La Revolución Francesa

La Asamblea Nacional

El Tercer Estado se proclama Asamblea Nacional

Cuando los Estados Generales se abrieron en Versalles, el 5 de mayo de 1789, tres concepciones políticas se enfrentaban entre sí: el absolutismo monárquico, que deseaba abolir progresivamente los privilegios para realizar la concentración de todos los poderes en manos del rey, investido de la soberanía por la gracia de Dios; las clases privilegiadas, que sostenidas por los Parlamentos y las cortes soberanas pretendían imponer a la monarquía el respeto a las leyes fundamentales del Reino, es decir, del orden establecido, y la oposición liberal, que reclamaba la instauración de la igualdad civil por la derogación de los privilegios, y el advenimiento de un régimen representativo que sustituyese a la monarquía absoluta de derecho divino por un estado monárquico constitucional, basado en el principio de la soberanía de la nación.

El Tercer Estado se proclama Asamblea Nacional

La lucha se entabló entre la oposición liberal y los defensores de las clases privilegiadas. El tercer estado exigía que los tres órdenes celebrasen sus reuniones conjuntamente y que el voto se hiciese por cabeza, y los aristócratas abogaban por mantener la división tradicional de los Estados en tres órdenes que se reuniesen y votasen por separado. El rey, que hubiera podido jugar el papel de árbitro entre los privilegiados y el tercer estado, se mantuvo ajeno al debate.

Después de seis semanas de discusiones, el tercer estado hizo caso omiso de la oposición de la nobleza y del clero. Afirmándose como único representante de la nación, se erigió en Asamblea Nacional (17 de junio) y sus miembros prestaron juramento de no separarse hasta después de haber establecido una Constitución para el reino.

Uniéndose al tercer estado, el clero —en cuyo seno se hallaban ampliamente representadas las ideas liberales— decidió por gran mayoría adherirse a la Asamblea Nacional que acababa de anunciar su resolución de transformar Francia en una monarquía constitucional. Ante esta amenaza al absolutismo, el rey reaccionó y el 23 de junio dispuso que los diferentes órdenes de los Estados Generales recomenzasen al día siguiente las sesiones en sus cámaras respectivas. La nobleza y una parte del clero obedecieron, pero los miembros del tercer estado afirmaron su voluntad de continuar celebrando sus sesiones como Asamblea Nacional. El rey, advertido de su actitud, se limitó a decir: ¡Bien, que se queden! El absolutismo se confesaba vencido.

Una vez victoriosa, la Asamblea Nacional vio como volvía a ella la mayoría del clero, a la que se unieron 47 diputados de la nobleza, y aquel mismo día los 400 electores de París organizaron un servicio de vigilancia para velar por la seguridad de la Asamblea. El 27 de junio, tras aceptar el hecho consumado, el rey dio orden al clero y a la nobleza de que se uniesen al tercer estado para constituir la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional se erige en Constituyente

La revolución liberal se había realizado. La unión de los tres órdenes en una misma Asamblea nNacional anunciaba el advenimiento de la igualdad civil, y el rey, al sancionar la misión que la Asamblea Nacional acababa de imponerse de dotar a Francia de una Constitución, cedía a los representantes de la nación el poder legislativo. En el futuro, las reformas procederían de la Asamblea y no del rey, y la soberanía pasaba a la nación, representada por los diputados elegidos.

La Asamblea Nacional, consagrando la profunda revolución que acababa de realizarse, se erigió, el 9 de julio, en Constituyente .

El rey, pareciendo no darse cuenta de la importancia de estos acontecimientos y ganado de nuevo por la influencia de la corte, creyó que aún era posible dar marcha atrás destituyendo a su ministro Necker, sospechoso de liberalismo, para sustituirlo por el aristócrata Breteuil, partidario de resistir frente a las nuevas ideas, y de hacer un despliegue de tropas en los arrabales de París.

La Asamblea Constituyente

Inmediatamente, el pueblo parisiense reaccionó contra el absolutismo, como había hecho con Etienne Marcel en la época de Carlos V y con la Fronda bajo la regencia de Ana de Austria. El Comité de Vigilancia, creado por los electores, declaró que debía sustituir al Ayuntamiento de París y organizó a toda prisa una milicia ciudadana, para la que requisó armas en medio de una gran efervescencia popular. Intimado el gobernador de la Bastilla a entregar el armamento que se le pedía, su negativa provocó el que la guardia ciudadana, apoyada por obreros del barrio de Saint-Antoine, se amotinara y asaltara el 14 de julio de 1789 la antigua fortaleza que servía de prisión al Estado, y que el populacho diera muerte al gobernador de la misma.

En vez de reprimir la revuelta, Luis XVI rehusó empeñarse en una lucha sangrienta contra sus súbditos y se presentó ante la Constituyente para anunciar la retirada de las tropas y la vuelta al poder de Necker.

Y el 17 de julio, aceptando el nuevo régimen, Luis XVI se trasladó a París y fue recibido por el Ayuntamiento que acababan de constituir ilegalmente los electores —del que Bailly, presidente de la Asamblea Constituyente, había sido elegido alcalde—, mientras que la milicia ciudadana, organizada espontáneamente, le rendía honores bajo el mando de La Fayette, el héroe de la guerra de la Independencia norteamericana. Y la escarapela tricolor, en la que se juntaban el color blanco del rey con los colores rojo y azul de la ciudad de París, fue enarbolada allí por vez primera. Aquel mismo día recibió la Constituyente el homenaje del Parlamento de París, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Subsidios, a los que se uniría poco después el homenaje de la Universidad. Después del rey, las corporaciones del país reconocían la soberanía nacional encarnada en la Asamblea.

Días más tarde, el Ayuntamiento de París se transformaba en una institución legal. Las sesenta secciones electorales de la capital elegían, de acuerdo con el sufragio censitario tipo de sufragio según el cual era preciso haber satisfecho determinado censo para poder ser elegido o elector. Fue suprimido por la revolución del año 1848 que había sido establecido para la elección de diputados por París en los Estados Generales, un Ayuntamiento integrado por 122 concejales, elegidos entre lo más distinguido de las clases burguesa, intelectual y mercantil.

La toma de la Bastilla y los sucesos políticos que siguieron tuvieron enorme resonancia en todo el país. Al pretender oponerse al nuevo régimen para después ceder ante una revuelta callejera sin mostrar el menor gesto de resistencia, el rey permitió ver que el absolutismo era solo una fachada hueca y que la monarquía había perdido la dirección de los acontecimientos. La oligarquía sobre la que se apoyaba la monarquía de derecho divino se encontraba escindida de la nación, y la consecuencia fue un repentino hundimiento de las instituciones monárquicas.

Francia se fracciona en municipios autónomos

La carencia de instituciones se manifestó bien pronto en todos los órganos de la autoridad, y la anarquía consiguiente hizo soplar sobre Francia —por miedo a los disturbios que engendró— un viento de pánico. El campo cesó de abastecer a la ciudad y por todas partes la población rural exigió la abolición de los derechos feudales que, con suma torpeza, los nobles intentaban precisamente reforzar. Numerosos nobles renunciaron espontáneamente a sus derechos, pero en donde se negaron a ceder hubo asaltos seguidos de pillaje y asesinatos. En las grandes ciudades como Lyon, Amiens, Burdeos, Dijon, Nantes, Ruán y Montpellier- los electores, siguiendo el ejemplo de los de París, obligaron a los ayuntamientos a compartir el poder con los delegados nombrados por ellos, y al cesar en sus funciones los magistrados reales, las tropas, que en numerosos sitios habían dejado de recibir sus pagas, se amotinaron.

Ante la ausencia de Estado, muchos ayuntamientos se vieron obligados a sustituirle para poner remedio a las más urgentes necesidades de la administración, así como para asegurar el orden y la seguridad. Por todas partes se crearon milicias ciudadanas. Francia se dislocó en municipios autónomos que, de manera espontánea, se federaban alrededor de los grandes centros urbanos. Sobre las ruinas de la vieja monarquía centralizada, Francia se reagrupaba en una federación de municipios.

Abolición de los privilegios por la Constituyente

El movimiento de emancipación que se manifestaba en la clase rural precipitó los acontecimientos. La noche del 4 de agosto, la Constituyente derogó las prestaciones personales, la servidumbre y los derechos feudales usurpados por el Estado —jus ticia, caza y pesca, cotos de caza, regalías, peajes—, y declaró que los campesinos podrán redimir sus censos en doce anualidades. Fue proclamada la igualdad de todos los franceses ante los impuestos. Los diputados de los países de Estado renunciaron a sus prerrogativas financieras; los de las ciudades a las inmunidades urbanas, a las corporaciones y a sus privilegios económicos, y los magistrados repudiaron la venalidad de los cargos. Cuando la Asamblea suspendió la sesión, en medio del mayor entusiasmo, el antiguo régimen había sido derrocado, y atribuyendo al rey el mérito de la inmensa reforma que acababa de efectuarse, lo proclamó de modo solemne restaurador de la libertad francesa.

Proclamación de los derechos del hombre

Al igual que había hecho el Congreso americano, la Constituyente decidió hacer preceder la Constitución, cuya elaboración se había impuesto, de una declaración hecha para todos los hombres, para todos los tiempos, para todos los países, y que pudiese servir de ejemplo al mundo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Constituyente el 26 de agosto de 1789, comienza con este preámbulo:

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente en todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, pudiendo ser comparados en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados; a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, en el futuro fundadas sobre principios simples e indiscutibles, se encaminen siempre hacia el mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos

Como consecuencia, la Asamblea declaraba, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos del hombre y del ciudadano.

Reacción de la corte y agitación popular

Sin embargo, la revolución liberal, individualista y burguesa y que triunfaba, provocó dos oposiciones: la de la nobleza cortesana, para quien el nuevo régimen aparecía como una verdadera ruina las pensiones que cobraban las 100 familias de la nobleza cortesana de elevaban, en 1789, a 61 llones, es decir, el 12 por ciento de los ingresos totales del Estado, y la de la plebe de París, que había sido mantenida al margen de las asambleas electorales de 1789 y cuya situación económica era cada vez más precaria como consecuencia de la escasez de alimentos y del alza de precio del pan, ocasionada por la desorganización del comercio, principalmente el del trigo.

La agitación popular, que comenzara con motivo de la toma de la Bastilla, no había cesado de perturbar París. Del plano político había pasado al plano social. Falto de pan, el pueblo llegó a asesinar al intendente de París y a varios oficiales encargados del abastecimiento de la capital, a quienes acusaban de acaparadores. En el barrio de Saint Antoine fueron saqueadas algunas fábricas. Aparecieron los jefes populares Marat, Danton, Camille Desmoulins y Robespierre, quienes, fuera de la Asamblea, intentaban organizar motines callejeros para la consecución de reformas radicales y de carácter democrático. Algunos nobles temerosos, entre los que estaba el Conde de Artois, hermano del rey, abandonaron Francia. Comenzaba la emigración. El mismo rey se resistía en ratificar los decretos del 4 de agosto. Ya el 15 de julio había redactado una protesta contra las concesiones que le habían sido arrancadas. Mantenida en secreto al principio, fue transmitida en octubre al rey de España, al tiempo que el Conde de Artois, en torno al cual se formaba una corte de refugiados en Turín bajo la protección del rey de Cerdeña, Víctor Amadeo III, establecía un comité para organizar, allende las fronteras francesas, la acción contrarrevolucionaria.

Intervención de la calle en la política

El malestar, que se agravaba, hacía temer motines, y para prevenirse el rey hizo llevar a Versalles el regimiento de Flandes, a cuyos oficiales fue ofrecido un banquete el 1 de octubre. De ahí nació el rumor —que recorrió París como un reguero de pólvora— de que la escarapela tricolor había sido pisoteada y sustituida por la escarapela negra de la reina, tenida por el más sólido apoyo de la reacción. Este presunto incidente hizo estremecer de ira al pueblo, ya excitado en la capital. Y el 5 de octubre, millares de mujeres marcharon sobre Versalles para pedir pan al rey, a las que se unieron 20.000 guardias nacionales, tanto para apoyarlas como para mantener el orden.

No se trataba de una manifestación contra el rey, sino que el pueblo, en su penuria, se dirigía a él como a su protector natural. Quería arrancarlo a los medios reaccionarios de la corte y conducirlo a París, donde se estaba constituyendo una Francia nueva. Algunos guardias de la escolta real fueron asesinados, pero como el rey había dado órdenes de no disparar, pudo así evitarse mayor efusión de sangre. Prometió pan al pueblo, aceptó el ratificar los decretos del 4 de agosto y del 6 de Octubre y a pesar de que le aconsejaron que marchase con la Asamblea a Ruán, se dejó conducir por la muchedumbre hacia la capital, precedida por una carreta cargada de harina y seguido por un centenar de diputados en coches de caballos. Y la Asamblea, estimando que era un organismo inseparable del rey, decidió seguirle a París e instalar su sede en el palacio real de las Tullerías.

Después de la jornada del 5 de octubre, la calle intentaba, cada vez más, dominar la revolución. Se fundaron asociaciones que preconizaban —al lado de la obra reformadora de la Constituyente— la revolución popular. En noviembre la Sociedad de los Amigos de la Constitución, que bajo el nombre de Club de los Jacobinos iba a crear filiales en todas las ciudades del país, y aparecieron periódicos como Les Révolutions de Paris, Les Révolutions de France et de Brabant, Le Courrier de Provence, Les Annales patriotiques et littéraires, y algunos más.

Esta agitación se dejó sentir también en la Constituyente , en donde se formaron partidos que harían su tarea cada vez más difícil. Al lado de los monárquicos que deseaban mantener la revolución en el marco de la monarquía constitucional y liberal, los aristócratas no renunciaban a restablecer el orden antiguo, o al menos lo que pudiesen salvar de él, mientras que los llamados patriotas, apelando a la insurrección callejera, adoptaban una posición extremista.

Los monárquicos, que formaban la gran mayoría de la Asamblea, para defenderse contra las violencias del populacho, a quien la crisis económica empujaba cada vez más a la agitación, hicieron votar un decreto contra los grupos tumultuosos, medida que Robespierre denunció como un atentado contra la libertad. Intimidada, y con el deseo de unir todas las fuerzas para realizar la inmensa tarea que se había impuesto, la Constituyente aceptó imprudentemente el establecer contacto con el pueblo de París, y a este fin decidió colocar una barra en el salón de sesiones a la que serían admitidos los peticionarios y abrió las tribunas al público, libremente admitido a manifestar su opinión. A partir de entonces, iba a entablarse un duelo entre la legalidad, representada por la Constituyente , y la insurrección, mantenida desde la calle.

La Constitución de 1791

En medio de tan grandes dificultades como iban acumulándose, tanto políticas como sociales, la Constituyente realizó con un profundo sentido de la realidad una obra sorprendentemente constructiva que debía hacer de Francia una monarquía constitucional. La Constitución, cuyo anteproyecto estaba ya terminado en julio de 1790, representa la culminación de una doble evolución histórica que, a partir del siglo XII, llevaba a la sociedad francesa, paso a paso, hacia el triunfo del individualismo y a un sistema político fundado sobre la soberanía nacional.

Dotado de todas las libertades, el individuo llega a ser el centro de un nuevo sistema jurídico y político que procede del modo de pensar del siglo XVIII —sobre todo de Hume, Locke, Montesquieu y Rousseau—, pero que representa también el estadio final de la emancipación individual que ha proseguido en todo el Occidente a través de la Edad Media y de los tiempos modernos.

La parte esencial de la Constitución de 1791 es la Declaración de los Derechos del Hombre que le sirve de preámbulo, y el régimen que ella instaura no es otra cosa sino su aplicación a los diversos poderes del Estado.

Desde el punto de vista político, la Constitución se inspira en los principios preconizados por Montesquieu, es decir, que no es producto de una ideología teórica, sino la obra razonada de un idealismo realista. Consagra, como fundamento del régimen, la separación de los poderes hasta entonces concentrados, al menos en teoría, en la persona del soberano. El rey deja de confundirse con el Estado y se transforma en el primer representante, irresponsable e inviolable. Las finanzas del Estado serán en lo sucesivo distintas de los recursos del rey, a quien la Constitución asigna la suma, muy considerable, de 25 millones.

Asimismo, el soberano es quien detenta el poder ejecutivo, que ejercita por medio de seis ministros responsables, nombrados y depuestos por él. Posee igualmente la iniciativa diplomática y nombra a los embajadores y a los jefes militares.

El poder de legislar pertenece a la Asamblea legislativa, que con carácter permanente, inviolable e indisoluble, es elegida por períodos de dos años y representa la soberanía nacional. Frente al poder legislativo, el rey, investido de una función moderadora, posee sobre sus decisiones un veto suspensivo cuyos efectos pueden alcanzar solo a dos legislaturas, es decir, durante cuatro años. El veto real no puede, sin embargo, aplicarse en materia fiscal, no siéndole posible al rey, por consiguiente, impedir que se manifieste la soberanía nacional en tal terreno. El poder judicial, desligado del poder ejecutivo, es ejercido por jueces electos, inamovibles y, por tanto, enteramente independientes.

En cuanto a las demasías, la Constitución no hace más que llevar hasta el límite, racionalizándolos, los principios que informaban desde el siglo XVI las reformas reales. Todos los órganos complejos y complicados que la tradición había dejado subsistir en la administración y en la organización judicial son suprimidos. En materia administrativa, el principio de la supresión de los antiguos principados feudales, que había sido introducido por Luis XIV cuando se establecieron las circunscripciones financieras, fue generalizado: las antiguas provincias son suprimidas, creándose en su lugar 83 departamentos divididos en distritos; la reforma judicial realizada de Enrique II a Luis XIV es sistematizada; en materia civil, se organizó en cada departamento una Justicia de Paz y en cada distrito un tribunal, contra el que se podía apelar ante el tribunal del distrito vecino.

Fueron suprimidos los Parlamentos, de los que se desconfiaba por la oposición conservadora que no habían cesado de hacer a las reformas centralizadoras de la realeza, aunque renacerán más tarde bajo la forma de Tribunales de Apelación, En materia criminal, el ayuntamiento fue encargado de juzgar las faltas; el juez de paz, los delitos, y el tribunal departamental, los crímenes, pero manteniéndose el procedimiento civil tal como lo había establecido Colbert. En lo criminal también fue reformado en el sentido preconizado por Colbert: se abolió la tortura y los derechos del inculpado fueron rodeados de garantías destinadas a protegerle contra cualquier arbitrariedad. Este aparato judicial fue coronado por dos tribunales nacionales: un Tribunal Supremo, para los asuntos de materia civil o criminal, y un Tribunal Superior, para los asuntos de orden político.

Con estas reformas se acentuó una honda evolución en el concepto de justicia. Si en la Edad Media la Justicia representaba esencialmente la vindicta pública y durante el siglo XVII la monarquía había dictaminado el que al lado de la culpabilidad de hecho comenzara a ser considerada la culpabilidad moral, tendencia que introducía la equidad como primer principio jurídico y que se había manifestado por la admisión de circunstancias atenuantes, la concesión de plazos al deudor desgraciado y el perdón, la Constitución de 1791, bajo la influencia del concepto individualista que la inspira, marca un notable progreso en este concepto: la Justicia no representa ya una medida de defensa y de seguridad para la sociedad, sino el castigo infligido al culpable. La indagación de la culpabilidad, que sitúa antes que el interés social el respeto de los derechos del individuo, constituye la base de la justicia

Esta no pierde, sin embargo, su carácter social, pues el nombre de justicia de paz lo indica elocuentemente; la sociedad ya no interviene tan solo para castigar, sino que su función debe consistir en establecer la paz y allanar e impedir los conflictos, gracias sobre todo al papel conciliador y arbitral de que están investidos los jueces de paz.

En materia financiera, la Constituyente establece la igualdad del impuesto que la monarquía había intentado establecer desde el siglo XVII. La contribución territorial, aplicada indistintamente a todos los propietarios, es mantenida como fuente esencial de los ingresos del Estado, a los que hay que añadir una contribución industrial y comercial, y otra de personal y mobiliaria, ambas creadas por la monarquía.

Influida por el alza de precios que se manifiesta peligrosamente en 1790, parece que la Constituyente quiso abandonar los impuestos indirectos que tanto se habían extendido desde los tiempos de Luis XIV, pero ante la realidad económica habrá que recurrir a ellos de nuevo.

Tanto en el plano económico como en el político, la Constitución marca la culminación de las ideas del liberalismo que triunfaban a fines del siglo XVIII: las corporaciones que habían sido conservadas por la monarquía por razones fiscales fueron suspendidas, y acabada la tarea ya iniciada por los reyes, de suprimir las aduanas y peajes interiores. La prohibición de los gremios y de las huelgas, promulgada por Colbert, se mantuvo ahora justificada por razones de liberalismo

En resumen, tanto en materia judicial, como administrativa, financiera y económica, la Constitución de 1791 marca la cima de una larga evolución hacia el individualismo, la centralización y la unificación, de que había sido capital instrumento la monarquía desde hacía siglos

Los principios que contiene no residen en la organización que da a Francia, sino en el nuevo concepto que introduce acerca del origen de los poderes y la función de estos. Si bajo la monarquía absoluta el origen de los poderes es el rey, y la razón de ser de todo el sistema administrativo, político y judicial del país es el fortalecimiento de la autoridad real, para la Constitución de 1791 el origen de los poderes reside en la nación, y la razón de ser de los servicios administrativos y judiciales consiste en asegurar a los ciudadanos, cuyo haz constituye la nación, su independencia frente al Estado. Por consiguiente, el punto de vista se ha invertido.

No cabe duda que la monarquía había desarrollado continuamente el carácter individualista del derecho, pero esta tendencia había tenido como finalidad la destrucción de los organismos feudales, señoriales, o sociales, que constituían un obstáculo para la omnipotencia del rey, reduciendo la sociedad a una colectividad de individuos sometidos por igual a la autoridad monárquica. El individualismo no se desarrolló, pues, bajo la monarquía sino como una consecuencia de la política centralizadora y estatista del absolutismo real; en cambio, llevado a sus últimas consecuencias por la Constitución de 1791, el principio individualista constituyó una finalidad en sí mismo. Ya no es el rey el centro del derecho, es decir el Estado, sino el individuo.

En el plano administrativo, la Constitución restableció la autonomía de los municipios que había sido suprimida por la monarquía, aunque esta nueva autonomía es esencialmente distinta a la anterior, sin embargo, que no es la misma que había derogado anteriormente. En el antiguo régimen, la autonomía comunal tenía como principal razón de ser el asegurar al municipio privilegios y monopolios que restringían la libertad económica de las poblaciones circundantes; la Constitución de 1791, basada en el principio de la igualdad civil absoluta, no considera la autonomía comunal —extendida por igual a todos los municipios del reino— sino como expresión, en el plano municipal, de la teoría de la soberanía nacional, principio que se hace extensivo a los departamentos. Municipio y departamento serán administrados por magistrados y consejos elegidos por los ciudadanos activos, que así se verán a cubierto de la omnipotencia arbitraria del Estado.

El mismo deseo de defender al ciudadano contra el Estado se manifiesta en la reorganización de los tribunales. Bajo la monarquía, el principio de la venalidad de cargos tenía el mérito de hacer las funciones judiciales inamovibles, y, por consiguiente, independientes del rey. No obstante, la venalidad había transformado los cargos en prebendas que habían pasado a ser propiedad de una oligarquía togada. Esta es suprimida por la Constituyente , pero al rehusar confiar al Estado el derecho a componer los tribunales introduce el principio de elección de jueces —bajo ciertas condiciones de competencia—, así como el principio tomado de Inglaterra, de la intervención del jurado en las causas criminales, transfiriendo así del rey a la nación el derecho a juzgar.

La Constitución de 1791, que sustituye el absolutismo real por los principios del liberalismo y de la soberanía nacional, aparece, sin embargo, como menos democrática en algunos de sus principios que el propio régimen monárquico. El carácter absoluto y exclusivo que da a la propiedad acarrea la consecuencia de privar a los campesinos de importantes derechos de que gozaban, no solamente sobre los bienes comunales, sino también sobre los dominios señoriales. No cabe duda que la abolición de los derechos feudales hace desaparecer antiguos tributos señoriales cuya percepción no estaba ya justificada, pero esta medida no favorece más que a los propietarios de tierras.

La derogación de las prestaciones personales y de otros monopolios que subsistían en diversas regiones —tal como la obligación de servirse, mediante el pago de ciertas tasas del horno y de la prensa del señor— constituye igualmente un alivio para las poblaciones rurales. Pero frente a estas ventajas provechosas, sobre todo para los aldeanos acomodados, la desaparición de la antigua propiedad señorial, transformada en propiedad pura y simple, ocasiona a los habitantes rurales, en especial a los más desheredados, consecuencias a veces desastrosas.

La tierra señorial, en efecto, por la misma razón de sus orígenes, se hallaba gravada en casi todas las regiones de Francia por gran número de servidumbres sociales. Por regla general, el señor no podía cercar sus bosques, ni sus tierras, porque la población de la aldea tenía derecho a dejar pacer sus rebaños en las tierras señoriales una vez recogida la cosecha; muy frecuentemente, el señor debía permitir el regadío de sus prados para uso de los aldeanos. Estos podían también enviar los cerdos a los montes de los bosques señoriales y tomar allí la leña caída, y numerosas costumbres les autorizaban a cortar árboles del señor para las necesidades de construcción o reparación de sus viviendas, privilegios que representaban grandes ventajas para los campesinos que no eran propietarios ni aparceros y que les permitían poseer aves de corral, carneros y cerdos que se mantenían de la finca señorial. La leña para su hogar, o la madera de construcción, con frecuencia no les costaba nada. El nuevo concepto exclusivamente individual de la propiedad, privaba a los campesinos de todas estas ventajas. Por esto los más pobres se vieron reducidos a la miseria, una de las causas del aflujo de proletarios sin recursos hacia las ciudades, donde su número y su pobreza dieron a los industriales la posibilidad de mantener los salarios a bajo precio.

La abolición de los derechos feudales después de la revolución tiene, pues, como consecuencia el hacer más grande la diferencia entre el propietario y el que no lo es, diferencia política y social más acentuadas ahora que con el antiguo régimen

Desde 1484, los Estados Generales habían sido elegidos por sufragio de todos los franceses, en dos grados. Las poblaciones que constituían el tercer estado se reunían en el campo por parroquias, y en las ciudades por secciones, sin distinción de fortuna, para elegir en ellas a los electores, quienes a su vez designaban los diputados del tercer estado en los Estados Generales. Mas como el voto en los Estados Generales se hacía por órdenes, el tercer estado, aunque es cierto representara más de las nueve décimas partes de la población del reino, no intervenía en las decisiones de los Estados Generales más que en una proporción igual a la del clero o a la de la nobleza, es decir, que no representaba legalmente más que a un tercio del reino y su voto estaba condicionado por los otros dos órdenesiglo Igualmente es verdad que desde hacía dos siglos los Estados Generales no habían vuelto a reunirse y que la población no intervenía, pues, en la organización del reino más que en el plano municipal, donde se encontraba agrupada en las corporaciones que constituían, a pesar de su arcaísmo, el marco de la vida política de los municipios.

Al suprimir los órdenes, la Constitución de 1791 anuló casi por completo la importancia política del clero y de la nobleza, y el tercer estado, absorbiendo a las antiguas clases privilegiadas, llegó a ser por sí solo el representante de la nación. Pero al mismo tiempo arrojó de su seno, negándoles el derecho de voto, a los franceses que no poseían nada. El sufragio universal introducido por la monarquía fue sustituído por un sufragio censitario que —como en Inglaterra y en América— reservaba el voto a los propietarios. La Constitución devolvía así a los nobles, en su calidad de terratenientes, una parte de la influencia que perdieron por la supresión de privilegios.

En lo sucesivo, los franceses ya no estarán divididos en privilegiados y no privilegiados, sino en propietarios y no propietarios. Y únicamente los primeros serán «ciudadanos activos y gozarán del derecho a ser doctores y a ser elegidos. Los no propietarios solo serán «ciudadanos pasivos, iguales a los propietarios en derechos civiles, pero privados de los derechos políticos

Mucho más amplia en el establecimiento de las condiciones censitarias que el sistema parlamentario inglés, e incluso que la Constitución americana, la Constitución de 1791, sin embargo, adoptaba como aquella el principio de no confiar la gestión del Estado sino solamente a los propietarios. Es fácil que los motines a que no cesaba de entregarse el proletariado de París contribuyeran a que fueran separados los no propietarios de la vida política, pero no fue esta la razón determinante que hizo admitir el régimen censitario. Al pasar del régimen aristocrático al censitario, Francia no hizo más que adaptarse a la evolución normal que conocieron las sociedades en su transformación progresiva hacia la forma democrática. Caso semejante sucedió en las ciudades antiguas, sobre todo en las griegas, e igualmente en la República romana, y en la Edad Media, el régimen comunal, tanto en el siglo X en Rusia, como en los siglos XII y XIII en Occidente, conoció también el sistema censitario como primera etapa del régimen representativo. Por otra parte, los hechos debían demostrar que si en teoría el establecimiento del régimen censitario parecía una contradicción con la Declaración de los Derechos del Hombre, sería prácticamente imposible, en Francia como en otros países que evolucionaron hacia la democracia, establecer esta —como pretendería hacer la Convención— sin pasar por el estadio del régimen censitario.

Para ser ciudadano activo, la Constitución exige el pago anual de una contribución igual al menos a 3 jornales de trabajo, siendo los ciudadanos activos quienes componen las asambleas primarias que eligen a los electores a razón de uno por cada cien. Estos, que eligen a los diputados deben ser nombrados entre los ciudadanos que paguen un impuesto de cuantía no inferior a 10 jornales de trabajo. Para ser elegible para la Asamblea legislativa es preciso ser terrateniente y pagar al menos 54 libras de impuesto. Todos los ciudadanos activos son admitidos para formar parte de la Guardia Nacional con la condición de disponer de medios para equiparse a sí mismos, disponiendo además del derecho a votar en el plano municipal. Francia contará con 4.298.000 ciudadanos activos que elegirán, en las asambleas primarias a 50.000 electores encargados de designar a los 745 diputados de la Asamblea legislativa. De cada tres franceses adultos, a dos se les conceden los derechos políticos.

La Constitución se esforzó por establecer una representación proporcional a la de la población del reino, atribuyendo a cada departamento en el que dos diputados representan al territorio —París solo tiene uno—, un número de diputados proporcional al número de sus habitantes.

A pesar de esta separación de los no propietarios en la vida política, la Constitución de 1791 estableció en Francia un régimen representativo, liberal y democrático. En los Estados Generales, los representantes elegidos por la nación no poseían más que el derecho a ser consultados. En lo sucesivo es la Nación, por medio de la Asamblea elegida, la que detenta la soberanía expresada esencialmente por el poder legislativo. El régimen que la Constitución daba a Francia era el más democrático de cuantos entonces eran conocidos en el mundo

Sin embargo, al igual que la Constitución americana, era a la vez una obra de idealismo y de realismo, los dos aspectos que en el decurso del siglo XIX debían caracterizar a los regímenes creados por la burguesía liberal. Pero en lugar de confiar la soberanía, como los americanos, a una pequeña minoría de propietarios, la confiaba a la gran mayoría de la población. Es interesante subrayar que la Constituyente zanjó la cuestión de la esclavitud del mismo modo que el Congreso americano. Aun cuando los principios exigían que la esclavitud fuese abolida, la Constituyente, ante la oposición de los armadores y haciendo ceder los derechos del hombre ante las realidades inmediatas, no se atrevió a proclamarla, concediendo tan solo a las asambleas coloniales el derecho a regular la condición de los negros y de los mulatos.

La constitución civil del clero

La cuestión más difícil que se planteó a la Constituyente fue la de las relaciones entre Iglesia y Estado. De acuerdo con los Derechos del hombre, proclamó la más absoluta libertad de cultos y admitió el goce de los derechos civiles y políticos, en pie de igualdad con los católicos, a los protestantes y a los judíos, pero conservando para el culto católico el carácter de culto nacional, conservó la misión de establecer el registro civil, así como el cuidado de organizar la beneficencia y la enseñanza. La Constituyente no era antirreligiosa, ni anticlerical, mas adoptando la misma posición que con respecto a la Iglesia habían tomado Luis XIV y José II, quiso hacer de ella una rama de la administración con el fin de impedir la existencia de un estado dentro del Estado.

Fiel a los principios que acababa de proclamar y estimando como un deber reformar las instituciones de la Iglesia como había reformado las del Estado, suprimió las antiguas diócesis como antes se suprimieron las provincias e instaló en los 83 departamentos recientemente creados otros tantos obispos que colocó bajo la autoridad de diez de ellos, quienes elevados a obispos metropolitanos sustituían a los antiguos arzobispos. También introdujo el principio de la elección de los obispos y los párrocos por los electores civiles —fuesen católicos o no—, y suprimió la investidura canónica, sustituyéndola, para los obispos, por la consagración del metropolitano, y para los sacerdotes por la del obispo.

Del mismo modo que la Constitución prohibía las corporaciones y asociaciones obreras, prohibió las congregaciones, suprimió los conventos —si bien exceptuó a las órdenes dedicadas a la enseñanza y a obras de beneficencia— y prohibió a los franceses pronunciar votos, autorizando solo a los frailes que lo desearan a seguir viviendo según las reglas de la vida monástica. Y del mismo modo que se habían instituido los consejos departamentales restableció los sínodos provinciales, y en cada diócesis fue creado un seminario, cuyos directores, asistidos por vicarios episcopales, sustituirían a los capítulos de canónigos que habían sido suprimidos, para formar cerca del obispo un consejo sin cuyo acuerdo este no podría ejecutar un acto de administración o de jurisdicción.

Y lo mismo que Luis XIV había impuesto a los obispos la obligación de prestar juramento a los Cuatro Artículos de la Iglesia galicana, la Constituyente , tratando a prelados y sacerdotes como simples funcionarios, les impuso la obligación de prestar juramento de fidelidad a la Constitución.

No se trataba de atacar la primacía espiritual del Papa, pero el extender a la Iglesia el principio de la soberanía nacional conducía a quitarle en Francia toda su autoridad: sus breves debían ser sometidos a la censura del gobierno y los litigios de orden eclesiástico entregados a la jurisdicción civil. Además, a la Santa Sede se le prohibía sacar cualquier clase de dinero del reino.

Esta Constitución Civil del Clero, que representaba la culminación de la política llevada a cabo por la monarquía a partir de Luis XIV para establecer, dentro del marco de las instituciones nacionales, la Iglesia galicana, se vio considerablemente influida por los acontecimientos, sobre todo por la crisis financiera que iba tomando proporciones desastrosas para Francia.

La crisis obliga a disponer de los bienes del clero

Al día siguiente de la toma de la Bastilla, todo el pueblo francés había rehusado el pago de los impuestos, y a falta de catastro, el nuevo impuesto solo podía ser deducido según las declaraciones hechas por los mismos propietarios, quienes tenían buen cuidado de oponer al fisco la más completa inercia. Y así, la deuda flotante no cesaba de acrecentarse, alcanzando en julio de 1790 los 2.000 millones.

Durante los años que habían precedido a la convocatoria de los Estados Generales, el gobierno, para hacer frente a las necesidades que no podía cubrir con sus ingresos, había recurrido a los anticipos que otorgaba la Caja de Préstamos creada por Luis XVI, pero en noviembre de 1789 esta declaró que sus recursos estaban agotados completamente.

Entonces se intentó recurrir a los empréstitos, mas la falta de confianza que engendraba el gran miedo los hacía fracasar uno tras otro, y ante la inminente bancarrota el gobierno decretó la percepción de la cuarta parte de las rentas de las mayores fortunas del reino. Pero esta solución, que aumentaba el malestar entre la clase adinerada, la única que podía ayudar financieramente al Estado, no hizo sino retrasar la crisis, y el entonces obispo de Autún, Talleyrand, propuso, para salvar al país de la espantosa catástrofe que hubiese traído consigo la bancarrota, poner los bienes de la Iglesia, estimados en 3.000 millones, a disposición del Estado. Y fue adoptada esta medida, aunque compensada por la Constituyente encargando al Estado de la retribución del clero y de los gastos del culto.

Institución de la monarquía constitucional

Realizada en medio de las dificultades considerables que traía consigo la brusca transformación de las instituciones, la Constitución de 1791, considerada en su conjunto, aparece como una obra grandiosa, osada y llena de prudencia a la vez. Sin romper con la tradición, realizaba de un solo golpe el paso del régimen absoluto al de la soberanía nacional, remataba la obra de centralización emprendida por la monarquía al unificar las instituciones del reino y evitaba el estatismo al organizar los municipios y los departamentos. Emancipaba a todos los franceses poniéndoles en un plano de igualdad civil que les garantizaba todas las libertades individuales, pero en el terreno político cuidaba las transiciones y evitaba lanzarse a una aventura, reservando los derechos políticos tan solo a los ciudadanos propietarios, es decir —habida cuenta del alto grado de prosperidad de Francia—, a más de la mitad de los franceses.

El principio del absolutismo de derecho divino era sustituído por el de la soberanía nacional, pero al combinar la estabilidad monárquica con la representación nacional aseguraba el paso, sin graves alteraciones, del antiguo al nuevo régimen. Como la inmensa mayoría del país permanecía adicta a la institución monárquica, tan íntimamente ligada a las tradiciones nacionales y religiosas de Francia, con mantener al rey asistido por ministros responsables el poder ejecutivo que coronaba el nuevo edificio político, la Constitución, tranquilizaba a la opinión, conservaba intalista las fuerzas morales que se habían elaborado tan lentamente en el decurso de siglos y garantizaba el nuevo régimen —por el veto que atribuía al rey sobre las decisiones de la Asamblea legislativa—, contra el peligro de reformas apresuradamente votadas por mayorías ocasionales.

El 14 de julio de 1790, durante la grandiosa Fiesta de la Federación, los delegados de los municipios y de las milicias ciudadanas de Francia se reunieron en el Campo de Marte, en París, para sellar su solidaridad dentro del marco de la Constitución. Talleyrand celebró en aquella ocasión una solemne misa, y el rey, en presencia de los representantes de toda Francia, juró fidelidad a la Constitución. La Fayette, entonces en el apogeo de su gloria, jefe del ejército de ciudadanos que constituían la Guardia Nacional, en nombre de todos los franceses prestó juramento de que permanecerían fieles a la Nación, a la Ley y al Rey.

Comprometiéndose por un verdadero contrato social pactado entre los ciudadanos y el rey, Francia se reagrupaba en torno a su soberano hereditario, quien renunciaba a ser su dueño absoluto para transformarse en guardián de la Constitución que libremente se había dado a sí misma. La Monarquía constitucional quedaba instituida.

Las crisis del nuevo régimen

Difícil adaptación a las nuevas instituciones

La Constitución que el rey y la nación habían dado solemnemente a Francia el 14 de julio de 1790 hubiese podido poner término a la revolución pacífica y legal que, en un año, había conducido al advenimiento del régimen liberal. La transformación profunda de la sociedad y de las instituciones, que tanto reclamó la opinión ilustrada en el transcurso del último medio s. , se realizaron con un mínimo de perturbaciones, y Francia, siguiendo el ejemplo de la joven América, hacia la cual se dirigían todas las miradas, parecía adoptar —después de una revolución moderada— un régimen de libertad, de tolerancia y de paz.

... Después de la toma de la Bastilla, la llave fue enviada a Washington, puesto que eran los principios de América los que habían abierto las puertas. Los jefes de la revolución, La Fayette, jefe de la Guardia Nacional, y el Vizconde de Noailles, su cuñado, que había tomado la iniciativa, el 4 de agosto de 1789, para la abolición de los derechos feudales, habían luchado en América, La Declaración de los Derechos del Hombre estaba inspirada de modo patente en la Constitución americana, y el 17 de abril de 1790, cuando Franklin murió en París, el café Procope, donde se reunían los más destacados hombres políticos, ostentó su duelo poniendo colgaduras negras

Los meses que habían seguido a la toma de la Bastilla, a pesar del gran miedo que se extendía por todo el país, fueron, al menos en París, meses de optimismo. La vida de sociedad fue allí más intensa que nunca. Al lado de los salones de madame Helvetius y Condorcet, frecuentados por intelectuales casi unánimemente partidarios del nuevo régimen, se abrían salones políticos donde se formaban los partidos. La vida artística conocía una verdadera transformación. El salón de pintura de 1789, en el que se llegó a imponer con David el triunfo del neoclasicismo, había puesto fin definitivamente al arte amable y elegante del siglo XVIII. Parecía que se inauguraba una nueva era que alimentaba todas las esperanzas, pero pronto fue preciso cambiar de parecer.

El malestar creado por el gran miedo y por la anarquía de los poderes públicos crecía sin cesar. Obreros sin trabajo venidos de todas las provincias se afincaban en París, donde los cabecillas los excitaban a reclamar reformas extremistas recurriendo a la violencia y al motín. Entre los aristócratas de París aumentó la emigración y muchos salones se cerraron, dejando el sitio a los salones políticos, y sobre todo a los cafés, clubs y periódicos. Esta huida casi en masa de la gente de dinero provocó una seria crisis al comercio parisiense que vino a aumentar el paro obrero. El abastecimiento continuaba desorganizado, y como la escasez de alimentos prevalecía, el pan iba encareciendo, lo que ocasionaba una viva agitación entre el bajo pueblo parisiense.

Entre la burguesía liberal se dibujaba una tendencia hacia una ideologia que, renegando de la tradición y sus posibilidades por principios teóricos, volvía la espalda a la monarquía para inclinarse hacia la república y preconizaba una revolución general de los pueblos contra los reyes. Así, pues, mientras que esta ideología sobrepasaba ampliamente las realizaciones previstas por la Constitución, estas aparecían cada vez como más difíciles de aplicar. La transformación de los municipios en cuerpos elegidos precisaba la organización de elecciones en toda Francia, pero faltaba el personal político, ya que entre los oficiales municipales elegidos había más de 20.000 que no sabían escribir. Y sin embargo, a ellos incumbía la tarea de adaptar el país a las nuevas instituciones, formar sus cuadros, organizar las guardias nacionales, establecer la recaudación del impuesto y regular los difíciles problemas del abastecimiento y de la circulación. El orden era mantenido con dificultad y hasta en el Ejército surgían conflictos entre oficiales aristócratas y soldados patriotas.

Estallaron varias rebeliones militares, como la de Naney, que ocasionó más de 300 víctimas, y todo ello hizo perder a La Fayette su popularidad.

El coste de la vida iba en aumento, se ocultaba el trigo y se atesoraba el dinero.

La Constituyente se atribuye plenos poderes

Y sin embargo, sobre las ruinas del antiguo régimen, derribado de un solo golpe, había que rehacerlo todo. Ante la incompetencia de aquellos a quienes incumbia la tarea, la Constituyente creyó que debía intervenir renunciando a aplicar el principio de la separación de los poderes proclamado por la Constitución y atribuyéndose el poder ejecutivo, que confió a una serie de comités elegidos en su seno, los cuales trataron a los ministros como a unos simples empleados: un Comité de Informes e Investigaciones fue encargado de la policía y autorizado para ordenar detenciones, que apenas si se diferenciaban de las antiguas lettres de cachet; el Comité Diplomático, usurpando los poderes reales, dirigió la política extranjera; un Comité de Derechos Feudales sustituyó al poder judicial, siendo su misión zanjar todos litigios relativos a la abolición o al rescate de los derechos feudales; un Comité Eclesiástico se encargó de adaptar la Iglesia a la Constitución Civil del Clero; un Comité de Enajenación de los Bienes Nacionales fue autorizado para organizar la venta de los bienes de la Iglesia puestos a disposición de la nación, y un Comité de Finanzas, en fin, iba a intentar resolver la terrible crisis financiera en que se debatía desesperadamente el país.

Dando la espalda a los principios que acababa de poner como base del Estado, la Constituyente se convertía en una dictadura que heriría de muerte al régimen.

La crisis financiera

De todas las dificultades que obstaculizaban el establecimiento de la monarquía constitucional, la crisis financiera parecía ser la que con mayor urgencia había que resolver. Al poner los bienes de la Iglesia a disposición de Francia, la Constituyente proporcionaba al país una garantía considerable —3.000 millones— que pensaba utilizar para sanear la situación. Hostil al estatismo, la Asamblea rehusó entregar estos inmensos valores al gobierno, que hubiese podido entregarlos a la Caja de Cuentas para así transformarla en Banco Nacional.

Pero cometió el grave error de atribuirse a sí misma la gestión y creó, bajo la dependencia del Comité de Finanzas, una Caja de lo Extraordinario que, con los ingresos procedentes de la venta de bienes nacionales, fue autorizada para emitir billetes de banco concedidos en forma de asignados, es decir, letras de cambio giradas por la Caja y respaldadas por los bienes nacionales.

En teoría, la operación era sana. Pero la difícil situación económica, la falta de confianza y los conflictos que a la vez se plantearon entre la Constituyente, la Santa Sede y la Iglesia iban a hacer difícil la venta de los bienes eclesiásticos. Carente de numerario, la Constituyente se vio obligada a ampliar continuamente la emisión de asignados, que fijada en 400 millones iba a alcanzar rápidamente los 1.200, y ante la depreciación que de ello se derivaba se vio obligada a declararlos de curso forzoso. Rápidamente desapareció el dinero de la circulación y el ciclo fatal de la inflación dio principio. Desde comienzos del año 1790, el asignado de 100 libras ya no era cotizado en Londres más que a 89 libras, y en mayo de 1791 caía a 72 libras. La baja no cesaría ya de precipitarse.

Crisis religiosa

Sin embargo, no fue la crisis financiera lo que debía perjudicar más a la monarquía constitucional, sino la crisis religiosa, en la que la Constituyente se comprometió de modo imprudente. La Constitución Civil del Clero, que por su radicalismo pretendía transformar a los sacerdotes en funcionarios del Estado, debía ser necesariamente considerada por la Santa Sede como un ataque a la independencia de la Iglesia. En Francia, donde las ideas galicanas estaban muy extendidas, no había levantado apenas oposición por parte del clero.

Pero el 22 de julio de 1790, días después de la fiesta en que había prestado juramento de fidelidad a la Constitución, el rey ratificó el nuevo estatuto dado a la Iglesia de Francia, y al día siguiente recibía una carta del Papa —escrita el 10 de julio— condenando este estatuto y a quienes lo aceptaban como cismáticos. La carta del Papa fue mantenida en secreto. La Constitución Civil del Clero, sin embargo, se revelaba como de difícil aplicación, ya que numerosos prelados retrasaban el prestar juramento. Elementos extremistas adoptaron una posición hostil a la Iglesia. El Comité Eclesiástico cometió el error de imponer el juramento no solamente a los sacerdotes recientemente nombrados, sino a todos los obispos y párrocos ya en funciones, bajo la pena de considerarlos destituidos si se negaban. A partir de entonces, la crisis religiosa era fatal.

Crisis real

Y debía tomar todavía un carácter mucho más grave, hasta el punto de traer consigo una crisis real. La condena del Papa —aún mantenida en secreto— colocaba al rey, que acababa de sancionar el estatuto de la Iglesia, ante un problema de conciencia insoluble. Hasta entonces había aceptado, aunque a desgana, sufrir las reformas que le eran impuestas, pero el conflicto que surgía entre su gobierno y el Papa iba a modificar su actitud. Al jurar fidelidad a la Constitución se había comprometido a aplicar una reforma de la Iglesia que el Papa condenaba como sacrílega, encontrándose, pues, ante un temible dilema: o hacerse instrumento de una ley condenada por el pontífice o traicionar el juramento que había prestado ante los representantes de Francia.

El obispo de Aix, monseñor De Boisgelin, dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó obtener de la Santa Sede que atenuase su actitud, pero lejos de buscar un terreno de entendimiento que hubiese hecho posible la oposición del rey, el Papa se mantuvo en una actitud intransigente y en dos breves promulgados en marzo y abril de 1791 condenó públicamente la Constitución Civil del Clero. El rey no tenía más remedio que adoptar una resolución. Y entre su deber civil y su deber religioso, no dudó: no podía optar más que por este último. Desde el momento en que el nuevo régimen entraba en lucha con la Iglesia, es decir contra Dios, consideró que su obligación era renegar de este régimen y restablecer en Francia el respeto a la fe, aunque para conseguirlo tuviera que buscar el apoyo de los soberanos extranjeros.

Al mismo tiempo que el rey se encontraba en tan difícil posición, se envenenaba la lucha religiosa. Una pequeña parte del clero se sometió a la ley y formó la Iglesia constitucional, pero la gran mayoría rehusó prestar juramento. La Constituyente , considerándolos refractarios, los privó de su sueldo y estallaron disturbios entre fieles y patriotas . La Iglesia se encontraba así dividida en dos campos hostiles, y con ella toda Francia y también la Revolución. Mientras que los extremistas —entre los cuales formaron los jacobinos—, adoptaban una posición antirreligiosa e incluso anticristiana, en el Mediodía se fundaban asociaciones monárquicas y en la Vendée se organizaba la resistencia contra la persecución religiosa que comenzaba.

El 18 de abril de 1791, Luis XVI, que rehusaba recibir la comunión de manos de un sacerdote juramentado, se vio impedido por la Guardia Nacional para trasladarse a Saint-Cloud, donde oficiaban sacerdotes refractarios. Coaccionado en su libertad de conciencia por su propia guardia y anteponiendo la inquietud de su salvación a cualquier otro escrúpulo, el rey tomó la decisión —que proyectaba desde que recibió la carta del Papa— de romper con la Constituyente y huir de París.

Crisis internacional

La crisis religiosa, engendrada por la crisis real, venía igualmente a complicar la situación exterior de Francia. La abolición de los derechos feudales, que lesionaba los intereses de los príncipes alemanes que tenían posesiones en Alsacia —la posesión de sus feudos les habla sido garantizada a estos príncipes alemanes por el tratado de Westfalia, que había cedido Alsacia a Francia (1648)—, había creado un grave conflicto que estos llevaron ante la Dieta del Imperio. También se establecieron negociaciones con Leopoldo II.

Con el fin de dar seguridades a Europa sobre sus pacíficas intenciones, el 22 de mayo de 1790 la Constituyente había votado una resolución según la cual la nación francesa renunciaba a emprender ninguna guerra con vistas a obtener conquistas . Sin embargo, y poco después, Aviñón y el Condado Venasino —posesiones de la Santa Sede—, al proclamar su anexión a Francia (12 de junio), provocaron enérgicas protestas del Papa. A las reclamaciones que le fueron dirigidas por los príncipes alemanes y por Roma, la Constituyente había respondido afirmando el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Esto era llevar al plano internacional la teoría de la soberanía nacional, y también legitimar por anticipado la anexión de todos los países que, sublevándose en nombre de la libertad, pudieran reclamar su unión a Francia. El comité contrarrevolucionario creado por el Conde de Artois había intentado sacar provecho de estas diferencias para obtener la intervención de los soberanos extranjeros, pero Leopoldo II no quería la guerra. Le bastaba dejar que Francia se aislase —en el mes de agosto de 1790 había renunciado a todas las alianzas— y se debilitase, según pensaba él, desorganizándose en la revolución. Por otra parte, como Luis XVI había aceptado la Constitución, no le hubiera sido posible intervenir en nombre de los violados derechos del soberano.

Huída del rey

El 20 de junio de 1791, el rey huía de París con su familia para unirse en Montmedy con el ejército francés del general Bouillé. Dejaba sobre su mesa de despacho una Proclama a todos los franceses, en la que después de reprochar a la Constituyente el hacer imposible todo gobierno al juntar en sus manos el poder legislativo y el ejecutivo, anunciaba su intención de regresar a Francia cuando una Constitución que él hubiese aceptado libremente asegurase la libertad de nuestra santa religión, estableciese el gobierno sobre un pie estable y situase a la libertad sobre bases firmes e inquebrantables.

El rey aceptaba así el principio de la monarquía constitucional de que los representantes del pueblo hicieran la Constitución que aceptase el rey, es decir, en la que el poder legislativo perteneciese a la nación. Pero rehusaba someterse a la dictadura de la Constituyente y, sobre todo, participar en la persecución contra la Iglesia en que aquélla se había comprometido.

La Constituyente consideró la huída del rey como el preludio de una guerra ofensiva contra Francia, y el 21 de junio empezó a tomar medidas de salvaguardia: prohibición de exportar dinero, armas y municiones, movilización de los guardias nacionales del Noroeste y llamamiento de 100.000 voluntarios reclutados entre los miembros de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, un decreto suspendía al rey en sus funciones. Detenido en Varennes, Luis XVI fue conducido a París el 25 de junio.

Declaración de Pillnitz

La detención del rey, unida a la condena lanzada por el Papa contra la Constitución de 1791, obligó a Leopoldo II, que representaba en Europa el principio del derecho divino, a cambiar de actitud. En todas las cortes la emoción fue viva. Catalina II se negaba a recibir al encargado de negocios de Francia, y el rey de España expulsaba a los franceses de su reino. Leopoldo II no podía por menos que intervenir. Lo hizo de una manera un tanto acomodaticia firmando con Prusia —agosto 1791— la Declaración de Pillnitz, según la cual las dos potencias reconocían la necesidad de poner al rey de Francia en situación de afirmar, dentro de la más perfecta libertad, las bases de un gobierno monárquico y declarándose dispuestos a «actuar rápidamente de mutuo acuerdo con las fuerzas necesarias», siempre que las demás potencias se adhiriesen a su acción.

Esta Declaración no contenía más que una amenaza eventual, aunque no dejaba de ser una actitud de los monarcas contra la Revolución y para la restauración de los poderes de Luis XVI. La Declaración tuvo las más graves consecuencias para los destinos de Francia y de Europa. El amenazar a Francia con una coalición de potencias, reforzó el ambiente antimonárquico que se desarrollaba y su resultado fue exasperar a los partidos extremistas, extender la idea de que la guerra contra los soberanos era inevitable y que era preciso ir preparando la lucha de los pueblos contra los reyes. Además, permitió a los detractores de la monarquía presentar a Luis XVI como el enemigo interno que era preciso abatir para asegurar la victoria de la Revolución.

La monarquía constitucional apoyada por la Constituyente

Sin embargo, la opinión moderada se dio cuenta de que la suerte de la monarquía estaba ligada a la de Luis XVI. Los feuillants o monárquicos que formaban la mayoría en la Asamblea y querían estabilizar las conquistas de la Revolución bajo la forma de monarquía constitucional, se pronunciaron por el mantenimiento del rey, que suspendido en sus funciones hasta que la Constitución hubiera sido revisada, recuperaría sus poderes tras prestar el juramento constitucional.

Las críticas formuladas por Luis XVI en su proclama, contra un régimen que confundía los poderes legislativo y ejecutivo, parecían fundadas. Lejos de debilitar los poderes que la Constitución atribuía al soberano, convenía, con el fin de impedir la dictadura de la Asamblea, aumentarlos. Por otra parte, parecía prudente, si se quería evitar una coalición europea contra Francia, respetar al rey y devolverle sus prerrogativas. Pero la prudencia de la mayoría de la Asamblea no podía ser compartida por las sociedades extremistas que incitaban a la revuelta popular para dar jaque a la legalidad. A las manifestaciones violentas que organizaron respondió la Asamblea con medidas rigurosas para asegurar el mantenimiento del orden, y las algaradas sangrientas acabaron por poner a los partidos revolucionarios unos frente a otros, en dos campos ferozmente hostiles: por una parte, los liberales —representados esencialmente por los feuillants —, que dominaban la Asamblea, y por otra los jacobinos y los cordeliers, que se apoyaban en la calle y reclamaban la destitución del rey, el sufragio universal y reformas populares.

Los feuillants fracasaron en su tentativa de reforzar el poder ejecutivo haciendo conceder al rey el derecho de gracia, el de disolver la Asamblea y el veto absoluto, pero salvaron a la monarquía constitucional. El 3 de septiembre de 1791 fue votada definitivamente la Constitución monárquica, y el día 14, en la Asamblea, el rey juró fidelidad a la nación y a la ley, siendo aclamado en la Asamblea y en la calle.

Algunos días después se disolvía la Constituyente con estas palabras, que su presidente Thouret dirigía a Luis XVI: Convencida de que el gobierno que más conviene a Francia es aquel que concilia las prerrogativas respetables del Trono con los derechos innegables del pueblo, la Asamblea Nacional ha dado al Estado una Constitución que garantiza por igual la realeza y la libertad nacional . Si Francia hubiese podido atenerse a la Constitución de 1791, hubiese evitado los desastres de las dictaduras terrorista y militar que durante veinticinco años iban a lanzarla en vanas guerras contra la Europa coaligada y perder el primer puesto entre las potencias europeas, preparando, a cambio, la hegemonía continental de Alemania.

La Asamblea Legislativa

Si la Constituyente había concebido un régimen de monarquía constitucional, ahora correspondía a la Asamblea legislativa la puesta en vigor de la Constitución de 1791. Al disolverse la Constituyente , en un gesto de desinterés que más tarde se revelaría desastroso, excluyó a sus propios miembros de la futura Asamblea legislativa. Esta, elegida por los electores activos de la burguesía, quedó compuesta por hombres nuevos, generalmente muy jóvenes -la mayoría de los diputados tenía menos de treinta años- y de condición modesta. En ella se manifestaron tres tendencias: los feuillants, que constituían el partido moderado, monárquico y constitucional y disponían de 264 escaños, y el ala activa, que consideraba a la Revolución como no acabada y contaba con 136 miembros, repartidos entre una fracción liberal —los futuros girondinos — de tendencia republicana, y una fracción democrática más netamente antimonárquica que reclamaba reformas de orden político y social. Entre estos grupos, una masa de 345 diputados independientes formaba un centro bastante amorfo.

La situación política aparecía llena de dificultades. La crisis religiosa no estaba resuelta y por consiguiente la posición del rey con respecto a la Constitución seguía siendo poco clara; la crisis financiera no cesaba de acentuarse —a finales de 1791 el asignado había perdido el 40 por ciento de su valor—; la inflación conducía a un alza constante de los precios, y el aumento del paro obrero creaba entre el proletariado de París y de las grandes ciudades una miseria que los agitadores de los partidos extremistas aprovechaban para mantener una efervescencia social constante y peligrosa. Además, el pánico impulsaba a los aristócratas a emigrar en gran número.

Los excesos de la persecución religiosa y los constantes disturbios creaban en el extranjero y en las clases dirigentes —hasta en los Estados Unidos— un movimiento de hostilidad contra la Revolución que se encontraba amenazada, según se creía, por una intervención de las potencias y, en el interior, por acciones contrarrevolucionarias. Para hacer frente a una situación tan peligrosa, Francia solo contaba con un ministerio del grupo de los feuillants, mediocre y sin prestigio.

Y la Asamblea, en vez de esforzarse por lograr la reconciliación de los franceses atenuando la persecución religiosa, mejorando las condiciones del abastecimiento y afirmando su independencia frente a las tentativas de intimidación de las asociaciones, adoptó una actitud pusilánime. Esperando desarmar a la oposición cediendo a sus exigencias, apenas reunida la Asamblea legislativa emprendió una ofensiva contra los emigrados votando una ley en la que se especificaba que aquellos que no hubieran regresado a Francia en 1 de enero de 1792 serían considerados como traidores a la nación y castigados con la pena de muerte. Luis XVI rehusó sancionar una ley que únicamente hubiera agudizado la división del país, pero exhortó a sus hermanos para que regresaran al país e hizo patente a los emigrados su profundo descontento.

Otras medidas fueron tomadas contra los sacerdotes que se mostraron reacios —so pena de ser privados de sus sueldos y pensiones— a prestar el juramento cívico en un plazo de ocho días. El rey opuso su veto de nuevo, y desde entonces se insinuó una campaña que le presentaba como protector de los emigrados y de los rebeldes.

Francia declara la guerra a Austria

Y así, mientras los jacobinos y los cordeliers se esforzaban por provocar la guerra civil, su ala liberal trataba de explotar la cuestión de los emigrados para arrastrar a Francia a la guerra contra Austria. Persuadidos de que este era el único medio para lograr la unidad de los franceses, veían también en la guerra el remedio de la crisis financiera, ya que la conquista podría permitir la nacionalización de los bienes de la Iglesia en los países que, siguiendo la política imperialista de Luis XIV, ambicionaban anexionar a Francia. La guerra también les parecía un medio para hacer triunfar en toda Europa la ideología liberal y republicana que les servía de programa. Ya en noviembre de 1791, el diputado Isnard declaraba: Si los Gabinetes instigan a los reyes a una campaña contra los pueblos, nosotros incitaremos a los pueblos contra los reyes . De esta forma, la Revolución, que se había dejado arrastrar a una lucha contra la Iglesia, se volvía cada vez más contra todos los soberanos, y por esto mismo contra Luis XVI, considerado como un enemigo de la nación y de la libertad.

En cuanto al rey, aunque violentamente hostil a la persecución religiosa que proseguía la Asamblea legislativa, no quería la guerra. Pero con el fin de conservar el respeto de los partidos extremistas por miedo al extranjero, permanecía secretamente en contacto con el emperador, la zarina y los reyes de Prusia, de España y de Suecia, a quienes animaba a reunirse en un congreso de las principales potencias europeas para contener los excesos en los que temía ver hundirse a Francia.

Bajo el impulso de los jacobinos, la Asamblea legislativa adoptaba una posición amenazadora: en diciembre de 1791 obtenía del rey el que invitase al arzobispo de Tréveris a disolver los ejércitos de emigrados que se concentraban en sus territorios. Ante tal amenaza, el emperador Leopoldo II adoptó una actitud conciliadora e hizo llegar a Francia una nota anunciando que el elector de Tréveris había dispersado a los emigrados.

La paz parecía asegurada, pero la Asamblea legislativa quería la guerra. Y el 25 de enero de 1792 conminó a Luis XVI para que preguntase al emperador si renunciaba a todo tratado y a toda convención dirigidos contra la soberanía, la independencia y la seguridad de la nación . No habiendo obtenido respuesta, firmó un decreto por el que se confiscaban los bienes de los emigrados. Esperaba, por otra parte, limitar el conflicto a Austria. Custine negociaba en Prusia —en la que los girondinos se obstinaban en ver a una aliada— y Talleyrand en Inglaterra para obtener la neutralidad de estas potencias. Pero el asesinato del rey Gustavo III de Suecia (marzo de 1792), víctima de un complot de la nobleza, libró a Francia del único soberano que había sido activamente partidario de la guerra. El duque de Sudermanie, que ejerció a partir de entonces la Regencia en nombre del rey menor Gustavo IV, era de tendencias liberales e inmediatamente se acercó a Francia.

Luis XVI, aunque buscaba el apoyo de las cortes de Europa, no deseaba la guerra, y para evitarla destituyó a su ministro el conde de Narbona, belicista, y formó un ministerio de coalición en el que, al lado de los feuillants, figuraron los girondinos Roland, en la cartera del Interior, y el banquero ginebrino Clavière, en la de Finanzas. El pacifista general De Grave desempeñó la cartera de Guerra, y el general Dumouriez la de Asuntos Exteriores. Roland llevó enseguida al gobierno, sobre el que el rey carecía de acción, a una política belicosa.

A consecuencia de una nota enviada por el canciller de Austria, Kaunitz, reclamando la restitución de los derechos a los príncipes que tenían posesiones en Alsacia y la devolución al Papa de la ciudad de Aviñón, que acababa de proclamar su anexión a Francia, Dumouriez fue encargado de dirigir al emperador Francisco II —ucesor de Leopoldo II, fallecido el 1 de marzo—, un ultimátum conminándole a desmovilizar sus fuerzas. Francisco II, al contrario que su padre, era absolutista, pero, como él, quería evitar la guerra con Francia. El ultimátum de Dumouriez no obtuvo respuesta, y Austria, sin modificar su posición de principio, según la cual pedía que la monarquía fuese restablecida en Francia como era antes de la convocatoria de los Estados Generales, mantuvo su ejército en estado de movilización debido al peligro que la propaganda jacobina representaba para Bélgica.

Dumouriez, interpretando la actitud de Francisco II como una amenaza contra Francia, propuso a la Asamblea legislativa que declarase la guerra a Austria. Esta fue votada en abril de 1792 casi por unanimidad (faltaron siete votos). Una corriente de entusiasmo atravesó la Francia revolucionaria, adhesión que ha dejado un impresionante recuerdo: el canto de marcha de los voluntarios del ejército del Rin, que bajo el nombre de La Marsellesa iba a convertirse en el himno nacional de la República.

Francia acababa de emprender una guerra que no terminaría hasta 1815.

La cuestión polaca

En el momento en que se iniciaba el conflicto contra Austria, las tres grandes monarquías continentales se hallaban entregadas a una política de imperialismo en el este de Europa. Las miras de Austria y de Rusia sobre Turquía, y las de Rusia y Prusia sobre Polonia, les inquietaban mucho más que la lucha contra la Revolución francesa. Desde luego, no les desagradaba ver como Francia, debilitada en querellas intestinas, les dejaba las manos libres sobre el continente. Y si en el año 1792 Austria y Prusia habían podido sentirse amenazadas por la expansión de las ideas revolucionarias en Alemania, no sucedía lo mismo en Rusia. Sin duda, Catalina II era totalmente hostil a la Revolución, pero prefería dejar a Austria y Prusia el cuidado de aplastarla, lo que permitiría a Rusia realizar sus designios en la Europa Oriental, aprovechando la guerra en que se viesen envueltas en el Oeste.

El acercamiento de Austria a las potencias marítimas y, en el congreso de Reichenbach, a Prusia, había obligado a Rusia, entonces, a abandonar sus miras imperialistas sobre las provincias turcas. Y como en enero de 1792 la paz de Jassy no le había reportado ninguna ventaja, estaba decidida, una vez más, a encontrar compensaciones en Polonia. Desde el primer reparto, que la había desmembrado y lanzado a la anarquía, Polonia vivía bajo el protectorado ruso, mas Catalina II deseaba estabilizar esta situación. Austria no se oponía a ello, pero Prusia exigía Thorn y el puerto de Danzig, que al darle las bocas del Vístula le permitiría dominar la vida económica de este vasto país, cuya población de 10 a 15 millones de habitantes era tan numerosa como la de la misma Rusia.

Con el fin de escapar a la tutela rusa, la Dieta polaca aprobó en el mes de mayo de 1791 una nueva Constitución con miras a adaptar la Polonia señorial al régimen de la monarquía constitucional. El partido ruso, especie de quinta columna sobre la que se apoyaba Catalina II para mantener Polonia bajo su dependencia, se había opuesto inmediatamente a la Constitución. Y cuando Rusia se vio libre, por la paz de Jassy, de la guerra en Turquía, se volvió inmediatamente hacia Polonia. En un manifiesto dirigido al pueblo polaco denunciaba la Constitución de 1791 como inspirada en los principios revolucionarios que arruinaron a Francia y perderían pronto a Polonia.

Y mientras esto sucedía, la Asamblea legislativa declaró la guerra a Francisco II. Nada podía servir mejor a los designios políticos de Catalina II . Rompió el tratado de comercio franco-ruso, prohibió todas las relaciones económicas con Francia —en particular la exportación de trigo—, expulsó de Rusia a todos los franceses que se negaron a prestar juramento contra la Revolución y entregó 400.000 rublos a la alianza austro prusiana, pero no se adhirió a ella militarmente. Y mientras que las fuerzas de Austria y de Prusia se concentraban en el Oeste, un ejército ruso de 100.000 hombres penetraba amistosamente en Polonia para reinstaurar la antigua Constitución. Polonia, como aliada de Prusia, solicitó su ayuda, pero esta no acudió. Y mientras los ejércitos austro prusianos invadían Francia por las fronteras del Noroeste, Austria y Prusia firmaban separadamente con Rusia tratados por los cuales se repartían Polonia (julio y agosto de 1792).

La dictadura insurreccional

Las preocupaciones de Austria y de Prusia sobre Polonia salvaron a Francia del desastre. Frente al ejército austro prusiano, cuyos reducidos efectivos no debían pasar de los 60.000 hombres, Francia solo disponía de fuerzas desorganizadas por falta de mandos —los oficiales aristócratas habían emigrado en gran número—y por el principio de la elección de oficiales por los voluntarios, que fomentaba en el Ejército la indisciplina.

Y así, la guerra comenzó con reveses. Rechazado de Bélgica, cuya frontera se había apresurado a franquear, el ejército francés inició una retirada hacia Lille y Valenciennes en espantoso desorden, mientras los soldados gritaban ¡traición! y asesinaban a sus generales. En seguida, los jacobinos se hicieron eco en la Asamblea legislativa: Robespierre acusaba a los generales de traicionar a la Revolución y Marat felicitaba a los soldados por el asesinato de sus jefes. Y la Asamblea legislativa, siguiendo su política, que consistía en ceder ante las amenazas, decretó el procesamiento de los generales vencidos.

Incitado por las asociaciones, el populacho se agitó acusando abiertamente al rey de complicidad con el enemigo, y para calmar a perturbadores la Asamblea votó la deportación de los sacerdotes que no habían prestado juramento, el licenciamiento de la guardia del rey, que fue sustituida por guardias nacionales, y se estableció un campamento de 20.000 voluntarios a las puertas de París para defender la capital contra los generales facciosos. Luis XVI opuso su veto a estos decretos que organizaban la guerra civil frente al enemigo que avanzaba, aceptando solo el licenciamiento de su guardia. Los ministros, aclamados por los diputados, solo dimitieron como protesta a la decisión del rey, y ante las vacilaciones de la Asamblea legislativa los cabecillas incitaron a los amotinados a invadir las Tullerías y a reclamar la retirada del veto real. El rey se puso el gorro frigio y bebió a la salud de la nación, pero rehusó retirar su veto.

Entonces, los jacobinos intentaron sublevar las provincias, y los ayuntamientos de Marsella, Grenoble y Clermont-Ferrand reclamaron, bajo su presión, la abolición de la monarquía. Pero con eso solamente hicieron patente que la oposición al rey, por parte de los jacobinos, no representaba más que a una ínfima minoría de la nación; en 72 departamentos —de los 83 que contaba Francia— las autoridades locales reaccionaron indignadas contra tal actitud. Mientras, la guerra continuaba y Francia se veía amenazada de invasión. La Asamblea legislativa, para organizar la defensa, creó con plenos poderes la Comisión de los Doce y declaró a la patria en peligro, es decir, el estado de sitio, que de hecho dejaba en suspenso la Constitución.

A partir de entonces, Robespierre se quita la máscara y se erige como adversario resuelto de la monarquía constitucional. Arengando en el local de los jacobinos a los voluntarios que llegan de provincias, les exhorta a sustituir la ineficaz Asamblea y constituye bajo su dirección un directorio insurreccional secreto .

La Convención

Los liberales girondinos, que por ideología republicana habían hecho causa común con los jacobinos, van a volverse desde entonces contra ellos, y Robespierre los denuncia como enemigos del pueblo y reclama la sustitución de la Asamblea legislativa por una Convención elegida por sufragio universal y encargada de dar a Francia una nueva carta constitucional.

Desbordada por la insurrección, la Asamblea —que desde su reunión había entrado en vías de capitulación ante el motín— otorga una existencia legal a las 48 secciones electorales de París, cuyo núcleo lo constituían los jacobinos, y les reconoce el derecho a poseer un órgano permanente con sede en el Ayuntamiento. A continuación 47 de las 48 secciones votan la suspensión del rey, y Petion, alcalde jacobino de París, pide en nombre de aquellas que la Asamblea deponga a Luis XVI. La legalidad se encontraba cada vez más desarmada ante algunas decenas de millares de revoltosos organizados por los jefes de asociaciones

Algunos concejales prudentes instaron al rey para que abandonase París, donde triunfaba la insurrección violenta, y marchase a provincias, para desde allí, apoyado por la inmensa mayoría del país, continuar representando la legalidad. Pero el monarca rehusó ante el temor de que su traslado llevase a Francia a una guerra civil que esperaba evitar a pesar de todo.

Así la situación, apareció muy desafortunadamente (25 de julio de 1792) el manifiesto firmado por el Duque de Brunswick, comandante de los ejércitos aliados que amenazaba a la capital con una ejecución militar y una subversión total si la persona del rey llegaba a ser tocada. Esto produjo en París una impresión tan considerable que las secciones corrieron a las armas, e instigadas por Danton destituyeron al Ayuntamiento de París y nombraron 82 comisarios en su lugar, que se declararon constituidos en Comuna insurreccional e impusieron su autoridad a la Guardia Nacional.

La asamblea francesa priva al rey de sus poderes

Aquel mismo día (10 de agosto de 1792) la Comuna, apenas posesionada, invitó a la Asamblea legislativa a convocar nuevas elecciones en toda Francia, aconsejándole sustituir a los magistrados municipales y departamentales y a los jueces y comisarios de policía acusados de incuria por los patriotas . Al mismo tiempo, bandas armadas invadían las Tullerías. El rey se refugió en la Asamblea y ordenó a los guardias suizos que defendían el palacio de los ataques de la multitud a que cesaran el fuego y regresasen a sus cuarteles. Esta orden, dictada por su extremado interés por mantenerse en la legalidad, iba a permitir la victoria definitiva de la ilegalidad. Los guardias reales, desarmados, fueron arrollados por el populacho. Esta jornada costó la vida a unos 600 suizos, a unos 200 servidores del rey, que fueron asesinados en palacio, y a 400 amotinados.

Mientras las Tullerías eran teatro de sangrientas escenas, muchos diputados, aterrorizados al ver que el rey se ponía bajo su salvaguardia, abandonaron la Asamblea. Cuando la multitud invadió el salón de sesiones, de los 745 diputados solamente quedaban en los escaños 284, que bajo las amenazas de muerte proferidas suspendieron los poderes del rey y abolieron la Constitución, declarando que Luis XVI cesaría provisionalmente de cumplir sus funciones de jefe del poder ejecutivo hasta que una Convención nacional, elegida por todos los franceses mayores de veintiún años, se hubiera pronunciado acerca de las medidas para asegurar la soberanía del pueblo y el reinado de la igualdad y de la libertad . Después, esta Asamblea legislativa, reducida a un tercio de sus miembros y sustituyendo —siempre bajo la amenaza de los insurrectos— al poder ejecutivo, nombró en seguida un Consejo ejecutivo provisional de seis miembros —entre ellos Danton —, mientras que el rey, detenido, era conducido a la prisión del Temple.

El golpe de estado de la Comuna insurreccional, fomentado por Robespierre y Danton, había triunfado. Dueña de todos los resortes del poder, organizó rápidamente un régimen de dictadura: fueron detenidos los ministros de gabinete precedente; en todas partes fueron arrancadas las efigies reales; un comité de vigilancia fue encargado de prender a los sospechosos para ser entregados a un tribunal extraordinario que la Asamblea legislativa hubo de crear, y la persecución religiosa entró en una fase aguda. Los sacerdotes refractarios fueron perseguidos, suprimidas todas las órdenes religiosas, incluso las dedicadas a la enseñanza y beneficencia que habían sido mantenidas por la Constitución Civil del Clero, y los objetos del culto fueron requisados para ser fundidos.

Ante esta afirmación de fuerza, apoyada en el terror, las provincias, desorganizadas, no reaccionaron. La Fayette intentó arrastrar al ejército para marchar sobre París y restablecer la Constitución, pero el régimen legal creado por la revolución de 1789 había sido vencido por la insurrección callejera.

La dictadura insurrecta pone fin a la monarquía constitucional

El encarcelamiento del rey en el Temple ponía prácticamente fin a la monarquía constitucional. El poder real era sustituído, como detentador del poder ejecutivo, por el gobierno nombrado bajo la presión de la Comuna insurreccional de París y sería un instrumento en sus manos. El rey, árbitro situado fuera y por encima de los partidos, representaba la unidad nacional y la paz interior. Con su veto a las medidas excepcionales decretadas por la Legislativa, había intentado impedir la guerra civil y mantener en vigor los principios proclamados por la Constitución de 1791. Por eso la caída de la realeza, al suprimir el poder moderador del rey, iba a entregar Francia a los peores excesos. Ya los feuillants, previéndolo con claridad, habían rehusado discutir los errores de Luis XVI para salvar la Constitución, comprendiendo que la persona del soberano no podía ser separada de la monarquía constitucional sin asestar al régimen una herida mortal y que su caída arrastraría consigo a la Constitución y a las libertades individuales que ella garantizaba a los franceses.

El error fundamental de los liberales girondinos fue no verlo así. Al ceder a la ideología republicana dieron ese golpe de muerte al régimen cuyo advenimiento habían saludado con entusiasmo y permitieron la instauración de una dictadura que, para arruinar toda la obra política de la Constitución liberal, haría de los girondinos sus primeras víctimas.

La Comuna insurreccional de París, que sustituía al soberano como jefe de poder ejecutivo, concebía sus funciones de modo opuesto al rey. En vez de considerarse como un árbitro entre los partidos, como el guardián de la Constitución de la paz pública, se transformaría en instrumento de la minoría insurreccional, a cuya disposición pondría todos los poderes de un Estado omnipotente y policíaco.

A la sumisa Asamblea legislativa no le quedaba más que ser la ejecutora de las órdenes de la Comuna . Y para que esta pudiera dominar al Ejército, envió comisarios de los ejércitos con poderes para suspender y detener a generales y oficiales, perseguir a los sospechosos y tratar como rehenes a los miembros de las familias de los emigrados, al tribunal extraordinario, cuya creación había exigido la Comuna, se le concedieron manos libres para proceder sumarísimamente contra los sospechosos, y la persecución religiosa, de anticlerical pasó a ser anticristiana. Fue suprimida la libertad de prensa y publicadas las listas de las personas que habían firmado peticiones monárquicas, con el fin de entregarlas a la vindicta de los insurrectos. Los derechos del hombre, por cuyo logro se hizo la Revolución y que la Constitución del año 1791 proclamaba solemnemente, eran negados en provecho de una minoría que, afirmando ser el único partido patriota, iba a emprender en seguida el aniquilamiento de las conquistas adquiridas por la revolución liberal e imponer a todo d pueblo francés un riguroso régimen autoritario.

Repercusiones internacionales de la jornada del 10 de agosto

Ante la profunda impresión que causó en toda Europa la detención del rey, el gobierno francés comprendió que era preciso tranquilizar a la opinión, y para ello la Asamblea legislativa repudió solemnemente cualquier política de conquista y en seguida emprendió una serie de negociaciones diplomáticas. Inglaterra había llamado a su embajador, y el gobierno francés, por inspiración de Talleyrand, que veía en la alianza con Inglaterra el apoyo de la política a seguir, envió un agente secreto a Londres con objeto de tranquilizar a Inglaterra con respecto a Holanda y de preparar una alianza entre ambos países que dejaba a Inglaterra manos libres en las colonias hispanas de América.

También, a pesar de la guerra, se iniciaron negociaciones secretas con Prusia para lograr una paz por separado y se hicieron ofertas de alianza a Suecia y Dinamarca. Y con el fin de paralizar a Rusia, se envió un emisario a Constantinopla con la oferta de ofrecer 8 millones como subsidio y el apoyo de la flota francesa a la Puerta para que declarase la guerra a Catalina II. Pero todas estas negociaciones fracasaron. En todas las capitales de Europa, salvo en Suecia y Dinamarca, fueron expulsados los agentes diplomáticos franceses. En cuanto al rey de Prusia, lejos de ceder a las ofertas que le eran hechas, intensificó su esfuerzo de guerra, y pronto Longwy y Verdún se vieron obligadas a capitular.

Política de terror

Ante un peligro tan considerable, el gobierno no hizo más que reforzar el régimen dictatorial. Fueron enviados a provincias comisarios designados por la Comuna de París con plenos poderes para reclutar hombres, hacer las requisas necesarias y buscar a los sospechosos. En dos días (30 y 31 de agosto) se hicieron en París 1.000 detenciones de forma tan arbitraria y en medio de un abuso tan escandaloso, que la Asamblea legislativa, en un sobresalto de energía intentó recuperar el poder. Al llamamiento de los girondinos, conscientes demasiado tarde de que al entregar el país a la insurrección callejera por odio a la monarquía prepararon la ruina de las ideas liberales, la Asamblea pronunció la disolución de la Comuna . Pero la Asamblea se había dejado privar de todos los medios para hacer respetar sus decisiones, y la Comuna, dueña de la calle y de la Guardia Nacional, respondió cursando órdenes de detención contra los jefes del partido girondino. Una vez más, la Asamblea cedió. Envalentonada, y a propuesta de Marat, la Comuna constituyó un comité de vigilancia que esparció el rumor —totalmente falso— de que se estaba organizando una sedición en las distintas prisiones donde se hallaban hacinados los sospechosos.

Al día siguiente, París recibía la noticia de la caída de Verdún. Aquel día (el 2 de septiembre) comenzaban precisamente las elecciones para la designación de los diputados de la Convención y era preciso intimidar a los adversarios de la Dictadura a toda costa. Marat empujó al pueblo a lanzarse sobre las prisiones y durante tres días, después de un simulacro de juicio, los detenidos fueron asesinados. Más de 1.000 personas fueron sacrificadas, mientras que la Comuna de París invitaba a las provincias a practicar las mismas medidas de salud pública . Y las matanzas se prolongaron durante todo el mes de septiembre en diversos lugares. Ante semejantes gestos de intimidación, la inmensa mayoría de los ciudadanos se abstuvo de votar. De los 7 millones de electores que el sufragio universal llamaba a las asambleas primarias, no se presentaron ni 700.000; menos que en las elecciones hechas por sufragio restringido en 1790 y en 1791.

Por otra parte, en todo el país se impusieron los burgueses beneficiados por la Revolución, eliminando a los artesanos y a los obreros. En cuanto al campo, no estuvo representado, por decirlo así, en la Convención. Excepto dos obreros y algunos aristócratas, entre los que estaba el duque de Orleans—elegido por los comicios con el nombre de Felipe Igualdad —, todos los escaños de la Convención fueron ocupados por diputados pertenecientes a la burguesía.

El ejército austro prusiano es contenido en Valmy

La Convención se reunió el 20 de septiembre. Ese mismo día, los ejércitos prusianos eran contenidos en Valmy (Argona) y la invasión era frenada. Los voluntarios de 1792 y los guardias nacionales militarizados, que eran todos ciudadanos activos, es decir burgueses —no unos desarrapados, como la leyenda ha pretendido—, poniendo en jaque al mejor ejército de Europa impusieron de súbito a las potencias un temor respetuoso hacia la Revolución. Goethe, que asistía al encuentro de Valmy, considerará a esta victoria como el comienzo de una nueva era en la Historia.

La Convención

El 21 de septiembre de 1792, al día siguiente de la victoria de Valmy, la Convención elegida por una décima parte de los franceses, influida por las matanzas de aquel mismo mes, derrocaba la monarquía y hacía público un decreto según el cual el año 1792 sería denominado año I de la República —el año I de la República comenzó el 22 de septiembre de 1792—. El nuevo régimen fue, pues, instaurado por una pequeña minoría de franceses.

La República ocupa Niza, los estados del príncipe-obispo de Basilea y el país belga

Los primeros días de la República fueron jornadas de triunfo. Sus ejércitos invadieron Saboya, y el 29 de septiembre, ocupada Niza, esta pidió su unión a Francia. Asimismo, el general Custine avanzaba triunfalmente a lo largo del Rin ocupando Spira, Worms, Maguncia y, momentáneamente, Francfort; el 6 de noviembre, Dumouriez alcanzó en Jemmapes una gran victoria sobre los ejércitos austríacos que permitió a Francia ocupar Bélgica, donde el emperador Leopoldo II acababa de restablecer el antiguo régimen, y el ejército francés entraba en Bruselas el 14 de noviembre, en Lieja el 28 y en Amberes el 30. En estas mismas fechas, los estados del príncipe-obispo de Basilea, bajo protección francesa, se erigían en República.

Los montagnards revolucionarios triunfan sobre los girondinos liberales

Proclamada la República, la Convención se encontró inmediatamente dividida en cuanto a la tendencia política que había de darse al nuevo régimen. En torno a los girondinos se agrupaban todos aquellos que respetuosos con la libertad y la propiedad individual se negaban a aceptar la dictadura de la Comuna de París, y en oposición a ellos, la Montaña —llamada de este modo porque sus representantes ocupaban los escaños superiores de la sala la sala de sesiones de la Convención—, dominada por Robespierre, Danton y Marat, pretendía acabar la República imponiendo el despotismo de la libertad, apoyada por la Comuna insurreccional de París.

En la lucha que se entablaba, los girondinos, cegados por una ideología intransigente que los había empujado al sectarismo, tenían perdida de antemano la partida al sacrificar al rey, única personalidad capaz de ejercer el poder moderador sin el cual ningún régimen liberal era posible en aquellos momentos. Además, al lanzar imprudentemente el país a una guerra en el momento en que el nuevo régimen debía adaptarse a la libertad, imponían a Francia un inmenso esfuerzo que no podría realizarse más que por la concentración en manos del Estado de un poder tan absoluto que aplastaría la libertad individual.

Entre la Gironda liberal y la Montaña insurreccional, un tercer partido sin programa definido, y al que se llamó el Marais —llanura—, fue pronto intimidado y reducido a la impotencia por la violencia de los extremistas.

La Convención vota la muerte de Luis XVI

Las victorias de los ejércitos republicanos, lejos de atemperar la intransigencia de los montagnards, no hicieron más que exasperarla. Dueños de la Convención, se lanzaron a una política de terror cuya primera manifestación fue el decreto (que podía justificarse en tiempos de guerra) condenando a la guillotina a los emigrados cogidos con las armas en la mano en los ejércitos aliados; la segunda fue el proceso del rey.

Decidido a impedir definitivamente la restauración de la monarquía constitucional, Robespierre pidió que la Convención condenase a muerte a Luis XVI sin juzgarlo. No lo obtuvo, pero declarándose competente para juzgar al soberano, la misma Convención nombró una comisión encargada de examinar los documentos secretos del rey —recientemente descubiertos en las Tullerías—, y levantar un acta enunciativa de sus crímenes . El proceso comenzó el 11 de diciembre. Algunos girondinos propusieron que se hiciese un llamamiento al pueblo acerca del juicio que emitiese la Convención, mas Robespierre, invocando que este llamamiento sería el medio de conmover inútilmente a la República, y Saint-Just, afirmando que apelar al pueblo equivaldría a restaurar la monarquía, hicieron fracasar tal proposición. El sufragio universal, reclamado por ellos con tanta insistencia, se revelaba únicamente como un medio para ahogar la voluntad nacional en provecho de una minoría insurreccional.

El veredicto fue pronunciado el 16 de enero de 1793 en una parodia de juicio impuesta por la presión de la calle. Las tribunas estaban abarrotadas. Allí se veían damas, entre las cuales estaban las amantes del Duque de Orleans, que se hacían distinguir por sus tocados tricolores, tomando helados, naranjas y bebiendo licores; grupos de jacobinos abucheaban y amenazaban con la muerte a los diputados que no votasen la condena del rey. En los cafés vecinos se hacían apuestas sobre cuál sería la decisión de la Asamblea. La condena a muerte sin condiciones fue votada por 361 votos contra 360, y el 21 de enero el rey fue ejecutado en la plaza de la Revolución, en medio de 100.000 hombres de armas llamados para imponerse a la multitud. Murió con entereza digna de su rango, en vivo contraste con el desencadenamiento de las pasiones y el abandono pusilánime en que la Convención había votado su muerte. Los monárquicos, aterrorizados también, no se movieron.

El 15 de enero, la Convención votó la culpabilidad del rey por unanimidad de los 707 volantes 749 diputados); el mismo día, la apelación al pueblo fué rechazada por 126 votos contra 278. El 16 de enero, pena de muerte sin condiciones ni remisión fué votada por 361 votos de los 721 votantes que había, el 19 de enero, el sobreseimiento fué rechazado por 380 votos contra 310

La muerte del rey pone fin al régimen liberal e instaura el del terror

La ejecución de Luis XVI marca una etapa decisiva en la historia de la Revolución. Al condenar a muerte al rey la Convención dio también el golpe de gracia a la obra liberal de 1789. En lo sucesivo, no tendrá más remedio que practicar, en el interior, una política de terror destinada a impedir una contrarrevolución que hubiese arrastrado a la gran mayoría de la nación, y en el exterior una política de guerra dirigida contra la coalición que inmediatamente iba a formarse para intentar derrocar a la República. Desde entonces, la Revolución sería de hecho prisionera de la Montaña . La monarquía absoluta que la Constituyente de 1789 había transformado, sin violencia, en monarquía constitucional, la Convención iba a sustituirla por una dictadura implacable que para mantenerse tendría que negar, como jamás se hizo antes, los derechos imprescriptibles del hombre, ahogándolos en un desenfrenado régimen de terror.

La República anexionista

La convención se anexiona Bélgica, Renania y Basilea

La Revolución, al sustituir el liberalismo por la ideología de una libertad que ella pretendía imponer a todos, suprimió esta misma libertad en el plano interior y restauró, en el exterior, el imperialismo que tan severamente había condenado considerándolo como uno de los peores males del absolutismo.

A raíz de la jornada de 10 de agosto de 1792, la Asamblea había repudiado toda política de anexión, mas después de la victoria de Jemmapes, y el 19 de noviembre, la Convención votó un decreto concediendo fraternidad y socorro a todos los pueblos; pero tales palabras solo iban destinadas a justificar la política de conquistas que emprendía. Contestando a la actitud de Bélgica y de Renania. que conquistadas por los ejércitos de la República y basándose en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos reclamaban su economía, Danton afirmaba el derecho de Francia a imponer a otros pueblos su ideología revolucionaria. Y se enviaron comisarios a Bélgica, los cuales tres meses después se vanagloriaban de haber sacado del país 611 millones.

Jamás monarquía alguna se había mostrado tan extremada en su opresión con un país conquistado. Ante semejantes abusos, el entusiasmo con que los liberales belgas acogieron la victoria francesa se trocó rápidamente en una viva hostilidad compartida por el país entero; mas para ahogar la resistencia de los belgas, comisarios especiales hicieron votar la unión de Bélgica a Francia por asambleas de ciudades y de provincias, reunidas al azar e intervenidas por el ejército de ocupación. En Renania, una Convención elegida con la coacción de las tropas francesas aprobó la anexión a Francia. Y los estados del príncipe-obispo de Basilea, que se habían transformado en República en noviembre de 1792, fueron anexionados el mes de marzo de 1793.

Rusia y Prusia proceden al segundo reparto de Polonia

La política de anexiones de la República francesa coincidía con la que practicaban en aquel entonces las tres grandes monarquías absolutas de Rusia, Austria y Prusia. Las victorias alcanzadas por los franceses sobre los prusianos y los imperiales en Valmy y en Jemmapes, al consagrar la derrota de las dos potencias germánicas habían abierto camino al imperialismo ruso. Y Catalina II lo aprovechó para imponerles una segunda desmembración de Polonia. El 23 de enero de 1793 fue firmado un tratado entre Prusia y Rusia que atribuía a esta Ucrania y la Rusia Blanca, con 3 millones de habitantes. El rey de Prusia, abandonando la guerra contra Francia, se había apresurado a enviar sus ejércitos a Polonia a pretexto de denunciar el «democratismo jacobino» de la Constitución polaca de 1791. Obtuvo la anexión de Danzig, de Thorn y de la gran Polonia, con Posen, es decir, un territorio más extenso que Silesia.

En cuanto a Austria, que no había invadido Polonia, ni reconocido la posesión de territorios por la fuerza de las armas, fue excluida del reparto. Lo más que recibió fueron seguridades de apoyo por parte de Rusia para obtener Baviera en compensación de Bélgica, que acababa de arrebatarle Francia.

Sin embargo, Inglaterra, que temía la hegemonía de Austria en Alemania, declaró su oposición a la anexión de Baviera, Austria no podía esperar que se restableciera sobre el continente el equilibrio de fuerzas, roto en detrimento suyo, más que volviendo a emprender la guerra contra Francia para recobrar Bélgica y adelantar, si fuera posible, su frontera hasta el Somme, con el fin de encontrar así una compensación al aumento de territorio y población que Rusia y Prusia acababan de conseguir con el reparto de Polonia.

Europa contra la Republica

En Inglaterra, la opinión liberal se aparta de la revolution

Desde 1791 la lucha emprendida por la Revolución contra la Iglesia había provocado en Inglaterra una reacción contra las ideas revolucionarias. Los excesos de la Convención, las matanzas de septiembre, su actitud anticristiana y, sobre todo, la condena a muerte a Luis XVI privaron a la República de las simpatías que la Revolución se granjeara en un principio en los medios liberales.

Por reacción contra sus excesos fueron abandonadas las ideas de reforma parlamentaria, y por simpatía hacia clero católico perseguido se hicieron concesiones a los católicos. Incluso los whigs del grupo Fox, que hasta entonces habían defendido la Revolución, se desviaron de ella y opusieron con orgullo la monarquía liberal inglesa a la tiránica y sanguinaria República francesa. Así mismo, el Parlamento votó leves contra el contagio revolucionario que del plano liberal pasaba al social y se hace sentir en los medios más avanzados.

La Sociedad de los Amigos del Pueblo organizada según el modelo de las asociaciones francesas, podía el establecimiento del impuesto progresivo. Los obreros, arrastrados por Thomas Hardy, formaron grupos políticos cuyos delegados, reunidos en Norwich en marzo de 1792, reclamaron la elección de una convención popular, traduciendo las aspiraciones sociales más radicales, Godwin, en Justicia humana, proponía una transformación comunista de la sociedad. Las asociaciones democráticas y obreras reunieron rápidamente decenas de millares de miembros. La cosecha de 1794 había sido precaria, el precio del pan subía, y en los núcleos industriales estallaron violentas revueltas. Y el gobierno Pitt, evitando la represión, respondió a ello muy hábilmente estableciendo un salario mínimo calculado según el precio del pan, con lo que salvó a la clase obrera de la miseria e impidió se lanzase a la insurrección. En Irlanda, los disturbios, de orden nacional más bien que social, revistieron más gravedad. Pitt, para vencerlos, suspendió el Habeas corpus detuvo a los sospechosos, pero tuvo la prudencia de evitar ejecuciones

Los excesos franceses provocan una fuerte reacción antiliberal en el continente

Después de la ejecución de Luis XVI, una misma reacción se manifestó en casi todos los países continentales, pero con menos moderación que en la liberal Inglaterra. En el reino de Nápoles, en el de Cerdeña y en Hungría, donde la nobleza volvía a sus antiguas reivindicaciones de independencia, hubo algunas ejecuciones, pero estuvieron muy lejos de responder a la terrible violencia del terror revolucionario que en Francia causó millares de víctimas. Entre 1792 y 1795, hubo 51 ejecuciones en el reino de Nápoles, 14 en el reino de Cerdeña y 7 en Hungría. En Alemania, la Dieta del imperio ordenó la disolución de las sociedades de estudiantes, y en Rusia, Catalina II cerró las logias masónicas.

Frente a la propaganda revolucionaria que los excesos de la Convención iban a hacer aparecer como satánica, va a organizarse desde entonces una propaganda antirrevolucionaria que dominará la vigorosa personalidad del saboyano José de Maistre. Solamente Ginebra conoció, en noviembre del año 1792, una revolución democrática inspirada en las ideas francesas que triunfó momentáneamente y que, por otra parte, preparó la anexión de Ginebra a Francia.

En resumen, desde el año 1793 los excesos provocados por la Comuna de París suscitaron contra la Revolución una reprobación casi unánime en el extranjero. Por otra parte, las anexiones que había emprendido, acompañadas de la explotación sin escrúpulos de los países anexionados y del simulacro de acuerdos populares, tomados bajo la amenaza de las bayonetas francesas —exactamente igual que Rusia imponía, por la fuerza de las armas, sus decisiones a la Dieta de Polonia—, hicieron comprender que la política imperialista de la República francesa amenazaba tan peligrosamente al continente europeo como antes lo había hecho la proyectada por Luis XVI.

La anexión de Bélgica conduce a Inglaterra a romper con Francia

Hasta 1792, Inglaterra había mantenido una actitud de neutralidad entre Francia, por una parte, y Austria y Prusia por otra. También practicó una política de paz hasta reducir los efectivos de su flota en 2.000 marineros, y los de su ejército en 5.000 soldados, actitud que había permitido a Francia derrotar a Austria en Jemmapes y anexionarse Bélgica. Pero en noviembre de 1792, una escuadra francesa, que hizo frente y rechazó a los holandeses, logró abrir el Escalda, ocasionando así el que Inglaterra se sintiera amenazada en su prosperidad económica. Y se preparó para la guerra que tal vez habría evitado si en 1792 hubiera manifestado formalmente su voluntad de oponerse a la anexión de Bélgica.

Pitt hizo aumentar los efectivos de la flota de 16.000 a 25.000 hombres y las exportaciones de trigo y materias primas hacia Francia fueron prohibidas. Por último, la ejecución de Luis XVI sirvió a Inglaterra de pretexto para la ruptura de relaciones con Francia en enero del año 1793.

La convención declara la guerra a Inglaterra, Holanda y España

A esta ruptura de relaciones la Convención respondió declarando la guerra a Inglaterra y a Holanda, y dando órdenes a Dumouriez para que invadiese Holanda y ocupase Amsterdam, la primera plaza bancaria del continente, con instrucciones concretas de explotar hasta el máximo los recursos del país.

Y un mes más tarde declaraba la guerra a España, que también había roto con Francia después de la ejecución del rey. Desde entonces, liberada del temor de una coalición eventual de las flotas francesas y española en el Océano, Inglaterra envió una parte de su flota al Mediterráneo, arrastrando contra Francia al reino de Nápoles, al gran ducado de Toscana y a la república de Venecia. El Gran Turco adoptó igualmente una actitud hostil contra Francia. A partir de este momento, Francia se encontraba ante Europa entera, excepto Suiza y las dos monarquías escandinavas.

Estados Unidos niegan la ayuda a Francia

Le quedaba a Francia la alianza con los Estados Unidos de América. La República los invitó, pues, a colocarse a su lado en la guerra, conforme al tratado de alianza firmado entre los dos países en 1778, y que Francia había respetado cuando la guerra de la Independencia americana hasta la victoria.

En ningún país de Europa fue acogida la Revolución francesa con tanto entusiasmo como en los Estados Unidos. Sin embargo, el terror que le siguió había dividido a la opinión. Mientras ciertos grupos fundaban sociedades democráticas imitando a las francesas, los liberales, que dieron a los Estados Unidos su Constitución, condenaban los excesos de los jacobinos y la detención del rey. El mismo embajador de los Estados Unidos en París, Morris, había conspirado para salvar a Luis XVI y organizar su huída.

Inmediatamente después de la ejecución del rey, la República envió como embajador a los Estados Unidos, a Genêt encargándole que reclamase la aplicación del tratado de alianza de 1778, en virtud del cual en caso de guerra con Inglaterra los Estados Unidos participarían en la defensa de las Antillas y abrirían sus puertos a los navíos franceses. Además, Genêt tenía la misión de armar corsarios para capturar a los barcos mercantes ingleses que surcaran las aguas americanas y reclutar tropas para reconstituir el imperio colonial de Francia ocupando el Canadá, Luisiana y la Florida.

Pero Washington deseaba conservar una posición de neutralidad en el conflicto que estallaba entre Francia e Inglaterra. En el Congreso, Hamilton expuso que el tratado de 1788 había sido concluído por los Estados Unidos con Luis XVI y que la República hacía mal en venir a reclamar el beneficio de la alianza prometida al rey de Francia, a quien acababa de ejecutar.

Aprovechando este pretexto, el Congreso se pronunció por la neutralidad.

La deserción de los Estados Unidos privaba a Francia de defender las Antillas, centro esencial de su comercio marítimo, y al cerrarle la posibilidad de establecer bases en América le impedía emprender una acción naval de envergadura contra Inglaterra. Este fue uno de los elementos esenciales en la lucha que se entablaba entre Francia e Inglaterra y de la cual iba a depender, no solamente la suerte de la Revolución, sino también la de Francia y la de Europa.

Francia, aislada

Abandonada por los Estados Unidos, Francia se encontraba sola y enfrentada a la más formidable coalición que jamás se hubo formado contra ella. Los coaligados habían concentrado 300.000 hombres en la frontera belga y sobre el Rin, Inglaterra disponía de 115 naves y España de 76, frente a los 76 navíos de línea que poseía Francia.

En la primavera de 1793, las fuerzas coaligadas de Europa se pusieron en movimiento para aplastar a la República francesa.

La Dictadura de la Convención

La invasión de Francia provoca la caída de los liberales

Para resistir a la formidable coalición que se había organizado, Francia cuyo ejército de voluntarios de 1792 estaba ya desmovilizado se encontraba casi desarmada. En plena crisis interior, iba a verse obligada a realizar un esfuerzo militar tanto más importante cuanto que el gobierno tenía que enfrentarse inmediatamente con la repugnancia que el pueblo sentía hacia el servicio militar. Si en 1792 había sido posible reclutar voluntarios entre la burguesía, que se enrolaron con gran entusiasmo por la libertad, en 1793 sería imposible crear un movimiento semejante en las masas populares. En febrero de 1793, para proceder al reclutamiento de 300.000 hombres, la Convención se vio forzada a recurrir al llamamiento por sorteo, y al hacerlo pesar sobre la población rural iba a comprometer las cosechas, hacer subir el coste de la vida y a agravar la situación social.

En el mes de marzo las tropas aliadas invadieron Francia a la vez que, rehusando admitir el reclutamiento la Vendée se sublevaba. En todas partes el llamamiento de reclutas provocaba disturbios, pero era preciso mantener el orden e imponer el servicio militar al país, costase lo que costase. Para conseguirlo, la Convención creó en todos los departamentos comités de vigilancia dirigidos desde París por un Comité de Salud Pública.

En estos momentos, el asignado había perdido el 50 por ciento de su valor, de lo que resultaba un alza constante de precios agravada por una especulación desenfrenada sobre los asignados y los productos alimenticios. La Convención impuso el curso forzoso del papel moneda y pretendió estabilizar los precios de los alimentos mediante la ley del Maximum . El avance de las tropas aliadas en Francia engendraba pánico. Y Robespierre, en un intento para asegurarse el apoyo de las masas, llevó la agitación revolucionaria al plano social reclamando la limitación del derecho de propiedad, a la vez que para conservar en sus manos las secciones de París propuso a la Convención que votase el pago de un sueldo a todos los seccionistas —es decir, a los electores parisienses—, que se pagaría con una tasa impuesta a los ricos.

Frente a la actitud demagógica que adoptaba la Montana, los girondinos reaccionaron haciendo que la Convención designase una comisión de encuesta que procedió inmediatamente a la detención de los insurrectos.

Esta debía ser la última tentativa de la Convención para escapar a la dictadura de la "Comuna". El 31 de mayo, 33 secciones de París se constituyeron en comité central revolucionario al que se adhirió en seguida la "Comuna", que solicitó la detención de los girondinos y la depuración de todos los órganos del poder:

el partido jacobino afirmaba su voluntad de imponerse como partido único y ejercer la dictadura. Y como la Convención no cedió, 80.000 hombres de las secciones marcharon contra ella el 2 de junio y detuvieron, bajo amenaza, a 29 diputados girondinos

Al día siguiente, y para atraerse a las clases media y rural, la Montaña hizo decretar la venta inmediata de los bienes de los emigrados y el reparto de los bienes comunales entre los cabezas de familia.

La detención de los girondinos decapitaba la oposición liberal, que iba a ser ahogada en sangre. Mientras, la Montaña establecería la dictadura del partido único, apoyada por las agrupaciones revolucionarias de París.

Sustitución del régimen constitucional y liberal por una república democrática y autoritaria

Eliminada la facción oposicionista, se votó apresuradamente una nueva Constitución el 24 de junio de 1793, que centralizó la autoridad en manos del gobierno elegido por la Asamblea, la cual, detentadora del poder legislativo, debería ser elegida por sufragio universal. Se establecía un estrecho contacto con el pueblo por el derecho que se concedía a las asambleas primarias de exigir que las leyes fuesen sometidas a referéndum.

Los aliados reconquistan Bélgica y prestan ayuda a la insurrección de la Vendée

Mientras la Convención se esforzaba por introducir en Francia un régimen democrático y centralizador, los ejércitos aliados avanzaban por Francia. La victoria de Neerwinden (18 de marzo de 1793) había devuelto las provincias belgas a Austria, en donde esta se esforzaba por restablecer el antiguo régimen. También Maguncia había caído, entregando la orilla izquierda del Rin a los coaligados, y poco después era tomada Valenciennes. Y los sardos penetraban en Francia por la frontera de Saboya, al tiempo que los ejércitos republicanos asediaban la ciudad de Lyon sublevada y las tropas españolas penetraban en el Rosellón.

Los éxitos aliados favorecían la oposición de las poblaciones, que celosas de las autonomías locales instauradas por la Constitución de 1791 se negaban a aceptar las tendencias centralizadoras de la nueva Constitución. En la Vendée y en el Sudeste, los monárquicos se pusieron en cabeza de la resistencia, y en Lyon, Marsella y Tolón se constituyeron ayuntamientos monárquicos (julio-agosto).

La situación era tanto más grave cuanto que la caída del asignado se precipitaba de tal modo que pronto bajaría hasta el 30 por ciento de su valor, llevando al gobierno de la República al borde de una catástrofe financiera, a la vez que la desorganización de los transportes hacía sufrir a la nación, principalmente en París, una penuria alimenticia que alcanzó gravísimas proporciones.

La agitación popular resultante de todo esto ponía a la Convención a merced de las asociaciones, que sostenidas por las secciones de la Comuna de París --entregadas a los partidos jacobinos y a los extremistas cordeliers - pedían la guerra a ultranza, el exterminio de los aristócratas, la pena de muerte para los acaparadores y la supresión de las compañías por acciones, lo que permitió a más de uno de sus instigadores jugar a la baja de las acciones de las compañías cuya supresión solicitaban.

Para hacer frente a las necesidades más apremiantes, la Convención votó subsidios para los indigentes, aumentó los sueldos de los funcionarios y declaró derogados y sin indemnización todos los derechos feudales, incluso aquellos cuyo rescate la Constituyente había autorizado.

La república democrática es suspendida

Después, para dar al nuevo régimen una base verdaderamente nacional, sobre la que fundar la democracia, la Convención sometió la Constitución al pueblo. Ratificada en las asambleas primarias por 1.800.000 votos de los 7 millones de electores, la Constitución fue solemnemente promulgada. Pero al mismo tiempo, por una intervención de Robespierre fue aplazada su puesta en vigor y el régimen democrático que se pretendía organizar no sería aplicado jamás.

El aplazamiento de la Constitución devolvía a la Convención todos los poderes, y para ejercerlos esta última iba a nombrar en su seno 21 comités, entre ellos el de Salud Pública, encargado de la alta dirección de la política, y el de Seguridad general, dueño de la policía, que ejercían una influencia preponderante. Bajo su omnipotente autoridad, los doce ministros que nombró la Convención no serían más que simples agentes ejecutivos.

La guerra y los disturbios interiores no hicieron sino reforzar la tendencia hacia la dictadura. El asesinato de Marat por la joven monárquica Carlota Corday el día 13 de julio desató una serie de medidas de terror: la reina María Antonieta fue llevada ante el tribunal revolucionario (12 de octubre); se votó una ley de proscripción contra los diputados girondinos; la Bolsa fue cerrada; se decretó la muerte contra los acaparadores, y el general Custine, que había perdido Maguncia, fue guillotinado. Todos los presuntos enemigos fueron detenidos y se organizó en París una verdadera caza de sospechosos. Entretanto, el Ayuntamiento monárquico de Tolón hacía un llamamiento a los ingleses y les entregaba la ciudad con la escuadra anclada en el puerto (27 de agosto). Ante esta noticia, los hombres de las secciones de París corrieron a las armas y, presionada por el motín, la Convención declaró que iba a poner el terror a la orden del día.

El 10 de octubre proclamó oficialmente el régimen de la Dictadura al declarar que el gobierno de Francia es revolucionario hasta la paz . Y para afirmar el rigor con que ella entendía que debía imponer su omnipotencia, llevó al cadalso a la reina María Antonieta el día 16 de octubre de 1793. Su ejecución fue seguida de la de varios diputados girondinos y la del Duque de Orleans —Felipe Igualdad—, no obstante haber apoyado la Revolución y votar incluso la muerte de Luis XVI.

La justificación mística de la dictadura

La dictadura que se establecía en Francia al amparo de las guerras exterior y civil, no era solamente un estado de hecho, sino la expresión de una mística revolucionaria. El liberalismo que había fundado la monarquía constitucional era partidario de los derechos del hombre tal como los concibieran los filósofos del siglo XVIII . En cambio, la Dictadura iba a presentarse como expresión de la ideología democrática. Al liberalismo individualista, basado en la idea de que el hombre se mejora por la cultura y la civilización, Juan Jacobo Rousseau opuso la tesis de la naturaleza humana pervertida por la civilización. De ella se había extraído una mística política que presentaba a la voluntad del pueblo como expresión de la voluntad del ser supremo, y según la cual cualquier miembro del cuerpo social que rehusase aceptar las decisiones de este podía ser eliminado legítimamente. Y con el fin de determinar qué era la voluntad del pueblo, Rousseau no había encontrado otro medio mejor que el de remitirse a la opinión de la mayoría.

Lo mismo que las ideas de Montesquieu habían inspirado la Constitución liberal de 1791, las de Rousseau fueron la base de la Constitución democrática de 1793. El aplazamiento de la Constitución, que era sustituida por la dictadura de la Convención, no rompía la tesis de la mayoría, pues la Convención había sido elegida por el país —recordemos que fue elegida por 700.000 votos de 7 millones de electores—.

Como expresión de la voluntad del pueblo, es decir, del mismo ser supremo, la República no podía ser sino la encarnación pura del bien social, de la virtud y de la moral. Entre el bien y el mal, la diferencia era fácil de establecer: en la República no había más ciudadanos virtuosos que los republicanos. solo el Estado era juez y depositario del bien, y tenía no solamente el derecho, sino el deber, de imponer el bien extirpando de la sociedad el mal, que eran los enemigos de la República. El terror aparecía así como el instrumento indispensable de la moral republicana y de la virtud, era la justicia rápida, severa, inflexibleRobespierre, ante la Convención, el 5 de febrero de 1794 destinada a asegurar el paso del mal al bien, de la corrupción a la probidadSaint-Just, 15 de abril de 1794, del reino del crimen al de la justiciaRobespierre, 7 de mayo de 1794.

Esta ideología estatista y terrorista, invocando al Ser Supremo y la inmortalidad del alma, se alzaba hasta hacerse religiosa, pero encontraba frente a sí, para combatirla, a la moral cristiana, que se remite, no a la voluntad del número interpretada por el Estado, sino a la conciencia individual. El deber de la República era, pues, lanzarse a una política de descristianización. Fue introducido un calendario republicano que sustituía las semanas por décadas, el domingo por el decadi, y las fiestas cristianas por las fiestas cívicas consagradas a la República, a la Libertad, a la Gratitud, a la Agricultura, a la Juventud, a los Esposos y a la Vejez. Las ceremonias religiosas del matrimonio y del bautismo fueron sustituidas por ceremonias cívicas y el arzobispo de París fue obligado a dimitir. El 20 de noviembre, una procesión carnavalesca que simbolizaba al culto católico se desarrolló en la Convención, y el 27 fue ordenado el cierre de las iglesias.

Robespierre y Danton, no obstante, temían que el ateísmo, al extenderse, privase a la Revolución de su base mística. Por intervención suya, un decreto mantuvo la libertad de cultos y afirmó la de enseñanza, pero esto fue palabrería vana. Las iglesias siguieron cerradas. Para dar jaque al ateísmo y al culto de la razón que era su ideario, fue introducida una nueva religión, dirigida al Ser Supremo, como culto oficial de la República. Las cuatro grandes fiestas conmemorativas republicanas, que recordaban los memorables jalones del triunfo de la dictadura sobre la insurrección violenta —el 14 de julio, 10 de agosto, 21 de enero y 31 de mayo— las fechas conmemoradas eran: la toma de la Bastilla, constitución de la Comuna de París, la ejecución de Luis XVI y constitución del Comité central revolucionario por las secciones de París, que inauguró la dictadura jacobina, fueron acompañadas de ceremonias en honor del Ser Supremo, así como las 36 fiestas de los decadi que sustituían a las misas dominicales.

Poco después de su elección como presidente de la Convención —el presidente de la Convención era reelegido cada ocho días—, Robespierre, al inaugurar aquellas grandes manifestaciones espectaculares que todas las dictaduras imitarían en lo sucesivo, celebraba con gran pompa la fiesta del Ser Supremo, durante la cual ardía una estatua representando al ateísmo ante la montaña, sobre la que estaba plantado el árbol de la Libertad. Se presentaba así como el gran pontífice de la República, al mismo tiempo que como la más alta autoridad del Estado. Así preparaba su dictadura personal, con la que iba a intentar sustituir la de la Convención.

La dictadura emprende una política de dirigismo y estatismo económicos

Al mismo tiempo que la guerra empujaba a los hombres de la Convención hacia la dictadura, también imponía un dirigismo económico que pronto debía tomar la forma del estatismo. Las iniciativas privadas no hubiesen logrado equipar, armar y abastecer a un ejército que los reclutamientos en masa harían llegar a un millón de hombres. La situación era tanto más inexplicable cuanto que el asignado se depreciaba cada vez más, creaba en el comercio una perturbación paralizadora y entregaba la vida económica del país a los avatares de la más desenfrenada especulación.

El Estado se vio, pues, obligado a entrar por el camino de las requisas, y para satisfacer a las necesidades urgentes creó fábricas e impuso a las empresas ya existentes un nivel elevado de producción, gracias al empleo de procedimientos científicos establecidos por comisiones de técnicos. Para resolver los problemas que se planteaban acerca de la mano de obra, la población obrera era desplazada a la fuerza. Todas las materias primas fueron puestas bajo la intervención del Estado, que se atribuyó el monopolio de las importaciones, y con el fin de abastecerse de productos, el gobierno requisó vinos, tejidos de seda y paños, y los exportó, Las joyas y obras de arte que pertenecían a los emigrados fueron confiscadas y vendidas en el extranjero a beneficio del Estado, y las divisas y valores extranjeros que se hallaban en el país fueron requisados y pagados en asignados, calculados según su valor nominal. Para el excedente de producción, las exportaciones debían ser autorizadas solo mediante la cesión al Estado de los efectos extranjeros recibidos como pago.

Los alimentos fueron racionados y el pan de trigo fue sustituído por una mezcla llamada pan de la igualdad . La organización del racionamiento fue confiada a las autoridades locales y en París se impuso la cartilla de la carne. Pero cuanto más se organizaba el dirigismo económico, más aumentaba la especulación. Un intenso mercado negro de productos agrícolas apareció en el país, los precios subieron y el valor del asignado continuó descendiendo.

Para estabilizar esta difícil coyuntura, la Convención inició una reforma financiera radical. El asignado perdió todo valor siendo oficialmente desvalorizado, y el gobierno, incapaz de hacer frente a sus compromisos, republicanizó todos los créditos del Estado inscribiéndolos en el Gran Libro de la deuda pública. El impuesto, reformado en el sentido de una contribución sobre la renta, fue fijado en un 20 por ciento de la renta de la propiedad mobiliaria e inmobiliaria.

Y habiendo fracasado un empréstito voluntario, se decretó otro forzoso. Y con el fin de contener el alza de precios, el gobierno estableció un salario máximo, pero las empresas privadas, que se disputaban la mano de obra, burlaron la ley. A partir de entonces, los obreros de los talleres del Estado, peor pagados que los demás, se declararon varias veces en huelga. Para dominar la especulación, las huelgas y la resistencia pasiva, se extendió el terror: algunos acaparadores, pero también muchos campesinos y obreros, perecieron en el cadalso al lado de los aristócratas y de los liberales detenidos y encarcelados por los emisarios de las asociaciones jacobinas.

La Convención intenta extender la pequeña propiedad

Este dirigismo económico no procedía de las teorías socialistas. La Montaña no era socialista. Fue pronunciada la pena de muerte por la Convención contra los partidarios de la ley agraria, es decir, contra los comunistas. Sin embargo, la República democrática necesitaba cimientos estables. Ella había hecho un llamamiento al proletariado para destruir el régimen liberal de la monarquía constitucional, pero se había visto entregada a merced de los movimientos populares violentos, que no pudiendo servir de base a un gobierno regular necesariamente debían arrastrarla a la dictadura; para estabilizar la revolución y hacer aplicable la Constitución democrática, la Convención comprendió ahora que debía apoyarse en una base sólida: por eso iba a intentar hallarla generalizando la pequeña propiedad.

La revolución de 1789 había sido obra de la burguesía propietaria contra la nobleza; la del año 1793 iba a esforzarse por ser la de la modesta burguesía contra la burguesía propietaria

Y con el fin de extender la pequeña propiedad fueron votadas leyes sobre la división de las herencias y el reparto de los bienes comunales; innumerables fundaciones de caridad que se habían extendido por Francia desde el siglo XIII fueron nacionalizadas; los bienes de los condenados fueron confiscados, y se aceleró la venta de los bienes de los emigrados que, al ser subastados públicamente se hizo difícil impedir que fuesen a manos de sus mismos propietarios.

El ideal democrático con miras a extender la pequeña propiedad fue acompañado de una tentativa de reorganización de la beneficencia pública, de la creación de escuelas primarias obligatorias y gratuitas, y de la puesta en cultivo de las fincas de recreo. Pronto había de resultar, sin embargo, que la clase de los pequeños propietarios y de los artesanos, si no podía apoyarse en un poder ejecutivo estable, moderado y representando a una fuerza tradicional indiscutible, sería incapaz de resistir a las asociaciones populares que se manifestaban por los motines callejeros.

La República triunfa sobre la Europa

Las debilidades de la coalición

La coalición de naciones europeas no supo aprovechar la crisis interior en que se debatía Francia porque, desde su formación, apareció como carente de cohesión, incluso dividida entre sí. Las potencias coaligadas no anhelaban los mismos fines de guerra. Mientras las monarquías constitucionales perseguían, al combatir a la República, la abolición de la obra de la Revolución y el restablecimiento en Francia del antiguo régimen, y les interesaba más el reparto de Polonia —que creaba desconfianza entre ellas— que su victoria sobre Francia, Inglaterra, por el contrario, aun siendo hostil al régimen instaurado por la República, miraba ante todo asegurar su primacía económica obligando a Francia a evacuar Bélgica y a cesar en su propaganda revolucionaria; además, reclamaba Córcega y las Antillas francesas a título de compensación por las anexiones realizadas por Rusia y Prusia en Polonia.

Los primeros éxitos solo plantearon discusiones entre los coaligados, que bien pronto paralizaron su acción. Inglaterra intentó en vano organizar la unidad de mando de los ejércitos de tierra en provecho de Austria. Por otra parte, los aliados —excepto Inglaterra— se hallaban inmovilizados por falta de recursos financieros. Prusia, cuyas exportaciones hacia Polonia se habían visto disminuidas como consecuencia de la hostilidad que allí se manifestaba contra ella, solamente podía continuar la guerra gracias a las ayudas que le prestaba Inglaterra. La situación de Austria no era mejor, pues en dos años la guerra hizo que la deuda subiera de 362 a 477 millones de florines, motivo por el que tuvo que intervenir Inglaterra anticipándole una suma igual a 160 millones de francos. En cuanto a España, que vivía en una crisis financiera endémica, para hacer frente a los gastos militares había tenido que apoderarse, con autorización del Papa, de las rentas de la Iglesia española.

Así, pues, Inglaterra tenía que soportar sola casi todo el peso financiero de la guerra. Si pudo hacer frente a un esfuerzo tan grande fue gracias a su liberalismo económico. Después de una fuerte baja en sus exportaciones, que en un año pasaron de 24 a 19 millones de libras, la iniciativa de sus capitalistas levantó rápidamente la situación, y en tres años, a pesar de la guerra naval que permitió a los corsarios franceses hundir 600 barcos por año, las exportaciones inglesas volvieron a subir, en 1796, a 28 millones de libras, suma jamás alcanzada.

Resurgimiento militar de Francia y reconquista de Bélgica

Frente a las monarquías aliadas en su contra, y que, como ya hemos visto, no poseían más que unos medios económicos restringidos, Francia disponía de recursos considerables: una población numerosa, un conjunto económico importante y una mano de obra industrial experimentada. Además, tenía sobre sus adversarios la superioridad que posee toda dictadura cuando entra en conflicto con regímenes tradicionales. Contra los ejércitos profesionales del antiguo régimen, la República, gracias a los medios que le facilitaba la Dictadura, utilizó todos los recursos de la nación y organizó la guerra total. En pocos meses modificó en provecho suyo el equilibrio de las fuerzas que se hallaban frente a frente.

Procediendo al reclutamiento en masa, a fines de 1793 la República tuvo un millón de hombres en filas y pertrechos bastantes para armarlos. Disponía desde entonces de una superioridad numérica aplastante sobre los 300.000 hombres de los ejércitos aliados, y rechazando las antiguas concepciones militares, su táctica —elaborada por civiles— consistió en aplastar al adversario por superioridad numérica, no para deshacerlo, sino para destruirlo. Ya en octubre de 1793, la toma de Maubeuge liberaba al Norte de la invasión, y la ocupación de Landau obligaba a los aliados a abandonar Alsacia y abría a las tropas republicanas la orilla izquierda del Rin. España abandonó el Rosellón, los ejércitos sardos se vieron obligados a evacuar Saboya, y en diciembre de 1793, después de un asedio en el que se distinguió un joven capitán corso, Napoleón Bonaparte, Tolón fue reconquistada a las tropas inglesas.

Pasando entonces a la ofensiva, los ejércitos republicanos franquearon la frontera belga, y la victoria de Fleurus (26 de junio de 1794) les condujo a una nueva ocupación de Bélgica.

El estatúder Guillermo V, confiando demasiado en sus fuerzas, intentó lograr la paz entre Francia, por una parte, e Inglaterra y Holanda por otra, proponiendo a la República francesa, a costa de Austria —no obstante ser su aliada en aquel momento— el reparto de Bélgica entre Francia y Holanda, la cual, anexionándose la costa flamenca y las provincias belgas del norte, con Amberes, tranquilizaría a Inglaterra. Naturalmente, la República victoriosa no tomó en consideración esta propuesta, ya que, por otra parte, la coalición se deshacía. En octubre de 1904, vencida en el continente, estaba virtualmente disuelta.

De diciembre de 1794 a enero de 1795, el general Pichegru, apoyado por una legión bátava reclutada en Francia entre los holandeses refugiados, se apoderó casi sin disparar un tiro de la mayor parte de Holanda, así como de la flota holandesa, bloqueada por los hielos en El Helder.

Guerra de bloqueo contra Francia

Aún le quedaba a la República un temible enemigo: Inglaterra. Privada del apoyo de los Estados Unidos, a Francia no le fue posible defender las Antillas; las islas de Haití, Tabago, la Martinica y Santa Lucía habían sido conquistadas por Inglaterra. Esta, dueña del mar, organizó al punto una implacable guerra económica contra Francia que el fracaso de las potencias continentales hizo endurecer cada vez más hasta transformar a Francia en una plaza sitiada.

Los neutrales —sobre todo Suecia y Estados Unidos— intentaron oponerse a esta guerra de bloqueo, y España, temiendo que el dominio marítimo permitiese a Inglaterra atacar sus dominios coloniales, abandonó la coalición. A partir de entonces, Inglaterra se encontró sola. Para lograr la sumisión de Francia necesitaba que no surgiese frente a ella ningún adversario marítimo. Se acercó, pues, a los Estados Unidos, y dando vuelta a la situación prevista por el tratado de 1778 obtuvo de ellos un tratado que no solamente admitía su política de bloqueo, sino que le valía la condición de potencia más favorecida.

A partir de entonces, el dominio del mar le pertenece sin discusión. La guerra, desde el mar contra el continente, terminará a través de diversas vicisitudes en 1815, con la victoria del mar sobre la porción continental que Francia dominaba.

Hacia la dictadura personal

La dictadura victoriosa acentúa el terror

Liberado de la amenaza de invasión, el gobierno, lejos de volver a métodos más moderados, intentó transformar la dictadura, basada en el principio del terror, en un régimen legal. Durante los tres últimos meses de 1793 fueron pronunciadas diariamente condenas de muerte; tan solo en París cayeron 177 cabezas. La toma de Lyon acarreó 1.667 ejecuciones; en Tolón fueron fusilados centenares de habitantes, y en cuanto a la Vendée, fue entregada a comisiones militares que mandaron ejecutar en masa a los bandidos que, con las armas en la mano, oponían resistencia a las persecuciones religiosas. Solamente la Comisión de Angers hizo pasar por las armas a más de 2.000 personas, y en Nantes fueron ahogadas en el Loira más de 3.000.

Establecimiento del partido único

Desde su instauración, la Dictadura había emprendido la tarea de depurar la Convención y demás órganos del poder, tanto en París como en provincias, de todos los elementos no jacobinos. Los hombres de un partido único —formado por jacobinos y cordeliers — iban a ser impuestos al país. En estrecha colaboración con las asociaciones populares, los comisarios enviados por la Convención fueron encargados de buscar y detener a todos los elementos considerados como sospechosos, fuera por razón de su origen, de sus relaciones, de sus ideas, o por simpatizar con el antiguo régimen o el liberalismo. También debían destituir a todos los mandatarios públicos que no compartiesen las ideas patriotas, es decir, jacobinas.

En pocos meses, los resortes del mando en todo el país pasaron a manos de los patriotas jacobinos y cordeliers.

La lucha por la dictadura en el seno de los comités

Establecida la Dictadura en provecho del partido de los patriotas, esta era ejercida por el gobierno, cuyo organismo principal era el Comité de Salud Pública. Pero la Dictadura no podía mantenerse sin el terror, el cual dependía del Comité de Seguridad General, y con el fin de unir todos los poderes en sus manos, el de Salud Pública creó un Despacho de Policía General para anular al Comité de Seguridad.

Pero el Comité de Salud Pública, a partir de entonces omnipotente, pronto se dividió, porque en él estaban representadas tres tendencias. Los indulgentes, que apoyaba Danton, querían volver a las ideas liberales, renunciar progresivamente al terror y lograr una paz duradera pactando con los aliados; los herbertistas, que reclutados en las asociaciones de los cordeliers, descristianizadores y terroristas a ultranza, propugnaban una lucha a muerte contra los aristócratas y los liberales para llevar la revolución del plano político al social, apoyándose en las masas proletarias de París.

Y entre estas dos tendencias opuestas, Robespierre y sus partidarios intentaban romper a la vez con el liberalismo y con la insurrección socializante y transformar la Dictadura en un régimen legal.

Apoyándose en los indulgentes, Robespierre emprendió primeramente la lucha en el seno del Comité de Salud Pública contra los herbertistas, a quienes acusó de provocadores y agentes del extranjero, logrando que fuesen ejecutados. Y volviéndose después contra los indulgentes, los denunció ante la vindicta pública como prevaricadores y corrompidos; así envió a Danton y a sus amigos a la guillotina, al mismo tiempo que a una serie de vulgares concusionarios.

En el seno del Comité de Salud Pública no quedaban más que jacobinos, dominados por el triunvirato Robespierre, Saint-Just y Couthon.

Robespierre, que se había adueñado del poder apoyándose en las revueltas, no quiso más intervenciones populares cuando tuvo la dictadura en sus manos, y disponiendo del ejército no dudó en disolver las secciones de París y cerrar las asociaciones de cordeliers. El pueblo quedaba dominado.

En lo sucesivo, la Dictadura pertenecía al partido jacobino, que a su vez era un simple instrumento en manos de Robespierre.

La dictadura personal de Robespierre

Al adueñarse del poder, Robespierre no deseaba apartarse de la ideología democrática que preconizara Rousseau. Sin duda, Juan Jacobo habría confiado a la mayoría del país la misión de representar la soberanía y la infalibilidad sacrosanta del pueblo, pero ¿no había considerado él mismo que el pueblo soberano no es apenas sino una multitud ciega que con frecuencia no sabe lo que quiere, porque raramente sabe lo que es bueno ? También había afirmado que podría ser necesario confiar el poder supremo a jefes provisionales, autorizados a servirse de él para expulsar del cuerpo social a quienes se negasen a admitir su soberanía. La dictadura de Robespierre, pues, se justificaba como la encarnación de la infalibilidad mística del pueblo.

Ejercida legalmente por mediación del Comité de Salud Pública, en realidad reposaba en su calidad de jefe omnipotente del partido jacobino, que después de la clausura de las sociedades de los cordeliers se había transformado en el partido único cuya influencia no cesaría de imponerse al gobierno —el fundamento de la dictadura de Stalin se establecerá sobre esta misma dualidad— . Para centralizar en sus manos todos los poderes legales, el Comité de Salud Pública transformó en organismos ejecutivos a los veinte comités que había creado la Convención, y sustituyó los doce ministros por comisiones ejecutivas exclusivamente formadas por miembros del partido sometidos a Robespierre.

El principio dictatorial fue extendido a todos los órdenes del poder. En cada distrito y en cada comuna fue colocado por París un agente nacional al frente de los directorios, que dejaban de ser elegidos para transformarse en consejos permanentes en cuyas manos se concentraron todos los poderes locales. Al lado de estos directorios se había creado, en cada distrito y en cada comuna importante, un comité de vigilancia formado por doce miembros del partido, dueños de la policía y amparados por el terrible derecho de detener a los sospechosos.

Casi sin excepción, los miembros de estos comités fueron odiosos tiranos. Al margen de los poderes oficiales, el partido jacobino gozaba de una autoridad independiente a la que estaban subordinados los directorios locales y los mismos comités de vigilancia. Los agentes del partido, investidos del título de representantes en comisión de servicio, eran verdaderos potentados que, apoyados en las asociaciones, depuraban sin intervención de nadie a las autoridades y fijaban las listas de los sospechosos a quienes los comités de vigilancia mandaban detener.

El partido, dominado por las sociedades, formó así en toda Francia un super gobierno que Saint-Just hubiera querido ver representado en cada circunscripción por un magistrado investido de un poder ilimitado para actuar en nombre del gobierno central —este sistema de los führer será el que adopte el régimen hitleriano—. El partido fue, pues, el principal promotor del terror, y para evitar que influencias locales pudiesen actuar con moderación, hizo suprimir los tribunales provinciales en provecho del único tribunal revolucionario de París.

El advenimiento de la dictadura personal de Robespierre, apoyada en el partido, abrió el período más sanguinario de la historia de Francia. Entre enero y julio de 1794, el tribunal revolucionario de París enviaba todos los días nuevas víctimas al cadalso.

No era posible ninguna oposición contra este régimen. Había sido suprimida toda la prensa independiente, solamente se publicaban periódicos subvencionados y cualquiera que se opusiese era en seguida detenido, juzgado sumarísimamente y ejecutado como enemigo del pueblo.

La dictadura intenta estabilizarse

Después de la supresión de las asociaciones populares, la Dictadura no tenía más que un apoyo: el partido jacobino, transformado en partido único. Pero un régimen no puede mantenerse con el apoyo de un marco político, y así la política de Robespierre tendía a quitar el carácter revolucionario y temporal de la dictadura para hacer de ella un régimen legal y permanente. Para lograrlo, era indispensable encontrar el apoyo entusiasta de una parte importante de la opinión. Y Robespierre se esforzaría en conseguirlo convirtiéndose en ardiente defensor de la pequeña propiedad.

Si la revolución liberal del año 1789 consiguió, recurriendo a la soberanía nacional, la libertad política y la igualdad civil, Robespierre pondría como meta de la revolución de 1793 el realizar la igualdad social por el autoritarismo. El terror había puesto en sus manos todos los poderes, incluso el de detener a los ciudadanos, enviarlos a la muerte y confiscar sus bienes. Teniendo encarcelados a 300.000 sospechosos, casi todos pertenecientes a la clase de los propietarios, concibió la idea de confiscar sus bienes y proceder a una redistribución de la propiedad en provecho de los indigentes, que así se unirían al partido jacobino y formarían en su seno una clase de pequeños propietarios que con él al frente permanecerían fieles a la Dictadura.

Saint-Just —el más íntimo colaborador de Robespierre— propuso un proyecto de ley ordenando expropiar las tierras a los criminales, es decir, a los sospechosos encarcelados, para dárselas a los desgraciados, o sea a los sans culottes indigentes . Este decreto ordenaba la confección de una lista de enemigos de la República para la confiscación de sus tierras; algunos días después, otro decreto ordenaba a las comunas hacer la relación de los patriotas indigentes a quienes se entregarían dichas tierras. El Terror iba a entrar así en una fase constructiva. Todos los propietarios que no se habían adherido al partido jacobino se encontraban amenazados de encarcelamiento y de confiscación de sus bienes, destinados a ser repartidos entre los indigentes que se adhiriesen al partido.

La Revolución, abandonando el liberalismo por el autoritarismo, renunciaba por este mismo hecho a la libertad por la igualdad que pretendía instaurar por la fuerza. Se otorgaba una nueva ideologia que —invocando a Jacobo Rousseau— pretendía alcanzar un orden de cosas en el que las distinciones no nazcan de la igualdad misma..., en que la patria asegure el bien de cada individuo.

La igualdad era presentada como la suprema expresión del bien. La virtud cívica consistía en realizar el bien de todos, o al menos de los que aceptaban la nueva ideologia. Robespierre asumiría la tarea de hacer la felicidad del pueblo francés aunque ello costase sangre, muertes y arbitrariedad. El terror que había invocado para justificar las necesidades de la salud pública iba a estabilizarse y convertirse en instrumento del progreso y de la moral sociales.

La dictadura totalitaria

Semejante concepto de la dictadura suponía que el pueblo francés abandonase su moral tradicional por una ideología nueva, dejando que el Estado, autoritariamente, se encargase de hacer la felicidad de todos por el advenimiento de la igualdad. Y esta era incompatible, no tan solo con la libertad individual, sino con la educación familiar. En adelante —como antiguamente en el Estado espartano—, todo debía ceder ante el Estado, dueño de las personas y de los bienes; mas para realizar una transformación tan profunda de la civilización francesa era preciso, ante todo, apoderarse del espíritu de la juventud, hacerla olvidar sus tradiciones y prepararla para el nuevo porvenir. Saint-Just estableció, pues, un plan de educación que debía ser impuesto a los jóvenes franceses.

Si el siglo XVIII había hecho del individuo el centro de la civilización, la revolución de 1793 pretendía formarlo para hacer de él un servidor del Estado, encarnación de la voluntad popular. El Estado debía, pues, sustituir a la familia en la educación. A la edad de cinco años, los niños serían separados de sus padres y recluidos en campamentos para darles una instrucción común basada —según los principios de Rousseau—, en el retorno a la Naturaleza. Como los jóvenes espartanos, los pupilos de la República serían educados con dureza, durmiendo sobre esteras, con vestidos de lienzo, alimentándose con raíces, frutas, legumbres, leche, pan y agua. La educación debía comprender dos grados: de los cinco a los diez años, los niños aprenderían a leer, a escribir y a nadar; de los diez a los dieciséis, recibirían enseñanza agrícola y militar, distribuidos en compañías bajo la autoridad de jefes, y a esta última edad serían emancipados, pero no les estaría permitido ver a sus padres hasta cumplir los veintiún años.

Por otra parte, toda la vida debía pasar al ámbito cívico; el bautismo y el matrimonio —corregido eventualmente por el divorcio— fueron, desde 1793, ceremonias patrióticas. El igualitarismo se manifestó por el tuteo entre ciudadanos, impuesto ya desde 1792 por la Comuna de París, y por el tratamiento de ciudadano en sustitución del de señor . Un decreto excluyó de todas las funciones los que aún pretendían señorear . El civismo, separado de las antiguas supersticiones religiosas, se afirmó en los nuevos nombres dados a las iglesias —Nuestra Señora de París se llamó el Templo de la Razón—; a las calles, a las localidades —6.000 ciudades y pueblos cambiaron de nombre—, a las personas, que recibieron nombres que recordaban las glorias republicanas —Jemmapes, República—, o virtudes cívicas —Phytogyneanthrope, mujer que procrea guerreros—, o creaciones de la Naturaleza —Grama, Pato—. Se sustituyó la moda de llevar calzón por el pantalón proletario, y la del tocado tricolor o sangre de Tolón —después de la trágica jornada de los fusilamientos—, se impuso, sustituyendo los colores cabellos de la reina o caca delfin que habían estado de moda en vísperas de la Revolución.

El arte también sufrió las consecuencias de los sans culottes. Las obras clásicas fueron adaptadas a la moda del día, o abandonadas pronto por otras obras nuevas más en consonancia con los acontecimientos. En un estilo ampuloso y violento, apareció un Teatro sádico y demagógico de un primitivismo desconcertante. En el esposo republicano se aplaudía a un marido que por virtud cívica entrega a su mujer a un tribunal revolucionario y a la guillotina. Al día siguiente de la ejecución de Luis XVI, Sylvain Maréchal hizo representar, en medio de un entusiasmo delirante el Juicio del último de los reyes, obra en la que el insulto se codea con la obscenidad, la grandilocuencia, la imbecilidad y la demagogia.

Sin embargo, en medio de los pretenciosos versos acerca de las virtudes republicanas se generalizaba la licencia en las costumbres arrastrando al pueblo hacia los garitos y entregando la calle a la más cínica prostitución, excesos que no lograron las medidas tomadas por el casto, enjuto y sombrío Robespierre.

Parecía que la Dictadura, el Terror y la ideología cívica había hecho perder a Francia la brillante y humana cultura del siglo XVIII, numen que hizo posible e impulsó la revolución liberal del año 1789.

Robespierre intenta hacer de la dictadura un sistema

Para afirmar su omnipotencia, todavía le faltaba a Robespierre eliminar del seno del Comité de Salud Pública a los miembros influyentes de su propio partido e imponer a la Convención una sumisión absoluta a su autoridad, La dictadura que pretendía Robespierre estaba fundada en el terror, pero aun siendo tan violenta pretendía que fuese virtuosa . Adversario de la arbitrariedad y de la corrupción, quería que el Terror fuese sistemático y persiguiese implacablemente, no fines de interés personal, sino una política. La defensa de la virtud iba a permitirle derribar, hasta en su propio partido, incluso en el Comité de Salud Pública, a los que hasta entonces habían sido su mejor apoyo y con los que, por ello, debía compartir el poder. Empezó por atacar a Carrier y a Fouché, los asesinos de Nantes y de Lyon, y se lanzó a un violento ataque contra los prevaricadores, señalados por él entre los principales jacobinos.

Al mismo tiempo, emprendió la tarea de poner la Convención a su merced haciendo votar un decreto que permitiera a los comités —que estaban en manos de Robespierre— acusar a los diputados sin autorización previa de la Convención (10 de junio de 1794). De esta forma, la menor oposición de los diputados a Robespierre daría lugar a una inmediata sanción del tribunal revolucionario, sanción que no sería la pena de muerte. Además, para reforzar su posición, en el momento en que atacaba a sus colegas del Comité de Salud Pública y a la Convención, Robespierre hizo que, para conciliarse con las masas, Saint-Just propusiera un decreto poniendo a disposición de los sans culottes los bienes de los sospechosos hacinados en las prisiones

La caída de Robespierre

La Convención había aceptado la Dictadura ante la amenaza de la invasión, y seguidamente se dejó intimidar por el terror. Pero la victoria militar que la Dictadura hizo posible, iba a volverse contra ella devolviendo a la Convención el medio de liberarse.

Amenazados por igual en el decreto del 10 de junio de 1794, los antiguos colaboradores terroristas y prevaricadores de Robespierre se unieron con los moderados.

Robespierre, apoyado por la Comuna de París, para liquidar su resistencia se negó a tomar asiento en el Comité de Salud Pública . Entonces, temiendo que la Convención lo considerase como un pretexto para alzarse de nuevo con el poder, sus adversarios en el Comité intentaron una reconciliación y él la rechazó. Y para eliminarlos intimó a la Convención para que le otorgase carta blanca con el fin de ordenar la detención, y por consiguiente la muerte, de cualquier diputado.

Este fue su error. Si hubiera atacado individualmente a sus enemigos, tal vez habría conseguido de la masa de diputados aterrorizados las cabezas de quienes él pretendía eliminar, pero su arrogancia amenazaba a todos los miembros de la Convención y respondieron formando bloque contra él. Al día siguiente (27 de junio) en vez de doblegarse una vez más ante sus imposiciones la Convención decretó su detención, así como la de sus principales colaboradores —su hermano Robespierre el Joven, Saint-Just, Couthon, Lebas —.

Inmediatamente, la Comuna robespierrista se sublevó y libertó a los diputados detenidos. Pero las secciones, que el mismo Robespierre había desorganizado, no respondieron a la llamada de la "Comuna". La Francia, victoriosa, no era ya aquel país presa del pánico que permitió las matanzas de septiembre y los ataques populares contra la Convención. Concentradas a toda prisa, las tropas invadieron el Ayuntamiento, adonde se habían refugiado Robespierre y sus amigos. Viéndose perdido, el dictador intentó suicidarse, pero solamente logró fracturarse la mandíbula de un disparo. Sangrando, fue conducido al cadalso y ejecutado en el mismo cepo que había visto rodar las cabezas del rey Luis XVI, de la reina María Antonieta, de muchos girondinos y de Danton. Durante los días siguientes, 105 partidarios suyos fueron guillotinados en la plaza de la Revolución.

La Dictadura —después de haber devorado a los jefes de la Revolución— era derribada en el momento en que la coalición de potencias, vencida por los ejércitos de la República, se dispersaba. La caída de Robespierre puso fin al Terror. Había provocado más de 300.000 detenciones y enviado, solo en París, a 2.627 personas a la guillotina, condenando a muerte a más de 300.000 franceses en provincias.

La Convención impone paz victoriosa

Disolución de los órganos de la Dictadura

Después de la caída de Robespierre, la Convención intentó volver al liberalismo de 1789, pero como el restablecimiento de la monarquía constitucional, después de la ejecución del rey, no parecía posible, se concibió el proyecto -confirmando los derechos del hombre proclamados por la Constituyente- de organizar las bases para instituir una República constitucional.

La primera condición era deshacer los órganos de la Dictadura creados por el partido jacobino. Al volver al poder, la Convención llamó de nuevo a su seno a los girondinos y demás diputados proscritos y expulsó a los robespierristas; reorganizó los comités reduciéndolos a un papel secundario; suprimió la Comuna de París, a la que sustituyó por dos comisiones —una para la policía y otra para las finanzas— nombradas por el gobierno; encargó a unos comisarios que expulsasen a los robespierristas de todas las administraciones; privó al tribunal revolucionario de sus poderes arbitrarios; declaró disuelto el partido jacobino; libertó a los sospechosos encarcelados devolviéndoles sus bienes, y envió a la guillotina a los principales responsables del Terror.

Al mismo tiempo, abandonando el dirigismo económico, la Convención abolió la Ley del Máximum, suprimió el derecho de requisas, puso fin a la persecución religiosa y restableció la libertad de todos los cultos. Para devolver al país la norma de una justicia severa por la libertad, la igualdad, la unidad e indivisibilidad de la República, la Convención conservó provisionalmente el gobierno de carácter revolucionario, mientras que considerando terminada la Revolución se imponía la tarea de estabilizarla y darle un estatuto legal que preparase la puesta en vigor de una nueva Constitución.

Monárquicos y jacobinos obstaculizan la vuelta al liberalismo

Sin embargo, la vuelta al liberalismo debía encontrar grandes obstáculos. Libertado súbitamente del dogal del Terror, el país fue presa de remolinos anárquicos, y el brusco abandono del dirigismo económico tuvo como consecuencia inmediata una fuerte alza de precios. Liberados de las requisas, los campesinos preferían ocultar sus productos a venderlos por asignados depreciados, escasez que provocó motines, obligó al retorno del dirigismo provisional e hizo necesario el establecimiento de la cartilla para el pan. Las dificultades en el abastecimiento solo podían favorecer el desencadenamiento de las pasiones provocadas por la caída de Robespierre. Y los monárquicos, enarbolando la moda de a la víctima, se pusieron a perseguir a los jacobinos, quienes se lanzaron a violentas insurrecciones como la que tuvo lugar el 20 de mayo de 1795, que recordó las grandes jornadas revolucionarias.

Pero la Convención las aplastó; ordenó el cierre de las asociaciones jacobinas y de las sociedades populares; detuvo temporalmente a Babeuf, quien llevando a sus últimas consecuencias las ideas de Saint-Just emprendía una violenta campaña para la instauración del comunismo, e impuso un terror blanco que pacificó las ciudades del Mediodía y envió a 200 terroristas a la muerte en medio de las aclamaciones de la multitud. También tuvo que reprimir con la mayor energía una nueva revuelta de los chouans, apoyada por tres regimientos de emigrados que la flota inglesa había desembarcado en Bretaña; los emigrados capturados con las armas en la mano fueron fusilados, y en cuanto a los chouans, excepto los jefes, fueron perdonados.

Y cuando el fallecimiento o el rapto del delfín (8 de junio de 1795) permitía al Conde de Provenza, en el destierro, que se proclamase con el nombre de Luis XVIII soberano de los franceses, la Convención había restablecido definitivamente el orden y vencido al mismo tiempo la oposición de los monárquicos y la de los jacobinos.

Victoria sobre los aliados por el tratado de Basilea

La postura de la Convención se veía reforzada por la victoria de sus ejércitos. La coalición estaba deshecha, en enero de 1795 los ejércitos republicanos ocupaban Holanda y en febrero el Gran Duque de Toscana se separaba de la coalición y firmaba con la República un tratado de paz y de amistad.

Atraídas siempre por sus miras imperialistas hacia Polonia, donde había estallado —mandada por Kosciuszko, que había combatido con La Fayette en América— una sublevación nacional que amenazaba con hacerles perder sus conquistas, Rusia y Prusia habían enviado, en abril de 1794, importantes fuerzas contra los sublevados. Cracovia fue ocupada por el Ejército prusiano, y Varsovia tomada al asalto por los rusos, que hicieron una matanza de más de 20.000 personas.

Así, mientras que los rusos y los prusianos triunfaban en Polonia, los ejércitos coaligados sufrían grandes derrotas en el Rin y perdían Bélgica y Holanda. Una vez más se imponía en Berlín y en Viena la idea de buscar nuevas compensaciones a sus fracasos y por ello abrieron negociaciones para un tercer reparto de Polonia. Pero Prusia, que temía que Rusia y Austria llegasen a un acuerdo con respecto a Polonia, entabló conversaciones secretas con Francia que condujeron, el 5 de abril de 1795, a la firma del tratado de Basilea, por el cual Prusia —abandonando a sus aliados— cedía a la República toda la orilla izquierda del Rin, en espera de que fuese concluida una paz general. Una convención secreta —inspirada por la tradicional política anti austríaca de Francia— prometía a Prusia compensaciones territoriales en la orilla derecha del Rin. Además, la República le reconocía una especie de protectorado sobre toda la Alemania del Norte. La Prusia vencida preparaba así por el tratado de Basilea su hegemonía sobre Alemania.

Holanda, república satélite de Francia

La deserción de Prusia entregaba la república de las Provincias Unidas a la omnipotencia de la República francesa. En el mes de mayo fue obligada a firmar el tratado de La Haya, por el que se ligaba a Francia en una alianza ofensiva y defensiva, le cedía todos los territorios que poseía en la orilla izquierda del Rin, se comprometía a pagarle una indemnización de 100 millones de florines, a mantener el cuerpo francés de ocupación y devolvía a Francia cierta cantidad de obras de arte. Formado un gobierno provisional con refugiados que habían vuelto con los ejércitos republicanos, con la protección de las bayonetas francesas se proclamó la República bátava, que se transformaría en un estado satélite de Francia.

El estatúder se refugió en Inglaterra, en donde afirmó su voluntad de continuar la guerra desde las colonias, cuyas puertas abrió a los ingleses. El resultado fue permitir a estos ocupar Ceilán y El Cabo, que después de diversas vicisitudes pasarían a acrecentar el imperio colonial británico. Prácticamente terminada la guerra en el Oeste con la firma de la paz de Basilea, en octubre de 1795 la Convención votó la anexión de Bélgica, que acrecentada con los territorios de la orilla izquierda del Rin iba a formar 19 departamentos franceses. La República realizaba el gran designio del rey Luis XIV: en lo sucesivo, las aguas del Rin marcarían la frontera de Francia.

Nuevo Impulso Colonial de Francia

Al tiempo que negociaba en secreto con Prusia, la Convención había iniciado conversaciones de paz con España a base de ofrecer el abandono de las conquistas francesas en la Península mediante la cesión, por España, de la Luisiana o de la parte española de Santo Domingo. Esta última proposición fue la que triunfó, y por el segundo tratado de Basilea de 22 de julio de 1795 Francia se transformaba en soberana exclusiva de la isla de Santo Domingo. Apenas un mes más tarde, la Constitución del año III declaraba que los territorios coloniales formaban parte integrante de la República.

Tercer reparto de Polonia

La firma del primer tratado de Basilea fue considerada por Rusia y Austria como una traición por parte de Prusia. Por un momento pudo creerse que para castigar la felonía de Prusia, y también para arrebatarle la parte de Polonia que le había sido atribuída, Rusia iba a declararle la guerra. Pero Prusia tenía las manos libres y estaba al lado de Francia, por lo que Rusia y Austria tuvieron que entenderse con ella.

Las matanzas de Varsovia habían ahogado toda resistencia en Polonia y solo faltaba suprimir este país del mapa de Europa repartiéndolo entre sus insaciables vecinos. En octubre de 1795, se concluyeron dos tratados en San Petersburgo, uno entre Rusia y Prusia, y otro entre Rusia y Austria, en virtud de los cuales Prusia se anexionaba Varsovia y el oeste del principado de Cracovia; Austria obtenía Cracovia, Lublin y una parte de la Masovia; Rusia se apoderaba de toda Lituania, de los países rusos de Polonia hasta el Niemen y el Bug, y el ducado de Curlandia, cuyo duque fue simplemente depuesto. En cuanto al rey Estanislao II de Polonia, abdicó mediante una pensión de 200.000 ducados.

Los llamamientos de Kosciuszko a Francia no obtuvieron respuesta, ya que la República estimaba que no debía apoyar a un monárquico.

La ocupación de Polonia por Prusia, Austria y Rusia fue mucho más brutal aún que las de Bélgica y las regiones renanas por la República francesa. Austria envió a sus provincias polacas un comisario que ordenó gran cantidad de detenciones y de suplicios, a la vez que emprendía una política de germanización y explotación sistemáticas.

La alta nobleza polaca emigró a Viena, y la de segunda fila permaneció en sus tierras, donde se consagró al mejoramiento de la agricultura y procedió a la emancipación progresiva de los esclavos. Por su parte, Prusia pretendió extender a Polonia su lengua y sus instituciones, los bienes de la Iglesia fueron confiscados y los polacos enrolados en el Ejército alemán, aunque es innegable que la dominación prusiana mejoró las condiciones de vida de la población y enriqueció al país.

En cuanto a Rusia, procedió a la anexión por medio de confiscaciones y deportaciones en masa a Siberia, de las que solo se libró la alta nobleza, que asimilada a la rusa conservó sus privilegios y fue admitida a desempeñar funciones, a veces importantes, en el imperio.

El imperialismo de Francia hace imposible la paz

Expuestas así, parece que el resultado de las guerras de la Revolución fue precipitar la política de anexiones que impulsaba a Europa a agruparse en grandes potencias territoriales, mientras que Inglaterra extendía su imperio sobre los mares. Al organizar la guerra total, cosa que hizo posible la Dictadura, la República logró realizar el objetivo que Luis XIV no había cesado de perseguir: la anexión de Bélgica y llevar la frontera al Rin, añadiendo, además, el protectorado sobre Holanda.

Su victoria, sin embargo, no era más que provisional: la República había vencido a la Europa continental, pero Inglaterra, resueltamente opuesta a la anexión de Bélgica y al protectorado sobre Holanda, quedaba aún en la palestra. La política imperialista a que se había lanzado la República la situaba así en oposición irreductible con Inglaterra, y los tratados de Basilea y de La Haya no eran más que meras ilusiones de paz. Faltaba imponérsela a Inglaterra, que se preparaba para una larga lucha.

El Directorio y la Dictadura militar

La Constitución Directorial (1795)

Mientras consagraba su victoria sobre la coalición europea por los tratados de Basilea y de La Haya, la Convención adoptaba, el 22 de agosto de 1795, una Constitución que implantaba en Francia una República constitucional. De inspiración liberal, este régimen volvía a transcribir en el preámbulo, puesto bajo la invocación del Ser Supremo, la Declaración de los Derechos del Hombre, a los que tras los terribles excesos que había producido añadía los Deberes del Ciudadano.

Como la Constitución del año 1791, repudiaba el sufragio universal para volver, tal como exigía la evolución histórica, al principio del sufragio censitario, pero aplicado más ampliamente. Fundada en la conservación, la estabilidad, la libertad, la propiedad, reservaba los derechos políticos únicamente a los propietarios, según el principio de que un país gobernado por los propietarios se mantiene en el orden social; y aquel en que los no propietarios gobiernan está en estado de Naturaleza.

Este principio, admitido por el parlamentarismo inglés y por la República parlamentaria de los Estados Unidos, marcaba el abandono de las teorías de Rousseau y la vuelta a las de Montesquieu. Se retornaba a las ideas de 1789. En lo sucesivo serían ciudadanos todos los franceses de más de veintiún años que pagasen una contribución personal, o inmobiliaria, igual al salario de tres jornadas de trabajo, y además, los ex combatientes. El cuerpo electoral comprendía así 5 millones de electores —siete millones durante la Convención— , entre los 25 millones de franceses.

Los ciudadanos eran llamados a votar en asambleas primarias para elegir a los 175.000 miembros de las asambleas electorales, elegidos entre los ciudadanos de veinticinco años, por lo menos, que pagasen una contribución por valor de 150 a 200 jornadas de trabajo, según la población de su municipio. Las asambleas primarias elegian, además, los jueces de paz, así como ciertos oficiales municipales. Incumbía también a las asambleas electorales elegir a los miembros del Cuerpo legislativo del Tribunal Supremo, los jueces y los oficiales departamentales.

Esta Constitución, ampliamente democrática —mucho más que la Constitución americana y que el régimen inglés— restableció la separación de poderes que había descartado la Constitución de 1793. Confía el poder legislativo —como en Inglaterra y en América— a dos Cámaras; pero mientras en Inglaterra la Cámara Alta representa a la aristocracia y en América a los estados federados, en la Constitución de 1795 las dos Cámaras proceden de elección. El Consejo de los Quinientos, formado por hombres de por lo menos treinta años, vota las leyes, que debe aprobar el Consejo de los Ancianos, cuyos 250 miembros habían de tener los cuarenta años cumplidos.

El poder ejecutivo, instituido para evitar toda amenaza de dictadura, pertenece a cinco directores nombrados por el Consejo de los Ancianos de una terna presentada por el Consejo de los Quinientos. De edad superior a los cuarenta años, los directores son elegidos para un período de cinco, pero cada año debía ser sustituido uno de ellos. Este Directorio nombra seis ministros, los generales en jefe, y supervisa la administración y la justicia por medio de los comisarios que designa. Se mantiene la división de Francia en ochenta y tres departamentos y en municipios, mas si los departamentos son administrados por colegios elegidos, en cambio la administración de los municipios es confiada a funcionarios nombrados por los colegios departamentales y confirmados por el Directorio. Se nota, pues, una reacción contra el sistema de municipios autónomos que, bajo la Convención, había favorecido tan frecuentemente a los movimientos insurreccionales.

La Justicia la detentan los jueces elegidos, pero está dominada por un alto tribunal, más político que judicial.

La nueva Constitución garantiza asimismo la libertad de pensamiento, la de prensa y la de culto, repudia todo dirigismo económico, afirma las libertades de trabajo, de comercio y de la industria y consagra la inviolabilidad de los bienes de todos los ciudadanos, manteniendo, no obstante, la confiscación de propiedades pronunciada contra los emigrados.

Hay una innovación esencial: la Constitución establece la separación de la Iglesia y del Estado; todos los cultos son libres y no habrá ninguno retribuido por el Estado. Es abolida la Constitución Civil del Clero.

Renunciando a imponer a la Iglesia la autoridad del Estado, la Constitución de 1795 abandona el tremendo error que había viciado por su base y hecho imposible el establecimiento de la monarquía constitucional. En lo sucesivo, la política se separa de la religión. El Estado va a reconciliarse con la Iglesia, la cual, al recobrar de nuevo su independencia, acepta la confiscación de sus bienes, los şacerdotes emigrados vuelven en masa y el renaciente catolicismo dejará de mostrarse opuesto a la República. A partir de entonces, la emigración, que no representa más que una oposición política, va a perder toda su influencia en el país.

Redactada con la idea de devolver el orden al país y dejarle al abrigo de la dictadura y del estatismo, la Constitución fue sometida a un plebiscito y aprobada por 914.000 votos contra 42.000. Solamente tomaron parte en la votación la quinta parte de los electores.

La obra constructiva de la Convención

La tarea de la Convención había concluído, pero antes de retirarse votó una serie de leyes organizando la enseñanza primaria, no obligatoria, las escuelas centrales y técnicas y la protección de los monumentos históricos. Con el fin de asegurar la fidelidad de los gobernantes a la Constitución excluyó de las funciones públicas a los emigrados y a sus parientes hasta la tercera generación —unas 500.000 personas— y además decretó una amnistía general para todos los delitos políticos.

Al humanizarse, la República, que había traído consigo el terror, iba a intentar hacerse liberal y constitucional. Y la Convención dejó a manos del Directorio, cuyo estatuto acababa de proclamar, el poder y el cuidado de conducirla por esta nueva senda el 27 de octubre de 1795.

Las dificultades para retornar al federalismo

Inmediatamente se vio que el régimen representativo, abandonado a sí mismo, corría el riesgo de destruir la República constitucional, ya fuera en provecho de los monárquicos, ya en el de los jacobinos, y a fin de que el Cuerpo legislativo no fuera arrollado por los partidos extremadamente opuestos, la Convención, tomando una actitud opuesta a la que antes había adoptado la Constituyente, estatuyó que los dos tercios de las dos nuevas Cámaras deberían ser elegidos entre miembros salientes de la Convención.

El Directorio recibía el poder en condiciones particularmente difíciles. La población, cansada de política, deseaba ardientemente orden, seguridad y paz, y el nuevo régimen, atacado por los partidos extremistas, no encontraba en la masa de franceses el apoyo que pudiera ponerle al abrigo de probables crisis. No representaba a ninguna fuerza tradicional. La República que trajo consigo la Dictadura y el Terror no inspiraba confianza. Y así como la monarquía constitucional, combinando la tradición secular del poder con las nuevas ideas de libertad individual, había encontrado la adhesión de la gran mayoría de la nación, el Directorio aparecía como un régimen inestable e improvisado que no pudiendo considerarse seguidor de la tradición monárquica quiso serlo de la antigua Roma, de la que intentó —un poco ingenuamente— evocar el recuerdo vistiendo con toga a los miembros del Consejo de los Ancianos y del de los Quinientos.

Las dificultades a que debía hacer frente el Directorio eran considerables. La dictadura de Robespierre había llevado a Francia al borde de la bancarrota, y el asignado de 100 francos valía todavía 70 céntimos de franco. Los funcionarios no cobraban, y los obreros de los talleres del Estado se declaraban en huelga al no hacérseles efectivo su salario. La miseria, provocada por la desorganización de la vida económica, engendraba en todas partes el bandidaje.

Para proveerse de recursos, el Directorio tuvo que dirigirse a las potencias adineradas. No escaparía a su tutela más que entregándose a los generales, quienes, gracias a las contribuciones, regulares o no, que percibían en los países ocupados, eran los únicos en condiciones de rivalizar con las sociedades financieras.

Con el fin de fortalecer la moneda, el gobierno emitió un empréstito forzoso de 1.000 millones que afectaba a los ciudadanos acomodados, gravó el capital con una contribución progresiva excepcional, pagadera en oro o cereales, y fijó en 40.000 millones el límite de emisión de los asignados. A partir de entonces, la caída fue vertiginosa y todo el mundo especulaba a la baja, viéndose el gobierno obligado a cerrar la Bolsa. Pero la especulación continuó en el mercado negro con una intensidad creciente y con la intervención de los diputados que haciéndose agentes de sociedades financieras se entregaron al más desvergonzado tráfico de influencias.

El Ejército no escapó a este contagio; generales e intendentes enriquecieron a costa de los países ocupados, y los que manejaban el dinero, acaparadores y proveedores de los ejércitos, eran los dueños de la situación. La inmoralidad se extendió. Las elegantes, con vestidos transparentes, a la griega, daban el ejemplo. Mientras el pueblo de París se moría de hambre, el lujo más rutilante se exhibía en las casas de juego y salones de fiestas nocturnas.

Para salir del caos, no había más que una solución posible la supresión del asignado. Y en marzo de 1796, el gobierno lo cambió al 333 por ciento de su valor, por una moneda fiduciaria respaldada por los bienes nacionales aún no vendidos —evaluados en 1.500 millones de francos— el mandato territorial . Pero el mandato territorial, que no era más que una reedición del asignado, se hundió inmediatamente y su consecuencia fue una nueva alza de precios y la agravación del paro obrero.

Para remediarlo, el Directorio, comprendiendo que una situación económica estable es la primera condición para una moneda sana trató de estimular a la industria francesa; si la paz había establecido relaciones normales con Holanda, España, Prusia y Toscana, el gobierno se esforzaría por establecer en torno a Francia una zona de librecambio reduciendo las tarifas aduaneras, a la vez que la República se defendería de Inglaterra con una barrera de derechos de importación elevados y de tasas prohibitivas.

El principio de restablecer la economía francesa ampliando el área de cambios era sabio y prudente, pero sus beneficiosos efectos solo se dejarían sentir a largo plazo. Y, entretanto, los fracasos económicos favorecían los disturbios sociales. Los anarquistas hacían una oposición de extrema izquierda, Babeuf -que había sido puesto en libertad- emprendía de nuevo la propaganda comunista. que apoyada por varios antiguos terroristas penetraba en el Ejército y en el proletariado. Estallaron motines y Babeuf fue condenado a muerte y ejecutado.

Igualmente, para defender la República contra los monárquicos que no habían depuesto las armas, el Directorio mandó fusilar a Stofflet y Charette, jefes de la insurrección de la Vendée.

Pero la inestabilidad social favorecía la propaganda monárquica, y los emigrados auxiliados por Inglaterra regresaban en masa. Para sostener la República, desacreditada ante la opinión, el Directorio subvencionó a la prensa y dejó reconstituir las sociedades populares. Se iniciaba un círculo vicioso.

Las conquistas obstaculizan la República

El liberalismo, incompatible con la guerra de conquista

Era evidente que la República jamás se llegaría a estabilizar sin antes lograrse aceptar mediante la regresión al liberalismo y la restauración de la vida económica. Pero una y otra no podían hacerse sin que Francia volviese a la paz, sobre todo con Inglaterra, y que esta le abriese los mares y restableciera los intercambios normales.

Inglaterra, abandonada por los países marítimos Holanda y España, era favorable a la paz, pero con una condición: la evacuación de Bélgica. Si la hubiera aceptado, el Directorio habría dado a la República una época de paz ahorrando a Francia la dictadura de Napoleón y a Europa veinte años de guerra. Pero el régimen no era lo bastante fuerte para renunciar a los beneficios de aquellas conquistas, de las cuales vivían los ejércitos republicanos y que servían a la República de tierras de explotación. Las negociaciones con Inglaterra quedaron interrumpidas y el Directorio volvió al círculo infernal de la guerra. La República, a partir de entonces, estaba condenada.

La Constitución directorial había querido estabilizarla asentándola sobre el liberalismo, pero este necesita de una larga educación y del establecimiento de un equilibrio natural entre los intereses económicos y sociales estrechamente ligado a la prosperidad y, por consiguiente, a la acción de los intercambios internacionales. Y ello no puede realizarse en el interior sin afirmarse en el exterior: la política de conquistas es incompatible con el régimen liberal porque aquella necesita un estado autoritario y las guerras que acarrea hacen necesario un régimen de excepción forzosamente estatista.

Pretender hacer de Francia una República liberal siguiendo una política imperialista semejante a la de Luis XIV era una imposibilidad. Francia se encontraba ante un dilema: u organizarse sobre la base de los principios de 1789 en un régimen de paz interior y exterior que suponía el abandono de sus conquistas, u optar por una política de imperialismo que forzosamente debía llevarla a la guerra y a la dictadura. Y al no resignarse a sacrificar sus conquistas el Directorio pronunciaba la sentencia de muerte de la República constitucional.

La guerra contra Inglaterra lanzaría a Francia a una guerra general. Mas no disponiendo de flota suficiente para atacar a Inglaterra —Prusia estaba fuera de causa— intentaría imponer una paz victoriosa al continente volviéndose contra Austria y arrancándole la concesión de la frontera del Rin. Para hacer esto, el gobierno necesitaba recurrir a los generales. Tres ejércitos se pusieron en marcha: el ejército de Sambre y Meuse mandado por Jourdan, el ejército del Rin, de cuyo mando fue relevado Pichegru, sospechoso de ideas monárquicas, para darlo a Moreau, y el ejército de Italia, confiado a Napoleón Bonaparte.

Italia no ofrece posibilidades de resistencia

Italia no estaba en condiciones de resistir el ataque del ejército francés. No ofrecía, en efecto, unidad política alguna, ni siquiera moral. Solamente el reino de Cerdeña hubiese sido capaz de agrupar Italia bajo su égida. Víctor Amadeo III, previendo el peligro que corrían los estados italianos, había intentado desde 1791 unirlos en una liga presidida por un Congreso dotado del derecho a establecer un régimen aduanero y leyes fiscales para Italia entera. A todos los estados italianos les fue propuesto este proyecto, pero la iniciativa fracasó.

Para eliminar al rey de Nápoles, que había adoptado una actitud hostil con respecto a la República, bastó una demostración de la flota francesa ante su capital, en diciembre de 1792, para que en seguida el gobierno de las Dos Sicilias reconociera oficialmente a la República y se declarara neutral en la guerra que se iniciaba.

Y para atraerse el reino de Cerdeña, que era el único que disponía en Italia de un ejército bien organizado, la Asamblea legislativa propuso al rey Víctor Amadeo III su alianza y la cesión de Lombardía, ofrecimientos que fueron rechazados. El resultado fue la ocupación, por las tropas de la República, de Niza y de Saboya y su anexión a Francia, sin resistencia militar por parte del rey de Cerdeña. Víctor Manuel respondió aliándose con Inglaterra y Austria y comprometiéndose a mantener —con subsidios ingleses— un ejército de 50.000 hombres, adhesión que llevó consigo las del Papa, Toscana, el reino de Nápoles —que renunció a su neutralidad— y la de la república de Génova. Solamente Venecia se mantuvo aparte.

Las victorias francesas obligaron a Toscana a retirarse de la coalición. Los otros estados italianos, después del tratado de Basilea, continuaron al lado de Austria, la cual seguía en estado de guerra con Francia.

Bonaparte trata con el directorio de poder a poder

Mientras la ofensiva de los dos ejércitos del Norte fracasaba, Bonaparte alcanzó en Italia, donde encontraba la mínima resistencia, éxitos decisivos sobre el ejército sardo. El Directorio planeó hacer del Piamonte una república, pero aceptó tratar antes con los enviados del rey de Cerdeña, a quienes fue impuesta la paz de París por la que Francia se anexionaba Niza y Saboya (mayo de 1796). Sin importarle las órdenes que recibía del Directorio, Napoleón Bonaparte prosiguió su ofensiva contra Austria y conquistó el Milanesado. Italia, a partir de entonces, no podía oponerle la menor resistencia, y Parma, Módena, los estados de la Iglesia, Génova y Nápoles concluyeron con Bonaparte armisticios que le permitieron exigirles fuertes indemnizaciones.

En los territorios invadidos creó Bonaparte estados soberanos destinados a ser instrumentos de su política. En octubre de 1796, aprovechando movimientos populares que él suscitó, privó al Papa de Módena y Reggio, que transformó en República. En Bolonia, erigida también en república, el Senado promulgó una Constitución idéntica a la del año III, y poco después Ferrara se proclamaba república.

En diciembre, estas tres repúblicas, en presencia de Bonaparte, se unieron en una confederación que tomó el nombre de República Cispadana.

Al mismo tiempo que transformaba el estatuto de la península, Bonaparte continuaba la guerra. Desde Italia, ayudaba a los corsos a expulsar a los ingleses que se habían instalado en la isla. Y después de las victorias de Arcole y de Rívoli obligó al papa Pío VI a firmar el tratado de Tolentino (en febrero de 1797), por el cual el Papa abandonaba Ancona, que sería anexionada a la República Cispadana, y se comprometía a pagar una indemnización de guerra calculada en 20 millones de florines.

Entretanto, España, que deseaba aliarse con Francia cuando esta concluyó la paz de Basilea, pero que no lo hacía por temor a Inglaterra, había vuelto a iniciar conversaciones con el Directorio. Y los ingleses, desde que España firmó la paz, expropiaban todas las mercancías españolas a bordo de los barcos neutrales que detenían en alta mar y apoyaban las veleidades de independencia que comenzaban a apuntar en las colonias españolas de América. Así, la defensa común de los territorios de América fue la base de la alianza franco-española que fue concluida por el tratado de San Ildefonso (19-VIII-1796) y que condujo, mes y medio más tarde, a que España declarase la guerra a Inglaterra (octubre de 1796).

A pesar de los reveses que sufrían en esta época los ejércitos del Rin y de Sambre y Meuse, que después de haber alcanzado el Danubio en agosto de 1796 habían sido rechazados a sus posiciones de partida, Inglaterra había iniciado negociaciones de paz (octubre de 1796). Estas proseguirían en Lille durante el año 1797.

Elevado al trono de Rusia el zar Pablo I por la muerte de Catalina II (7 de noviembre de 1796), emprendió en seguida una política de paz con Francia, retiró los navíos que Catalina II había agregado a la flota inglesa para bloquear las costas de Francia y de los Países Bajos, y suspendió el reclutamiento de hombres, tres por cada quinientos habitantes, que ordenó su madre.

Austria parecía ser el último adversario a quien vencer, mas el Directorio resolvió emprender un nuevo esfuerzo. Envió para ello 30.000 hombres de refuerzo al ejército de Italia y quitó el mando del ejército de Sambre y Meuse a Jourdan para dárselo a Hoche, que acababa de intentar el envío a Irlanda de un cuerpo expedicionario. Mientras Bonaparte atacaría Austria partiendo de Italia, los ejércitos del Rin y Sambre y Meuse reemprenderían la ofensiva a través de Alemania.

Bonaparte, temiendo ver a sus colegas Hoche y Moreau renovar su marcha hacia el Danubio e imponer a Austria una paz que hubiese reconocido a Francia la posesión de la orilla izquierda del Rin, meta esencial de la guerra, se apresuró a tomarles la delantera, y franqueando los Alpes derrotó a los ejércitos del archiduque Carlos desplegados a orillas del Rin para cerrarle el paso; por la Carintia marchó sobre Viena, y sin esperar al negociador enviado por el Directorio impuso sus condiciones de paz a Austria por las capitulaciones de Leoben, que firmó el mismo día (18 de abril de 1797) en que el ejército de Sambre y Meuse franqueaba de nuevo el Rin. Las capitulaciones de Leoben obligaban a Austria a abandonar, en provecho de Francia, los territorios de Bélgica y Lombardía; en cuanto a la orilla izquierda del Rin, debería ser objeto de un congreso de paz con el Imperio.

Estas disposiciones, tomadas personalmente por Napoleón, no coincidían con la política del Directorio, pero permitían a Bonaparte proseguir sus designios de conquista en Italia.

Tan pronto como Lombardía fue arrancada a Austria, Bonaparte hizo que el Cuerpo legislativo de la República Cispadana pidiese su unión a Lombardía y la convirtió en República Cisalpina, con una población de 3.200.000 habitantes y que enarboló la futura bandera de Italia: verde, blanco y rojo. Y mientras fundaba estas nuevas repúblicas según el modelo francés, Bonaparte destruía sistemáticamente las antiguas potencias italianas. Desde las capitulaciones de Leoben había prometido a Austria, como compensación de la Lombardía que perdía, los territorios que la república de Venecia poseía en tierra firme, mientras que él hacía ocupar la ciudad por fuerzas francesas. La antigua y prestigiosa ciudad marítima se veía así herida de muerte. Quedaba por destruir Génova. Bonaparte creó allí, bajo el nombre de Partido Democrático, una quinta columna jacobina que intentó derribar al Senado con un golpe de estado, pero fracasó ante la resistencia del pueblo. Entonces intervino el propio Bonaparte, y en junio de 1797 impuso una Constitución que abolió el Senado e instauró un régimen directorial, el cual no fue más que una fachada para encubrir el protectorado francés.

La joven República Cisalpina, apenas fundada, vio a su vez como se le imponía una Constitución directorial, que Bonaparte hizo proclamar espectacularmente inspirándose en la Fiesta de la Federación que se había celebrado en París en 1790. Por decreto abolió el derecho de primogenitura, el fideicomiso, organizó una guardia nacional y suprimió todos los periódicos. A su vez, la República Cisalpina se transformaba en un protectorado francés.

Dueño de toda la Italia del Norte, de la que disponía soberanamente, Napoleón se aseguró la fidelidad de sus ejércitos asociándolos a su fortuna personal y permitiendo a sus soldados enriquecerse -como había hecho él mismo-, por el pillaje. Bonaparte, desde este momento, hablaba de poder a poder con el gobierno de la República francesa. Pero así como este gobierno solo disponía de poderes legales, Bonaparte poseía un potente ejército victorioso y los considerables recursos que sacaba, a su arbitrio, de las repúblicas vasallas, de las que él era único dueño.

En estas condiciones, al Directorio no le quedaba más posibilidad que la de aceptar la tutela que le ofrecía Bonaparte.

Bonaparte impone su autoridad

Las elecciones de 1797 dan la mayoría a los monárquicos

Y así, mientras Napoleón se imponía como inspirador de la política del Directorio, se rodeaba de una corte de procónsul romano en Mombello, cerca de Milán, donde había instalado a su esposa, la elegante Josefina de Beauharnais, adoptaba maneras de soberano y creaba la República Cisalpina, los monárquicos, que propugnaban el retorno del rey y el cese de hostilidades, ganaban en Francia más terreno cada día. En las elecciones parciales de marzo-abril de 1797 los votos obtenidos les dieron la mayoría en el Consejo de los Ancianos y en el de los Quinientos. El libre juego de las instituciones democráticas instaurado por la República parecía que iba a conducir, en un futuro muy próximo, al restablecimiento de la monarquía. Por otra parte, el Directorio parecía resuelto a activar la consecución de la victoria, que creía tener ya, con el fin de instaurar definitivamente la paz.

El Directorio intenta salvar la República

La política de Bonaparte, que no ocultaba la intención de imponer a Francia su autoridad personal, se encontraba así doblemente amenazada. A toda costa, pues, estaba decidido a impedir la restauración monárquica y el retorno a una política de paz. Por ello envió a París al general Angereau. Entre los directores, dos no ocultaban sus simpatías monárquicas: Barthelemy, el negociador del tratado de Basilea que había dado a Francia la frontera del Rin, y Carnot, que durante la Convención hizo posible la victoria organizando los ejércitos republicanos.

Los Consejos se preparaban (septiembre de 1797) a exigir la dimisión de los tres directores republicanos) para deslizar la República hacia la monarquía. Pero Angereau intervino e hizo ocupar militarmente las salas de sesiones de los Consejos (4 de septiembre de 1797). Bajo esta presión se invalidaron las alista de 145 diputados monárquicos, de los que 53 fueron deportados a la Guayana junto con los directores Barthelemy y Carnot. También la administración fue depurada de todos los funcionarios sospechosos de monárquicos y restablecida la censura de prensa. Talleyrand, vuelto de América, formaría parte del nuevo gabinete.

La República estaba salvada. Pero se había condenado a sí misma organizando contra el libre juego de sus propias instituciones un golpe de estado que la dejaba a merced del general Bonaparte.

Napoleón impone sus miras imperialistas al Directorio

La República había evitado la restauración monárquica para entregarse a la dictadura militar. Después del golpe de estado de septiembre, el Directorio no fue más que un títere en manos de Bonaparte, quien aprovechó el servicio que acababa de hacer para imponerle la paz de Campoformio (17 de octubre de 1797), después de haberla dictado a Austria. Era la confirmación de una política personal a la que durante dieciocho años Francia iba a servirle de instrumento. Los estados de Venecia quedaban repartidos entre Austria y Francia, y esta recibía las islas Jónicas —Corfú, Zante, Cefalonia y Cerigo—.

El Directorio no quería que se repartiese la república de Venecia, pero en el espíritu de Bonaparte los puntos estratégicos que atribuía a Francia debían servir de partida para grandes conquistas marítimas hacia Oriente. Viena reconocía también la cesión a Francia de Bélgica, del Palatinado y del valle del Mosela, con Maguncia.

La paz de Campoformio, que aureoló de gloria a Bonaparte, no podía ser más que una tregua a causa de la actitud de Austria, que rehusaba se indemnizara a Prusia por los territorios perdidos en la orilla izquierda del Rin. Era volver a poner sobre el tapete la cuestión de la frontera del Rin, que el tratado de Basilea había entregado a Francia. La República estaba así bajo la amenaza de un ataque continental cuando la anexión de Bélgica daba como cierta la continuación de la guerra con Inglaterra. Por otra parte, las posiciones tomadas por Francia en Italia iban a arrastrarla a guerras imperialistas hacia Oriente, que debían conducirla a emprender una lucha de hegemonía, y no solo contra Austria, sino contra Rusia. Los intereses de Francia eran enteramente sacrificados a las miras personales de Bonaparte, que iba a comprometerla, a pesar suyo, en las mayores aventuras.

La República, después de haber renegado, por el golpe de estado de septiembre, del principio del gobierno representativo y democrático en el plano nacional, entraba resueltamente, en el plano internacional, en la vía del imperialismo y pisoteaba el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, como había afirmado de modo solemne en el año 1790.

La paz de Campoformio, complemento del golpe de estado de septiembre, ponía fin a la República liberal y constitucional.

Bonaparte se apodera de Italia

En diciembre de 1797, Bonaparte regresaba a París como triunfador y se hacía cargo de la política extranjera del Directorio. La paz de Campoformio, al abatir la potencia austriaca, había entregado Italia a Bonaparte, y la República Cisalpina fue transformada oficialmente en un estado vasallo. El 21 de febrero de 1798, sus delegados. llamados a París. fueron obligados a firmar una alianza defensiva y ofensiva con Francia y a pagarle, para sufragar los gastos de los ejércitos franceses de ocupación, un subsidio anual de 30 millones, obteniendo, además, el mando de las fuerzas armadas de la República e importantes ventajas comerciales. La oposición que se manifestó ante este acto fue inmediatamente anulada con la destitución de los dos directores de la República por el ejército de ocupación, que desde entonces no cesaría de intervenir en el gobierno de la República, sometida además a un duro régimen de requisas.

Para dominar Italia era preciso ocupar Roma. Promovidos algunos disturbios, los aprovechó el Directorio para hacer ocupar la ciudad pontifical por las tropas francesas. El papa Pío VI se refugió en Siena (febrero de 1798), y Roma, erigida en república, fue dotada de una Constitución directorial. El campo se sublevó contra los invasores franceses, pero fueron reducidos con ejecuciones en masa.

Mientras tanto, la política francesa se orientaba hacia el Piamonte. Unos disturbios promovidos a propósito permitieron proclamar la República en Asti. Bandas republicanas fueron enviadas de Génova y de la República Cisalpina al Piamonte para promover allí un levantamiento republicano, que sirvió de pretexto al Directorio francés para ocupar Turín en septiembre del año 1798. El rey de Cerdeña fue obligado a abdicar en diciembre, y en septiembre del año siguiente Piamonte sería pura y simplemente anexionado a la República francesa.

Suiza, avasallada y Génova anexionada

Al mismo tiempo que ocupaba u organizaba Italia a su modo, Francia se volvía contra Suiza, y ello porque los gobiernos aristocráticos de los cantones eran favorables a Inglaterra y a Austria, porque Suiza constituía una excelente base ofensiva contra Austria, y también porque París deseaba echar mano al Tesoro de Berna.

Ya en las capitulaciones de Leoben, que preveían la cesión del Milanesado a Francia y la de Venecia a Austria, Bonaparte se había interesado por las rutas alpinas que unían Italia con Austria. Se fomentaron motines en la Valtelina —que dependía del cantón de los Grisones— y Bonaparte ocupó la región, cesión que fue confirmada por la paz de Campoformio.

Algunos meses más tarde, en enero de 1798, Francia se anexionó la república de Mulhouse, y después dirigió un ultimátum a Berna exigiendo la expulsión de los emigrados franceses, al mismo tiempo que preparaba unos disturbios que justificasen una intervención francesa en el cantón. Estos se produjeron, al fin, en marzo, y en seguida tropas francesas entraron en Berna. Un mes después, Ginebra fue ocupada por sorpresa y, bajo presión militar, votó su unión con Francia.

En toda Suiza fueron eliminados los gobiernos aristocráticos, y aunque se produjeron heroicas resistencias en los pequeños cantones, los suizos que tomaron las armas fueron arrollados con salvajismo atroz por el ejército francés. La República helvética, una e indivisible, fue proclamada bajo la protección de Francia (abril de 1798) y dotada de una Constitución directorial que introducía la igualdad de los ciudadanos, la igualdad en los idiomas, la libertad de pensamiento y de creencias y el sistema métrico decimal, derogando el sistema feudal y suprimiendo la tortura. La República fue ocupada militarmente por un ejército francés y le fue impuesta una alianza ofensiva y defensiva que transformaría a Suiza, en 1799, en campo de batalla de los ejércitos franceses y austro-rusos.

Holanda, avasallada

Lo mismo que a las repúblicas italianas y a la República helvética, el plenipotenciario francés acreditado en La Haya exigió a Holanda una Constitución inspirada en la del Directorio. Sometida a referéndum del pueblo, esta Constitución fue rechazada por una mayoría de 108.000 votos contra 28.000, pero se impuso con un golpe de estado perpetrado por los jefes de la Legión Bátava, apoyados por el gobierno francés. En el seno de la Asamblea nacional fueron detenidos los diputados moderados, y los demás tuvieron que prestar juramento de odio contra el estatuderato, la aristocracia y el federalismo. Así depurada, se intituló Asamblea Constituyente e instaló un gobierno directorial según el modelo del de París. Las asambleas de electores fueron también depuradas de elementos conservadores y la Constitución fue ratificada después por un plebiscito.

La República directorial francesa se transformaba en un imperio: Bélgica, el sur de Holanda, la orilla izquierda del Rin, Niza y Saboya eran anexionadas y sometidas al régimen francés, y Holanda, Suiza y el norte y centro de Italia formaban repúblicas satélites, organizadas según el patrón directorial francés y unidas a Francia por alianzas ofensivas y defensivas que las convertían en estados protegidos, en cuyos territorios, por otra parte, se establecieron ejércitos franceses de ocupación.

Desintegración del Imperio Germánico

Así, mientras Francia se anexionaba el Occidente extendiendo por todas partes el régimen francés, y en el interior se operaba una refundición completa de la sociedad y de las instituciones, los estados alemanes enviaban delegados al congreso de Rastadt (noviembre de 1797), cuya reunión había sido prevista por la paz de Campoformio para arreglar diversas cuestiones relativas al Sacro Imperio.

El congreso estuvo reunido durante dieciocho meses sin obtener ningún resultado. La política que el Directorio desarrolló a lo largo de estas reuniones consistió en dislocar el Imperio, atrayéndose, contra Austria, a los pequeños estados alemanes, autorizados a aumentar sus territorios mediante la secularización de los principados eclesiásticos.

Las rivalidades que la cuestión polaca suscitó entre Austria y Prusia aumentaron todavía más desde que Prusia aceptó el firmar separado con Francia, en Basilea. El tratado de Campoformio consagraba la división de Alemania. Los principados eclesiásticos del valle del Rin habían aceptado sin mucha resistencia la ocupación francesa, territorios que en 1797 formaron en República Cisrenana, independiente del Imperio. En ella fueron introducidos el régimen municipal y judicial franceses y comisarios galos habían tomado en sus manos la administración central. En pleno congreso de Rastadt, este rápido afrancesamiento del país culminó (enero de 1798) en la anexión pura y seimple de la República Cisrenana a Francia, de la que formó cuatro departamentos. El francés fue decretado como lengua oficial y se le hizo extensiva la Constitución Civil del Clero. Hubo algunos disturbios, pero prontamente fueron ahogados.

En el año 1796, Francia firmó tratados por separado con Wurtemberg y Baden que colocaban a estos estados bajo el protectorado francés; en ellos fueron secularizados los bienes del clero y abolidos los derechos feudales.

Frente a esta expansión francesa, en detrimento del Imperio que se desmembraba, Prusia y Austria no tenían más objetivo que encontrar compensaciones y rivalizar entre sí, de lo que Francia supo sacar partido para impedir que Prusia se aprovechase la derrota austríaca y asegurarse así la preponderancia en el ámbito germánico. El tratado de Basilea contenía cláusulas secretas prometiendo aumentos territoriales a Prusia, y el tratado de Campoformio implicaba otras prometiendo a Austria que Francia se opondría a toda compensación dada a Prusia en la orilla derecha del Rin.

Aunque el territorio del reino de Prusia aumentó por la unión de los dos principados de Bayreuth y de Ansbach —400.000 habitantes-, que había heredado de Guillermo II en 1791, fue en el interior de sus propios estados donde tuvo que buscar el medio de acrecentar su poderío político y militar. Desde su advenimiento, Federico Guillermo III, que sucedió a Guillermo II, emprendió la reforma del ejército y de la administración de su reino.

Por su parte, Austria, vencida y con el timón gubernamental en manos de Thugut, se hundía en un absolutismo cada vez más despótico, haciendo más duros el régimen policíaco y la censura.

Fin del régimen directorial

En Francia, el régimen directorial seguía desprestigiándose frente a Bonaparte, que victorioso en el continente se presentaba como el restaurador de la paz, el orden y la reconciliación nacional. Y sin embargo, la obra directorial, realizada sin estruendo, aparecería más tarde como realmente constructiva. En efecto, a pesar de las dificultades que le habían legado los regímenes anteriores, el Directorio devolvió a Francia la estabilidad financiera, dotándola de una administración autónoma de contribuciones que debía mantenerse durante todo el siglo XIX: la disposición del impuesto inmobiliario fue refundida totalmente, y las contribuciones personales y mobiliarias, así como las patentes, los impuestos indirectos, la tasa sobre los tabacos, los derechos de timbre, de registro y de hipotecas fueron definitivamente organizados. El impuesto, por primera vez desde 1789, ingresó siempre con regularidad, y el equilibrio presupuestario, base de todo gobierno liberal, fue a partir de entonces cuidadosamente preparado.

Se llevó a cabo una amplia reforma de la enseñanza, se estableció el censo de la población y fue organizada la beneficencia pública.

Una prudente política económica trabajó sin cesar por la conquista de mercados en el continente para la industria francesa. Se construyeron carreteras a través de los Pirineos y en 1798 se abrió la primera exposición industrial. Después de los períodos turbulentos y anárquicos que habían seguido a la caída del antiguo régimen, Francia se daba una organización estable, adaptada a los principios que hicieron triunfar la revolución liberal de 1789-90.

Sin embargo, a falta de un apoyo sólido en la opinión, el Directorio se hacía cada vez más impopular. Tenía en contra a los monárquicos y a los jacobinos, y la burguesía liberal, dificultada en sus negocios por el bloqueo marítimo de Inglaterra y por la depreciación del mandato territorial, se apartaba de un gobierno que no supo dar a Francia la paz exterior, ni la estabilidad política interior. Los escandalosos beneficios realizados por los que se aprovechaban de la guerra, y a los que no eran extraños los políticos, desprestigiaban el poder.

Para tener en jaque a los monárquicos, el Directorio autorizó a los jacobinos que comenzasen de nuevo su propaganda, y las elecciones de 1798 —en las que se abstuvo de participar gran masa de los electores— enviaron a los Consejos una mayoría de jacobinos. Una vez más, el gobierno, para mantenerse, recurrió a un golpe de estado: 98 diputados jacobinos fueron invalidados. Y otra vez aparecía de manifiesto que el régimen representativo en que se basaba teóricamente el Directorio no constituía más que una fachada, tras la cual se disimulaba mal un régimen autoritario sin autoridad y que se mantenía gracias al apoyo que le prestaba el Ejército, representado por el joven e ilustre general Bonaparte.

II Coalición antifrancesa

El Zar intenta política de paz internacional

Catalina II, que se había declarado enemiga de la Revolución, se abstuvo en un principio de intervenir contra ella militarmente, pero una vez repartida Polonia y concluida la paz con Turquía pensó en ayudar a Austria y constituir con este fin un ejército de 60.000 hombres, para cuyo sostenimiento emprendió negociaciones con Pitt para lograr el subsidio de un millón de libras esterlinas; además, había enviado una escuadra rusa a unirse a la flota inglesa para participar en el bloqueo de las costas francesas.

Cuando Pablo I sucedió a Catalina II en noviembre de 1796, Rusia daba fin a un período de cuarenta años de guerra, logrando instalarse sólidamente en el mar Negro y extender su protectorado a Georgia. Y Pablo I, creyendo llegado el momento de organizar su imperio, intentó emprender una política de paz internacional y de reforma social e hizo saber al rey de Prusia que Rusia no ambicionaba ninguna nueva conquista, y al emperador Francisco II que se opondría por todos los medios a los avances de la República francesa; mas era la necesidad de paz del Imperio lo que le impedía intervenir con las armas en una guerra que tocaba a su fin. Al enviado del Directorio en Prusia le declaró que no se consideraba en guerra con Francia y que estaba dispuesto a vivir en paz con ella. Y para apoyar esta declaración retiraba la flota que Catalina II había enviado para bloquear las costas de Francia y de Holanda y ofrecía su mediación en París para acelerar el fin de la guerra.

Al mismo tiempo, retiraba de Georgia el ejército que Catalina II había concentrado para atacar Persia, en un gesto de paz hacia el Imperio otomano.

En el plano interior se había comprometido en una política de grandes reformas que debían asegurar la autoridad del soberano y la paz, social. Al mismo tiempo que cerraba rigurosamente las fronteras del Imperio al espíritu revolucionario, abandonaba las medidas tomadas contra los patriotas polacos y concedía una cierta autonomía a las provincias polacas que Catalina II había pretendido someter al sistema administrativo ruso, redujo a tres días por semana el máximo de prestaciones debidas por los siervos a sus propietarios y prohibió la subasta de campesinos y demás criados sin la venta simultánea de las tierras a que estaban adscritos. Además, afirmó la primacía absoluta del soberano sobre todas las clases de la nación diciendo: solo es grande en Rusia aquel a quien yo hablo y durante el tiempo que le hablo.

Para reafirmar la autoridad imperial, restituyó el orden regular de sucesión al trono que Pedro I había relegado en 1722. También trató de restablecer el orden en las finanzas, muy quebrantadas por las prodigalidades y las guerras de Catalina II. Esta política de paz no significaba que Pablo I renunciase a intervenir en la política internacional, pues al mismo tiempo que reducía las cargas militares que pesaban sobre la población reorganizó su ejército a la prusiana, abrió ampliamente sus estados a los emigrados franceses y ofreció en Mitau una residencia y una pensión al Conde de Provenza, que había tomado el nombre de Luis XVIII —y al que la paz de Campoformio obligó a abandonar Italia-—, asegurándose de este modo una excelente baza para el día en que la monarquía fuese restablecida en Francia.

Campaña contra Inglaterra en Egipto

Bonaparte había ofrecido a Francia victorias espectaculares, la rodeo de estados satélites y le prometía la paz, aunque el único obstáculo para esto último era Inglaterra. Era preciso, pues, hacer un último esfuerzo para vencerla. Mientras que Francia triunfaba en el continente, Inglaterra le había infligido en el mar dos gravísimas derrotas. En febrero de 1797 destruyó gran parte de la flota española en aguas del cabo de San Vicente, y en octubre del mismo año había llevado al desastre a la armada holandesa en Kamperduin.

Con la flota francesa del Mediterráneo, que conservaba aún su potencialidad, Bonaparte resolvió dar un golpe a Inglaterra en su prosperidad comercial, base de su poderío, ocupando Egipto, y cortándole de este modo la ruta de la India. La idea no era nueva. En los planes de reparto de Turquía que habían sido elaborados por José II se preveía la ocupación de Egipto por Francia. Egipto aparecía como un posible mercado para los productos de Francia y las Antillas francesas, que podrían suplantar allí a los que se importaban de la India.

Mas la conquista de Egipto era para Bonaparte otra cosa muy diferente: era el primer paso hacia el Oriente, desde donde sería posible, según esperaba, ocupar Siria y después Constantinopla. Así pensaba cortar a Inglaterra la ruta de Asia y la de la India, donde se preparaban, a indicación suya, alianzas contra Inglaterra. Ya a fines de 1797, el nabab de Maisur, Tippoo-Sahib, hizo saber a Bonaparte, por el gobernador de la isla de Francia, que el envío de un cuerpo expedicionario de 10.000 europeos y 30.000 negros le permitirían arrojar a los ingleses de la India.

La ocupación territorial de Egipto, Siria y Constantinopla facilitarían grandemente al general Bonaparte la empresa de realizar el imperio mediterráneo con que soñaba.

A Bonaparte le costó poco trabajo ganarse a los miembros del Directorio para sus planes de campaña contra Egipto, pues temían que este intentara asaltar el poder. En 1798, la flota francesa, que contaba 335 navíos, de ellos 13 barcos de línea, abandonaba Tolón llevando hacia Oriente un ejército de 54.000 hombres. A su paso desembarcó tropas en Malta, ocupándola, y después, echando anclas en el delta del Nilo, las fuerzas francesas destrozaban al ejército egipcio al pie de las Pirámides.

Pero esta espectacular victoria debía transformarse pronto en desastre con el ataque y destrucción de la flota francesa (1 y 2 de agosto de 1798) por el almirante inglés Nelson, en la rada de Abukir. Esta vez, el poderío naval de Francia había recibido un golpe de muerte. La empresa de Bonaparte, iniciada sin poseer Francia el dominio marítimo del Mediterráneo, era una locura que trajo consigo el que el ejército francés se encontrara sin comunicación con la metrópoli. Esta fue la señal para la formación de la segunda coalición contra Francia.

Inglaterra, Turquía, Rusia, Austria contra Francia

Las miras de Bonaparte sobre el Oriente tuvieron profunda repercusión en la política del zar Pablo I, inquieto por los manejos secretos de Napoleón con los griegos, por los preparativos en Tolón de la expedición a Egipto, que se había creído en Rusia iba destinada a un desembarco en las orillas del mar Negro, e igualmente por la organización de una legión polaca en Italia, Por todo ello, Pablo I había iniciado un acercamiento a Inglaterra y Turquía.

Cuando se produjo la ocupación de Malta por las fuerzas francesas, el zar aceptó el nombramiento de Gran Maestre de la Orden de Malta. A partir de entonces, la suerte estaba echada. La paz de Campo Formio, al permitir a Francia instalarse en las islas Jónicas y en los territorios de la Albania veneciana, fue considerada por Turquía como una grave amenaza. En seguida estallaron sublevaciones en Bulgaria; Montenegro —que desde 1791 formaba un principado episcopal independiente—, se había vuelto hacia Francia para obtener su apoyo contra Turquía, y los griegos, a quienes la Revolución francesa entusiasmó y que, por sus piraterías y bandas de clephtos constituían un peligro permanente para Turquía, también se orientaron hacia Bonaparte. De repente, la ocupación de Egipto hizo patente el vasto plan de imperialismo oriental que preparaba Bonaparte. En los comienzos, el sultán Selim III quedó intimidado por sus victorias, pero después de la destrucción de la flota francesa en Abukir se alió con Rusia y declaró la guerra a Francia.

La alianza turca abría a Pablo I los Estrechos. Y mandó a su flota a unirse con la otomana para atacar en las islas Jónicas a las guarniciones francesas que fueron instaladas allí después de la paz de Campo Formio; mientras, el rey de Nápoles, Fernando IV, ponía sus puertos a disposición de la flota inglesa que volvía victoriosa de Egipto, y sus tropas invadían la República romana. En diciembre de 1798, Rusia se aliaba con Inglaterra contra Francia, y en enero de 1799, Austria, iniciando de nuevo la guerra, se unía a ellas.

La guerra estalló a la vez en el continente y en Oriente. En Siria, después de haber conquistado Jaffa, Bonaparte se vio detenido ante San Juan de Acre. Los rusos tomaron la isla de Corfú. Y en la India, el aliado eventual de los franceses, Tippoo-Sahid, derrotadas sus huestes por los ingleses, moría entre las ruinas de su capital.

Esto representaba el hundimiento de los vastos proyectos orientales de Bonaparte, y en el continente la posición de Francia, tan fuerte después de Campo Formio, también aparecía de repente un tanto comprometida.

En el congreso de Rastadt, que se había iniciado bajo el protectorado de Bonaparte, el emperador Francisco II se reafirmó como dueño de Alemania, sus sesiones fueron clausuradas apresuradamente y los plenipotenciarios franceses fueron asesinados. Parecía que Francia, ante la Europa coaligada, se tambaleaba.

El gran ejército de un millón de hombres que la Convención había reclutado estaba en gran parte desmovilizado, siendo preciso, para salvar la situación, reclutar a toda prisa 200.000 soldados en medio de una abierta resistencia de la población.

El ejército francés de Italia, sin embargo, tomó la ofensiva, conquistó el reino de Nápoles y proclamó la República Partenopea.

Intervención rusa

Pero se preparaba una lucha más dura. Por primera vez en la historia de Europa, el poderoso ejército ruso que había preparado Catalina II inició la marcha hacia Occidente. Bajo las órdenes de Suvarov, y al lado de las fuerzas austríacas, penetró en Italia.

Mientras que otras tropas anglo-rusas, desembarcando en el sur de Italia, reconquistaban Nápoles y restauraban la monarquía en medio de duras represiones, el ejército de Suvarov derrotaba a las tropas francesas y las rechazaba hasta la frontera de los Alpes marítimos.

Era el momento en que la flota rusa intervenía victoriosamente en el Mediterráneo y en el que Pablo I, lanzando a Rusia a una gran política de expansión, firmaba en plena guerra europea un ucase creando la Compañía Rusoamericana y otorgándole el monopolio del comercio en la costa americana del Pacífico, al norte del grado 55 de latitud norte, para hacer la competencia a los ingleses y a los americanos en el negocio de pieles con China.

Poco después, las fuerzas anglo-rusas desembarcaban en los Países Bajos.

Rusia estaba en condiciones de tomar la dirección de la guerra continental y su plan parecía ser la preparación de una doble ofensiva contra Francia, tanto desde el Norte como desde el Sur. Suvarov, en efecto, después de sus victorias en Italia, se disponía a marchar sobre París para restaurar la monarquía. Pero la corte de Viena, inquieta por el creciente papel que tomaba Rusia, se negó a que Suvarov marchase sobre París y pidió a las tropas rusas de Italia que fuesen a Suiza a reforzar las tropas austríacas, con el fin de permitir a las del archiduque Carlos, que se encontraban en este país, marchar hacia Alemania.

Sin esperar la llegada de los rusos, el ejército austríaco inició su movimiento hacia Alemania de tal forma que, cuando las tropas rusas franquearon el San Gotardo en septiembre, se encontraron en una situación muy peligrosa en Suiza. Algunos días antes las tropas anglo-rusas desembarcadas en las Provincias Unidas acababan de sufrir un desastre. Rusia había perdido la ocasión de extender su influencia política y militar hasta la Europa Occidental.

A los rusos no les quedaba más que batirse en retirada, y acusando a los austríacos de haberles traicionado en Suiza, y a los ingleses de hacer lo mismo en Holanda, Pablo I abandonó la alianza anglo-austriaca.

La República intenta afirmar su autoridad

Ante el grave peligro que la amenazaba, la República reaccionó. El Cuerpo legislativo exigió la inmediata dimisión y renovación de los directores y los ministros y como poco antes hiciera la Convención, se apoderó del gobierno.

La situación estaba totalmente restablecida en noviembre. Se había perdido Italia, pero se conservaban Holanda y la frontera del Rin y el abandono ruso dejaba a Austria fuera de combate. Una vez más, Inglaterra era la única que quedaba en liza.

Napoleón y el 18 Brumario

Bloqueado en Egipto, donde sus ejércitos se hallaban amenazados de una capitulación más o menos cercana, Bonaparte temió que la recuperación militar interior condujese a Francia a negociar sin su intervención una paz general. Toda su política personal estaba comprometida. Abandonando, pues, su ejército a toda prisa, marchó a Francia, donde llegó en octubre de 1799. La opinión, en este momento, estaba cansada de Revolución y de guerras; deseaba la paz, el respeto a los derechos individuales, la libertad económica y un régimen de orden que permitiese la restauración de la prosperidad.

El Directorio, a pesar de sus excelentes reformas interiores, seguía siendo impopular porque era incapaz de dar estabilidad a la República y su tentativa de volver a un régimen liberal había fracasado. Y desde este instante, la creencia era que Francia no podía escapar a un régimen autoritario. Conseguida la igualdad civil y fiscal, el pueblo se desinteresaba de la política. Y en cuanto a lo demás, solo aspiraba a la protección de la propiedad y de la seguridad. Así, pues, el Directorio, por los golpes de fuerza que había desplegado contra los monárquicos y jacobinos, aparecía como el continuador de los gobiernos revolucionarios cuyos excesos todos temían.

Por el contrario, Bonaparte volvía a París en ausencia de los generales que acababan de restablecer la situación militar en el continente y con una aureola de gloria por sus victorias. Solamente su intervención había permitido al Directorio dominar primero a los monárquicos y después a los jacobinos. La autoridad militar parecía ofrecer las garantías que no daban los gobiernos republicanos. En ausencia de Bonaparte, Francia había estado a un paso del desastre. Su prestigio militar hacía que se le considerase como el único capaz de imponer la paz en Europa, y todas estas razones le habían proporcionado una gran popularidad de la que incluso participaba su familia. Su hermano Luciano llegó a ser elegido presidente de los Quinientos; su hermano José era miembro del Consejo de los Ancianos, en cuyo seno le era adicta la mayoría, y tres de los directores y la mayor parte de los ministros eran favorables a la instauración del poder personal de Bonaparte. Así, tan pronto como llegó a París preparó un golpe de estado, para cuyo financiamiento halló en seguida colaboración.

El 18 brumario —9 de noviembre—, pretextando un complot jacobino, el Consejo de Ancianos confió a Bonaparte el mando de todas las fuerzas armadas de París. Aquel mismo día prestó juramento ante los Ancianos, y en las Tullerías pasó una revista espectacular, durante la cual se hizo aclamar contraponiendo al fraude, las exacciones y las leyes expoliadoras de un gobierno degradado, generadoras de la miseria del pueblo, su obra personal de conquistas, de enriquecimiento y de paz. Denunciando el despotismo que preparaba el Directorio -según él decía-, reclamaba una república asentada sobre bases de legalidad, de moral, de libertad civil y de tolerancia política, se alzaba contra el reinado de las facciones y reivindicaba para los ex combatientes el derecho a ser los dueños de los destinos del país.

Este discurso demagógico —en el que para instaurar una dictadura que debía inaugurar una gran política de guerra y de conquistas, Bonaparte se presentaba como paladín de la legalidad y de la paz—, fue acogido con gran entusiasmo. Poco importaba a la opinión el que no hiciera ninguna alusión a los derechos políticos de los ciudadanos, cuya gran mayoría se abstenía de votar; le bastaba con que Bonaparte prometiese orden, protección a la propiedad, terminar el fraude de las facciones políticas, la garantía de los derechos civiles, la prosperidad y la paz, para que la opinión se entregase.

Como respuesta a su proclama, los directores Sieyès, Roger Ducos y Barras, con el fin de abrir a Bonaparte el acceso al poder, dimitieron. Los directores Gohier y Moulin, que se negaron a seguirles, fueron inmediatamente detenidos. Al día siguiente, en presencia del golpe de estado que se preparaba, las Asambleas pidieron explicaciones y Bonaparte se presentó ante el Consejo de los Quinientos. Recibido con los gritos de ¡Dictador!, ¡tirano!, hizo expulsar a los diputados por sus granaderos. Por la noche, los Quinientos, reducidos a treinta miembros, ratificaron el golpe de estado y formaron una comisión consular ejecutiva compuesta por Sieyès, Roger Ducos y Bonaparte, investida de poder dictatorial para reorganizar la Administración, restablecer la tranquilidad interior y concluir con Europa una paz honorable y duradera. En cada uno de ambos consejos fueron elegidos veinticinco miembros para preparar las reformas que habían de introducirse en la Constitución.

Así se ponía de manifiesto que, al romper con la monarquía constitucional, la Revolución había hecho imposible el régimen de soberanía nacional para cuya instauración se promovió.

Por segunda vez, la República —carente de un poder ejecutivo estable— se revelaba como no viable. Democrática, había sido arrollada por los movimientos callejeros y cedido el paso a la dictadura terrorista de las sociedades populares de París; liberal, .se sintió incapaz para resistir a su propio ejército victorioso y fue brutalmente derribada en provecho de una dictadura militar que iba a estabilizar la revolución con un autoritarismo más rígido que el de la monarquía absoluta.

PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 9-118