar la Constitución, reforzando la autoridad presidencial y volviendo a la proporcionalidad en el Senado. En su tiempo el Uruguay entró en la segunda guerra mundial al lado de los Estados Unidos.

Se sucedieron varios presidentes regularmente, hasta que durante el mandato de Andrés Martínez Trueba, por un pacto se reformó de nuevo la constitución en 1951, llegándose al ideal proyectado años atrás de suprimir la presidencia de la República, sustituyéndola por un Consejo Nacional de gobierno, de nueve miembros, elegidos directamente por el pueblo por cuatro años, seis por la mayoría y tres por la minoría, comenzando el nuevo sistema en 1952. Continuaban el Consejo de ministros y las dos Cámaras.

Con estas reformas, una avanzada legislación social, con toda clase de seguros y asistencias, la nacionalización de todos los servicios públicos y de otras muchas empresas, el Uruguay parecía un país modelo, una democracia ejemplar y se le llamaba la Suiza de Sudamérica; el analfabetismo había bajado a un 18%. El nivel era alto.

En 1958 las elecciones dieron por primera vez el triunfo a una mayoría blanca, tras noventa años de gobierno colorado, logrando Herrera esta satisfacción poco antes de su muerte, y de nuevo se repitió el éxito en 1962, lo que permitió elegir un Consejo de seis miembros blancos y tres colorados. En agosto de 1961 se reunió en Punta del Este, en territorio uruguayo, la Conferencia económica y social de la O. E. A. y el presidente norteamericano Kennedy presentó allí su plan de Alianza para el Progreso y se adoptó la llamada Carta de Punta del Este. En el mismo lugar se reunió en enero la Conferencia de Cancilleres, que acordó, con oposición de varios países, la exclusión de Cuba de la O. E. A. por el carácter del régimen castrista.

Las elecciones del 27-XI-1966 dieron otra vez el triunfo al partido colorado y se suprimió el Consejo Nacional de Administración, volviéndose al régimen de presidencia, eligiéndose presidente a Oscar Gestido (15-II-1967). pero el país no goza de plena tranquilidad y existe bastante agitación obrera.

EZQUERRA, Ramón, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg. 2ª edición. Ed. de la Revista de Occidente, 1969, tomo N-Z, págs. 866-871.