Huelgas y manifestaciones

Hilo de La Transición

En enero y febrero de 1976, aprovechando que se estaban negociando más de dos mil convenios colectivos, se produjo un movimiento huelguístico sin precedentes en la reciente historia de España, que afectó a la práctica totalidad del movimiento obrero y de la economía nacional. Las huelgas, en las que participaron más de medio millón de trabajadores, tenían un marcado signo político y habían sido preparadas por el (Partido Comunista de España) a través del sindicato (Comisiones Obreras), con el propósito de provocar la caída del nuevo gobierno y del régimen que lo sustentaba. Las movilizaciones fueron muy importantes, impresionantes, y el objetivo era político, era la ruptura, explica el líder obrero catalán, José Luis López Bulla.

A finales de febrero, la ola de huelgas había remitido en toda España, salvo en Vitoria (Álava), donde el conflicto laboral en la empresa Forjas Alavesas se había ido extendiendo y enconando hasta culminar en una matanza: el 3 de marzo las fuerzas antidisturbios cargaron contra miles de trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia San Francisco de Asís; cinco trabajadores murieron por disparos de la policía y 45 resultaron heridos de bala. En respuesta, cientos de manifestantes se echaron a la calle y recorrieron la ciudad apedreando edificios oficiales. También en otras ciudades españolas hubo manifestaciones de protesta, y de nuevo fueron reprimidas con la máxima dureza por la policía, dando como resultado dos nuevas víctimas mortales, una en Tarragona y otra en Basauri (Vizcaya).

La Plata-junta

Los ministros aperturistas del Gobierno, principalmente Areilza y Fraga, se esforzaban por vender el proyecto de reforma política que el Gobierno estaba tejiendo, que incluía el reconocimiento del ejercicio pleno de todos los derechos y libertades políticas y que debía culminar con el establecimiento de un sistema parlamentario basado en elecciones libres por sufragio universal y en una Constitución democrática. Sin embargo, la actitud inmovilista que mantenía una parte importante del Gobierno, empezando por el propio presidente Arias, lo sucedido en Vitoria y la tensión generada por la actuación gubernamental aceleró el acuerdo entre las dos plataformas de oposición política.

Así, el (23-III-1976), nació un nuevo organismo de oposición, al que se incorporaron todas las formaciones integradas en la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España, que recibió el nombre de Coordinación Democrática, popularmente conocida como Plata-junta. Los esfuerzos de los partidos políticos antifranquistas por llegar finalmente a este acuerdo unitario nacieron del convencimiento de que la realidad de la oposición democrática era su manifiesta debilidad ante el poder. Las circunstancias nos obligaron a todos a intentar un acercamiento y un diálogo que superara las discrepancias, reconocía Felipe González, una opinión con la que siempre estuvo de acuerdo Santiago Carrillo.

Cataluña y el País Vasco

Desde 1973 venía funcionando en Cataluña la llamada Assemblea de Catalunya, en la que se hallaban integrados no solo las organizaciones políticas, sino también sindicatos, asociaciones y grupos ciudadanos de distintas posiciones ideológicas, a los que unía su oposición al franquismo y sus reivindicaciones autonomistas. En diciembre de 1975 se constituyó el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que abarcaba desde la democracia cristiana de UD, (Unió Democrática), pasando por la CD, (Convergència Democrática), de Jordi Puyol, hasta formaciones declaradamente independentistas, como ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, el PSAN, (Partit Socialista d´Alliberament Nacional) y el PSUC, (Partit Socialista Unificat de Catalunya), partido comunista muy ligado al (Partido Comunista de España).

Las reivindicaciones de este organismo unitario incluían, además de la amnistía, las libertades democráticas, la legalización de todos los partidos políticos y sindicatos, el restablecimiento de un gobierno provisional de la Generalitat de Catalunya y la recuperación de los niveles de autonomía reconocidos en el Estatuto de 1932. El 1-II-1976 el Consell y la Assemblea convocaron una manifestación e hicieron una demostración de fuerza ante el poder como nunca se había visto.

Por lo que respecta al País Vasco, nunca había existido nada parecido a la unidad de las fuerzas de oposición al régimen. Allí la única reivindicación que aglutinaba a la sociedad era la exigencia de una amnistía plena para los presos políticos vascos, que en su gran mayoría se encontraban en la cárcel por delitos de sangre. El grito de Presoak Kaleralos presos a la calle se convirtió en la bandera de los partidos radicales y favoreció el crecimiento de ETA, (Euskadi Ta Askatasuna). En el País Vasco los partidos de izquierda de ámbito estatal, como el (Partido Socialista Obrero Español), eran considerados por los abertzalesenemigos españolistas . Así, en el País Vasco, la unidad de acción y de objetivos de la oposición democrática, a diferencia de lo que sucedía ya en el resto de España era imposible

Los sucesos de Montejurra

El 9 de mayo, durante la concentración que los carlistas celebraban anualmente en el Montejurra, cerca de la localidad navarra de Estella, se produjeron violentos choques entre dos facciones del carlismo español: la que respaldaba a Carlos Hugo de Borbón, pretendiente al trono de España, y la que apoyaba a su hermano Sixto, representante del más duro integrismo carlista y pretendiente del liderazgo dinástico. Los sangrientos enfrentamientos se saldaron con dos muertos Ricardo García y Aniano Jiménez, cuatro heridos graves de bala y numerosos contusionados.

Caída de Arias Navarro

El rey estaba seriamente preocupado por la marcha de las cosas: el Gobierno no arrancaba, Arias no estaba dispuesto a dar pasos en la dirección requerida y se había convertido en un serio obstáculo para los planes del monarca. El (26-VI-1976) la revista norteamericana Newsweek publicó un artículo en el que se ponían en boca del rey duras críticas contra el presidente del Gobierno español. Este artículo, cuyo durísimo contenido la Casa Real se abstuvo de desmentir, era el primer intento de forzar la dimisión de su presidente, que el monarca consideraba ya muy urgente —la iniciativa de renunciar tenía que partir de Arias, pues, de acuerdo con la ley, su mandato no terminaba hasta 1979—. Pero Arias Navarro no se daba por enterado ni del contenido del artículo ni de la intención que se vislumbraba tras él.

El (3-VI-1976), el rey ante el Congreso estadounidense hizo una declaración pública de sus convicciones democráticas y de conducir a España hacia un sistema de democracia representativa. El eco de su intervención fue grande en el ámbito internacional y en España causó gran irritación en las filas franquistas, donde se critico su inoportunidad y su inconveniencia. A la vuelta del viaje del rey de los Estados Unidos, el rey tomó una decisión que le rondaba desde hacía meses: iba a intentar cesar a Arias. Habló con Torcuato Fernández Miranda y entre ambos eligieron la fecha: el 1 de julio.

Sin embargo, entre el regreso de Washington de los reyes y ese día se produjeron dos hechos políticos de signo opuesto. Ambos tuvieron lugar el 9 de junio en la Cortes. El primero de ellos afectaba a uno de los ministros más grises del gobierno: tenía 43 años, se llamaba Adolfo Suárez, era uno de los azules —lo que significaba que procedía de las filas franquistas—, era ministro secretario general del Movimiento y le había tocado defender la nueva Ley de Asociaciones Políticas, una de las leyes incluidas en el proyecto de reforma que había elaborado Manuel Fraga.

Para sorpresa de todos, Suárez hizo un discurso memorable y la ley fue aprobada por una amplísima mayoría. La sesión de la tarde de ese mismo día iba a certificar políticamente la defunción del Gobierno presidido por Arias Navarro. Lo que sometía a la aprobación del pleno de la Cámara era la consecuencia inevitable de la Ley de Asociaciones aprobada por la mañana, por la que se permitía a los partidos políticos constituirse como tales. El problema era que todos los partidos políticos estaban declarados ilegales, y su pertenencia a ellos tipificada como delito y castigada en el Código Penal. De lo que se trataba, pues, era de levantar la barrera de la ilegalidad y despenalizarlos.

La desconfianza en la Cámara era ese día enorme y los recelos de muchos procuradores aumentaron con la noticia de que ETA, (Euskadi Ta Askatasuna) acababa de asesinar a tiros al jefe local del Movimiento en Basauri. La tensión crecía de manera imparable, hasta el punto de que varios ministros propusieron que el gobierno retirara el proyecto antes de que los procuradores lo derrotaran en la votación, situación insólita en unas Cortes que llevaban épocas de sometimiento a las decisiones de Franco. Manuel Fraga, autor del proyecto, insistió en seguir adelante, pero el Gobierno, finalmente, no asumió el reto y se retiró.

El Gobierno sufría así una derrota parlamentaria en toda regla y un fracaso político clamoroso, porque, con el bloqueo de la reforma del Código Penal, todos los derechos reconocidos en la Ley de Asociaciones Políticas aprobada por la mañana pasaban a ser papel mojado. A partir de ese momento ese Gobierno dejó de existir. El (1-VII-1976) era jueves. A las once de la mañana el rey presidía en el Palacio de Oriente el acto oficial de presentación de credenciales de cuatro embajadores. El presidente de Gobierno estaba convocado en palacio a la una. Al monarca le resultaba sumamente difícil abordar la cuestión, pero Carlos Arias comprendió enseguida de que se trataba y de inmediato presentó su dimisión.

Nombramiento de Suárez

La noticia de la dimisión de Arias fue muy bien recibida por la prensa más progresista y con sorpresa y algo de parálisis, pero no con alarma por el franquismo. La bolsa española subió, y las quinielas de candidatos que los medios y la clase política manejaban giraban en torno a dos nombres: Manuel Fraga y José María de Areilza. En el Consejo del Reino poco a poco se fueron descartando nombres. Areilza y Fraga caían en las primeras vueltas y, sin que nadie cayera en cuenta, iba pasando los tamices un hombre procedente del Movimiento que no molestaba a nadie, pero con el que tampoco contaba nadie. Al final, el Consejo del Reino votó una terna en la que había un representante de los democristianos, Federico Silva Muñoz; un representante de los tecnócratas del Opus Dei, Gregorio López Bravo, y, en representación del Movimiento, ese hombre, ciertamente gris, pero que tenía la ventaja de ser joven y de presentar la cara moderna del partido único del régimen: Adolfo Suárez.

Torcuato había conducido con precisión de relojero y extraordinaria inteligencia el desarrollo de los debates y de las votaciones. Al finalizar la reunión del Consejo, dentro del hermetismo que mantuvieron los consejeros, se permitió una enigmática debilidad: Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido, dijo a los periodistas a la salida de la reunión. La noticia de la designación de Adolfo Suárez fue mal recibida por la clase política, especialmente de la derecha o del centro, como por los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que eran unánimes en responsabilizar al rey de lo que se consideraba un error de grueso calibre.

Sorprendentemente o no, eran los los órganos de prensa de los dos grandes partidos de izquierda, el Mundo Obrero, del (Partido Comunista de España), y El Socialista, del (Partido Socialista Obrero Español), los que otorgaban a Suárez y, por elevación, al rey, el beneficio de la duda. Consideraban la posibilidad de que fuera precisamente un hombre procedente del Movimiento el que estuviera en mejores condiciones de derribar una estructura política cuyos puntos débiles necesariamente tenía que conocer bien. Pese a la oleada de opiniones adversas, el lunes 5 de julio el nuevo presidente juró su cargo ante el monarca y, al día siguiente se dirigió a los españoles por televisión; no en vano en 1969 había sido designado director general de Televisión Española, cargo en el que permaneció hasta 1973 y por lo tanto conocía bien la potencialidad de ese medio.

El 1º gobierno de Suárez

Cuando el 7 de julio se tuvo conocimiento de la composición del nuevo gobierno, los estiletes volvieron a afilarse. El recibimiento que los medios de comunicación, jaleados por los políticos, dedicaron al nuevo gabinete es lo más hostil y humillante que ha pasado por las páginas de la prensa nacional en la historia reciente. Lo que se subraya del equipo que Suárez había elegido para gobernar era su inexperiencia, su falta de pedigrí, su nula trayectoria, su nulidad política y su poca autoridad profesional.

Sin embargo, aquel gobierno de penenes —como se les descalificó despectivamente— iba a conseguir llevar a cabo la titánica tarea de conducir al país hasta la democracia en paz. El rey, que estaba seriamente comprometido en esta operación, respaldaba plenamente a ese grupo de hombres jóvenes dispuestos a ponerse manos a la obra en medio de la incredulidad colectiva. Prueba de ello fue que el día 9 el primer Consejo de Ministros se celebró en el Palacio de la Zarzuela y lo presidió Juan Carlos I. Obrad sin miedo, les dijo ese día el rey. El 16 de julio, el Gobierno presenta su declaración programática, en la que anuncia su propósito de otorgar muy pronto una amnistía, también afirmaba su:

convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un régimen democrático basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación de un pluralismo real

También declaraba su intención de abrir cuanto antes el diálogo con la oposición.

la aceptación de la crítica y el reconocimiento que al servicio a la comunidad presta la discrepancia civilizada constituyen para el actual Gobierno normas elementales de conducta

Finalmente daba unos plazos: elecciones generales antes del (30-VI-1977) y referéndum previo para someter a los españoles la aprobación de la reforma constitucional, que resultaba obligada para que esas elecciones pudieran celebrarse y fueran democráticas y libres. En este contexto, la oposición empezó a encontrarse ante un dilema: ni podía controlar el contenido de la declaración de intenciones presentada por el gobierno, ni podía oponerse a que este la cumpliera, ni tampoco podía caer en un aplauso abierto que hipotecaría su propia estrategia. Tres días después de que se publicara esta declaración, el (Partido Comunista de España) hizo su propia apuesta, esta vez en solitario: el 22 de julio, en Roma, todos los miembros del Comité Central, que hasta entonces habían vivido en la más estricta clandestinidad en España, se presentaron en público y a cara descubierta. Y allí, junto a Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri la Pasionaria, aparecieron personas tan conocidas en el país como Marcelino Camacho, Pilar Bravo o Ramón Tamámes.

La razón de esta estrategia efectista se debía a que Santiago Carrillo sabía bien que el suyo era el único partido que corría el riesgo de no ser legalizado antes de las elecciones generales prometidas, cosa que no le sucedía por ejemplo al (Partido Socialista Obrero Español). Si esta hipótesis se cumplía, el (Partido Comunista de España) iba a quedar fuera y al margen del proceso de transición que se vivía ya como inexorable, y ello iba a suponer su muerte política a medio plazo. Con la presentación de la cúpula del partido a cara descubierta también estaba diciendo que el (Partido Comunista de España) había abandonado definitivamente su viejo proyecto de intentar el vuelco político por la vía del derribo del sistema y que optaba por colaborar en el proyecto de transición, no por sabotearlo.

El (30-VII-1976) el Gobierno aprobó una amnistía que afectaba a los delitos de intencionalidad política y de opinión y a los de sedición y rebelión militar. La amnistía, por una parte, permitía a los once condenados de la UME, (Unión Militar Democrática), —formada en 1974 por un pequeño grupo de oficiales partidarios de traer la democracia a España— abandonar los castillos militares en los que se hallaban confinados, pero no permitía su integración en las filas del ejército. Por lo que respecta a los presos políticos, la amnistía fue recibida por la prensa y la oposición democrática de manera positiva.

Sin embargo, el Código Penal, que ya había sido reformado en la Cortes, aparentemente seguía manteniendo fuera de la legalidad al (Partido Comunista de España). Finalmente, por lo que respecta a los presos vascos, la medida de gracia excluía expresamente las imputaciones por delitos de sangre relacionados con el terrorismo. Se puede afirmar, por tanto, que la amnistía no llegaba al País Vasco, donde el clima político imperante era de progresiva tensión y creciente violencia.

La reforma política

El 23-VIII-1976 el proyecto de reforma política anunciado por el gobierno y alentado por el rey se convirtió en una realidad. Ese día, Suárez recibió de manos de Torcuato Fernández Miranda la traducción jurídica, negro sobre blanco, de la estrategia política formulada por el propio Torcuato muchos años atrás par explicarle al entonces príncipe Juan Carlos como era posible cambiar el sistema político sin traicionar el juramento de fidelidad a las leyes del régimen. Todo hace suponer que Franco también lo conocía. Cuando le hizo entrega del borrador, Fernández Miranda le dijo al presidente: Aquí te doy esto, que no tiene padre . Eso significaba que Adolfo Suárez tenía las manos libres para asumir personalmente la autoría del proyecto. Y eso es exactamente lo que hizo al día siguiente, el martes 24, cuando en la reunión del Consejo de Ministros, sacó del bolsillo interior de su chaqueta el anteproyecto de Ley para la Reforma Política y lo puso sobre la mesa. Recuerda Martín Villa, la Ley era corta: solo contenía cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final.

  1. En su artículo primero, el proyecto de ley proclamaba la democracia, basada en la supremacía de la ley, considerada la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo, y afirmaba el carácter inviolable de los derechos fundamentales de la persona.
  2. El artículo segundo establecía que las Cortes estarán compuestas por dos cámaras: Congreso y Senado.
  3. El artículo tercero decía que la iniciativa de reforma constitucional correspondía al Gobierno y al Congreso de los Diputados, y regulaba el procedimiento que había de seguir la reforma: aprobación por mayoría absoluta de las Cortes, Congreso y Senado, y posterior sometimiento a la nación, por parte del rey, de la Ley para la Reforma Política, para su aprobación en referéndum. Con ello se cumplía estrictamente el procedimiento legal establecido en las leyes del franquismo.
  4. El artículo cuarto establecía las líneas básicas del procedimiento legislativo de ambas cámaras.
  5. El artículo quinto facultaba al rey para someter directamente al pueblo en referéndum, al margen de las Cortes, una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado.

La disposición transitoria primera establecía que corresponde al gobierno regular las primeras elecciones por sufragio universal, directo y secreto, y que estas se inspirarían en criterios de representación proporcional. Las transitorias segunda y tercera regulaban cuestiones de funcionamiento interno de las dos cámaras. la disposición final, por último, decía textualmente: La presente ley tendrá rango de Ley Fundamental.

Eso significaba que si llegaba a ser aprobada por la Cortes, quedarían automáticamente derogadas todas las leyes que se opusieran a ella, lo que, obviamente, afectaba también al resto de las Leyes Fundamentales del régimen. Para evitar que surgieran de inmediato reacciones en contra, el Gobierno optó por no incluir en el anteproyecto lo que habría sido obligado: una cláusula derogatoria; es decir, prefirió refugiarse, de momento, en una cierta ambigüedad. De hecho, hasta que no se promulgó la Constitución, en diciembre de 1978, las Leyes Fundamentales de régimen no quedaron formalmente derogadas en España

Suárez y el Ejército

El 8-IX-1976 el presidente de gobierno celebró una reunión con altos mandos de los tres ejércitos para explicarles las bondades del proyecto de Reforma que el Gobierno iba a aprobar para su envío a las Cortes. Fue el propio Suárez quien abordó en esa reunión el delicado asunto de la posible legalización del (Partido Comunista de España), asegurando que la ley no permitía en ningún caso legalizarlo, entre otras cosas porque sus estatutos lo situaban fuera de la legalidad. Otra cosa sería que el (Partido Comunista de España) decidiera cambiar sus estatutos por otros, lo que hizo finalmente pocos meses más tarde.

En ese momento, la cúpula militar abandonó la reunión convencida de que el (Partido Comunista de España) nunca sería legalizado en España. En cualquier caso los militares ultra franquistas consideraban que Suárez estaba traicionando el legado político de Franco. La primera crisis de gobierno se produjo el 21 de septiembre. El vicepresidente primero y ministro sin cartera, teniente general Fernando de Santiago presentó su dimisión en protesta por el propósito del gobierno de legalizar en el futuro los sindicatos ilegales, incluido Comisiones Obreras. Suárez mantuvo entonces una tensa conversación con el general dimisionario en el que este le dijo.

Te recuerdo, presidente, que en este país ya ha habido más de un golpe de Estado

A lo que Suárez respondió.

Y yo a ti te recuerdo, general, que en España sigue existiendo la pena de muerte

El presidente de gobierno resolvió la crisis nombrando al teniente general Gutiérrez Mellado nuevo vicepresidente. Entonces, pasa a la reserva a los generales De Santiago e Iniesta Cano por la publicación de sendas cartas, la del primero explicaba las razones de su dimisión y la del segundo por en la que se solidarizaba con su compañero de armas. La medida era ilegal, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de rectificar y anular el castigo. Este incidente, le valió en adelante, la hostilidad manifiesta y muy activa del sector más ultra del Ejército

Organización política

El 23-IX-1976 nace AP, (Alianza Popular), encabezada por Manuel Fraga. Inicialmente parecía que Fraga iba a constituir un partido de centro, junto con políticos como José María de Areilza o Pío Cabanillas, pero, finalmente, se decantó por formar una coalición de pequeños partidos de derecha, capitaneados por ex ministros de Franco, como Silva Muñoz, López Rodó, Martínez Esteruelas, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente o Thomas de Carranza, a quienes la prensa bautizó enseguida como los Siete Magníficos. Se trataba de la representación política del franquismo, pero lo importante del nacimiento de AP, (Alianza Popular) era que en términos de presencia en las Cortes, representaba una fuerza extraordinaria, con más de 180 procuradores, por lo que iba a resultar determinante cuando el proyecto de Reforma Política se votara en la Cámara.

Mientras tanto, en la zona política de centro, el ex ministro de exteriores, José María de Areilza, fundaba el Partido Popular, una coalición de derecha liberal que aspiraba a aglutinar a los grupos democristianos, socialdemócratas y liberales. Por su parte, los representantes de la Plata-junta y los de las principales plataformas regionales—menos el Consell catalán, que se preservaba en su estrategia de evitar que la reivindicación catalanista se mezclara con planteamientos de ámbito estatal— llegaron a un acuerdo y constituyeron la Plataforma de Organismos Demócráticos, esa suma heterogénea de formaciones políticas había de salir el grupo de dirigentes que, en nombre de una parte muy importante de la oposición, negociara con el gobierno las condiciones mínimas que la reforma debía cumplir para ser aceptada.

Se reclamaba que antes del referéndum sobre su proyecto de Reforma Política, el Gobierno legalizara todos los partidos; decretara una amnistía total; disolviera el TOP, (Tribunal de Orden Público): derogara la ley antiterrorista y asegurara la igualdad de oportunidades a todos los partidos. El (4-X-1976) ETA, (Euskadi Ta Askatasuna) asesinaba en San Sebastián al Presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el consejero del reino José María de Araluze. En el atentado murieron también sus cuatro escoltas.

Se trataba del primer atentado de envergadura política que se producía bajo el gobierno Suárez y su impacto fue enorme. Era el comienzo de una escalada de sangre que se iba a incrementar al compás del aumento de la solidez de la democracia española. Para ETA, (Euskadi Ta Askatasuna), los cambios políticos que se estaban produciendo en España no existían ni significaban nada. La fecha fijada para que el proyecto de Ley para la Reforma Política que había presentado el gobierno fuera discutido y votado en las Cortes era el 16 de noviembre. Antes de que llegara ese día, el Gobierno se vio obligado a enfrentarse a una dura prueba: un nuevo intento de huelga general, convocada para el 12 de noviembre por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, plataforma unitaria sindical cuyo liderazgo correspondía a (Comisiones Obreras), el sindicato del (Partido Comunista de España).

Se trataba del último desafío del antifranquismo de izquierdas al Gobierno, en un intento de dar un vuelco a la relación de fuerzas. Para el Gobierno, ganar ese desafío era cuestión de vida o muerte: si la oposición comunista conseguía paralizar el país, las posibilidades que iba a tener de ser escuchado con respeto y apoyado por los procuradores franquistas y respaldado luego por la población se reducirían casi a cero. Sin embargo, la huelga general convocada por la coordinadora sindical había fracasado en su objetivo político.

Aprobación Ley de Reforma

El 16-XI-1976 fue un día histórico. Durante once meses, Fernández Miranda había ejecutado paso a paso un plan destinado a hacer posible que la Cámara donde se sentaban los procuradores de Franco estuviera en condiciones de aprobar una reforma política que iba a desmantelar el sistema franquista utilizando los instrumentos que las propias leyes proporcionaban. En primer lugar, había aprobado la constitución de grupos parlamentarios por tendencias o corrientes de opinión, que es todo lo que permitía el régimen político. De este modo se facilitaba la tarea del convencimiento y se evitaba que los procuradores más ultras acabaran por dominar el debate.

Por otra parte, había hecho aprobar un procedimiento de urgencia para la tramitación de cualquier proyecto que implicara la reforma de alguna de las Leyes Fundamentales del régimen. De acuerdo con este nuevo procedimiento, los proyectos de Reforma Política iban a discutirse en el pleno de las Cortes, saltando así su paso por la comisiones, donde no había plazo límite para la discusión y los proyectos podían eternizarse hasta morir en la inacción política. Pero el Gobierno no ignoraba que la batalla iba a ser dura y que el resultado final no estaba ni mucho menos garantizado. En efecto, las intervenciones de los procuradores ultra franquistas denunciaron sin tapujos que el proyecto de ley que se sometía a votación estaba en abierta contradicción con los principios doctrinales básicos del régimen nacido el 18 de julio. El procurador Blas Piñar hacía el diagnóstico más certero.

Esta reforma, tal y como la quiere el Gobierno y tal y como la defiende la ponencia ¡no es de verdad una reforma! ¡Es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad! Y, en este caso, lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal. La liquidación de la obra de Franco

Sin embargo, lo que de verdad importaba al Gobierno era lo que dijera el grupo parlamentario más importante en la Cámara, (Alianza Popular]) con más de 180 procuradores. AP exigía que se modificara el sistema electoral previsto en el proyecto, que era el proporcional, y se implantara en su lugar un sistema mayoritario, pues pensaba que eso favorecería a los grandes partidos de derechas, es decir a su grupo. El Gobierno necesitaba esos votos, pues sin ellos fracasaría el proyecto de reforma; sin embargo, también sabía que no podía pactar un sistema electoral que no fuera aceptado por los grupos de la oposición, porque, si lo hacía y la oposición decidía no acudir a las elecciones, esos comicios no serían más que papel mojado carente de toda legitimidad democrática.

Sabedor de la gravedad, Suárez mandó a su vicepresidente, Alfonso Osorio, que se pusiera en contacto con los dirigentes de la oposición para tratar de saber si aceptarían que se aprobase un sistema proporcional con dispositivos correctores . Y la respuesta que recibió fue políticamente significativa del espíritu que imperaba en la época:

Lo pactado es aceptable. Lo importante es que el proyecto no encalle en las Cortes. Después ya se hablará en el momento en que se redacte la Ley Electoral

El (18-XI-1976), a media tarde se celebró la votación. Uno por uno los procuradores fueron levantándose de su escaño y dando el sentido de su voto. El resultado final fue de 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La ley para la Reforma Política acababa de ser aprobada.

Referéndum para la Reforma Política

A partir de la aprobación del proyecto de Reforma Política, lejos de despejarse el panorama, el país entró en una espiral de tensiones políticas, provocaciones y violencia que amenazaba con derribar no solo el proceso de reforma política, sino la propia estabilidad del país. Así, entre el 18 de noviembre y el 15 de diciembre, fecha prevista para el referéndum sobre el proyecto de Reforma Política que las Cortes acababan de aprobar, se produjeron varios acontecimientos que no fueron más que la antesala de lo que fue, inmediatamente después, la etapa más difícil y peligrosa de la Transición.

El (20-XI-1976), fecha del primer aniversario de la muerte de Franco, la ultraderecha se manifestó en la Plaza de Oriente para acusar al rey y al presidente Suárez de perjuros y traidores, y reclamar a gritos que el ejército tomara cartas en el asunto y se hiciera cargo del poder. Al día siguiente, el (Partido Comunista de España), en una nueva operación de publicidad y al mismo tiempo de desafío al gobierno, procedió al reparto público de carnés entre sus militantes, siempre con el objetivo puesto en la legalización del partido antes de las elecciones generales. Por otra parte, el 5 de diciembre el (Partido Socialista Obrero Español) todavía ilegal, celebraba en Madrid por todo lo alto su XXVII Congreso, el primero que tenía lugar en España desde 1932 y que contó con la asistencia de los máximos dirigentes del socialismo mundial; paradójicamente, la policía acordonó el edificio para proteger el desarrollo del Congreso y prestó un servicio de vigilancia y seguridad.

Esta situación no hizo sino incrementar la inquietud de Carrillo, que consideraba que, en la medida que el futuro particular de cada partido se fuera despejando, la soledad política del (Partido Comunista de España) iría creciendo. Carrillo da una rueda de prensa en territorio nacional y la noticia se extiende por toda España. La derecha montó en cólera y el Gobierno se vio sometido a una presión formidable de localizar cuanto antes y detener al secretario general del (Partido Comunista de España) aunque solo fuera para salvar el prestigio de la Policía y de la Guardia Civil.

En cualquier caso, el escándalo era monumental y la tensión política, a solo cinco días del referéndum, crecía imparable. En una nueva vuelta de tuerca, apenas veinticuatro horas después el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre) secuestraba a Antonio María de Oriol, representante del franquismo ultraconservador y perteneciente a una familia de fuertes conexiones en la banca y en las compañías eléctricas. La víspera del referéndum, Suárez apareció en televisión para pedir a los españoles que al día siguiente acudieran a votar y respaldaran la reforma política que el Gobierno les proponía:

Este gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga imponerse en un Estado de Derecho. Mañana, señoras y señores, gobiernan 22 millones de españoles

El resultado del referéndum supuso un éxito rotundo del Gobierno, pero especialmente de su presidente y, en mayor medida aún, del rey, cuya implicación en el proceso nadie discutía. La participación alcanzó el 77,4% del censo y, del total de votantes, nada menos que el 94,2% voto Sí; los votos del No, la opción defendida por la ultraderecha cosecharon un escuálido 2,6%. Los resultados de la votación pusieron de manifiesto que los españoles apostaban por la vía de la reforma que defendía el gobierno y no por la ruptura, que cada vez con menor intensidad, era la bandera de la oposición democrática.

Cinco días antes de que se celebrara el referéndum dos representantes de la Comisión de los Nueve, el profesor Tierno Galván y el líder de (Convergència Democràtica de Catalunya), Jordi Puyol habían pedido audiencia a Suárez para entregarle en mano una carta con los siete puntos que la oposición deseaba negociar con el Gobierno para que el proceso político en curso tuviera la legitimidad democrática exigible. Esos puntos incluían el reconocimento de todos los partidos políticos y sindicatos; el reconocimiento y garantía de las libertades políticas; la urgente disolución del Movimiento; una amnistía política total; la utilización equitativa de los medios de comunicación públicos; la negociación de las normas de procedimiento a que habían de ajustarse el referéndum y las futuras elecciones y, también, el reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente todos los países y regiones del Estado español. Suárez recibió a los comisionados una semana después del referéndum y Puyol y Tierno salieron de la entrevista plenamente satisfechos. No obstante, se les advirtió de que no se negociaría directamente con los comunistas, aunque estos formasen parte de la Comisión, condición que Santiago Carrillo aceptó.

El (22-XII-1976) el líder del PCE, (Partido Comunista de España) fue detenido en Madrid durante una reunión clandestina de la cúpula del partido. Con su detención culminaba una intensísima búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que se habían visto muy presionadas por el Gobierno. Aunque parezca mentira, Carrillo se sentía aliviado de que hubiesen sido policías quienes le hubiesen descubierto —iba disfrazado con lentillas y una peluca de media melena gris—. Su temor, y el de los demás dirigentes del (Partido Comunista de España), había sido hasta entonces que el líder comunista pudiera ser localizado por grupos ultraderechistas incontrolados. El día 23 de diciembre fue internado en la cárcel de Carabanchel en cuyo hospital quedó alojado.

No llegó a ser recluido en una celda, pues fue puesto en libertad apenas una semana después, el 30 de diciembre; ese mismo día el Gobierno aprobaba la disolución del TOP, (Tribunal de Orden Público), el organismo creado por el franquismo para perseguir judicialmente, entre otros, los delitos de expresión, reunión y opinión. En fin, el secretario general del (Partido Comunista de España), la bestia negra del franquismo, se convirtió desde ese momento en un ciudadano más, aunque con un proceso pendiente por liderar un partido ilegal. La clandestinidad de su partido entró también ese día en la cuenta atrás.

VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, T. XXI págs. 10331-10346.