La Revolución francesa

Índice

La Monarquía constitucional
La crisis del nuevo régimen
Fracaso de la revolución liberal
Fracaso de la República constitucional
La República se desliza hacia el Terror
Dictadura militar, ruptura hostilidades

La Monarquía constitucional

Enfrentamientos Estados Generales
Hundimiento del absolutismo
Proclamación derechos del hombre
La constitución civil del clero

Los absolutistas, aristócratas y liberales se enfrentan con los Estados Generales

Cuando los Estados Generales se abrieron en Versalles, el 5 de mayo de 1789, tres concepciones políticas se enfrentaban entre sí: el absolutismo monárquico, que deseaba abolir progresivamente los privilegios para realizar la concentración de todos los poderes en manos del rey, investido de la soberanía por la gracia de Dios; las clases privilegiadas, que sostenidas por los Parlamentos y las cortes soberanas pretendían imponer a la monarquía el respeto a las leyes fundamentales del Reino, es decir, del orden establecido, y la oposición liberal, que reclamaba la instauración de la igualdad civil por la derogación de los privilegios, y el advenimiento de un régimen representativo que sustituyese a la monarquía absoluta de derecho divino por un estado monárquico constitucional, basado en el principio de la soberanía de la nación.

El Tercer Estado se proclama Asamblea Nacional

La lucha se entabló entre la oposición liberal y los defensores de las clases privilegiadas. El tercer estado exigía que los tres órdenes celebrasen sus reuniones conjuntamente y que el voto se hiciese por cabeza, y los aristócratas abogaban por mantener la división tradicional de los Estados en tres órdenes que se reuniesen y votasen por separado. El rey, que hubiera podido jugar el papel de árbitro entre los privilegiados y el tercer estado, se mantuvo ajeno al debate.

Inauguración de los Estados generales de 1789 el 5 de mayo en Versalles.Inauguración de los Estados generales de 1789 el 5 de mayo en Versalles.

Después de seis semanas de discusiones, el tercer estado hizo caso omiso de la oposición de la nobleza y del clero. Afirmándose como único representante de la nación, se erigió en Asamblea Nacional (17 de junio) y sus miembros prestaron juramento de no separarse hasta después de haber establecido una Constitución para el reino.

Uniéndose al tercer estado, el clero —en cuyo seno se hallaban ampliamente representadas las ideas liberales— decidió por gran mayoría adherirse a la Asamblea Nacional que acababa de anunciar su resolución de transformar Francia en una monarquía constitucional. Ante esta amenaza al absolutismo, el rey reaccionó y el 23 de junio dispuso que los diferentes órdenes de los Estados Generales recomenzasen al día siguiente las sesiones en sus cámaras respectivas. La nobleza y una parte del clero obedecieron, pero los miembros del tercer estado afirmaron su voluntad de continuar celebrando sus sesiones como Asamblea Nacional. El rey, advertido de su actitud, se limitó a decir: ¡Bien, que se queden! El absolutismo se confesaba vencido.

Una vez victoriosa, la Asamblea Nacional vio como volvía a ella la mayoría del clero, a la que se unieron 47 diputados de la nobleza, y aquel mismo día los 400 electores de París organizaron un servicio de vigilancia para velar por la seguridad de la Asamblea. El 27 de junio, tras aceptar el hecho consumado, el rey dio orden al clero y a la nobleza de que se uniesen al tercer estado para constituir la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional se erige en Constituyente

La revolución liberal se había realizado. La unión de los tres órdenes en una misma Asamblea anunciaba el advenimiento de la igualdad civil, y el rey, al sancionar la misión que la Asamblea acababa de imponerse de dotar a Francia de una Constitución, cedía a los representantes de la nación el poder legislativo. En el futuro, las reformas procederían de la Asamblea y no del rey, y la soberanía pasaba a la nación, representada por los diputados elegidos.

La Asamblea Nacional, consagrando la profunda revolución que acababa de realizarse, se erigió, el 9 de julio, en Constituyente .

El rey, pareciendo no darse cuenta de la importancia de estos acontecimientos y ganado de nuevo por la influencia de la corte, creyó que aún era posible dar marcha atrás destituyendo a su ministro Necker, sospechoso de liberalismo, para sustituirlo por el aristócrata Breteuil, partidario de resistir frente a las nuevas ideas, y de hacer un despliegue de tropas en los arrabales de París.

Hundimiento del absolutismo

Toma de la Bastilla.Toma de la Bastilla.

Inmediatamente, el pueblo parisiense reaccionó contra el absolutismo, como había hecho con Etienne Marcel en la época de Carlos V y con la Fronda bajo la regencia de Ana de Austria. El Comité de Vigilancia, creado por los electores, declaró que debía sustituir al Ayuntamiento de París y organizó a toda prisa una milicia ciudadana, para la que requisó armas en medio de una gran efervescencia popular. Intimado el gobernador de la Bastilla a entregar el armamento que se le pedía, su negativa provocó el que la guardia ciudadana, apoyada por obreros del barrio de Saint-Antoine, se amotinara y asaltara el 14 de julio de 1789 la antigua fortaleza que servía de prisión al Estado, y que el populacho diera muerte al gobernador de la misma.

En vez de reprimir la revuelta, Luis XVI rehusó empeñarse en una lucha sangrienta contra sus súbditos y se presentó ante la Constituyente para anunciar la retirada de las tropas y la vuelta al poder de Necker.

Y el 17 de julio, aceptando el nuevo régimen, Luis XVI se trasladó a París y fue recibido por el Ayuntamiento que acababan de constituir ilegalmente los electores —del que Bailly, presidente de la Asamblea Constituyente , había sido elegido alcalde—, mientras que la milicia ciudadana, organizada espontáneamente, le rendía honores bajo el mando de La Fayette, el héroe de la guerra de la Independencia norteamericana. Y la escarapela tricolor, en la que se juntaban el color blanco del rey con los colores rojo y azul de la ciudad de París, fue enarbolada allí por vez primera.

Aquel mismo día recibió la Constituyente el homenaje del Parlamento de París, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Subsidios, a los que se uniría poco después el homenaje de la Universidad. Después del rey, las corporaciones del país reconocían la soberanía nacional encarnada en la Asamblea.

Días más tarde, el Ayuntamiento de París se transformaba en una institución legal. Las sesenta secciones electorales de la capital elegían, de acuerdo con el sufragio censitario tipo de sufragio según el cual era preciso haber satisfecho determinado censo para poder ser elegido o elector. Fue suprimido por la revolución del año 1848 que había sido establecido para la elección de diputados por París en los Estados Generales, un Ayuntamiento integrado por 122 concejales, elegidos entre lo más distinguido de las clases burguesa, intelectual y mercantil.

La toma de la Bastilla y los sucesos políticos que siguieron tuvieron enorme resonancia en todo el país. Al pretender oponerse al nuevo régimen para después ceder ante una revuelta callejera sin mostrar el menor gesto de resistencia, el rey permitió ver que el absolutismo era sólo una fachada hueca y que la monarquía había perdido la dirección de los acontecimientos. La oligarquía sobre la que se apoyaba la monarquía de derecho divino se encontraba escindida de la nación, y la consecuencia fue un repentino hundimiento de las instituciones monárquicas.

Francia se fracciona en municipios autónomos

La carencia de instituciones se manifestó bien pronto en todos los órganos de la autoridad, y la anarquía consiguiente hizo soplar sobre Francia —por miedo a los disturbios que engendró— un viento de pánico. El campo cesó de abastecer a la ciudad y por todas partes la población rural exigió la abolición de los derechos feudales que, con suma torpeza, los nobles intentaban precisamente reforzar. Numerosos nobles renunciaron espontáneamente a sus derechos, pero en donde se negaron a ceder hubo asaltos seguidos de pillaje y asesinatos. En las grandes ciudades como Lyon, Amiens, Burdeos, Dijon, Nantes, Ruán y Montpellier- los electores, siguiendo el ejemplo de los de París, obligaron a los ayuntamientos a compartir el poder con los delegados nombrados por ellos, y al cesar en sus funciones los magistrados reales, las tropas, que en numerosos sitios habían dejado de recibir sus pagas, se amotinaron.

Ante la ausencia de Estado, muchos ayuntamientos se vieron obligados a sustituirle para poner remedio a las más urgentes necesidades de la administración, así como para asegurar el orden y la seguridad. Por todas partes se crearon milicias ciudadanas. Francia se dislocó en municipios autónomos que, de manera espontánea, se federaban alrededor de los grandes centros urbanos.

Sobre las ruinas de la vieja monarquía centralizada, Francia se reagrupaba en una federación de municipios.

Abolición de los privilegios por la Constituyente

El movimiento de emancipación que se manifestaba en la clase rural precipitó los acontecimientos. La noche del 4 de agosto, la Constituyente derogó las prestaciones personales, la servidumbre y los derechos feudales usurpados por el Estado —jus ticia, caza y pesca, cotos de caza, regalías, peajes—, y declaró que los campesinos podrán redimir sus censos en doce anualidades. Fue proclamada la igualdad de todos los franceses ante los impuestos. Los diputados de los países de Estado renunciaron a sus prerrogativas financieras; los de las ciudades a las inmunidades urbanas, a las corporaciones y a sus privilegios económicos, y los magistrados repudiaron la venalidad de los cargos. Cuando la Asamblea suspendió la sesión, en medio del mayor entusiasmo, el antiguo régimen había sido derrocado, y atribuyendo al rey el mérito de la inmensa reforma que acababa de efectuarse, lo proclamó de modo solemne restaurador de la libertad francesa.

Proclamación de los derechos del hombre

Al igual que había hecho el Congreso americano, la Constituyente decidió hacer preceder la Constitución, cuya elaboración se había impuesto, de una declaración hecha para todos los hombres, para todos los tiempos, para todos los países, y que pudiese servir de ejemplo al mundo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Constituyente el 26 de agosto de 1789, comienza con este preámbulo: Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente en todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, pudiendo ser comparados en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados; a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, en el futuro fundadas sobre principios simples e indiscutibles, se encaminen siempre hacia el mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

Como consecuencia, la Asamblea declaraba, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos del hombre y del ciudadano.

Reacción de la corte y agitación popular

Sin embargo, la revolución liberal, individualista y burguesa y que triunfaba, provocó dos oposiciones: la de la nobleza cortesana, para quien el nuevo régimen aparecía como una verdadera ruina las pensiones que cobraban las 100 familias de la nobleza cortesana de elevaban, en 1789, a 61 llones, es decir, el 12 por ciento de los ingresos totales del Estado, y la de la plebe de París, que había sido mantenida al margen de las asambleas electorales de 1789 y cuya situación económica era cada vez más precaria como consecuencia de la escasez de alimentos y del alza de precio del pan, ocasionada por la desorganización del comercio, principalmente el del trigo.

La agitación popular, que comenzara con motivo de la toma de la Bastilla, no había cesado de perturbar París. Del plano político había pasado al plano social. Falto de pan, el pueblo llegó a asesinar al intendente de París y a varios oficiales encargados del abastecimiento de la capital, a quienes acusaban de acaparadores. En el barrio de Saint Antoine fueron saqueadas algunas fábricas. Aparecieron los jefes populares Marat, Danton, Camille Desmoulins y Robespierre, quienes, fuera de la Asamblea, intentaban organizar motines callejeros para la consecución de reformas radicales y de carácter democrático. Algunos nobles temerosos, entre los que estaba el Conde de Artois, hermano del rey, abandonaron Francia. Comenzaba la emigración. El mismo rey se resistía en ratificar los decretos del 4 de agosto. Ya el 15 de julio había redactado una protesta contra las concesiones que le habían sido arrancadas. Mantenida en secreto al principio, fue transmitida en octubre al rey de España, al tiempo que el Conde de Artois, en torno al cual se formaba una corte de refugiados en Turín bajo la protección del rey de Cerdeña, Víctor Amadeo III, establecía un comité para organizar, allende las fronteras francesas, la acción contrarrevolucionaria.

Intervención de la calle en la política

El malestar, que se agravaba, hacía temer motines, y para prevenirse el rey hizo llevar a Versalles el regimiento de Flandes, a cuyos oficiales fue ofrecido un banquete el 1 de octubre. De ahí nació el rumor —que recorrió París como un reguero de pólvora— de que la escarapela tricolor había sido pisoteada y sustituida por la escarapela negra de la reina, tenida por el más sólido apoyo de la reacción. Este presunto incidente hizo estremecer de ira al pueblo, ya excitado en la capital. Y el 5 de octubre, millares de mujeres marcharon sobre Versalles para pedir pan al rey, a las que se unieron 20.000 guardias nacionales, tanto para apoyarlas como para mantener el orden.

No se trataba de una manifestación contra el rey, sino que el pueblo, en su penuria, se dirigía a él como a su protector natural. Quería arrancarlo a los medios reaccionarios de la corte y conducirlo a París, donde se estaba constituyendo una Francia nueva. Algunos guardias de la escolta real fueron asesinados, pero como el rey había dado órdenes de no disparar, pudo así evitarse mayor efusión de sangre. Prometió pan al pueblo, aceptó el ratificar los decretos del 4 de agosto y del 6 de Octubre y a pesar de que le aconsejaron que marchase con la Asamblea a Ruán, se dejó conducir por la muchedumbre hacia la capital, precedida por una carreta cargada de harina y seguido por un centenar de diputados en coches de caballos. Y la Asamblea, estimando que era un organismo inseparable del rey, decidió seguirle a París e instalar su sede en el palacio real de las Tullerías.

Después de la jornada del 5 de octubre, la calle intentaba, cada vez más, dominar la revolución. Se fundaron asociaciones que preconizaban —al lado de la obra reformadora de la Constituyente— la revolución popular. En noviembre la Sociedad de los Amigos de la Constitución, que bajo el nombre de Club de los Jacobinos iba a crear filiales en todas las ciudades del país, y aparecieron periódicos como Les Révolutions de Paris, Les Révolutions de France et de Brabant, Le Courrier de Provence, Les Annales patriotiques et littéraires, y algunos más.

Esta agitación se dejó sentir también en la Constituyente , en donde se formaron partidos que harían su tarea cada vez más difícil. Al lado de los monárquicos que deseaban mantener la revolución en el marco de la monarquía constitucional y liberal, los aristócratas no renunciaban a restablecer el orden antiguo, o al menos lo que pudiesen salvar de él, mientras que los llamados patriotas, apelando a la insurrección callejera, adoptaban una posición extremista.

Los monárquicos, que formaban la gran mayoría de la Asamblea, para defenderse contra las violencias del populacho, a quien la crisis económica empujaba cada vez más a la agitación, hicieron votar un decreto contra los grupos tumultuosos, medida que Robespierre denunció como un atentado contra la libertad. Intimidada, y con el deseo de unir todas las fuerzas para realizar la inmensa tarea que se había impuesto, la Constituyente aceptó imprudentemente el establecer contacto con el pueblo de París, y a este fin decidió colocar una barra en el salón de sesiones a la que serían admitidos los peticionarios y abrió las tribunas al público, libremente admitido a manifestar su opinión.

A partir de entonces, iba a entablarse un duelo entre la legalidad, representada por la Constituyente , y la insurrección, mantenida desde la calle.

Francia proclama una constitución monarquica, liberal e individualista

En medio de tan grandes dificultades como iban acumulándose, tanto políticas como sociales, la Constituyente realizó con un profundo sentido de la realidad una obra sorprendentemente constructiva que debía hacer de Francia una monarquía constitucional. La Constitución, cuyo anteproyecto estaba ya terminado en julio de 1790, representa la culminación de una doble evolución histórica que, a partir del siglo XII, llevaba a la sociedad francesa, paso a paso, hacia el triunfo del individualismo y a un sistema político fundado sobre la soberanía nacional.

Constitución de 1791.Constitución de 1791.

Dotado de todas las libertades, el individuo llega a ser el centro de un nuevo sistema jurídico y político que procede del modo de pensar del siglo XVIII —sobre todo de Hume, Locke, Montesquieu y Rousseau—, pero que representa también el estadio final de la emancipación individual que ha proseguido en todo el Occidente a través de la Edad Media y de los tiempos modernos.

La parte esencial de la Constitución de 1791 es la Declaración de los Derechos del Hombre que le sirve de preámbulo, y el régimen que ella instaura no es otra cosa sino su aplicación a los diversos poderes del Estado.

Desde el punto de vista político, la Constitución se inspira en los principios preconizados por Montesquieu, es decir, que no es producto de una ideología teórica, sino la obra razonada de un idealismo realista.

Consagra, como fundamento del régimen, la separación de los poderes hasta entonces concentrados, al menos en teoría, en la persona del soberano. El rey deja de confundirse con el Estado y se transforma en el primer representante, irresponsable e inviolable. Las finanzas del Estado serán en lo sucesivo distintas de los recursos del rey, a quien la Constitución asigna la suma, muy considerable, de 25 millones.

Asimismo, el soberano es quien detenta el poder ejecutivo, que ejercita por medio de seis ministros responsables, nombrados y depuestos por él. Posee igualmente la iniciativa diplomática y nombra a los embajadores y a los jefes militares.

El poder de legislar pertenece a la Asamblea legislativa, que con carácter permanente, inviolable e indisoluble, es elegida por períodos de dos años y representa la soberanía nacional.

Frente al poder legislativo, el rey, investido de una función moderadora, posee sobre sus decisiones un veto suspensivo cuyos efectos pueden alcanzar solo a dos legislaturas, es decir, durante cuatro años. El veto real no puede, sin embargo, aplicarse en materia fiscal, no siéndole posible al rey, por consiguiente, impedir que se manifieste la soberanía nacional en tal terreno.

El poder judicial, desligado del poder ejecutivo, es ejercido por jueces electos, inamovibles y, por tanto, enteramente independientes.

En cuanto a las demasías, la Constitución no hace más que llevar hasta el límite, racionalizándolos, los principios que informaban desde el siglo XVI las reformas reales. Todos los órganos complejos y complicados que la tradición había dejado subsistir en la administración y en la organización judicial son suprimidos. En materia administrativa, el principio de la supresión de los antiguos principados feudales, que había sido introducido por Luis XIV cuando se establecieron las circunscripciones financieras, fue generalizado: las antiguas provincias son suprimidas, creándose en su lugar 83 departamentos divididos en distritos; la reforma judicial realizada de Enrique II a Luis XIV es sistematizada; en materia civil, se organizó en cada departamento una Justicia de Paz y en cada distrito un tribunal, contra el que se podía apelar ante el tribunal del distrito vecino. Fueron suprimidos los Parlamentos, de los que se desconfiaba por la oposición conservadora que no habían cesado de hacer a las reformas centralizadoras de la realeza, aunque renacerán más tarde bajo la forma de Tribunales de Apelación, En materia criminal, el ayuntamiento fue encargado de juzgar las faltas; el juez de paz, los delitos, y el tribunal departamental, los crímenes, pero manteniéndose el procedimiento civil tal como lo había establecido Colbert. En lo criminal también fue reformado en el sentido preconizado por Colbert: se abolió la tortura y los derechos del inculpado fueron rodeados de garantías destinadas a protegerle contra cualquier arbitrariedad. Este aparato judicial fue coronado por dos tribunales nacionales: un Tribunal Supremo, para los asuntos de materia civil o criminal, y un Tribunal Superior, para los asuntos de orden político.

Con estas reformas se acentuó una honda evolución en el concepto de justicia. Si en la Edad Media la Justicia representaba esencialmente la vindicta pública y durante el siglo XVII la monarquía había dictaminado el que al lado de la culpabilidad de hecho comenzara a ser considerada la culpabilidad moral, tendencia que introducía la equidad como primer principio jurídico y que se había manifestado por la admisión de circunstancias atenuantes, la concesión de plazos al deudor desgraciado y el perdón, la Constitución de 1791, bajo la influencia del concepto individualista que la inspira, marca un notable progreso en este concepto: la Justicia no representa ya una medida de defensa y de seguridad para la sociedad, sino el castigo infligido al culpable. La indagación de la culpabilidad, que sitúa antes que el interés social el respeto de los derechos del individuo, constituye la base de la justicia.

Esta no pierde, sin embargo, su carácter social, pues el nombre de justicia de paz lo indica elocuentemente; la sociedad ya no interviene tan solo para castigar, sino que su función debe consistir en establecer la paz y allanar e impedir los conflictos, gracias sobre todo al papel conciliador y arbitral de que están investidos los jueces de paz.

En materia financiera, la Constituyente establece la igualdad del impuesto que la monarquía había intentado establecer desde el siglo XVII. La contribución territorial, aplicada indistintamente a todos los propietarios, es mantenida como fuente esencial de los ingresos del Estado, a los que hay que añadir una contribución industrial y comercial, y otra de personal y mobiliaria, ambas creadas por la monarquía.

Influida por el alza de precios que se manifiesta peligrosamente en 1790, parece que la Constituyente quiso abandonar los impuestos indirectos que tanto se habían extendido desde los tiempos de Luis XIV, pero ante la realidad económica habrá que recurrir a ellos de nuevo.

Tanto en el plano económico como en el político, la Constitución marca la culminación de las ideas del liberalismo que triunfaban a fines del siglo XVIII: las corporaciones que habían sido conservadas por la monarquía por razones fiscales fueron suspendidas, y acabada la tarea ya iniciada por los reyes, de suprimir las aduanas y peajes interiores. La prohibición de los gremios y de las huelgas, promulgada por Colbert, se mantuvo ahora justificada por razones de liberalismo

En resumen, tanto en materia judicial, como administrativa, financiera y económica, la Constitución de 1791 marca la cima de una larga evolución hacia el individualismo, la centralización y la unificación, de que había sido capital instrumento la monarquía desde hacía siglos.

Los principios que contiene no residen en la organización que da a Francia, sino en el nuevo concepto que introduce acerca del origen de los poderes y la función de estos. Si bajo la monarquía absoluta el origen de los poderes es el rey, y la razón de ser de todo el sistema administrativo, político y judicial del país es el fortalecimiento de la autoridad real, para la Constitución de 1791 el origen de los poderes reside en la nación, y la razón de ser de los servicios administrativos y judiciales consiste en asegurar a los ciudadanos, cuyo haz constituye la nación, su independencia frente al Estado. Por consiguiente, el punto de vista se ha invertido.

No cabe duda que la monarquía había desarrollado continuamente el carácter individualista del derecho, pero esta tendencia había tenido como finalidad la destrucción de los organismos feudales, señoriales, o sociales, que constituían un obstáculo para la omnipotencia del rey, reduciendo la sociedad a una colectividad de individuos sometidos por igual a la autoridad monárquica. El individualismo no se desarrolló, pues, bajo la monarquía sino como una consecuencia de la política centralizadora y estatista del absolutismo real; en cambio, llevado a sus últimas consecuencias por la Constitución de 1791, el principio individualista constituyó una finalidad en sí mismo. Ya no es el rey el centro del derecho, es decir el Estado, sino el individuo.

En el plano administrativo, la Constitución restableció la autonomía de los municipios que había sido suprimida por la monarquía, aunque esta nueva autonomía es esencialmente distinta a la anterior, sin embargo, que no es la misma que había derogado anteriormente. En el antiguo régimen, la autonomía comunal tenía como principal razón de ser el asegurar al municipio privilegios y monopolios que restringían la libertad económica de las poblaciones circundantes; la Constitución de 1791, basada en el principio de la igualdad civil absoluta, no considera la autonomía comunal —extendida por igual a todos los municipios del reino— sino como expresión, en el plano municipal, de la teoría de la soberanía nacional, principio que se hace extensivo a los departamentos. Municipio y departamento serán administrados por magistrados y consejos elegidos por los ciudadanos activos, que así se verán a cubierto de la omnipotencia arbitraria del Estado.

El mismo deseo de defender al ciudadano contra el Estado se manifiesta en la reorganización de los tribunales. Bajo la monarquía, el principio de la venalidad de cargos tenía el mérito de hacer las funciones judiciales inamovibles, y, por consiguiente, independientes del rey. No obstante, la venalidad había transformado los cargos en prebendas que habían pasado a ser propiedad de una oligarquía togada. Esta es suprimida por la Constituyente , pero al rehusar confiar al Estado el derecho a componer los tribunales introduce el principio de elección de jueces —bajo ciertas condiciones de competencia—, así como el principio tomado de Inglaterra, de la intervención del jurado en las causas criminales, transfiriendo así del rey a la nación el derecho a juzgar.

La Constitución de 1791, que sustituye el absolutismo real por los principios del liberalismo y de la soberanía nacional, aparece, sin embargo, como menos democrática en algunos de sus principios que el propio régimen monárquico. El carácter absoluto y exclusivo que da a la propiedad acarrea la consecuencia de privar a los campesinos de importantes derechos de que gozaban, no solamente sobre los bienes comunales, sino también sobre los dominios señoriales. No cabe duda que la abolición de los derechos feudales hace desaparecer antiguos tributos señoriales cuya percepción no estaba ya justificada, pero esta medida no favorece más que a los propietarios de tierras.

La derogación de las prestaciones personales y de otros monopolios que subsistían en diversas regiones —tal como la obligación de servirse, mediante el pago de ciertas tasas del horno y de la prensa del señor— constituye igualmente un alivio para las poblaciones rurales. Pero frente a estas ventajas provechosas, sobre todo para los aldeanos acomodados, la desaparición de la antigua propiedad señorial, transformada en propiedad pura y simple, ocasiona a los habitantes rurales, en especial a los más desheredados, consecuencias a veces desastrosas.

La tierra señorial, en efecto, por la misma razón de sus orígenes, se hallaba gravada en casi todas las regiones de Francia por gran número de servidumbres sociales. Por regla general, el señor no podía cercar sus bosques, ni sus tierras, porque la población de la aldea tenía derecho a dejar pacer sus rebaños en las tierras señoriales una vez recogida la cosecha; muy frecuentemente, el señor debía permitir el regadío de sus prados para uso de los aldeanos. Estos podían también enviar los cerdos a los montes de los bosques señoriales y tomar allí la leña caída, y numerosas costumbres les autorizaban a cortar árboles del señor para las necesidades de construcción o reparación de sus viviendas, privilegios que representaban grandes ventajas para los campesinos que no eran propietarios ni aparceros y que les permitían poseer aves de corral, carneros y cerdos que se mantenían de la finca señorial. La leña para su hogar, o la madera de construcción, con frecuencia no les costaba nada. El nuevo concepto exclusivamente individual de la propiedad, privaba a los campesinos de todas estas ventajas. Por esto los más pobres se vieron reducidos a la miseria, una de las causas del aflujo de proletarios sin recursos hacia las ciudades, donde su número y su pobreza dieron a los industriales la posibilidad de mantener los salarios a bajo precio.

La abolición de los derechos feudales después de la revolución tiene, pues, como consecuencia el hacer más grande la diferencia entre el propietario y el que no lo es, diferencia política y social más acentuadas ahora que con el antiguo régimen.

Desde 1484, los Estados Generales habían sido elegidos por sufragio de todos los franceses, en dos grados. Las poblaciones que constituían el tercer estado se reunían en el campo por parroquias, y en las ciudades por secciones, sin distinción de fortuna, para elegir en ellas a los electores, quienes a su vez designaban los diputados del tercer estado en los Estados Generales. Mas como el voto en los Estados Generales se hacía por órdenes, el tercer estado, aunque es cierto representara más de las nueve décimas partes de la población del reino, no intervenía en las decisiones de los Estados Generales más que en una proporción igual a la del clero o a la de la nobleza, es decir, que no representaba legalmente más que a un tercio del reino y su voto estaba condicionado por los otros dos órdenes. Igualmente es verdad que desde hacía dos siglos los Estados Generales no habían vuelto a reunirse y que la población no intervenía, pues, en la organización del reino más que en el plano municipal, donde se encontraba agrupada en las corporaciones que constituían, a pesar de su arcaísmo, el marco de la vida política de los municipios.

Al suprimir los órdenes, la Constitución de 1791 anuló casi por completo la importancia política del clero y de la nobleza, y el tercer estado, absorbiendo a las antiguas clases privilegiadas, llegó a ser por sí solo el representante de la nación. Pero al mismo tiempo arrojó de su seno, negándoles el derecho de voto, a los franceses que no poseían nada. El sufragio universal introducido por la monarquía fue sustituído por un sufragio censitario que —como en Inglaterra y en América— reservaba el voto a los propietarios. La Constitución devolvía así a los nobles, en su calidad de terratenientes, una parte de la influencia que perdieron por la supresión de privilegios.

En lo sucesivo, los franceses ya no estarán divididos en privilegiados y no privilegiados, sino en propietarios y no propietarios. Y únicamente los primeros serán «ciudadanos activos y gozarán del derecho a ser doctores y a ser elegidos. Los no propietarios solo serán «ciudadanos pasivos, iguales a los propietarios en derechos civiles, pero privados de los derechos políticos.

Mucho más amplia en el establecimiento de las condiciones censitarias que el sistema parlamentario inglés, e incluso que la Constitución americana, la Constitución de 1791, sin embargo, adoptaba como aquella el principio de no confiar la gestión del Estado sino solamente a los propietarios. Es fácil que los motines a que no cesaba de entregarse el proletariado de París contribuyeran a que fueran separados los no propietarios de la vida política, pero no fue esta la razón determinante que hizo admitir el régimen censitario. Al pasar del régimen aristocrático al censitario, Francia no hizo más que adaptarse a la evolución normal que conocieron las sociedades en su transformación progresiva hacia la forma democrática. Caso semejante sucedió en las ciudades antiguas, sobre todo en las griegas, e igualmente en la República romana, y en la Edad Media, el régimen comunal, tanto en el siglo X en Rusia, como en los siglos XII y XIII en Occidente, conoció también el sistema censitario como primera etapa del régimen representativo. Por otra parte, los hechos debían demostrar que si en teoría el establecimiento del régimen censitario parecía una contradicción con la Declaración de los Derechos del Hombre, sería prácticamente imposible, en Francia como en otros países que evolucionaron hacia la democracia, establecer esta —como pretendería hacer la Convención— sin pasar por el estadio del régimen censitario.

Para ser ciudadano activo, la Constitución exige el pago anual de una contribución igual al menos a 3 jornales de trabajo, siendo los ciudadanos activos quienes componen las asambleas primarias que eligen a los electores a razón de uno por cada cien. Estos, que eligen a los diputados deben ser nombrados entre los ciudadanos que paguen un impuesto de cuantía no inferior a 10 jornales de trabajo. Para ser elegible para la Asamblea legislativa es preciso ser terrateniente y pagar al menos 54 libras de impuesto. Todos los ciudadanos activos son admitidos para formar parte de la Guardia Nacional con la condición de disponer de medios para equiparse a sí mismos, disponiendo además del derecho a votar en el plano municipal. Francia contará con 4.298.000 ciudadanos activos que elegirán, en las asambleas primarias a 50.000 electores encargados de designar a los 745 diputados de la Asamblea legislativa. De cada tres franceses adultos, a dos se les conceden los derechos políticos.

La Constitución se esforzó por establecer una representación proporcional a la de la población del reino, atribuyendo a cada departamento en el que dos diputados representan al territorio —París solo tiene uno—, un número de diputados proporcional al número de sus habitantes.

A pesar de esta separación de los no propietarios en la vida política, la Constitución de 1791 estableció en Francia un régimen representativo, liberal y democrático. En los Estados Generales, los representantes elegidos por la nación no poseían más que el derecho a ser consultados. En lo sucesivo es la Nación, por medio de la Asamblea elegida, la que detenta la soberanía expresada esencialmente por el poder legislativo. El régimen que la Constitución daba a Francia era el más democrático de cuantos entonces eran conocidos en el mundo.

Sin embargo, al igual que la Constitución americana, era a la vez una obra de idealismo y de realismo, los dos aspectos que en el decurso del siglo XIX debían caracterizar a los regímenes creados por la burguesía liberal. Pero en lugar de confiar la soberanía, como los americanos, a una pequeña minoría de propietarios, la confiaba a la gran mayoría de la población. Es interesante subrayar que la Constituyente zanjó la cuestión de la esclavitud del mismo modo que el Congreso americano. Aun cuando los principios exigían que la esclavitud fuese abolida, la Constituyente , ante la oposición de los armadores y haciendo ceder los derechos del hombre ante las realidades inmediatas, no se atrevió a proclamarla, concediendo tan solo a las asambleas coloniales el derecho a regular la condición de los negros y de los mulatos.

La constitución civil del clero

La cuestión más difícil que se planteó a la Constituyente fue la de las relaciones entre Iglesia y Estado. De acuerdo con los Derechos del hombre, proclamó la más absoluta libertad de cultos y admitió el goce de los derechos civiles y políticos, en pie de igualdad con los católicos, a los protestantes y a los judíos, pero conservando para el culto católico el carácter de culto nacional, conservó la misión de establecer el registro civil, así como el cuidado de organizar la beneficencia y la enseñanza. La Constituyente no era antirreligiosa, ni anticlerical, mas adoptando la misma posición que con respecto a la Iglesia habían tomado Luis XIV y José II, quiso hacer de ella una rama de la administración con el fin de impedir la existencia de un estado dentro del Estado.

Fiel a los principios que acababa de proclamar y estimando como un deber reformar las instituciones de la Iglesia como había reformado las del Estado, suprimió las antiguas diócesis como antes se suprimieron las provincias e instaló en los 83 departamentos recientemente creados otros tantos obispos que colocó bajo la autoridad de diez de ellos, quienes elevados a obispos metropolitanos sustituían a los antiguos arzobispos. También introdujo el principio de la elección de los obispos y los párrocos por los electores civiles —fuesen católicos o no—, y suprimió la investidura canónica, sustituyéndola, para los obispos, por la consagración del metropolitano, y para los sacerdotes por la del obispo.

Del mismo modo que la Constitución prohibía las corporaciones y asociaciones obreras, prohibió las congregaciones, suprimió los conventos —si bien exceptuó a las órdenes dedicadas a la enseñanza y a obras de beneficencia— y prohibió a los franceses pronunciar votos, autorizando sólo a los frailes que lo desearan a seguir viviendo según las reglas de la vida monástica. Y del mismo modo que se habían instituido los consejos departamentales restableció los sínodos provinciales, y en cada diócesis fue creado un seminario, cuyos directores, asistidos por vicarios episcopales, sustituirían a los capítulos de canónigos que habían sido suprimidos, para formar cerca del obispo un consejo sin cuyo acuerdo este no podría ejecutar un acto de administración o de jurisdicción.

Y lo mismo que Luis XIV había impuesto a los obispos la obligación de prestar juramento a los Cuatro Artículos de la Iglesia galicana, la Constituyente , tratando a prelados y sacerdotes como simples funcionarios, les impuso la obligación de prestar juramento de fidelidad a la Constitución.

No se trataba de atacar la primacía espiritual del Papa, pero el extender a la Iglesia el principio de la soberanía nacional conducía a quitarle en Francia toda su autoridad: sus breves debían ser sometidos a la censura del gobierno y los litigios de orden eclesiástico entregados a la jurisdicción civil. Además, a la Santa Sede se le prohibía sacar cualquier clase de dinero del reino.

Esta Constitución Civil del Clero, que representaba la culminación de la política llevada a cabo por la monarquía a partir de Luis XIV para establecer, dentro del marco de las instituciones nacionales, la Iglesia galicana, se vio considerablemente influida por los acontecimientos, sobre todo por la crisis financiera que iba tomando proporciones desastrosas para Francia.

La crisis obliga a disponer de los bienes del clero

Al día siguiente de la toma de la Bastilla, todo el pueblo francés había rehusado el pago de los impuestos, y a falta de catastro, el nuevo impuesto sólo podía ser deducido según las declaraciones hechas por los mismos propietarios, quienes tenían buen cuidado de oponer al fisco la más completa inercia. Y así, la deuda flotante no cesaba de acrecentarse, alcanzando en julio de 1790 los 2.000 millones.

Durante los años que habían precedido a la convocatoria de los Estados Generales, el gobierno, para hacer frente a las necesidades que no podía cubrir con sus ingresos, había recurrido a los anticipos que otorgaba la Caja de Préstamos creada por Luis XIV, pero en noviembre de 1789 esta declaró que sus recursos estaban agotados completamente.

Charles Maurice de Talleyrand.Charles Maurice de Talleyrand.

Entonces se intentó recurrir a los empréstitos, mas la falta de confianza que engendraba el gran miedo los hacía fracasar uno tras otro, y ante la inminente bancarrota el gobierno decretó la percepción de la cuarta parte de las rentas de las mayores fortunas del reino. Pero esta solución, que aumentaba el malestar entre la clase adinerada, la única que podía ayudar financieramente al Estado, no hizo sino retrasar la crisis, y el entonces obispo de Autún, Talleyrand, propuso, para salvar al país de la espantosa catástrofe que hubiese traído consigo la bancarrota, poner los bienes de la Iglesia, estimados en 3.000 millones, a disposición del Estado. Y fue adoptada esta medida, aunque compensada por la Constituyente encargando al Estado de la retribución del clero y de los gastos del culto.

Institución de la monarquía constitucional

Realizada en medio de las dificultades considerables que traía consigo la brusca transformación de las instituciones, la Constitución de 1791, considerada en su conjunto, aparece como una obra grandiosa, osada y llena de prudencia a la vez. Sin romper con la tradición, realizaba de un solo golpe el paso del régimen absoluto al de la soberanía nacional, remataba la obra de centralización emprendida por la monarquía al unificar las instituciones del reino y evitaba el estatismo al organizar los municipios y los departamentos. Emancipaba a todos los franceses poniéndoles en un plano de igualdad civil que les garantizaba todas las libertades individuales, pero en el terreno político cuidaba las transiciones y evitaba lanzarse a una aventura, reservando los derechos políticos tan sólo a los ciudadanos propietarios, es decir —habida cuenta del alto grado de prosperidad de Francia—, a más de la mitad de los franceses.

El principio del absolutismo de derecho divino era sustituído por el de la soberanía nacional, pero al combinar la estabilidad monárquica con la representación nacional aseguraba el paso, sin graves alteraciones, del antiguo al nuevo régimen. Como la inmensa mayoría del país permanecía adicta a la institución monárquica, tan íntimamente ligada a las tradiciones nacionales y religiosas de Francia, con mantener al rey asistido por ministros responsables el poder ejecutivo que coronaba el nuevo edificio político, la Constitución, tranquilizaba a la opinión, conservaba intactas las fuerzas morales que se habían elaborado tan lentamente en el decurso de siglos y garantizaba el nuevo régimen —por el veto que atribuía al rey sobre las decisiones de la Asamblea legislativa—, contra el peligro de reformas apresuradamente votadas por mayorías ocasionales.

Fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790 en el Campo de Marte,Fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790 en el Campo de Marte,

El 14 de julio de 1790, durante la grandiosa Fiesta de la Federación, los delegados de los municipios y de las milicias ciudadanas de Francia se reunieron en el Campo de Marte, en París, para sellar su solidaridad dentro del marco de la Constitución. Talleyrand celebró en aquella ocasión una solemne misa, y el rey, en presencia de los representantes de toda Francia, juró fidelidad a la Constitución. La Fayette, entonces en el apogeo de su gloria, jefe del ejército de ciudadanos que constituían la Guardia Nacional, en nombre de todos los franceses prestó juramento de que permanecerían fieles a la Nación, a la Ley y al Rey.

Comprometiéndose por un verdadero «contrato social» pactado entre los ciudadanos y el rey, Francia se reagrupaba en torno a su soberano hereditario, quien renunciaba a ser su «dueño absoluto» para transformarse en guardián de la Constitución que libremente se había dado a sí misma.

La Monarquía constitucional quedaba instituida.

PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 9-29.