El Consulado

Hilo de: La revolución Francesa

Instauración del poder personal

Todos los poderes en Bonaparte

El Consulado, instaurado por el golpe de estado del 18 brumario, estableció la transición entre el régimen representativo y el autoritario. Al adoptar como base del régimen la libertad civil, la defensa de la propiedad privada, el orden y la paz, Bonaparte se aseguraba el apoyo de la inmensa mayoría de la nación, sobre todo el de las clases propietarias. El Consulado podía tomar el poder en unas condiciones de estabilidad y orden que no se habían vuelto a dar unidas desde 1791, y esto gracias a la tarea realizada por el Directorio, que había logrado la paz religiosa preparando, con la reforma de los impuestos, el fin de la crisis financiera que tan gravemente perjudicara a los fines de la Revolución.

La crisis revolucionaria, en el curso de cuyas convulsiones el antiguo régimen llegó a ceder el puesto a un mundo nuevo, había pasado. Sólo quedaba, al restablecer el orden, el organizar la libertad, que estuvo a punto de perecer bajo el Terror y de esterilizarse en la anarquía.

Bonaparte, adueñándose del poder, no limitaba sus miras a una restauración interior de Francia, sino que entreveía la constitución de un vasto imperio cuyo eje fuera el Mediterráneo, económicamente dirigido a Oriente y hacia los mares. Francia no era para él más que el instrumento que debía darle los medios militares y financieros para realizarlo, el centro motor de este proyectado imperio, al que unas instituciones fundadas en la Declaración de los Derechos del Hombre darían unidad social y económica. Bonaparte pensaba, pues, restaurar en su integridad el liberalismo que habían introducido las reformas de orden jurídico y social; lo que no podía admitir eran las instituciones políticas que dando a Francia un régimen representativo la permitiera oponerse a sus miras imperialistas, o las que en cualquier caso fueran incompatibles con sus proyectos.

Bonaparte, cuya fuerza consistió en darse cuenta exactamente del estado de la opinión, iba a conservar la fraseología republicana, al mismo tiempo que a suprimir por etapas el régimen representativo que el Terror y después los sucesivos golpes de estado del Directorio habían organizado.

Con el fin de preparar el poder imperial a que tendía, Bonaparte adoptó el principio de la monarquía absoluta, según el cual la autoridad viene de arriba. La Constitución del año VIII, promulgada el 13 de diciembre de 1799, estableció que la autoridad pertenecía a tres cónsules (Bonaparte, Lebrun, Cambaceres), de los cuales sólo el primer cónsul ejerce soberanamente el poder ejecutivo: promulga leyes, nombra y destituye a los miembros del Consejo de Estado, a los ministros, a los embajadores, a los oficiales del Ejército, a los miembros de las administraciones locales, a los comisarios del gobierno en los tribunales y a los jueces de lo civil y de lo criminal —excepto los jueces de paz y los del Tribunal Supremo, que son inamovibles— . Los otros dos no toman parte en las decisiones del primer cónsul; su función es meramente consultiva. Los cónsules ejercen el poder ejecutivo por medio de ministros nombrados por el primer cónsul, asistido por un Consejo de Estado que prepara las leyes cuya iniciativa pertenece al gobierno. Esto era el restablecimiento, aunque disfrazado, del absolutismo.

Se abandonó el principio electivo, pero con el fin de mantener el contacto entre el poder y la nación fue sustituido por el derecho, para los 6 millones de electores propietarios, a redactar cada tres años unas listas de ciudadanos de entre los cuales el primer cónsul y el Senado harían los nombramientos: una lista de 600.000 para los miembros de las administraciones municipales y jueces de paz; otra de 60.000 para los prefectos, miembros de las administraciones departamentales y jueces de los tribunales, y una tercera lista de 6.000 nombres para los, miembros del gobierno, del Cuerpo legislativo y del Tribunal Supremo.

El poder legislativo comprende un Senado de 80 miembros mayores de cuarenta años, inamovibles; la mayoría, nombrada por el segundo y tercer cónsules, designa a los otros senadores; posee el derecho de anular las actas que le son presentadas, por el Tribunal Supremo o el gobierno, y la prerrogativa de designar a los cónsules.

Un Tribunado de 100 miembros de más de veinticinco años de edad nombrados por el Senado es el encargado de discutir las leyes que, por mediación del Consejo de Estado, le son propuestas por el gobierno.

Por fin, un Cuerpo legislativo formado por 300 miembros de más de treinta años de edad e igualmente nombrados por el Senado recibe todos los informes del Tribunal sobre las leyes propuestas por el gobierno, siendo instado a decretarlas sin atribuciones para efectuar enmienda alguna.

Este sistema, que se presenta como fundado en los verdaderos principios del gobierno representativo y en los derechos sagrados de la propiedad, de la igualdad y de la libertad y que proclama el término de la Revolución, por haber logrado los objetivos que ambicionaba, fue sometido a un plebiscito de 3.012.569 votantes, entre los cuales tan sólo 1.562 votaron no . Prácticamente, la Constitución del año VIII entregaba el poder a Bonaparte.

Bonaparte pone fin al régimen de partidos

Si la dictadura de Robespierre se había fundado en la entrega de todos los poderes al partido jacobino, convertido en partido único, Bonaparte preparó su poder personal poniendo fin al régimen de partidos. Nombró a los siete ministros y a los miembros del Consejo de Estado sin tener en cuenta sus opiniones políticas —personajes del antiguo régimen junto a convencionalistas—, pero escogiéndolos en razón de su valor y de la fidelidad que mostraban a su persona. El Senado fue también constituido por el segundo y tercer cónsules sin discriminación de partidos, principio que siguió el Senado para designar a los miembros del Tribunal y del Cuerpo legislativo.

Los primeros actos de su gobierno fueron de reconciliación: la ley de rehenes decretada contra las familias de los emigrados fue derogada, se hizo la paz con los chouans y fueron suprimidas todas las fiestas de la República, excepto la fiesta de la Concordia (14 de julio) y la de la República (23 de septiembre). La tregua que trajo la reconciliación permitió a Bonaparte intervenir en la libertad de prensa.

De la libertad individual a la autoridad centralizada

La innovación esencial de la Constitución del año VIII consiste en la restauración del poder ejecutivo y en el abandono del principio de elección que las Constituciones republicanas habían introducido incluso en la administración de justicia. Los mismos principios fueron extendidos por Bonaparte a la vasta reforma administrativa que emprendió. En todas partes, los elegidos fueron sustituidos por funcionarios, y los departamentos, divididos en distritos, fueron administrados por prefectos y consejos directamente por el primer cónsul, y a su vez los prefectos eran encargados de nombrar a los oficiales municipales de los ayuntamientos de poca importancia.

En materia judicial, los antiguos Parlamentos reaparecieron en forma de tribunal de apelación, y sus miembros, como los jueces de los tribunales de primera instancia y de los tribunales criminales, dejaron de ser elegidos para ser nombrados en lo sucesivo por el primer cónsul.

En materia financiera, Bonaparte distinguió cuidadosamente la administración del Tesoro y de los impuestos de la política monetaria. Prosiguiendo la reforma que había comenzado el Directorio, centralizó la percepción de impuestos nombrando en cada distrito un cobrador de contribuciones, dependiente de la autoridad de inspectores generales del Tesoro. En materia monetaria, por el contrario, abandonó todo dirigismo y en 1800 la reserva del Tesoro fue confiada a una asociación de banqueros que, bajo el nombre de Banco de Francia, trabajaría para impulsar el comercio y la industria descontando las letras de crédito. A partir de 1803, el Banco de Francia obtuvo el privilegio exclusivo de emitir papel moneda. Así, el cuidado de mantener la moneda sobre bases firmes era entregado a hombres de negocios y su resultado inmediato fue un fortalecimiento de la situación monetaria. El curso de la deuda pública, que era de 7 francos —para un valor nominal de 100— en 1799, subió a 50 en 1800, y el tanto por ciento de interés descendió del 18 al 4 por ciento.

El liberalismo económico restablece la prosperidad francesa

Si antes el Directorio abandonó el dirigismo para seguir el liberalismo económico, Bonaparte, al poner a disposición de la iniciativa privada las reservas del Tesoro del Estado por la creación del Banco de Francia, le dio grandes posibilidades de crédito que provocaron el aumento inmediato de la economía, favorecida por el orden político interior. La utilización de las reservas del Estado como instrumento de crédito las hizo productivas y favoreció enormemente el resurgimiento de la Hacienda pública, saneada por el sistema de presupuestos que aseguró un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Ya desde 1801, la exposición industrial abierta en París revela el resurgimiento de la economía francesa. Bonaparte, comprendiendo que la riqueza económica es la base de toda potencia política, no cesará de favorecer su impulso modernizando y desarrollando la red de carreteras, canales y puertos. El puerto de Amberes va a ser equipado para que recobre la importancia que el cierre del Escalda en 1647 le hizo perder, y el sistema métrico, que fue adoptado por la Constituyente, se puso en vigor. Fueron emprendidas importantes obras que absorbieron la peligrosa masa obrera sin trabajo que vivía en París: la capital de Francia va a cobrar una nueva fisonomía por el trazado de la calle de Rivoli, del Quai d'Orsay y por la construcción de nuevos puentes sobre el Sena.

Ei concordato de 1801 adapta la iglesia al nuevo régimen

El Directorio también había logrado la pacificación religiosa instaurando la libertad de cultos y devolviendo a la religión católica su independencia con la separación de la Iglesia y del Estado. Bonaparte no era creyente, pero la experiencia de la Revolución le enseñó que es difícil pueda constituirse ningún gobierno duradero, en los países católicos, si se erige como adversario abierto de la Iglesia. Sin em bargo, no pensaba ratificar el liberalismo hacia el que se orientaba el Directorio en materia religiosa. Aunque partidario de las ideas liberales en materia civil y económica, Bonaparte, en oposición a los de la Constituyente de 1789, no las consideraba como un fin, sino como un medio con el que destruir todos los organismos económicos o sociales que hubieran podido interponerse entre el Estado y el ciudadano. Su política se acercaba así a la que siguió desde el siglo XVII la de derecho divino, que progresivamente había edificado el absolutismo real sobre la derogación de privilegios.

Frente a la Iglesia, su actitud también debía acercarse a la de la monarquía. De todos los cuerpos sociales capaces de dar jaque al absolutismo monárquico, la Iglesia era el más poderoso. Por no haberlo comprendido, los de la Constituyente habían llevado a la monarquía constitucional a un callejón sin salida. Bonaparte se guardaría bien de repetir su error, y lejos de iniciar la lucha contra la Iglesia es esforzó por hacerla aliada del Estado y uno de los fermentos más importantes de la unidad de su futuro imperio mediterráneo.

El Directorio, bajo la inspiración del general Bonaparte, no había dudado en privar al papa Pío VI de sus estados; pero el Consulado, por indicación del primer cónsul Bonaparte, se los devolvió a Pío VII, entronizado en 1800.

Un año después, fue firmado un concordato entre Roma y París que ponía fin al antagonismo entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia se adaptaba al régimen republicano y devolvía al primer cónsul la autoridad que en otros tiempos había reconocido al rey; perdía su carácter de religión del Estado, con sus inmensos dominios, su potencia económica y sus prerrogativas sociales, dejando de ser el clero una clase privilegiada. Como contrapartida, la Iglesia recuperaba su puesto oficial, era reconocida como la religión de la gran mayoría de los franceses y se afirmaba como una fuerza moral indestructible.

El mapa religioso de Francia, poco más o menos calcado en el de sus departamentos, se componía de 50 obispados y 10 arzobispados, siendo nombrados los obispos, como los prefectos, por el primer cónsul, aunque la investidura canónica les era otorgada por el Papa. Igual que los prefectos nombraban a los alcaldes de los municipios, los obispos designaban los párrocos, que debían ser, no obstante, aprobados por el gobierno. La Iglesia aceptaba la confiscación de sus bienes en provecho del Estado, salvo los edificios del culto que eran puestos de nuevo a su disposición, el Estado se comprometía a pagar un sueldo a los obispos y a los párrocos y se restablecían los cabildos de canónigos. Como funcionarios franceses, los obispos prestaban juramento de fidelidad al gobierno, mas en materia religiosa seguían bajo la obediencia del Papa. En cuanto al sacramento del matrimonio la Iglesia conservaba la libertad de celebrarlo, pero fue impuesto el matrimonio civil a los franceses de cualquier religión, debidamente sancionado por disposiciones penales, y este debía preceder a la ceremonia religiosa.

Sin embargo, al someter el concordato al Cuerpo legislativo para transformarlo en ley de la República, Bonaparte, so pretexto de tomar las medidas necesarias para su aplicación, hizo añadir los artículos orgánicos de 1802, que inspirándose en la declaración galicana de 1682 sometían de hecho la Iglesia de Francia a la omnipotencia del gobierno. Sería necesario el placet del primer cónsul para la aplicación en Francia de todos los breves de la Santa Sede y decretos de los sínodos: los obispos franceses no podrían reunirse en sínodo o ausentarse del país sin autorización del gobierno, y la apelación contra toda decisión que emanase de las autoridades eclesiásticas era admitida en el Consejo de Estado. El Papa, que había protestado contra las arbitrarias modificaciones unilaterales del primer cónsul, las aceptó después por las ventajas que permitía el concordato: por todas partes se afirmaba la piedad, se reorganizaban las Órdenes religiosas y la Iglesia recuperaba su autoridad, aumentada por las pruebas sufridas y saneada por el abandono de sus prerrogativas y de sus riquezas.

El catolicismo, libre de los abusos que habían existido en su seno bajo el antiguo régimen, conoció un extraordinario auge que halló su más alta expresión en el Genio del Cristianismo, la gran obra de Chateaubriand. El culto protestante recibió un trato tan favorable como el culto católico, y, lo mismo que a los párrocos, se asignó un sueldo a los pastores.

El Consulado toma la dirección de la enseñanza

Si la Iglesia representa una fuerza moral, la enseñanza —cuyo casi monopolio había conservado la Iglesia hasta la Revolución— aparece como el fundamento mismo de la formación intelectual y moral de la nación. La Revolución se la había arrebatado a la Iglesia, pero Bonaparte, ahora, atribuyó la mayor parte al Estado. El antiguo jacobino Bonaparte, al igual que Robespierre, consideraba que el ciudadano debe ser formado ante todo como servidor del Estado, y que por tanto el único medio de conseguirlo era inculcarle, por la enseñanza, una ideología cívica. A esto tendió la reforma de la enseñanza que realizó en 1802, y con el fin de disminuir la influencia de la Iglesia se obligó a todos los municipios a que impulsasen la enseñanza privada. El Estado se reservó la segunda enseñanza, en la que se prepara la clase dirigente. Las escuelas centrales organizadas los años anteriores por la Revolución fueron sustituidas por liceos —a razón de uno, al menos, por departamento—, en los cuales se les impuso a los alumnos sometidos a régimen de internado una disciplina casi militar, eran uniformados y obedecían a toque de tambor. La enseñanza superior fue establecida en las capitales. En toda Francia, los programas de los liceos y de las facultades fueron rigurosamente unificados y ordenados según una ideología de base política, cuya finalidad consistía en unir estrechamente al país con el gobierno. Al lado de las facultades, encargadas de preparar a los funcionarios, jueces y personal docente, la Escuela militar reorganizada introduciría en el Ejército, con los métodos de tácticas nuevas, la ideologia que debía preparar la dictadura militar de Bonaparte.

Preparación del código civil

La centralización política del Estado marcha necesariamente a la par con la unificación, no solo de sus instituciones, sino también del derecho bajo el que viven todos sus habitantes. Desde la instauración de la monarquía unitaria por Francisco I se había proyectado la redacción de un código que sustituyera a las numerosas costumbres de las diversas regiones. Con el edicto de Villers-Cotterets se emprendió la primera etapa, y con Luis XIV se continuó con la idea de promulgar un código general de las leyes. Colbert lo había preparado con sus grandes ordenanzas. Bajo Luis XV, las reformas del Derecho civil introducidas por el canciller D’Aguesseau habían aportado una nueva e impor tante contribución; los juristas, entre los cuales Pothier ejerció un papel predominante, también concibieron una teoría general de las obligaciones que sistematizaba el Derecho según una doctrina individualista.

Las reformas llevadas a cabo por la Constituyente, y sobre todo la abolición de los privilegios y de los derechos feudales, habían establecido sobre las mismas bases individualistas los derechos del ciudadano sin mencionar siquiera las comunidades familiares y sociales. A partir de entonces, no faltaba más que codificar el derecho que la evolución de las costumbres y de las instituciones fijaba. El 5 de octubre de 1790, la Constituyente decidió que se redactara un código de leyes para todo el reino, simples, claras y apropiadas a la Constitución, pero esta decisión no fue seguida de ningún cambio.

La Asamblea legislativa recogió el proyecto y en octubre de 1791 invitó a todos los ciudadanos y a los extranjeros a que comunicaran sus puntos de vista sobre el futuro código que se proyectaba y que debía ser una obra definitiva, aplicable a todos los pueblos y a todos los tiempos. Pero no se hizo nada. La Convención, extendiendo a la codificación el principio democrático sobre el que pretendía fundamentar la República, proyectó publicar un código que entendieran todos los ciudadanos. Este debía ser, en resumen, una especie de obra en que se expusiera la Declaración de Derechos del Hombre en adagios. Cambaceres, encargado de redactar un proyecto, lo entregó en agosto de 1793. Formulado en 695 artículos fue considerado demasiado extenso y la Convención lo rechazó. Cambaceres entregó entonces un segundo proyecto, de 295 artículos, pero la Convención cedió el paso al Directorio. Otros dos nuevos proyectos fueron redactados, uno de nuevo por Cambaceres y otro por Jacqueminot, pero jamás fueron discutidos.

El Consulado renunció a la idea de un código al alcance de todos. El 12 de agosto de 1800, Bonaparte, decidido a publicarlo sin tardanza, nombró una comisión de cuatro miembros encargados de redactar el proyecto. Los cuatro eran juristas que se habían formado en el antiguo régimen: Tronchet, presidente del Tribunal Supremo y animado por ideas jurídicas anteriores a la Revolución, que fue uno de los abogados de Luis XVI y había escapado a la muerte ocultándose durante el Terror; Portalis, abogado de Aix-en-Provence, que fue proscrito por el Directorio; Bigot de Preameneu, antiguo abogado del Parlamento de París, que escapó también al Terror ocultándose, y Maleville, que era juez del Tribunal Supremo.

El anteproyecto, que sigue paso a paso la Teoría de los contratos, de Pothier, y al que Portalis dio unidad filosófica, fue elaborado en cuatro meses y enviado a las audiencias y tribunales con el fin de que presentaran observaciones.

Enmendado, el anteproyecto fue entonces llevado al Consejo de Estado, y Bonaparte, que presidió la mayor parte de las sesiones, intervino personalmente en su discusión, sobre todo en lo referente al estado civil de los militares y el estatuto de los extranjeros, así como en materia de divorcio, de separación de cuerpos y de adopción. Cuando el proyecto llegó ante el Tribunado encontró una viva oposición por parte de los republicanos hostiles a Bonaparte, y este, para vencer su resistencia, excluyó a sus adversarios de tal organismo, que después fue reducido de 100 a 50 miembros.

Las 36 leyes que constituían el Código Civil fueron votadas cuando se dio el golpe de estado que debía inaugurar el imperio, en 1804. Este Código Civil —cuya enorme importancia comprendió Bonaparte y al que consideró como su verdadera gloria — es una de las obras más grandiosas que hayan sido realizadas en los tiempos modernos. Concebido con una extraordinaria idea de la evolución individualista y liberal que arrastraba a la sociedad occidental, definió los principios de una manera tan perfectamente apropiada, que debía permanecer casi inmutable durante un siglo. Sin duda, fue la obra más duradera del período de la Revolución y la que marcó en toda la Europa Occidental la influencia francesa.

Intento de expansión marítima

Reconquista de Italia

Cuando el golpe de estado le entregó el poder, Napoleon Bonaparte se había presentado al pueblo de Francia como hombre de la paz, pacifismo por el que la opinión aspiraba ardientemente. La segunda coalición, vencida, se deshizo y con ello se presentaba una ocasión favorable a la República victoriosa para negociar una paz general. Es verdad que se había perdido Italia, pero la paz hubiera podido permitir a Francia la conservación de sus conquistas en Egipto.

Bonaparte dirigió dos cartas abiertas, una al emperador Francisco II y otra al rey de Inglaterra Jorge III, en las que espectacularmente ofrecía la paz a Europa. Esta ofensiva de paz no recibió, ni podía recibir, ninguna respuesta. Y a partir de entonces, cargando sobre Austria e Inglaterra la responsabilidad de los acontecimientos que pudieran derivarse, Bonaparte preparó la guerra necesaria para sentar las bases de su futuro imperio mediterráneo. No aspiraría a realizar conquistas continentales.

Tres potencias obstaculizaban el camino de Bonaparte: Inglaterra, que no podía dejarle la hegemonía en el Mediterráneo sin resistencia; Austria, que se había instalado en Italia y sobre el mar Adriático, clave del imperio mediterráneo, y el zar, que deseaba los Balcanes. En cuanto a Prusia, ya no era rival de Francia desde el momento en que esta se volvía hacia el mar; por el contrario, su política de hegemonía en Alemania la enfrentaba con Austria, a la que Francia combatía. Prusia, al perseguir tales objetivos en el continente, obligaba a Austria a distraer una parte de las fuerzas que hubiera podido oponer a Francia. Por otra parte, el refuerzo de Prusia estableciendo entre las tres potencias continentales un equilibrio de fuerzas levantaría frente a Rusia una barrera que, llegado el caso, podría impedirle intervenir en Europa. Bonaparte, con el fin de animar a Prusia a proseguir por ese camino, le prometió el apoyo de Francia para alcanzar su hegemonía en Alemania.

Aplicando una política semejante con respecto a Rusia, a la que quería neutralizar y a la vez separar de Constantinopla y de Grecia, país que deseaba anexionarse, Bonaparte propuso al zar Pablo I, a su vez deseoso de concertar la paz con Francia, un reparto del Imperio otomano que concedería a Rusia el Danubio y las regiones del mar Caspio. Mientras, los rusos obtenían de la Sublime Puerta la concesión de un régimen político autónomo para las islas Jónicas. La convención de Constantinopla (21 de marzo de 1800) les reconocía el título de República de las Siete Islas y les concedía un régimen constitucional liberal basado en un sistema de representación censitaria. A Rusia se le confiaba oficialmente el protectorado de la nueva República, así como el derecho a mantener en ella una guarnición hasta la firma de la paz. Las posiciones tomadas por Rusia en el Mediterráneo Oriental quedaban consolidadas, y el zar nada tenía que ganar en la alianza de Austria contra Francia.

Pero antes de que se hiciera efectivo el acercamiento franco-ruso sería preciso que Bonaparte alcanzase una nueva victoria sobre los ejércitos de Austria.

Aislada en el continente y abandonada a sí misma, Austria no poseía recursos suficientes para continuar la guerra contra Francia, e Inglaterra, para ayudarla, le entregó un subsidio de 50 millones de francos. Pero fue dinero perdido. Bonaparte, pasando por encima de las normas constitucionales que prohibían al primer cónsul tomar el mando del Ejército, invadió de nuevo Italia, en donde el odio que había suscitado la ocupación ruso-austríaca hizo que se le acogiera como liberador. Vencedor de los austríacos en Marengo, los obligó, por la convención de Alejandría (junio de 1800), a evacuar el Piamonte y Lombardía, restableció la República Cisalpina y nombró al general Jourdan gobernador del Piamonte, mientras que Murat invadía el reino de Nápoles.

Las victorias de Napoleón en Italia parecían abrirle la ruta de Oriente, pero la alianza de Turquía con Rusia, que aún retirándose de la guerra activa con Francia no había concluido la paz con ella, aparecía como un obstáculo para la realización de las miras imperialistas de Bonaparte en el Mediterráneo Oriental. La experiencia había demostrado cuán peligroso era para los ejércitos franceses lanzarse hacia Oriente cuando encontraban, para cerrarles el paso, por una parte a Inglaterra y por otra a Rusia y Turquía. Bonaparte decidió, pues, aprovechar sus victorias sobre Austria para intentar un acercamiento con Inglaterra, pero esta exigía que Francia evacuase Egipto.

Aunque conseguir la paz costase este precio, era de interés para Francia suscribirla, pero como esto significaba para Bonaparte el abandono de su plan de imperio mediterráneo, prefirió renunciar al entendimiento con Inglaterra. Por otra parte, la derrota de Austria se acentuaba. Tras las victorias de Bonaparte en Italia, Moreau derrotaba a los imperiales en Hohenlinden, y Austria, declarándose vencida, abandonó la lucha por el armisticio de Stery (25 de diciembre de 1800), después confirmado por la paz de Luneville (9 de febrero de 1801) que ratificaba las estipulaciones de la paz de Campo Formio. Francisco II, por estos tratados, reconocía a Francia la orilla izquierda del Rin, que fue en seguida organizada en cuatro departamentos franceses; admitía la existencia de las repúblicas bátava, helvética, cisalpina y ligur, y obtenía para los Habsburgo, en compensación, Venecia y el arzobispado de Salzburgo.

En marzo, el rey de Nápoles aceptaba la ocupación de Brindisi y de Otranto por las fuerzas francesas y el cierre de sus puertos al comercio de Inglaterra. Toda Italia desde este momento, quedaba sometida a la obediencia de Francia.

Acrecentada con Bélgica y con la orilla izquierda del Rin, rodeada de repúblicas satélites en Holanda, en Suiza y en Italia, protectora de los reinos de Nápoles y de España, e instalada en Egipto, Francia se afirmaba como dueña de todas las regiones marítimas del occidente de Europa y como primera potencia mediterránea.

Bonaparte iba a lanzarse resueltamente a sus grandes planes de imperio mediterráneo. Pero este ambicioso programa exigía a Francia recuperar un lugar de primera importancia en el mar.

Acercamiento a los Estados Unidos
PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 118-144.