La guerra fría

Hilo de El Franquismo

El enfrentamiento entre los dos bloque hegemónicos formados en torno a los EE.UU. y la [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] propició un cambio en las relaciones con el régimen del general Franco . Los EE.UU., máximo promotor de medidas diplomáticas contra el gobierno español entre 1944 y 1946, rectificó radicalmente su estrategia para adaptarla a la doctrina del presidente Truman, confirmación de lo que Franco había declarado el 17-VII-1943: En el anticomunismo está la clave de nuestra política.

El 17-XI-1947 EE.UU. votó por primera vez a favor de España en la ONU para rechazar una moción condenatoria propuesta por Polonia y, simultáneamente comenzó a mostrar interés por determinados enclaves estratégicos de la Península. Aunque en opinión del general Marshall constituía la la mejor muralla en Europa contra el comunismo, el país solo pudo beneficiarse muy parcialmente —desde 1950— de los cuantiosos créditos económicos que permitieron a Europa occidental no solo recuperarse de la destrucción bélica, sino también iniciar un periodo de crecimiento sin precedentes.

La exclusión del Plan Marshall (1948) se debía a las presiones de Francia y el Reino Unido que, sin embargo, firmaron sendos acuerdos comerciales con España los días 8, 13-V de ese año, respectivamente. El 10 de febrero se había abierto la frontera pirenaica y, el 4-XI-1950, la ONU revocó oficialmente la resolución condenatoria de 1946, de manera que regresaron a Madrid los embajadores y Estado español pudo reincorporarse a los principales organismos internacionales. En septiembre de 1949 el rey Abdullah I de Jordania se convirtió en el primer jefe de Estado que visitó España desde 1936, acontecimiento relevante para una diplomacia cuyo ámbito de actividad se reducía al iberismo de las relaciones con Portugal, al americanismo paternalista respecto a las ex colonias y a la tradicional amistad con los pueblos árabes, fundada en el no reconocimiento del Estado de Israel.

Afirmación del régimen

La coyuntura internacional permitió a Franco afirmar la legitimidad del régimen y restablecer con rango ministerial la Secretaría General del Movimiento, que pasó a desempeñar Raimundo Fernández Cuesta, en el nuevo Gobierno formado el 18-VII-1951. Con participación de falangistas (Girón de Velasco, Muñoz Grandes y Rafael de Cavestany ), tradicionalistas (Antonio Iturmendi ) y monárquicos (conde de Vallellano ), dos funcionarios conocidos sobre todo por su fidelidad a Franco, Carrero Blanco y Arias Salgado, ocuparon sendos ministerios de reciente creación, los de Presidencia e Información y Turismo.

La [Asociación Católica Nacional de Propagandistas] mantuvo su protagonismo en el gabinete, gracias a la gestión liberalizadora emprendida por Joaquín Ruiz Giménez en Educación Nacional y a la continuidad de Martín Artajo en Asuntos Exteriores para proseguir su amplia campaña de apertura del régimen en el exterior que consiguió dos éxitos históricos en 1953. Si el Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en mayo de 1952 había supuesto un refrendo de la opinión católica internacional a la evolución del régimen, el apoyó resultó explícito tras la firma del Concordato con la Santa Sede el 27-VIII-1953.

Un mes después, el 26 de septiembre, se firmaron dos acuerdos bilaterales entre España y EE.UU., en virtud de los cuales se establecieron bases militares conjuntas en Torrejón (Madrid), Zaragoza, Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), a cambio de la concesión de ayudas económicas por valor final de 1.183 millones de dólares. La alianza con EE.UU. tuvo otras compensaciones: el 15-XII-1955 la asamblea General de la [Organización de Naciones Unidas], con 55 votos favorables y las abstenciones de Bélgica y Méjico, aprobó el ingreso de España como miembro de pleno derecho, sancionado con la visita del presidente estadounidense Eisenhower en diciembre de 1959.

El ejercicio del poder prevaleció sobre la legitimidad histórica o moral, así que la ONU rechazó el Gobierno republicano en el exilio, presidido por Gordón Ordax desde el 17-XI-1951, y la oposición monárquica desapareció casi totalmente como alternativa viable. La salida del Movimiento Nacional es el mismo Movimiento Nacional había afirmado Franco dos días después de acordar con Juan de Borbón (29-XII-1954) el ingreso de Juan Carlos en la Academia General Militar de Zaragoza.

Fracaso económico

Los éxitos diplomáticos del franquismo difícilmente podían ocultar el rotundo fracaso de una política económica que, hasta 1950, no había conseguido superar los índices de renta y producción agrícola e industrial de 1935. Según A. Carreras, no se trataba de un estancamiento, sino de una verdadera depresión, de manera que el periodo 1935-1950 resulta que puede ser el único que puede explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España en el siglo XX. La crisis de 1956 evidenció los desajustes de un sistema que no solo se mostraba ineficaz para resolver los problemas económicos planteados, sino que suscitaba un creciente rechazo entre la generaciones nacidas después de la Guerra Civil e, incluso, en personas que habían contribuido de forma destacada a su configuración.

El 9 de febrero grupos de falangistas se enfrentaron con estudiantes, un día después se declaró el estado de excepción en todo el país y, el día 11, Franco ordenó la destitución de Ruiz Giménez y sus colaboradores (Laín Entralgo y Antonio Tovar, rectores de las universidades de Madrid y Salamanca, respectivamente), así como la detención de diversos intelectuales, entre ellos Ridruejo, Tamames, Enríque Múgica, Javier Pradera y Ruiz Gallardón. Antiguos falangistas pronazis, católicos propagandistas, jóvenes de importantes familias monárquicas o tradicionalistas y criptomarxistas coincidían en su oposición al régimen.

En abril, numerosas empresa de Navarra, Vizcaya y Barcelona se declararon en huelga debido a la inmovilización oficial de los salarios y la grave inflación, en la principal protesta obrera conocida desde la II República y, el 8-VI-1956, fue derogado el decreto del 16-I-1948 que prohibía a los patronos conceder aumentos salariales colectivos. A la conflictiva coyuntura interior se sumó el definitivo fracaso de la política africanista del régimen: el 7-IV-1956, un mes después de Francia, el Gobierno español reconoció la independencia de Marruecos, según protocolo ratificado por Franco y Muhammad V en el Palacio del Pardo (Madrid) el 12-II-1957. En dos años el coste de la vida aumentó en casi un 40%, mientras las reservas de divisas bajaban de 220 millones de dólares en 1955 a 57 millones en 1958 y el déficit comercial alcanzaba los 387 millones en 1957.

Reajustes en el gobierno

El 30-IX-1958 se fundó en Madrid el [Frente de Liberación Popular], popularmente Felipe, cuya militancia reunió a un numeroso grupo de intelectuales que, en muchos casos, evolucionaron luego hacia el socialismo: Julio Cerón, Carlos Comín, Vázquez Montalbán, Javier Aguirre, Fernández de Castro, Luciano Rincón, José María Maravall, Carlos Romero, Narcís Serra, Pasqual Maragall, Pérez Llorca, Tomás de Salas, Jiménez de Parga, Rubert de Ventós, José María Mohedano o Vicente Verdú. También sobre la base de un cristianismo comprometido comenzó a resurgir la oposición nacionalista en Cataluña, encabezada por Jordi Puyol y Josep Benet, mientras que Gil Robles —en Madrid desde 1953— aglutinaba en torno suyo a monárquicos como Álvarez Miranda.

Mientras, Franco , conforme a su práctica habitual, compensó la destitución de Ruiz Giménez en el Ministerio de Educación con la del falangista Fernández Cuesta en la Secretaría General del Movimiento y, ante una posible quiebra del sistema, optó por ensayar una institucionalización del régimen basada en el falangismo, para lo cual contó de nuevo con Arrese como ministro Secretario General del Movimiento, a quien encargó un proyecto de leyes fundamentales. Sin embargo, este hecho provocó la reacción de todos los sectores no falangistas y, el 25-II-1957, se anunció la formación de un nuevo Gobierno, el cual aportaba importantes modificaciones y señalaba el inicio de una nueva fase del franquismo.

No se trataba de un relevo ministerial, como solían declarar los partes oficiales, sino de una amplia remodelación que determinaba la entrada de doce nuevos ministros. Destituido Girón y relegado Arrese al Ministerio de la Vivienda, de nueva creación, Solís Ruiz pasó a desempeñar la Secretaría General del Movimiento, mientras que el general Camilo Alonso Vega, del cual había afirmado Franco que era demasiado duro, reemplazaba a Blas Pérez en Gobernación, en un intento de extremar la política represiva contra la creciente oposición.

Los cambios más importantes afectaban al sector católico y, con la substitución de Artajo por Fernando María Castiella en Asuntos Exteriores, la [Asociación Católica Nacional de Propagandistas] perdió su hegemonía en beneficio del Opus Dei, que pasaba a monopolizar la política económica con la presencia de Navarro Rubio en Hacienda y Alberto Ullastres en Comercio, ministerio este último al cual se incorporaron también García Moncó y López Bravo.

A partir de ese momento, los tecnócratas impusieron la racionalización burocrática y el crecimiento masivo como postulados prioritarios de un régimen cuyos valores y principios no se cuestionaban, decisivo cambio de orientación gestado en el Ministerio de Presidencia del Gobierno por Carrero Blanco y su secretario general técnico, el también opusdeísta Laureano López Rodó. Ambos elaboraron, asimismo, el texto definitivo de la Ley de Principios del Movimiento que Franco presentó ante las Cortes el 15-V-1958 y en la cual se recogieron todavía muchas de las ideas fundamentales contenidas en los 26 puntos de [F.E.T. y de las J.O.N.s. ], a los cuales debía substituir.

España se reconocía como unidad de destino en lo universal, basada en el acatamiento de la ley de Dios y la unidad intangible entre los hombres y las tierras de España y regida por una monarquía tradicional, católica, social y representativa, con la familia, municipio y sindicato como estructuras básicas de la comunidad y únicos cauces de participación política.

La innovadora gestión económica se convertía de esta forma, en soporte de la continuidad ideológica y factor de legitimación del régimen de Franco quien, el 1-IV-1959, presidió los actos que conmemoraban el vigésimo aniversario de su victoria en la Guerra Civil con la inauguración del Valle de los Caídos (Madrid) y el traslado de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera a este lugar desde la cárcel de Alicante. El 21-VII de ese mismo año se aprobó el Plan de Estabilización destinado a controlar la inflación y racionalizar la economía nacional y en los meses siguientes se devaluó la moneda, se redujo la circulación fiduciaria, se elevaron los tipos de interés, se liberalizaron las exportaciones y se bloquearon los presupuestos del Estado.

Al éxito de estas medidas contribuyó el aumento del flujo crediticio de las instituciones financieras internacionales (400 millones de Ptas. en 1959), de las inversiones extranjeras (pasaron de doce millones de dólares en 1958 a 82,6 en 1960) y del número de turistas (seis millones en 1960), el doble que en 1958. El crecimiento tuvo importantes costes sociales, en especial desempleo, emigración y descenso de los salarios reales, pero las huelgas de 1958, 1961 y 1962 fueron reprimidas de manera expeditiva, lo que motivó la protesta pública de los intelectuales. En el desarrollo del movimiento huelguístico aparecieron las (Comisiones Obreras), como resultado de una nueva estrategia de confrontación que trataba de utilizar en su beneficio la cobertura legal de los sindicatos verticales.

El contubernio de Munich

El 21-IX-1960 se promulgó el Decreto-Ley sobre Bandidaje y terrorismo, que transfería a la jurisdicción militar la competencia de numerosos delitos de carácter político, pero la oposición inició en esos años su lenta aunque constante progresión. El 24-VI-1961 se creó la [Unión de Fuerzas Democráticas], UFD, en la cual participaban el [Partido Socialista Obrero Español], la [Unión General de Trabajadores], el [Partido Nacionalista Vasco], la [Acción Nacionalista Vasca], ANV, el Sindicato de Trabajadores Vascos, STV, la [Agrupación Republicana Democrática Española, ARDE y diversos grupos de ideología democristiana.

El 1-I-1962 Luis Jiménez de Asúa accedió tras el fallecimiento de Martínez Barrio, a la presidencia de la República en el exilio y, el 8 de marzo, Claudio Sánchez Albornoz formó nuevo Gobierno, más eficaz que los anteriores en la coordinación de las actividades contra el régimen. Ese mismo año, entre los días 4 y 8 de junio, el IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich (Alemania) contó con la presencia de 118 personalidades de la oposición, procedentes del exilio (38) y del interior (80), entre quienes había social-demócratas como Dionisio Ridruejo y Prados Arrarte; monárquicos liberales como Joaquín Satrústegui, Antonio de Senillosa o Jaime Miralles, y democristianos como Gil-Robles, Álvarez de Miranda e Íñigo Cavero, además de socialistas, nacionalistas vascos, republicanos e independientes, como Salvador de Madariaga.

El Congreso aprobó una resolución final en la que se denunciaba implícitamente el carácter dictatorial del franquismo al exigir el establecimiento de instituciones representativas, la garantía de los derechos personales, el reconocimiento de las comunidades regionales, el ejercicio de las libertades sindicales y la posibilidad de encauzar las corrientes de opinión en partidos políticos legalmente constituidos. La reacción gubernamental se produjo de manera inmediata, el 8 de junio se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y muchos de los participantes en lo que la campaña propagandística dirigida por Arias Salgado denominaba contubernio de Munich, hubieron de optar entre el exilio o el destierro.

El 20-VI Gil Robles dimitió como consejero privado de don Juan de Borbón, quien, desde 1954, había seguido una táctica de colaboración con Franco e, incluso, había aceptado los principios de la Comunión Tradicionalista en 1957. Con menor repercusión pública, en ese periodo se definieron las fórmulas de acción nacionalista —en 1959 se fundó la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y en 1960 un consejo de guerra condenó a Jordi Puyol a siete años de cárcel— que desempeñaron luego una función clave en la socialización del rechazo político al franquismo.

Sin embargo, el protagonismo en el proceso de deslegitimación del régimen, precisamente por su condición de aparato ideológico de este, correspondió a un sector minoritario de la Iglesia que, en palabras de G. Hermet, pasó a cumplir una misión tribunicia respecto a las injusticias y abusos de la autoridad. El 14-XI-1963 el abad de Montserrat (Barcelona), Aureli M. Escarré, efectuó unas declaraciones al diario francés Le Monde, en las que denunciaba la doctrina oficial que mantenía la división entre los españoles y el espíritu de victoria, cuyas consecuencias provocaron su exilio quince meses después.

A principios de 1966 los enfrentamientos entre universitarios y falangistas del Sindicato Español Universitario (SEU) en Madrid motivaron la suspensión en sus puestos de cinco catedráticos: Aranguren, García Calvo, Aguilar Navarro, Montero Díaz y Tierno Galván. En Barcelona, el 9-III, estudiantes e intelectuales como Tàpies, Barral, Goytisolo, Espriú, Trías, Estapé Jiménez de Parga, Obiols, Jutglar, Izard, Solé Turá, Manuel Sacristán o Fernández Buey, se reunieron en el convento de los capuchinos para protestar contra la acción policial ejercida sobre el Sindicato Democrático de Estudiantes que, el 11-V, motivó también una marcha pacífica y silenciosa de 130 sacerdotes, disuelta de manera violenta por las Fuerzas de Orden Público (FOP).

La represión gubernamental centralizada en el Tribunal de Orden Público (TOP) desde 1963, mostraba cada vez menos eficacia y solo conseguía activar el movimiento antirrepresivo en el interior y las campañas internacionales de repulsa contra medidas como la ejecución de un militante comunista —Julián Grimau — y dos anarquistas el 20 de abril y el 17-VIII-1963, respectivamente. Sin embargo, como señaló la dirigente comunista italiana Rossana Rossanda en 1962, España no era una sociedad política silenciada, sino aparentemente una sociedad no política, no amordazada, sino vacía o dotada de otros lenguajes.

El desarrollismo

En efecto, el activismo político constituyó un fenómeno minoritario, ajeno al consenso logrado por el régimen entre una gran parte de la población que se benefició del crecimiento masivo de la economía nacional durante la década de 1960. En el periodo 1961-1964 este alcanzó el 8,7% anual, el volumen de las importaciones se multiplicó por diez, y por tres el de las exportaciones, lo que permitió recuperar las reservas hasta 1.500 millones de dólares, además de los 1.105 millones de divisas por turismo (más de catorce millones de personas en 1965).

En 1964 entró en vigor el I Plan de Desarrollo concebido por López Bravo —ministro de Industria en el gobierno formado en 10-VII-1962— al que siguieron otros en 1968 y 1972. Para el equipo de tecnócratas que encabezaba López Rodó la modernización y la prosperidad suponían una garantía de paz pública, desmovilización social y continuidad del régimen: ese mismo año la propaganda oficial conmemoró los 25 Años de Paz (1964) con exacerbación del culto a la personalidad de Franco .

Entre 1966 y 1971 la economía creció un 5,6% anual, ese último año visitaron España más de 25 millones de turistas y, en el decenio 1960-1970 la producción de energía eléctrica pasó de 18.614 a 56.484 millones de Kw./hora; la del acero de 1,9 a más de 7 millones de toneladas, y la de automóviles de 79.732 a más de 450.000 unidades. En ese mismo periodo el porcentaje de hogares con televisión, frigorífico y automóvil pasó del 1,4 y 4% al 62,63 y 24% respectivamente, y el de población activa agraria descendió del 42 al 25% del total, lo que permitió la incorporación de más de un millón y medio de personas al sector industrial.

La población residente en ciudades de más de cien mil habitantes, un 27% en 1960, superó quince años después la mitad del total, con una renta per cápita que, inferior a los 300 dólares en 1960, alcanzó los 900 en 1970, 1.239 en 1972 y 2.486 en 1975. Sin embargo, como afirmó Julián Marías, España se convirtió en un país desarrollado, pero mal desarrollado, con graves desajustes, una inflación que alcanzó algunos años el 14% frente a un aumento de los salarios en torno al 7%, desequilibrios sectoriales y regionales, estancamiento de la agricultura, elevada emigración interior y exterior (aunque esta última constituyó un importante ingreso de divisas), intenso proteccionismo, regresión fiscal, insuficiencias asistenciales, especulación, masificación, chabolismo y desastres ecológicos.

La transformación sin precedentes de una sociedad rural en otra industrial y urbanizada, con elevados niveles de bienestar y consumo, se manifestó también en cambios de índole cualitativa, como la nueva cultura de masas, la generalización del ocio, la disminución de la práctica religiosa, la tolerancia en las costumbres y la apertura a Europa, más y mejor desarrollada, pero frente a la cual se destacaban los valores de lo pretendidamente español.

A la liberalización contribuyó la Ley de Prensa e imprenta promulgada el 18-III-1966 por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a pesar de los frecuentes casos de censura y sanciones gubernativas. Este amplio e intenso proceso de transformación y modernización de la sociedad española se desarrolló bajo la estructura legal e institucional del régimen de autoridad personal que, con provisionalidad y objetivos muy distintos, se había establecido entre 1936 y 1939.

Adecuación legislativa

Casi treinta años después, la Ley Orgánica del Estado (LOE) planteaba finalmente su institucionalización como requisito necesario para asegurar la continuidad en una coyuntura substancialmente distinta. Sometida a referéndum el 14-XII-1966, tras una intensa campaña dirigida por Fraga Iribarne, votó afirmativamente el 95% del electorado y la participación fue casi del 89% del censo (19 millones de personas), según los datos oficiales. La LOE, vigente desde el 10-I-1967, se limitaba a regular orgánicamente el conjunto de ls instituciones, sin introducir elementos de democratización como los anunciados el 22-XI-1966 por Franco en su discurso de presentación de la ley ante las Cortes aunque, por primera vez, esta incorporaba una representación directa, la familiar.

Su desarrollo posterior resultó aún más regresivo después de que los sectores más inmovilistas frustraran la Ley de Libertad Religiosa del 28-VI-1967 propuesta por Castiella, y con la promulgación de la Ley de Representación Familiar esa misma fecha, los Estatutos del Movimiento en XII-1968 y la Ley de Asociaciones en VII-1969, estas dos últimas a iniciativa de Solís. El recurso de apelación o contrafuero suponía, asimismo, una fórmula restrictiva en exceso y la prevista separación de las jefaturas de Gobierno y de Estado no mermaba, en absoluto, el poder de esta última.

El Movimiento y su Consejo Nacional conservaban todas sus facultades de control de la actividad política y, si bien se ratificaba la monarquía como forma de gobierno de la nación, no se designaba sucesor. La candidatura de Juan Carlos, sin embargo, parecía segura gracias al apoyo de Carrero Blanco y López Rodó, a la evolución del pretendiente carlista Carlos Hugo hacia el socialismo y a la campaña de afirmación rupturista iniciada por Juan de Borbón ese mismo año siguiendo los consejos de su nuevo asesor, José María de Areilza.

El 14-V-1962 una amplia representación oficial acudió a la boda de Juan Carlos de Borbón con la princesa Sofía de Grecia, celebrada en Atenas (Grecia) y, desde 1964, este comenzó a aparecer junto a Franco en diversos actos protocolarios. En XII-1968 se procedió a la expulsión de toda la familia Borbón-Parma, incluidos Javier y Carlos Hugo y, el 7-I-1969, Juan Carlos realizó unas declaraciones en el diario Pueblo en las que manifestaba su acatamiento a las leyes fundamentales y disposición a aceptar su posible nombramiento como sucesor. Finalmente, el 22-VII-1969, Franco anunció ante las Cortes la designación, aunque el relevo en el poder solo se produciría en caso de muerte o de incapacidad.

Nueva política exterior

La política exterior se centró, durante la década de 1960, en la renegociación de los acuerdos con los EE.UU. (1963), la descolonización de Guinea Ecuatorial e Ifni, culminada en 1968, y las reivindicaciones sobre Gibraltar, cuya frontera se cerró ese último año después de que el Reino Unido se negara a cumplir las resoluciones dictadas sobre la cuestión por la Asamblea General de la ONU (1967). El 29-X-1969 Franco realizó la remodelación del gobierno más amplia y uniforme ideológicamente de su mandato: se renovaron 13 de los 18 ministros, doce de ellos afines a la tendencia conservadora y tecnocrática de López Rodó y Carrero, quien, como vicepresidente, ejercía virtualmente como jefe del Consejo.

El nuevo gabinete consiguió mantener el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en los años siguientes (4,1% en 1970, 4,9 en 1971, 8,1 en 1972 y 7,8 en 1973), aunque a costa de una inflación que alcanzó el 11,4% en 1973 y un déficit comercial de 4.500 millones de dólares para ese último año. En Asuntos Exteriores el acceso de López Bravo supuso un cambio respecto a la recurrente política internacional legada por Castiella y, en 29-VI-1970, se firmó un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea (CEE), de renovó la alianza con EE.UU. —el presidente Richard Nixon visitó España en octubre— y se establecieron relaciones diplomáticas con China y diversos países del E. europeo.

Conflictividad interior

La Ley de Educación de Villar Palasí 3-VIII-1970 aportó, asimismo, una nueva orientación en materia educativa, aunque la Ley Sindical (17-II-1971) mantuvo excesivas restricciones respecto a la creciente movilización obrera (en 1970 se contabilizaron 1.595 huelgas). A la conflictividad social, política y laboral generalizada, el Gobierno respondió con acciones represivas que, a su vez, provocaban una mayor intensificación de la protesta, en un proceso que alcanzó con frecuencia elevados niveles de violencia.

El 2-VIII-1968 se produjo la primera víctima mortal de ETA —que emprendió una cruenta ofensiva entre 1970 y 1973— y, para la propaganda oficial, el nacionalismo radical vasco sustituyó al comunismo como principal enemigo del régimen. El juicio celebrado en Burgos, a partir del 3-XII-1970, contra varios militantes de esa organización, se convirtió en centro de numerosas acciones de rechazo, como la asamblea reunida en Montserrat desde el 12 de ese mes con presencia de numerosos intelectuales, entre ellos Joan Miró, Nuria Espert, Ana M. Matute, Antoni Tàpìes, Joan Benet, Oriol Bohigas, Pi de la Serra, Esther Tusquets, Jorge Herralde, Montserrat Roig o Joan M. Serrat. El día 14 se declaró el estado de excepción en todo el país, mientras se extendía la repulsa internacional, contra la cual el régimen convocó una concentración en la plaza de Oriente, el día 18, que recordaba la celebrada en ese mismo lugar en 1946.

La solución final al juicio de Burgos supuso la claudicación y el desprestigio internacional del régimen, así como un punto sin retorno en la evolución del nacionalismo vasco y el acuerdo entre las distintas fuerzas opositoras. La crisis política se intensificó en los dos años siguientes y motivó un ajuste ministerial, el 11-VI-1973, destinado a reforzar el inmovilismo continuista con el nombramiento de Arias Navarro en Gobernación y la transmisión, por primera vez, de la Jefatura del Gobierno a Carrero Blanco. Sin embargo, con el asesinato de este último por ETA el 20-XII, el mismo día que se iniciaba el proceso 1.001 contra los dirigentes de (Comisiones Obreras), la descomposición del sistema inició un proceso irreversible.

Casi dos semanas después 3-I-1974 Franco nombró presidente de Gobierno a Arias Navarro quien, en su primer discurso ante las Cortes (12-II-1974), anunció su programa liberalizador: Ley de Asociaciones Políticas 16-XII-1974 y legalización del derecho a huelga en IV-1975. Desaparecido Carrero, el que pronto se conoció como espíritu del 12 de febrero trataba de erigirse en solución intermedia entre el sector inmovilista del franquismo —representado por los ex-combatientes de Girón, los neofascistas de Blas Piñar, los generales falangistas como García Rebull o Iniesta Cano y los integristas católicos— y los aperturistas del régimen como Fraga Iribarne, Garicano Goñi, Fernández Miranda y, en especial, los democristianos del grupo Tácito.

La oposición democrática

Frente la reformismo la oposición se mostró de acuerdo en reclamar una ruptura que permitiera el restablecimiento de las libertades democráticas y garantizara el respeto a los derechos individuales y colectivos. El 30-VII-1974 se formó la JD, Junta Democrática, integrada por el PCE, Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y el PSI, Partido Socialista Independiente, fundado por Tierno Galván el 21-I-1968 y, a partir de del 3-XI-1974, denominado PSP Partido Socialista Popular, además de otros grupos como el PTE, Partido de los Trabajadores de España y, temporalmente el Partido Carlista-Socialista de Carlos Hugo.

De forma paralela, el 11-VI-1975 se constituyó la [Plataforma de Convergencia Democrática] patrocinada por el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, cuya directiva había sido totalmente renovada en el XIII Congreso celebrado en Suresnes (Francia, X-1974), en el que se impusieron los socialistas sevillanos Felipe González y Alfonso Guerra, y se refrendó el éxito obtenido por Nicolás Redondo en el XI congreso de la UGT, Unión General de Trabajadores. En la [Plataforma de Convergencia Democrática] participaron ID, Izquierda democrática, PNV, Partido Nacionalista Vasco, USDE, Unión Social-Demócrata Española, de Ridruejo, el MC, Movimiento Comunista, los grupos catalanistas de Barrera y Pallach y, durante cierto tiempo, la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores]. El 13-IX-1975 la Junta y la Plataforma emitieron su primer comunicado conjunto, si bien la unión no se efectuó hasta el 17-III-1976.

Al movimiento de oposición política se sumó en ese periodo la protesta de diversos sectores de la Iglesia, en especial de colectivos sacerdotales y organizaciones de apostolado seglar como las HOAC, Hermandades Obreras de Acción Católica y las JOC, Juventudes Obreras Católicas. Sin embargo, el conflicto alcanzó a la jerarquía eclesiástica con el llamado caso Añoveros (II-1974), motivado por la una homilía de este obispo en la cual defendía la especificidad lingüística y cultural del País Vasco, que provocó una crisis en las relaciones del régimen con la Santa Sede ya deterioradas desde la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), cuyas directrices trataba de aplicar en España el cardenal Tarancón.

Incluso en el ejército surgieron tendencias renovadoras, representadas entre la oficialidad por la [Unión Militar Democrática], UMD, que contaban con el apoyo del Jefe del Alto Estado Mayor, general Díez Alegría, destituido de su cargo el 13-VI-1974, casi dos meses después de que en Portugal una insurrección militar, conocida como la revolución de los claveles, pusiera fin a la dictadura de Oliveira Salazar. El 29-X-1974 Arias Navarro, presidente del Gobierno desde el 3-I-1974 (y que lo sería tras la muerte de Franco , hasta el 7-VII-1976), realizó un ajuste ministerial para substituir a Pío Cabanillas, (ministro de Información y Turismo) y a Antonio Barrera de Irimo (vicepresidente segundo y ministro de Hacienda) por León Herrera Esteban y Rafael Cabello de Alba, respectivamente, decisión que provocó un hecho inédito en la historia política del franquismo: la dimisión solidaria de varios colaboradores, entre ellos Marcelino Oreja y F. Fernández Ordóñez.

Último gobierno de Franco

El último gobierno del general Franco, presidido también por Arias Navarro, se formó pocos meses después de esas substituciones, el 11-III-1975, y los cambios afectaron a los departamentos de Trabajo, Comercio, Industria, Justicia y Secretaría General del Movimiento. De este último gabinete del franquismo se mantendrían en sus puestos en el primer Gobierno de la monarquía (12-XII-1975- 7-VII-1976), hasta el nombramiento de Adolfo Suárez González en la Presidencia, el propio Arias Navarro, Gabriel Pita da Veiga (Marina) y Antonio Valdés y González Roldán (Obras Públicas).

Al agravamiento de la crisis coyuntural contribuyeron la campaña terrorista de ETA, del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota y del GRAPO, Grupo Revolucionario Antifascista Primero de octubre; las reclamaciones de Marruecos sobre el Sahara Occidental —última colonia española—, y los efectos de la crisis económica internacional, perceptibles en España desde 1974. Pero esto hechos se superponían a la crisis estructural del sistema, que declaradamente católico era condenado por amplios sectores de la Iglesia, que prohibía las huelgas cuando miles de estas se producían y que, desde el autoritarismo, buscaba alguna forma imposible de legitimidad democrática.

En última instancia, sus dirigentes recurrieron a la reafirmación de sus principios, la exclusión de sus adversarios e, incluso, la eliminación física de sus enemigos. El 1-III-1974 fue ejecutado el anarquista catalán Puig Antich y el 27-IX-1975 cinco miembros de ETA Euskadi ta Askatatuta y el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, a pesar de numerosas solicitudes de clemencia recibidas por el Consejo y de las manifestaciones de protesta convocadas en diversa capitales europeas, a las cuales la ultraderecha respondió de nuevo con una multitudinaria concentración en la Plaza de Oriente. Esta constituyó la última intervención pública de Franco que, gravemente enfermo, falleció en Madrid el 20-XI-1975.

VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, T. IX págs. 4221-4228.