Enero 1978, mes trágico

A finales del año 1977, nadie es España albergaba ya la menor duda de que el Gobierno y la oposición estaban embarcados en un proceso de acercamiento recíproco, fue entonces cuando empezó a ponerse de moda la palabra consenso. Con todo, el clima de acercamiento y pacto no escrito que hacía avanzar al país hacia un futuro que podía preverse libre y pacífico se veía constantemente golpeado por sucesos que amenazaban por hacer saltar por los aires el camino trabajosamente recorrido.

El domingo 23 de enero, en el transcurso de una manifestación convocada en Madrid en demanda de una mayor amnistía, un estudiante cayó muerto por los disparos efectuados por un miembro del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente, cuando el país todavía estaba sobrecogido por esta muerte, se conocía una noticia de máxima gravedad: el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre) había secuestrado al teniente general Emilio Villaescusa, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Si con el secuestro de Oriol había sido golpeado el sector del inmovilismo franquista, esta vez lo había sido el ejército. Se trataba sin ningún género de dudas, de una provocación para que los militares abandonasen la posición de neutralidad que habían mantenido hasta ese momento.

El mismo día 24 murió otra estudiante, María Luz Nájera, a causa del golpe recibido en la cabeza por un bote de humo lanzado por la policía contra los manifestantes que protestaban en Madrid por la muerte, el día anterior del joven Arturo Ruiz. Pero la noticia que sumió a toda España en una mezcla de horror y miedo fue el asesinato múltiple que tuvo lugar aquella noche: nueve personas que trabajaban en un despacho de abogados laboralistas vinculados al (Partido Comunista de España) y (Comisiones Obreras), cayeron acribilladas a balazos por dos pistoleros ultraderechistas; de ellas, cinco murieron en el acto y las otras cuatro resultaron gravemente heridas. Era evidente para todos que el país entero estaba siendo víctima de un intento de sabotaje que, desde los dos extremos de la locura política, intentaba acabar con el proceso de transición. Pese a todo la serenidad se mantuvo en todos los sectores golpeados. A las pocas horas de los últimos asesinatos, la oposición democrática hizo público un comunicado.

Ante la gravedad de los últimos sucesos y el riesgo creciente de que la violencia incontrolada se apodere del país, los representantes de las fuerzas políticas abajo firmantes se dirigen a la opinión pública española en un llamamiento a la responsabilidad y la serenidad de todos y manifiestan su coincidencia en la ineludible necesidad en llegar en el más breve plazo a una democracia pluralista plena a través de elecciones libres.

El miércoles 26 tuvo lugar el entierro de tres de los abogados asesinados en la calle Atocha. Las negociaciones entre el Colegio de Abogados y el Gobierno se habían prolongado durante todo el martes en medio de una enorme tensión. El órgano de gobierno de los abogados quería abrir en su sede la capilla ardiente y el (Partido Comunista de España) quería que el cortejo fúnebre saliera del Colegio. El presidente y sus ministros por su parte, temían que el entierro se convirtiera en escenario de una tragedia sangrienta. Sin embargo, Suárez decidió dar confianza al (Partido Comunista de España) y acceder a sus peticiones.

Lo que sucedió a continuación fue una escena impresionante: la salida de los féretros desde la sede del Colegio de Abogados se hizo en medio de un silencio absoluto y de un mar de puños cerrados que se alzaban sin un grito al paso de los cuerpos. Era, además, de una formidable manifestación de duelo, una demostración de poder, de contención y de serenidad. En opinión del ministro Martín Villa, fue un acto ejemplar [que] hizo que el (Partido Comunista de España) se ganara la respetabilidad por parte de muchos, y en gran medida también, la legalización algunos meses después.

Cuarenta y ocho horas después, el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre) —que mantenía aún secuestrados a Oriol y Villaescusa— asesinaba a dos miembros de la Policía Armada y a un guardia civil y dejó gravemente heridos a otros tres guardias civiles en dos atentados cometidos a primeras horas de la mañana del viernes 28 de enero en sendas sucursales de la caja Postal de Ahorros en Madrid. El Gobierno, reunido en sesión extraordinaria por la tarde de ese mismo día, decidió no implantar el estado de excepción, pero sí suspendió durante un mes dos artículos del Fuero de los Españoles para permitir que las detenciones se pudieran prolongar durante un plazo mayor que el legalmente establecido y para que, tanto las detenciones como los registros de domicilios, no precisaran durante ese periodo de autorización judicial.

El sábado 29, por primera vez en la historia de España, los periódicos de todo el país publicaron un editorial conjunto bajo el título Por la unidad de todos, en el que se hacía un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas y sociales. Pero esa misma día, en la explanada del hospital militar Gómez Ulla, durante la celebración de las honras fúnebres por los policías y el guardia civil asesinados, la tensión alcanzó unos niveles que rayaban la categoría de rebelión militar contra el Gobierno.

El balance de aquella semana trágica fue el de diez personas asesinadas, quince heridos muy graves, dos secuestros de Estado y una tensión política y una angustia social indescriptibles. Sin embargo, a pesar de esa espiral de sangre y locura, la clase política y la sociedad entera hicieron un enorme esfuerzo de serenidad. El 11 de febrero la policía logró liberar a Antonio Oriol y al general Villaescusa, secuestrados por el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre). Con esa buena noticia, el país dejaba atrás el momento de mayor amenaza para el proyecto democratizador por el que los españoles habían apostado. De hecho, lejos de contribuir a los propósitos que perseguían los que buscaban paralizar el proceso reformista, los trágicos días vividos durante los meses de diciembre y enero no hicieron sino acelerar el proceso de negociación y acentuar la voluntad de consenso entre el Gobierno y los representantes de la oposición democrática.

Legalización del PCE

El 8 de febrero, con la modificación por decreto-ley de la Ley de Asociaciones Políticas, el Gobierno dejaba de intervenir en el proceso de legalización de los partidos y su posible declaración de legalidad o ilegalidad quedaba residenciada en el Tribunal Supremo. A finales del mes de febrero, todos los grandes partidos políticos del país estaban inscritos y legalizados; todos salvo el PCE, que de momento permanecía fuera del sistema. Adolfo Suárez se negaba a recibir en la sede de presidencia a un miembro de ese partido, por mucho que este formara parte de la Comisión de los Nueve.

Por entonces ya estaba meridianamente claro que, aunque todos los partidos apoyasen la legalización del PCE, cada formación política iba a centrar sus esfuerzos en la defensa de sus propios intereses. Consciente de la realidad, la formación comunista presentó el 11 de febrero en el Registro de Asociaciones sus Estatutos, tan asépticos como los de una sociedad anónima —en palabras del entonces vicepresidente Alfonso Osorio—, perfectamente blanqueados y adecuados a las exigencias políticas del momento. Llegados a este punto, a Carrillo no le quedaba ya más baza que intentar verse a solas con el presidente del Gobierno.

Finalmente, el 27-II-1976, gracias a la intermediación de José Mario Armero, Suárez y Carrillo celebraron en el más absoluto secreto un encuentro trascendental; solo tres personas conocían la reunión: el rey, que ofrecía su pleno apoyo al presidente; Torcuato Fernández-Miranda, que la consideraba una auténtica temeridad, y Alfonso Osorio, que la creía arriesgada. La entrevista, que tuvo lugar en la casa que Armero tenía en las afueras de Madrid y a la que asistieron exclusivamente los dos protagonistas y el propio Armero, se prolongó durante siete horas. El presidente del Gobierno reconoció a Carrillo que una auténtica democratización requería legalizar al PCE, pero subrayaba que eso no estaba totalmente en sus manos.

Suárez sugería al líder comunista que concurriesen a las elecciones como independientes. Carrillo se negó a ello, pero, a cambio, tranquilizó a Suárez en el sentido de que su partido nunca sería un obstáculo para la consolidación de la monarquía, si esta amparaba una democracia auténtica. No hubo acuerdos, no hubo pactos; sin embargo, este encuentro fue importante.

Yo estaba convencido —recordaba Suárez años más tarde— de que no podía permitirme no legalizar el Partido Comunista. Pero hacía falta que el PCE garantizara, a su vez, la tranquilidad, mantuviera la calma y no reaccionara con agresividad.

Por su parte, Carrillo explicaba:

Yo salí convencido de que Suárez quería de verdad un sistema democrático y que estaba dispuesto a jugárselo todo por lograrlo.

A partir de aquel día todo sucedió de forma muy rápida en España: el 4 de marzo quedaba regulado por decreto-ley el derecho de huelga, el cierre patronal y el despido; el 11 de marzo el Gobierno aprobaba un nuevo indulto que afectaba por primera vez a los presos acusados de actividades terroristas; el 18 de marzo, también por decreto-ley, se aprobaban las normas por las que habían de regirse las próximas elecciones y el sistema electoral: para el Congreso, un sistema proporcional corregido por la ley de D'Hondt y con listas cerradas y bloqueadas, y para el Senado, un sistema mayoritario, también corregido, para permitir la presencia de las minorías en la Cámara Alta; el 30 de marzo las Cortes aprobaban la nueva Ley Sindical, con lo que quedaban legalizadas, entre otras Organizaciones, UGT, CCOO y CNT, y el 1 de abril el Gobierno disolvía el Movimiento Nacional y daba la orden de que, en el plazo de una semana, desaparecieran de los edificios públicos el yugo y las flechas, los emblemas del Movimiento. Ese mismo día el Tribunal Supremo comunicaba al Gobierno que se inhibía en el caso de la legalización del Partido Comunista, de manera que la responsabilidad acerca del destino del PCE volvía a estar en el terreno del Gobierno y, más concretamente, en manos de Adolfo Suárez. Y el presidente tomó la decisión:

Todos los que estábamos trabajando en la línea de llegar a la convocatoria de unas elecciones generales libres que permitieran el renacimiento de la democracia en nuestro país, todos sabíamos que se iba a legalizar al PCE. Lo queríamos hacer en el momento en que fuera menos traumático para el país (...). Por lo tanto, la decisión la toma el presidente del Gobierno, pero la toma con el conocimiento de sus ministros y con su apoyo, naturalmente. Y se lo comunicó al rey.

El sábado 9 de abril, en plena Semana Santa, después de que la Junta de fiscales hubiera dictaminado ese mismo día que no se desprende ningún dato que determine de modo directo la incriminación del expresado partido (el PCE) en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción, el Gobierno hizo público un comunicado en el que anunciaba que el PCE había sido legalizado e inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas. Nadie en España, ni siquiera la mayor parte de los ministros del Gobierno, mucho menos en Sábado Santo. El impacto que produjo en el país fue enorme, y la conmoción, general.

Santiago Carrillo se hallaba en Cannes (Francia), en casa de Teodulfo Lagunero, adonde se había marchado siguiendo la indicación del propio Suárez: es más, una vez conocida la noticia de la legalización del PCE, este pidió a Carrillo que emitiera un comunicado en el que le atacara: en ese momento necesitaba imperiosamente dejar constancia de la enorme distancia política que separaba al presidente del secretario general del PCE. Y Carrillo así lo hizo. También le pidió moderación entre la militancia, y así sucedió.

Sin embargo, la legalización del PCE provocó una crisis de dimensiones dramáticas en el seno de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, Pita Da Veiga, presentó su dimisión irrevocable y el gobierno no consiguió que ningún marino de alta a graduación en activo se mostrara dispuesto a asumir la cartera. Los mandos militares se sentían traicionados por el presidente del Gobierno, que en septiembre les había asegurado que el PCE no tendría sitio en la legalidad española. En los cuarteles las reuniones se sucedieron a todos los niveles, pero la más grave fue la que tuvo lugar en Madrid el martes 12 de abril en el Consejo Superior del Ejército y a la que asistieron los más altos responsables del Ejército y de la Guardia Civil.

La posibilidad de que el ejército tomara las calles no fue durante esos días una exageración, sino una hipótesis muy real. El día 14 de abril, mientras el rey se aplicaba a aplacar los ánimos indignados de los mandos castrenses —el citado día 12 habían redactado un comunicado en el que advertían que el Ejército se compromete a, con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria y la Corona—, el presidente del Gobierno enviaba a Carrillo, de nuevo a través de Armero, otra petición, esta absolutamente perentoria. Ese mismo día, aniversario de la proclamación de la II República, el líder comunista

Son peticiones necesarias —recordaba Armero— para poder mantener la paz en aquellos momentos. .. en los que hay una sociedad y sobre todo, un ejército, que está en una posición enormemente negativa. Hay que intentar tranquilizar, pacificar aquello. Por eso yo, de acuerdo con Suárez, hago la petición de que se tomen unos acuerdos que sirvan para seguir viviendo en paz. Pido la aceptación de la bandera, de la monarquía y de la unidad de España.

Poco después, ante el asombro de los 180 miembros del Comité Central del PCE, el secretario general partido se puso en pie y explicó que todo lo conseguido hasta el momento podía venirse abajo en apenas unas horas si no daban de inmediato el paso a lo que se les proponía. Fue así como, en apenas unos minutos después —ya 15 de abril—, el PCE aprobaba el reconocimiento del bandera borbónica, roja y gualda, de la monarquía y de la unidad de España. Ese día quedó claro que no solo el Gobierno y las fuerzas moderadas, sino también la izquierda comunista, pagaban un alto precio a cambio de que la reconciliación nacional dejara de ser una suma de palabras para convertirse en una realidad.

Los periódicos españoles, por segunda vez en cuatro meses volvieron a publicar un editorial conjunto: No frustrar una esperanza; sólo ABC y El Alcázar se negaron a suscribirlo. Pero ese día 15, cargado de acontecimientos, aún sucedieron dos cosas más, ambas de gran importancia, aunque de distinto calado. Por una parte, el Gobierno encontró por fin a un almirante dispuesto a ocupar la cartera de Marina; Pascual Pery Junquera. Por otra parte, el Consejo de Ministros hizo pública la convocatoria de elecciones generales para el 15 de junio.

Elecciones generales de VI-1977

Los dos meses que transcurrieron entre la convocatoria de elecciones y su celebración fueron de una actividad frenética por parte de los partidos políticos. Los socialistas apuraban los pactos con los pequeños grupos que aún no se habían sumado al PSOE. A la altura del mes de mayo, aunque la unidad completa que Felipe González había planteado como una de sus tareas prioritarias en 1974 —cuando resultó elegido primer secretario de la formación— no se había consumado por completo, era un hecho que el PSOE era por entonces una formación asentada, sólida y en constante crecimiento, lo cual le permitía presentar candidaturas toda España.

El PCE, por su parte, se afanaba exclusivamente en intentar mejorar su imagen pública y se presentaba como un partido moderado y patriota, lo que hizo surgir algunas protestas en su seno. UCD, Unión de Centro Democrático, el tercer gran partido que se presentaba a las elecciones, no existía como tal hasta el 3 de mayo, un mes y medio antes de la celebración de los comicios. Lo que hizo Adolfo Suárez, que no tenía partido en el que apoyarse y que no obstante, se iba a presentar a las elecciones, fue elegir uno ya existente para aterrizar en él y ejercer su liderazgo.

Ese partido fue el Partido Popular de Areilza, que a esas alturas había formado ya una coalición llamada Centro Democrático (CD). Suárez ofrecía a los dirigentes de CD el respaldo del Gobierno y la total garantía de conducirles a la victoria y al poder, a cambio de una condición: que los propios líderes de CD prescindieran de su líder y fundador, José María de Areilza, quien se plegó a ser sacrificado en el altar del futuro político. De este modo, el presidente del Gobierno pasó a ocupar el liderazgo de la formación, que el 3 de mayo cambió su nombre por el de UCD, Unión de Centro Democrático.

Mientras tanto, AP, Alianza Popular, constituida hacía más de un año, mantenía su estructura y su mensaje: los bautizados por la prensa como Los Siete Magníficos se aprestaban rescatar el voto de lo que denominaban el franquismo sociológico, ciudadanos fieles a la memoria y al legado de Franco. Por fin, antes de que las elecciones generales tuvieran lugar, se produjeron todavía en España varios acontecimientos de valor simbólico que pusieron cierre al breve e intenso periodo político que constituyó el primer ciclo del proceso de transición a la democracia: el regreso de los últimos exiliados, entre ellos La Pasionaria, Rafael Alberti, María Teresa León y Federica Montseny; la renuncia pública de Juan de Borbón a sus derechos dinásticos, que tuvo lugar el 14 de mayo en el palacio de La Zarzuela, y la dimisión de Torcuato Fernández-Miranda de su cargo de presidente del Congreso y del Consejo del Reino, que se hizo pública el 30 de mayo, aunque no se hizo efectiva hasta después de las elecciones de junio de 1977.

Santiago Carrillo y Rafael Alberti en la 1ª fiesta del PCE en la Casa de Campo. 1978.Santiago Carrillo y Rafael Alberti en la fiesta del PCE en la Casa de Campo. 1978.

Los comicios, que contaron con una alta participación (78,3% del censo), se celebraron en un clima de absoluta tranquilidad. La victoria fue para la coalición gubernamental, UCD, que obtuvo el 34,8% de los votos y 165 escaños. Inmediatamente después se situó el PSOE, con un 29,3% de los votos y 118 escaños, y ya muy lejos de ambos partidos, el Partido Comunista de España, con sólo el 9,3% de los votos y 19 diputados, lo que vino a confirmar que no tenían la hegemonía de la izquierda en España. También Alianza Popular comprobó ese día que se había equivocado en sus cálculos; la coalición de Manuel Fraga quedó como cuarto partido, con tan sólo el 8,2% de los votos y 6 escaños.

Por lo que respecta al PSP, Partido Socialista Popular, que se había negado hasta ese momento a integrarse en las filas del PSOE y se presentó a las elecciones en alianza con la (Federación de Partidos Socialistas, recibió también un modestísimo 4,4 % de apoyo y 6 escaños. Mientras tanto, la democracia cristiana de Gil Robles y Ruiz Jiménez quedó barrida del mapa político español. Las fuerzas nacionalistas sí que lograron, en cambio, un amplio apoyo en sus respectivas demarcaciones.

El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Pujol y Trías Fargas obtuvo el 2.8% de los votos y 11 escaños, y el PNV, el 1.7% y 8 diputados. Finalmente, con dos o un único diputado en el Congreso, aparecían pequeñas formaciones políticas, como Unió del Centre, Esquerra de Catalunya y Euskadiko Ezkerra. En definitiva, solo 16 partidos —nueve de ellos de ámbito regional— lograron representación parlamentaria.

El país había decidido apostar por la pluralidad razonable tanto como por la moderación, pues ni la extrema izquierda ni la extrema derecha obtuvieron representación parlamentaria. El (4-VII-1977), tras su victoria en las elecciones, Adolfo Suárez nombró segundo Gobierno, el tercero de la monarquía. A este equipo de hombres le iba a corresponder la tarea de emprender, junto con el resto de las fuerzas políticas, la elaboración de la Constitución. Así mismo, debía poner solución a la catastrófica situación económica del país, que se había ido dejando a un lado por la perentoriedad de abordar los problemas políticos planteados durante el primer tramo de la Transición. Finalmente, debía dar respuesta a las reclamaciones nacionalistas de vascos y catalanes, cuestión imprescindible para asentar un proyecto de modelo territorial para la España democrática que por entonces empezaba a dar sus primeros pasos.

El pacto sobre la situación económica y el pacto con los defensores del autogobierno en Cataluña y en el País Vasco fueron movimientos previos del Gobierno que tuvieron la virtud de propiciar el clima social y político necesario para abordar la elaboración de la Constitución. No obstante, el primer movimiento político que hizo Suárez en cuanto conoció los resultados electorales fue de orden interno. Notablemente fortalecido después del éxito en los comicios, planteó a los líderes de las distintas familias que componían UCD la necesidad de que la coalición dejara de ser una suma de pequeñas formaciones para convertirse en un partido unificado, a lo que aquéllos inicialmente se opusieron —aunque acabó siendo una realidad el 6 de agosto—. Para desactivar la resistencia sostenida de los barones ucedeos a ceder sus pequeñas parcelas de poder, Suárez incluyó en su segundo gabinete, que tomó posesión el 4 de julio, a los jefes de filas de los sectores ideológicos que habían convergido en la coalición UCD: los procedentes del Movimiento, o azules, los democratacristianos, los liberales y los socialdemócratas.

Los Pactos de la Moncloa

Junto a ellos se incorporaron un grupo de hombres independientes o que no podían considerarse líderes de ninguna de esas familias políticas; entre los que figuraba Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda Pública y de Derecho Fiscal, que fue nombrado vicepresidente segundo Asuntos Económicos y ministro de Economía y de quien partió la iniciativa de buscar un pacto político: Lo fundamental era llegar a la Constitución y esto necesitaba el pacto, explicaría más tarde Fuentes Quintana.

Ese era el mapa que resultaba de la aplicación del sistema electoral y era, sobre todo, el dibujo político que los españoles querían para los próximos cuatro años, los cuales iban a marcar el rumbo del futuro político del país por mucho tiempo. Constituido ya el Gobierno, el 22-VII-1977 se celebró la primera sesión conjunta de las nuevas Cortes democráticas, presidida por el rey. En su discurso de apertura, Juan Carlos de Borbón, además de subrayar el esfuerzo realizado por el país entero y la templanza y la voluntad de concordia del pueblo español, desgranó en su discurso tres mensajes esenciales:

Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español (...). La democracia ha comenzado, pero saben perfectamente que falta mucho por hacer, aunque se hayan conseguido en corto plazo metas que muchos se resistían a imaginar. Ahora hemos de tratar de consolidarla (...). La Corona desea, y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales.

Así terminaba el primer y decisivo tramo de la transición política española a la democracia. Lo primero que hizo el Gobierno recién constituido fue devaluar el 11 de julio la peseta un 25% para intentar reequilibrar la balanza de pagos. Abundando en los aspectos económicos, en el mes de septiembre, Fuentes Quintana presentó en Presidencia del Gobierno un documento base que fue sometido a la consideración de Adolfo Suárez.

Finalmente, y después de muchas reuniones con empresarios —que acababan de agruparse en el seno de la CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales— y dirigentes de las organizaciones sindicales, para intentar convencerles de la necesidad de la moderación salarial, se convocó a los líderes políticos en la Moncloa para exponerles el proyecto de pacto. El 8 de octubre el presidente del Gobierno presentó los datos de la crítica situación económica que en esos momentos padecía el país. Seguidamente, Fuentes Quintana expuso sus argumentos:

  1. La gravedad de la crisis era de tal envergadura que no podía ser resuelta por el Gobierno en solitario.
  2. La realidad exigía que se adoptaran medidas urgentes, pero también medidas estructurales a medio y largo plazo, que sólo se podían empezar a preparar si el Gobierno contaba con la aquiescencia del resto de las fuerzas políticas.
  3. Solo en el caso de que existiera un acuerdo básico se podía intentar garantizar que en España el clima social existente se mantuviera dentro de unos ciertos parámetros de tranquilidad que permitieran a las fuerzas políticas dedicarse de lleno a la trascendental tarea de elaborar la Constitución de la democracia.
  4. Además de los necesarios pactos sociales, los acuerdos que se adoptasen debían incluir otros de contenido político que permitieran llenar el vacío jurídico que se había producido ante la nueva realidad del país, hasta que la Constitución fuera aprobada.

Después de cerca de dos semanas de intensas reuniones, el 27-X-1977, fecha en que el Congreso ratificó los acuerdos firmados dos días antes por los líderes de las distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento, los llamados Pactos de la Moncloa, considerados la versión socioeconómica del proceso político de la Transición y un referente fundamental para la creación de la Constitución de 1978, eran una realidad.

Artículo pendiente de finalizar

VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, T. XXI págs. 10331-10346.