La Constitución Directorial (1795)

Mientras consagraba su victoria sobre la coalición europea por los tratados de Basilea y de La Haya, la Convención adoptaba, el 22 de agosto de 1795, una Constitución que implantaba en Francia una República constitucional. De inspiración liberal, este régimen volvía a transcribir en el preámbulo, puesto bajo la invocación del Ser Supremo, la Declaración de los Derechos del Hombre, a los que tras los terribles excesos que había producido añadía los Deberes del Ciudadano.

Como la Constitución del año 1791, repudiaba el sufragio universal para volver, tal como exigía la evolución histórica, al principio del sufragio censitario, pero aplicado más ampliamente. Fundada en la conservación, la estabilidad, la libertad, la propiedad, reservaba los derechos políticos únicamente a los propietarios, según el principio de que un país gobernado por los propietarios se mantiene en el orden social; y aquel en que los no propietarios gobiernan está en estado de Naturaleza.

Este principio, admitido por el parlamentarismo inglés y por la República parlamentaria de los Estados Unidos, marcaba el abandono de las teorías de Rousseau y la vuelta a las de Montesquieu. Se retornaba a las ideas de 1789. En lo sucesivo serían ciudadanos todos los franceses de más de veintiún años que pagasen una contribución personal, o inmobiliaria, igual al salario de tres jornadas de trabajo, y además, los ex combatientes. El cuerpo electoral comprendía así 5 millones de electores —siete millones durante la Convención— , entre los 25 millones de franceses.

Los ciudadanos eran llamados a votar en asambleas primarias para elegir a los 175.000 miembros de las asambleas electorales, elegidos entre los ciudadanos de veinticinco años, por lo menos, que pagasen una contribución por valor de 150 a 200 jornadas de trabajo, según la población de su municipio. Las asambleas primarias elegian, además, los jueces de paz, así como ciertos oficiales municipales. Incumbía también a las asambleas electorales elegir a los miembros del Cuerpo legislativo del Tribunal Supremo, los jueces y los oficiales departamentales.

Esta Constitución, ampliamente democrática —mucho más que la Constitución americana y que el régimen inglés— restableció la separación de poderes que había descartado la Constitución de 1793. Confía el poder legislativo —como en Inglaterra y en América— a dos Cámaras; pero mientras en Inglaterra la Cámara Alta representa a la aristocracia y en América a los estados federados, en la Constitución de 1795 las dos Cámaras proceden de elección. El Consejo de los Quinientos, formado por hombres de por lo menos treinta años, vota las leyes, que debe aprobar el Consejo de los Ancianos, cuyos 250 miembros habían de tener los cuarenta años cumplidos.

El poder ejecutivo, instituido para evitar toda amenaza de dictadura, pertenece a cinco directores nombrados por el Consejo de los Ancianos de una terna presentada por el Consejo de los Quinientos. De edad superior a los cuarenta años, los directores son elegidos para un período de cinco, pero cada año debía ser sustituido uno de ellos. Este Directorio nombra seis ministros, los generales en jefe, y supervisa la administración y la justicia por medio de los comisarios que designa. Se mantiene la división de Francia en ochenta y tres departamentos y en municipios, mas si los departamentos son administrados por colegios elegidos, en cambio la administración de los municipios es confiada a funcionarios nombrados por los colegios departamentales y confirmados por el Directorio. Se nota, pues, una reacción contra el sistema de municipios autónomos que, bajo la Convención, había favorecido tan frecuentemente a los movimientos insurreccionales.

La Justicia la detentan los jueces elegidos, pero está dominada por un alto tribunal, más político que judicial.

La nueva Constitución garantiza asimismo la libertad de pensamiento, la de prensa y la de culto, repudia todo dirigismo económico, afirma las libertades de trabajo, de comercio y de la industria y consagra la inviolabilidad de los bienes de todos los ciudadanos, manteniendo, no obstante, la confiscación de propiedades pronunciada contra los emigrados.

Hay una innovación esencial: la Constitución establece la separación de la Iglesia y del Estado; todos los cultos son libres y no habrá ninguno retribuido por el Estado. Es abolida la Constitución Civil del Clero.

Renunciando a imponer a la Iglesia la autoridad del Estado, la Constitución de 1795 abandona el tremendo error que había viciado por su base y hecho imposible el establecimiento de la monarquía constitucional. En lo sucesivo, la política se separa de la religión. El Estado va a reconciliarse con la Iglesia, la cual, al recobrar de nuevo su independencia, acepta la confiscación de sus bienes, los şacerdotes emigrados vuelven en masa y el renaciente catolicismo dejará de mostrarse opuesto a la República. A partir de entonces, la emigración, que no representa más que una oposición política, va a perder toda su influencia en el país.

Redactada con la idea de devolver el orden al país y dejarle al abrigo de la dictadura y del estatismo, la Constitución fue sometida a un plebiscito y aprobada por 914.000 votos contra 42.000. Solamente tomaron parte en la votación la quinta parte de los electores.

La obra constructiva de la Convención

La tarea de la Convención había concluído, pero antes de retirarse votó una serie de leyes organizando la enseñanza primaria, no obligatoria, las escuelas centrales y técnicas y la protección de los monumentos históricos. Con el fin de asegurar la fidelidad de los gobernantes a la Constitución excluyó de las funciones públicas a los emigrados y a sus parientes hasta la tercera generación —unas 500.000 personas— y además decretó una amnistía general para todos los delitos políticos.

Al humanizarse, la República, que había traído consigo el terror, iba a intentar hacerse liberal y constitucional. Y la Convención dejó a manos del Directorio, cuyo estatuto acababa de proclamar, el poder y el cuidado de conducirla por esta nueva senda el 27 de octubre de 1795.

Las dificultades para retornar al federalismo

Inmediatamente se vio que el régimen representativo, abandonado a sí mismo, corría el riesgo de destruir la República constitucional, ya fuera en provecho de los monárquicos, ya en el de los jacobinos, y a fin de que el Cuerpo legislativo no fuera arrollado por los partidos extremadamente opuestos, la Convención, tomando una actitud opuesta a la que antes había adoptado la Constituyente, estatuyó que los dos tercios de las dos nuevas Cámaras deberían ser elegidos entre miembros salientes de la Convención.

El Directorio recibía el poder en condiciones particularmente difíciles. La población, cansada de política, deseaba ardientemente orden, seguridad y paz, y el nuevo régimen, atacado por los partidos extremistas, no encontraba en la masa de franceses el apoyo que pudiera ponerle al abrigo de probables crisis. No representaba a ninguna fuerza tradicional. La República que trajo consigo la Dictadura y el Terror no inspiraba confianza. Y así como la monarquía constitucional, combinando la tradición secular del poder con las nuevas ideas de libertad individual, había encontrado la adhesión de la gran mayoría de la nación, el Directorio aparecía como un régimen inestable e improvisado que no pudiendo considerarse seguidor de la tradición monárquica quiso serlo de la antigua Roma, de la que intentó —un poco ingenuamente— evocar el recuerdo vistiendo con toga a los miembros del Consejo de los Ancianos y del de los Quinientos.

Las dificultades a que debía hacer frente el Directorio eran considerables. La dictadura de Robespierre había llevado a Francia al borde de la bancarrota, y el asignado de 100 francos valía todavía 70 céntimos de franco. Los funcionarios no cobraban, y los obreros de los talleres del Estado se declaraban en huelga al no hacérseles efectivo su salario. La miseria, provocada por la desorganización de la vida económica, engendraba en todas partes el bandidaje.

Para proveerse de recursos, el Directorio tuvo que dirigirse a las potencias adineradas. No escaparía a su tutela más que entregándose a los generales, quienes, gracias a las contribuciones, regulares o no, que percibían en los países ocupados, eran los únicos en condiciones de rivalizar con las sociedades financieras.

Con el fin de fortalecer la moneda, el gobierno emitió un empréstito forzoso de 1.000 millones que afectaba a los ciudadanos acomodados, gravó el capital con una contribución progresiva excepcional, pagadera en oro o cereales, y fijó en 40.000 millones el límite de emisión de los asignados. A partir de entonces, la caída fue vertiginosa y todo el mundo especulaba a la baja, viéndose el gobierno obligado a cerrar la Bolsa. Pero la especulación continuó en el mercado negro con una intensidad creciente y con la intervención de los diputados que haciéndose agentes de sociedades financieras se entregaron al más desvergonzado tráfico de influencias.

El Ejército no escapó a este contagio; generales e intendentes enriquecieron a costa de los países ocupados, y los que manejaban el dinero, acaparadores y proveedores de los ejércitos, eran los dueños de la situación. La inmoralidad se extendió. Las elegantes, con vestidos transparentes, a la griega, daban el ejemplo. Mientras el pueblo de París se moría de hambre, el lujo más rutilante se exhibía en las casas de juego y salones de fiestas nocturnas.

Para salir del caos, no había más que una solución posible la supresión del asignado. Y en marzo de 1796, el gobierno lo cambió al 333 por ciento de su valor, por una moneda fiduciaria respaldada por los bienes nacionales aún no vendidos —evaluados en 1.500 millones de francos— el mandato territorial . Pero el mandato territorial, que no era más que una reedición del asignado, se hundió inmediatamente y su consecuencia fue una nueva alza de precios y la agravación del paro obrero.

Para remediarlo, el Directorio, comprendiendo que una situación económica estable es la primera condición para una moneda sana trató de estimular a la industria francesa; si la paz había establecido relaciones normales con Holanda, España, Prusia y Toscana, el gobierno se esforzaría por establecer en torno a Francia una zona de librecambio reduciendo las tarifas aduaneras, a la vez que la República se defendería de Inglaterra con una barrera de derechos de importación elevados y de tasas prohibitivas.

El principio de restablecer la economía francesa ampliando el área de cambios era sabio y prudente, pero sus beneficiosos efectos sólo se dejarían sentir a largo plazo. Y, entretanto, los fracasos económicos favorecían los disturbios sociales. Los anarquistas hacían una oposición de extrema izquierda, Babeuf -que había sido puesto en libertad- emprendía de nuevo la propaganda comunista. que apoyada por varios antiguos terroristas penetraba en el Ejército y en el proletariado. Estallaron motines y Babeuf fue condenado a muerte y ejecutado.

Igualmente, para defender la República contra los monárquicos que no habían depuesto las armas, el Directorio mandó fusilar a Stofflet y Charette, jefes de la insurrección de la Vendée.

Pero la inestabilidad social favorecía la propaganda monárquica, y los emigrados auxiliados por Inglaterra regresaban en masa. Para sostener la República, desacreditada ante la opinión, el Directorio subvencionó a la prensa y dejó reconstituir las sociedades populares. Se iniciaba un círculo vicioso.

El liberalismo, incompatible con la guerra de conquista

Era evidente que la República jamás se llegaría a estabilizar sin antes lograrse aceptar mediante la regresión al liberalismo y la restauración de la vida económica. Pero una y otra no podían hacerse sin que Francia volviese a la paz, sobre todo con Inglaterra, y que esta le abriese los mares y restableciera los intercambios normales.

Inglaterra, abandonada por los países marítimos Holanda y España, era favorable a la paz, pero con una condición: la evacuación de Bélgica. Si la hubiera aceptado, el Directorio habría dado a la República una época de paz ahorrando a Francia la dictadura de Napoleón y a Europa veinte años de guerra. Pero el régimen no era lo bastante fuerte para renunciar a los beneficios de aquellas conquistas, de las cuales vivían los ejércitos republicanos y que servían a la República de tierras de explotación. Las negociaciones con Inglaterra quedaron interrumpidas y el Directorio volvió al círculo infernal de la guerra. La República, a partir de entonces, estaba condenada.

La Constitución directorial había querido estabilizarla asentándola sobre el liberalismo, pero este necesita de una larga educación y del establecimiento de un equilibrio natural entre los intereses económicos y sociales estrechamente ligado a la prosperidad y, por consiguiente, a la acción de los intercambios internacionales. Y ello no puede realizarse en el interior sin afirmarse en el exterior: la política de conquistas es incompatible con el régimen liberal porque aquella necesita un estado autoritario y las guerras que acarrea hacen necesario un régimen de excepción forzosamente estatista.

Pretender hacer de Francia una República liberal siguiendo una política imperialista semejante a la de Luis XIV era una imposibilidad. Francia se encontraba ante un dilema: u organizarse sobre la base de los principios de 1789 en un régimen de paz interior y exterior que suponía el abandono de sus conquistas, u optar por una política de imperialismo que forzosamente debía llevarla a la guerra y a la dictadura. Y al no resignarse a sacrificar sus conquistas el Directorio pronunciaba la sentencia de muerte de la República constitucional.

La guerra contra Inglaterra lanzaría a Francia a una guerra general. Mas no disponiendo de flota suficiente para atacar a Inglaterra —Prusia estaba fuera de causa— intentaría imponer una paz victoriosa al continente volviéndose contra Austria y arrancándole la concesión de la frontera del Rin. Para hacer esto, el gobierno necesitaba recurrir a los generales. Tres ejércitos se pusieron en marcha: el ejército de Sambre y Meuse mandado por Jourdan, el ejército del Rin, de cuyo mando fue relevado Pichegru, sospechoso de ideas monárquicas, para darlo a Moreau, y el ejército de Italia, confiado a Napoleón Bonaparte.

Italia no ofrece posibilidades de resistencia

Italia no estaba en condiciones de resistir el ataque del ejército francés. No ofrecía, en efecto, unidad política alguna, ni siquiera moral. Solamente el reino de Cerdeña hubiese sido capaz de agrupar Italia bajo su égida. Víctor Amadeo III, previendo el peligro que corrían los estados italianos, había intentado desde 1791 unirlos en una liga presidida por un Congreso dotado del derecho a establecer un régimen aduanero y leyes fiscales para Italia entera. A todos los estados italianos les fue propuesto este proyecto, pero la iniciativa fracasó.

Para eliminar al rey de Nápoles, que había adoptado una actitud hostil con respecto a la República, bastó una demostración de la flota francesa ante su capital, en diciembre de 1792, para que en seguida el gobierno de las Dos Sicilias reconociera oficialmente a la República y se declarara neutral en la guerra que se iniciaba.

Y para atraerse el reino de Cerdeña, que era el único que disponía en Italia de un ejército bien organizado, la Asamblea legislativa propuso al rey Víctor Amadeo III su alianza y la cesión de Lombardía, ofrecimientos que fueron rechazados. El resultado fue la ocupación, por las tropas de la República, de Niza y de Saboya y su anexión a Francia, sin resistencia militar por parte del rey de Cerdeña. Víctor Manuel respondió aliándose con Inglaterra y Austria y comprometiéndose a mantener —con subsidios ingleses— un ejército de 50.000 hombres, adhesión que llevó consigo las del Papa, Toscana, el reino de Nápoles —que renunció a su neutralidad— y la de la república de Génova. Solamente Venecia se mantuvo aparte.

Las victorias francesas obligaron a Toscana a retirarse de la coalición. Los otros estados italianos, después del tratado de Basilea, continuaron al lado de Austria, la cual seguía en estado de guerra con Francia.

Bonaparte trata con el directorio de poder a poder

Mientras la ofensiva de los dos ejércitos del Norte fracasaba, Bonaparte alcanzó en Italia, donde encontraba la mínima resistencia, éxitos decisivos sobre el ejército sardo. El Directorio planeó hacer del Piamonte una república, pero aceptó tratar antes con los enviados del rey de Cerdeña, a quienes fue impuesta la paz de París por la que Francia se anexionaba Niza y Saboya (mayo de 1796). Sin importarle las órdenes que recibía del Directorio, Napoleón Bonaparte prosiguió su ofensiva contra Austria y conquistó el Milanesado. Italia, a partir de entonces, no podía oponerle la menor resistencia, y Parma, Módena, los estados de la Iglesia, Génova y Nápoles concluyeron con Bonaparte armisticios que le permitieron exigirles fuertes indemnizaciones.

En los territorios invadidos creó Bonaparte estados soberanos destinados a ser instrumentos de su política. En octubre de 1796, aprovechando movimientos populares que él suscitó, privó al Papa de Módena y Reggio, que transformó en República. En Bolonia, erigida también en república, el Senado promulgó una Constitución idéntica a la del año III, y poco después Ferrara se proclamaba república.

En diciembre, estas tres repúblicas, en presencia de Bonaparte, se unieron en una confederación que tomó el nombre de República Cispadana.

Al mismo tiempo que transformaba el estatuto de la península, Bonaparte continuaba la guerra. Desde Italia, ayudaba a los corsos a expulsar a los ingleses que se habían instalado en la isla. Y después de las victorias de Arcole y de Rívoli obligó al papa Pío VI a firmar el tratado de Tolentino (en febrero de 1797), por el cual el Papa abandonaba Ancona, que sería anexionada a la República Cispadana, y se comprometía a pagar una indemnización de guerra calculada en 20 millones de florines.

Entretanto, España, que deseaba aliarse con Francia cuando esta concluyó la paz de Basilea, pero que no lo hacía por temor a Inglaterra, había vuelto a iniciar conversaciones con el Directorio. Y los ingleses, desde que España firmó la paz, expropiaban todas las mercancías españolas a bordo de los barcos neutrales que detenían en alta mar y apoyaban las veleidades de independencia que comenzaban a apuntar en las colonias españolas de América. Así, la defensa común de los territorios de América fue la base de la alianza franco-española que fue concluida por el tratado de San Ildefonso (19-VIII-1796) y que condujo, mes y medio más tarde, a que España declarase la guerra a Inglaterra (octubre de 1796).

A pesar de los reveses que sufrían en esta época los ejércitos del Rin y de Sambre y Meuse, que después de haber alcanzado el Danubio en agosto de 1796 habían sido rechazados a sus posiciones de partida, Inglaterra había iniciado negociaciones de paz (octubre de 1796). Estas proseguirían en Lille durante el año 1797.

Elevado al trono de Rusia el zar Pablo I por la muerte de Catalina II (7 de noviembre de 1796), emprendió en seguida una política de paz con Francia, retiró los navíos que Catalina II había agregado a la flota inglesa para bloquear las costas de Francia y de los Países Bajos, y suspendió el reclutamiento de hombres, tres por cada quinientos habitantes, que ordenó su madre.

Austria parecía ser el último adversario a quien vencer, mas el Directorio resolvió emprender un nuevo esfuerzo. Envió para ello 30.000 hombres de refuerzo al ejército de Italia y quitó el mando del ejército de Sambre y Meuse a Jourdan para dárselo a Hoche, que acababa de intentar el envío a Irlanda de un cuerpo expedicionario. Mientras Bonaparte atacaría Austria partiendo de Italia, los ejércitos del Rin y Sambre y Meuse reemprenderían la ofensiva a través de Alemania.

Bonaparte, temiendo ver a sus colegas Hoche y Moreau renovar su marcha hacia el Danubio e imponer a Austria una paz que hubiese reconocido a Francia la posesión de la orilla izquierda del Rin, meta esencial de la guerra, se apresuró a tomarles la delantera, y franqueando los Alpes derrotó a los ejércitos del archiduque Carlos desplegados a orillas del Rin para cerrarle el paso; por la Carintia marchó sobre Viena, y sin esperar al negociador enviado por el Directorio impuso sus condiciones de paz a Austria por las capitulaciones de Leoben, que firmó el mismo día (18 de abril de 1797) en que el ejército de Sambre y Meuse franqueaba de nuevo el Rin. Las capitulaciones de Leoben obligaban a Austria a abandonar, en provecho de Francia, los territorios de Bélgica y Lombardía; en cuanto a la orilla izquierda del Rin, debería ser objeto de un congreso de paz con el Imperio.

Estas disposiciones, tomadas personalmente por Napoleón, no coincidían con la política del Directorio, pero permitían a Bonaparte proseguir sus designios de conquista en Italia.

Tan pronto como Lombardía fue arrancada a Austria, Bonaparte hizo que el Cuerpo legislativo de la República Cispadana pidiese su unión a Lombardía y la convirtió en República Cisalpina, con una población de 3.200.000 habitantes y que enarboló la futura bandera de Italia: verde, blanco y rojo. Y mientras fundaba estas nuevas repúblicas según el modelo francés, Bonaparte destruía sistemáticamente las antiguas potencias italianas. Desde las capitulaciones de Leoben había prometido a Austria, como compensación de la Lombardía que perdía, los territorios que la república de Venecia poseía en tierra firme, mientras que él hacía ocupar la ciudad por fuerzas francesas. La antigua y prestigiosa ciudad marítima se veía así herida de muerte. Quedaba por destruir Génova. Bonaparte creó allí, bajo el nombre de Partido Democrático, una quinta columna jacobina que intentó derribar al Senado con un golpe de estado, pero fracasó ante la resistencia del pueblo. Entonces intervino el propio Bonaparte, y en junio de 1797 impuso una Constitución que abolió el Senado e instauró un régimen directorial, el cual no fue más que una fachada para encubrir el protectorado francés.

La joven República Cisalpina, apenas fundada, vio a su vez como se le imponía una Constitución directorial, que Bonaparte hizo proclamar espectacularmente inspirándose en la Fiesta de la Federación que se había celebrado en París en 1790. Por decreto abolió el derecho de primogenitura, el fideicomiso, organizó una guardia nacional y suprimió todos los periódicos. A su vez, la República Cisalpina se transformaba en un protectorado francés.

Dueño de toda la Italia del Norte, de la que disponía soberanamente, Napoleón se aseguró la fidelidad de sus ejércitos asociándolos a su fortuna personal y permitiendo a sus soldados enriquecerse -como había hecho él mismo-, por el pillaje. Bonaparte, desde este momento, hablaba de poder a poder con el gobierno de la República francesa. Pero así como este gobierno solo disponía de poderes legales, Bonaparte poseía un potente ejército victorioso y los considerables recursos que sacaba, a su arbitrio, de las repúblicas vasallas, de las que él era único dueño.

En estas condiciones, al Directorio no le quedaba más posibilidad que la de aceptar la tutela que le ofrecía Bonaparte.

Las elecciones de 1797 dan la mayoría a los monárquicos

Y así, mientras Napoleón se imponía como inspirador de la política del Directorio, se rodeaba de una corte de procónsul romano en Mombello, cerca de Milán, donde había instalado a su esposa, la elegante Josefina de Beauharnais, adoptaba maneras de soberano y creaba la República Cisalpina, los monárquicos, que propugnaban el retorno del rey y el cese de hostilidades, ganaban en Francia más terreno cada día. En las elecciones parciales de marzo-abril de 1797 los votos obtenidos les dieron la mayoría en el Consejo de los Ancianos y en el de los Quinientos. El libre juego de las instituciones democráticas instaurado por la República parecía que iba a conducir, en un futuro muy próximo, al restablecimiento de la monarquía. Por otra parte, el Directorio parecía resuelto a activar la consecución de la victoria, que creía tener ya, con el fin de instaurar definitivamente la paz.

El Directorio intenta salvar la República

La política de Bonaparte, que no ocultaba la intención de imponer a Francia su autoridad personal, se encontraba así doblemente amenazada. A toda costa, pues, estaba decidido a impedir la restauración monárquica y el retorno a una política de paz. Por ello envió a París al general Angereau. Entre los directores, dos no ocultaban sus simpatías monárquicas: Barthelemy, el negociador del tratado de Basilea que había dado a Francia la frontera del Rin, y Carnot, que durante la Convención hizo posible la victoria organizando los ejércitos republicanos.

Los Consejos se preparaban (septiembre de 1797) a exigir la dimisión de los tres directores republicanos) para deslizar la República hacia la monarquía. Pero Angereau intervino e hizo ocupar militarmente las salas de sesiones de los Consejos (4 de septiembre de 1797). Bajo esta presión se invalidaron las actas de 145 diputados monárquicos, de los que 53 fueron deportados a la Guayana junto con los directores Barthelemy y Carnot. También la administración fue depurada de todos los funcionarios sospechosos de monárquicos y restablecida la censura de prensa. Talleyrand, vuelto de América, formaría parte del nuevo gabinete.

La República estaba salvada. Pero se había condenado a sí misma organizando contra el libre juego de sus propias instituciones un golpe de estado que la dejaba a merced del general Bonaparte.

Napoleón impone sus miras imperialistas al Directorio

La República había evitado la restauración monárquica para entregarse a la dictadura militar. Después del golpe de estado de septiembre, el Directorio no fue más que un títere en manos de Bonaparte, quien aprovechó el servicio que acababa de hacer para imponerle la paz de Campoformio (17 de octubre de 1797), después de haberla dictado a Austria. Era la confirmación de una política personal a la que durante dieciocho años Francia iba a servirle de instrumento. Los estados de Venecia quedaban repartidos entre Austria y Francia, y esta recibía las islas Jónicas —Corfú, Zante, Cefalonia y Cerigo—.

El Directorio no quería que se repartiese la república de Venecia, pero en el espíritu de Bonaparte los puntos estratégicos que atribuía a Francia debían servir de partida para grandes conquistas marítimas hacia Oriente. Viena reconocía también la cesión a Francia de Bélgica, del Palatinado y del valle del Mosela, con Maguncia.

La paz de Campoformio, que aureoló de gloria a Bonaparte, no podía ser más que una tregua a causa de la actitud de Austria, que rehusaba se indemnizara a Prusia por los territorios perdidos en la orilla izquierda del Rin. Era volver a poner sobre el tapete la cuestión de la frontera del Rin, que el tratado de Basilea había entregado a Francia. La República estaba así bajo la amenaza de un ataque continental cuando la anexión de Bélgica daba como cierta la continuación de la guerra con Inglaterra. Por otra parte, las posiciones tomadas por Francia en Italia iban a arrastrarla a guerras imperialistas hacia Oriente, que debían conducirla a emprender una lucha de hegemonía, y no sólo contra Austria, sino contra Rusia. Los intereses de Francia eran enteramente sacrificados a las miras personales de Bonaparte, que iba a comprometerla, a pesar suyo, en las mayores aventuras.

La República, después de haber renegado, por el golpe de estado de septiembre, del principio del gobierno representativo y democrático en el plano nacional, entraba resueltamente, en el plano internacional, en la vía del imperialismo y pisoteaba el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, como había afirmado de modo solemne en el año 1790.

La paz de Campoformio, complemento del golpe de estado de septiembre, ponía fin a la República liberal y constitucional.

Bonaparte se apodera de Italia

En diciembre de 1797, Bonaparte regresaba a París como triunfador y se hacía cargo de la política extranjera del Directorio. La paz de Campoformio, al abatir la potencia austriaca, había entregado Italia a Bonaparte, y la República Cisalpina fue transformada oficialmente en un estado vasallo. El 21 de febrero de 1798, sus delegados. llamados a París. fueron obligados a firmar una alianza defensiva y ofensiva con Francia y a pagarle, para sufragar los gastos de los ejércitos franceses de ocupación, un subsidio anual de 30 millones, obteniendo, además, el mando de las fuerzas armadas de la República e importantes ventajas comerciales. La oposición que se manifestó ante este acto fue inmediatamente anulada con la destitución de los dos directores de la República por el ejército de ocupación, que desde entonces no cesaría de intervenir en el gobierno de la República, sometida además a un duro régimen de requisas.

Para dominar Italia era preciso ocupar Roma. Promovidos algunos disturbios, los aprovechó el Directorio para hacer ocupar la ciudad pontifical por las tropas francesas. El papa Pío VI se refugió en Siena (febrero de 1798), y Roma, erigida en república, fue dotada de una Constitución directorial. El campo se sublevó contra los invasores franceses, pero fueron reducidos con ejecuciones en masa.

Mientras tanto, la política francesa se orientaba hacia el Piamonte. Unos disturbios promovidos a propósito permitieron proclamar la República en Asti. Bandas republicanas fueron enviadas de Génova y de la República Cisalpina al Piamonte para promover allí un levantamiento republicano, que sirvió de pretexto al Directorio francés para ocupar Turín en septiembre del año 1798. El rey de Cerdeña fue obligado a abdicar en diciembre, y en septiembre del año siguiente Piamonte sería pura y simplemente anexionado a la República francesa.

Suiza, avasallada y Génova anexionada

Al mismo tiempo que ocupaba u organizaba Italia a su modo, Francia se volvía contra Suiza, y ello porque los gobiernos aristocráticos de los cantones eran favorables a Inglaterra y a Austria, porque Suiza constituía una excelente base ofensiva contra Austria, y también porque París deseaba echar mano al Tesoro de Berna.

Ya en las capitulaciones de Leoben, que preveían la cesión del Milanesado a Francia y la de Venecia a Austria, Bonaparte se había interesado por las rutas alpinas que unían Italia con Austria. Se fomentaron motines en la Valtelina —que dependía del cantón de los Grisones— y Bonaparte ocupó la región, cesión que fue confirmada por la paz de Campoformio.

Algunos meses más tarde, en enero de 1798, Francia se anexionó la república de Mulhouse, y después dirigió un ultimátum a Berna exigiendo la expulsión de los emigrados franceses, al mismo tiempo que preparaba unos disturbios que justificasen una intervención francesa en el cantón. Estos se produjeron, al fin, en marzo, y en seguida tropas francesas entraron en Berna. Un mes después, Ginebra fue ocupada por sorpresa y, bajo presión militar, votó su unión con Francia.

En toda Suiza fueron eliminados los gobiernos aristocráticos, y aunque se produjeron heroicas resistencias en los pequeños cantones, los suizos que tomaron las armas fueron arrollados con salvajismo atroz por el ejército francés. La República helvética, una e indivisible, fue proclamada bajo la protección de Francia (abril de 1798) y dotada de una Constitución directorial que introducía la igualdad de los ciudadanos, la igualdad en los idiomas, la libertad de pensamiento y de creencias y el sistema métrico decimal, derogando el sistema feudal y suprimiendo la tortura. La República fue ocupada militarmente por un ejército francés y le fue impuesta una alianza ofensiva y defensiva que transformaría a Suiza, en 1799, en campo de batalla de los ejércitos franceses y austro-rusos.

Holanda, avasallada

Lo mismo que a las repúblicas italianas y a la República helvética, el plenipotenciario francés acreditado en La Haya exigió a Holanda una Constitución inspirada en la del Directorio. Sometida a referéndum del pueblo, esta Constitución fue rechazada por una mayoría de 108.000 votos contra 28.000, pero se impuso con un golpe de estado perpetrado por los jefes de la Legión Bátava, apoyados por el gobierno francés. En el seno de la Asamblea nacional fueron detenidos los diputados moderados, y los demás tuvieron que prestar juramento de odio contra el estatuderato, la aristocracia y el federalismo. Así depurada, se intituló Asamblea Constituyente e instaló un gobierno directorial según el modelo del de París. Las asambleas de electores fueron también depuradas de elementos conservadores y la Constitución fue ratificada después por un plebiscito.

La República directorial francesa se transformaba en un imperio: Bélgica, el sur de Holanda, la orilla izquierda del Rin, Niza y Saboya eran anexionadas y sometidas al régimen francés, y Holanda, Suiza y el norte y centro de Italia formaban repúblicas satélites, organizadas según el patrón directorial francés y unidas a Francia por alianzas ofensivas y defensivas que las convertían en estados protegidos, en cuyos territorios, por otra parte, se establecieron ejércitos franceses de ocupación.

Desintegración del Imperio Germánico

Así, mientras Francia se anexionaba el Occidente extendiendo por todas partes el régimen francés, y en el interior se operaba una refundición completa de la sociedad y de las instituciones, los estados alemanes enviaban delegados al congreso de Rastadt (noviembre de 1797), cuya reunión había sido prevista por la paz de Campoformio para arreglar diversas cuestiones relativas al Sacro Imperio.

El congreso estuvo reunido durante dieciocho meses sin obtener ningún resultado. La política que el Directorio desarrolló a lo largo de estas reuniones consistió en dislocar el Imperio, atrayéndose, contra Austria, a los pequeños estados alemanes, autorizados a aumentar sus territorios mediante la secularización de los principados eclesiásticos.

Las rivalidades que la cuestión polaca suscitó entre Austria y Prusia aumentaron todavía más desde que Prusia aceptó el firmar separado con Francia, en Basilea. El tratado de Campoformio consagraba la división de Alemania. Los principados eclesiásticos del valle del Rin habían aceptado sin mucha resistencia la ocupación francesa, territorios que en 1797 formaron en República Cisrenana, independiente del Imperio. En ella fueron introducidos el régimen municipal y judicial franceses y comisarios galos habían tomado en sus manos la administración central. En pleno congreso de Rastadt, este rápido afrancesamiento del país culminó (enero de 1798) en la anexión pura y seimple de la República Cisrenana a Francia, de la que formó cuatro departamentos. El francés fue decretado como lengua oficial y se le hizo extensiva la Constitución Civil del Clero. Hubo algunos disturbios, pero prontamente fueron ahogados.

En el año 1796, Francia firmó tratados por separado con Wurtemberg y Baden que colocaban a estos estados bajo el protectorado francés; en ellos fueron secularizados los bienes del clero y abolidos los derechos feudales.

Frente a esta expansión francesa, en detrimento del Imperio que se desmembraba, Prusia y Austria no tenían más objetivo que encontrar compensaciones y rivalizar entre sí, de lo que Francia supo sacar partido para impedir que Prusia se aprovechase la derrota austríaca y asegurarse así la preponderancia en el ámbito germánico. El tratado de Basilea contenía cláusulas secretas prometiendo aumentos territoriales a Prusia, y el tratado de Campoformio implicaba otras prometiendo a Austria que Francia se opondría a toda compensación dada a Prusia en la orilla derecha del Rin.

Aunque el territorio del reino de Prusia aumentó por la unión de los dos principados de Bayreuth y de Ansbach —400.000 habitantes-, que había heredado de Guillermo II en 1791, fue en el interior de sus propios estados donde tuvo que buscar el medio de acrecentar su poderío político y militar. Desde su advenimiento, Federico Guillermo III, que sucedió a Guillermo II, emprendió la reforma del ejército y de la administración de su reino.

Por su parte, Austria, vencida y con el timón gubernamental en manos de Thugut, se hundía en un absolutismo cada vez más despótico, haciendo más duros el régimen policíaco y la censura.

Fin del régimen directorial

En Francia, el régimen directorial seguía desprestigiándose frente a Bonaparte, que victorioso en el continente se presentaba como el restaurador de la paz, el orden y la reconciliación nacional. Y sin embargo, la obra directorial, realizada sin estruendo, aparecería más tarde como realmente constructiva. En efecto, a pesar de las dificultades que le habían legado los regímenes anteriores, el Directorio devolvió a Francia la estabilidad financiera, dotándola de una administración autónoma de contribuciones que debía mantenerse durante todo el siglo XIX: la disposición del impuesto inmobiliario fue refundida totalmente, y las contribuciones personales y mobiliarias, así como las patentes, los impuestos indirectos, la tasa sobre los tabacos, los derechos de timbre, de registro y de hipotecas fueron definitivamente organizados. El impuesto, por primera vez desde 1789, ingresó siempre con regularidad, y el equilibrio presupuestario, base de todo gobierno liberal, fue a partir de entonces cuidadosamente preparado.

Se llevó a cabo una amplia reforma de la enseñanza, se estableció el censo de la población y fue organizada la beneficencia pública.

Una prudente política económica trabajó sin cesar por la conquista de mercados en el continente para la industria francesa. Se construyeron carreteras a través de los Pirineos y en 1798 se abrió la primera exposición industrial. Después de los períodos turbulentos y anárquicos que habían seguido a la caída del antiguo régimen, Francia se daba una organización estable, adaptada a los principios que hicieron triunfar la revolución liberal de 1789-90.

Sin embargo, a falta de un apoyo sólido en la opinión, el Directorio se hacía cada vez más impopular. Tenía en contra a los monárquicos y a los jacobinos, y la burguesía liberal, dificultada en sus negocios por el bloqueo marítimo de Inglaterra y por la depreciación del mandato territorial, se apartaba de un gobierno que no supo dar a Francia la paz exterior, ni la estabilidad política interior. Los escandalosos beneficios realizados por los que se aprovechaban de la guerra, y a los que no eran extraños los políticos, desprestigiaban el poder.

Para tener en jaque a los monárquicos, el Directorio autorizó a los jacobinos que comenzasen de nuevo su propaganda, y las elecciones de 1798 —en las que se abstuvo de participar gran masa de los electores— enviaron a los Consejos una mayoría de jacobinos. Una vez más, el gobierno, para mantenerse, recurrió a un golpe de estado: 98 diputados jacobinos fueron invalidados. Y otra vez aparecía de manifiesto que el régimen representativo en que se basaba teóricamente el Directorio no constituía más que una fachada, tras la cual se disimulaba mal un régimen autoritario sin autoridad y que se mantenía gracias al apoyo que le prestaba el Ejército, representado por el joven e ilustre general Bonaparte.

El Zar intenta política de paz internacional

Catalina II, que se había declarado enemiga de la Revolución, se abstuvo en un principio de intervenir contra ella militarmente, pero una vez repartida Polonia y concluida la paz con Turquía pensó en ayudar a Austria y constituir con este fin un ejército de 60.000 hombres, para cuyo sostenimiento emprendió negociaciones con Pitt para lograr el subsidio de un millón de libras esterlinas; además, había enviado una escuadra rusa a unirse a la flota inglesa para participar en el bloqueo de las costas francesas.

Cuando Pablo I sucedió a Catalina II en noviembre de 1796, Rusia daba fin a un período de cuarenta años de guerra, logrando instalarse sólidamente en el mar Negro y extender su protectorado a Georgia. Y Pablo I, creyendo llegado el momento de organizar su imperio, intentó emprender una política de paz internacional y de reforma social e hizo saber al rey de Prusia que Rusia no ambicionaba ninguna nueva conquista, y al emperador Francisco II que se opondría por todos los medios a los avances de la República francesa; mas era la necesidad de paz del Imperio lo que le impedía intervenir con las armas en una guerra que tocaba a su fin. Al enviado del Directorio en Prusia le declaró que no se consideraba en guerra con Francia y que estaba dispuesto a vivir en paz con ella. Y para apoyar esta declaración retiraba la flota que Catalina II había enviado para bloquear las costas de Francia y de Holanda y ofrecía su mediación en París para acelerar el fin de la guerra.

Al mismo tiempo, retiraba de Georgia el ejército que Catalina II había concentrado para atacar Persia, en un gesto de paz hacia el Imperio otomano.

En el plano interior se había comprometido en una política de grandes reformas que debían asegurar la autoridad del soberano y la paz, social. Al mismo tiempo que cerraba rigurosamente las fronteras del Imperio al espíritu revolucionario, abandonaba las medidas tomadas contra los patriotas polacos y concedía una cierta autonomía a las provincias polacas que Catalina II había pretendido someter al sistema administrativo ruso, redujo a tres días por semana el máximo de prestaciones debidas por los siervos a sus propietarios y prohibió la subasta de campesinos y demás criados sin la venta simultánea de las tierras a que estaban adscritos. Además, afirmó la primacía absoluta del soberano sobre todas las clases de la nación diciendo: solo es grande en Rusia aquel a quien yo hablo y durante el tiempo que le hablo.

Para reafirmar la autoridad imperial, restituyó el orden regular de sucesión al trono que Pedro I había relegado en 1722. También trató de restablecer el orden en las finanzas, muy quebrantadas por las prodigalidades y las guerras de Catalina II. Esta política de paz no significaba que Pablo I renunciase a intervenir en la política internacional, pues al mismo tiempo que reducía las cargas militares que pesaban sobre la población reorganizó su ejército a la prusiana, abrió ampliamente sus estados a los emigrados franceses y ofreció en Mitau una residencia y una pensión al Conde de Provenza, que había tomado el nombre de Luis XVIII —y al que la paz de Campoformio obligó a abandonar Italia-—, asegurándose de este modo una excelente baza para el día en que la monarquía fuese restablecida en Francia.

Campaña contra Inglaterra en Egipto

Bonaparte había ofrecido a Francia victorias espectaculares, la rodeo de estados satélites y le prometía la paz, aunque el único obstáculo para esto último era Inglaterra. Era preciso, pues, hacer un último esfuerzo para vencerla. Mientras que Francia triunfaba en el continente, Inglaterra le había infligido en el mar dos gravísimas derrotas. En febrero de 1797 destruyó gran parte de la flota española en aguas del cabo de San Vicente, y en octubre del mismo año había llevado al desastre a la armada holandesa en Kamperduin.

Con la flota francesa del Mediterráneo, que conservaba aún su potencialidad, Bonaparte resolvió dar un golpe a Inglaterra en su prosperidad comercial, base de su poderío, ocupando Egipto, y cortándole de este modo la ruta de la India. La idea no era nueva. En los planes de reparto de Turquía que habían sido elaborados por José II se preveía la ocupación de Egipto por Francia. Egipto aparecía como un posible mercado para los productos de Francia y las Antillas francesas, que podrían suplantar allí a los que se importaban de la India.

Mas la conquista de Egipto era para Bonaparte otra cosa muy diferente: era el primer paso hacia el Oriente, desde donde sería posible, según esperaba, ocupar Siria y después Constantinopla. Así pensaba cortar a Inglaterra la ruta de Asia y la de la India, donde se preparaban, a indicación suya, alianzas contra Inglaterra. Ya a fines de 1797, el nabab de Maisur, Tippoo-Sahib, hizo saber a Bonaparte, por el gobernador de la isla de Francia, que el envío de un cuerpo expedicionario de 10.000 europeos y 30.000 negros le permitirían arrojar a los ingleses de la India.

La ocupación territorial de Egipto, Siria y Constantinopla facilitarían grandemente al general Bonaparte la empresa de realizar el imperio mediterráneo con que soñaba.

A Bonaparte le costó poco trabajo ganarse a los miembros del Directorio para sus planes de campaña contra Egipto, pues temían que este intentara asaltar el poder. En 1798, la flota francesa, que contaba 335 navíos, de ellos 13 barcos de línea, abandonaba Tolón llevando hacia Oriente un ejército de 54.000 hombres. A su paso desembarcó tropas en Malta, ocupándola, y después, echando anclas en el delta del Nilo, las fuerzas francesas destrozaban al ejército egipcio al pie de las Pirámides.

Pero esta espectacular victoria debía transformarse pronto en desastre con el ataque y destrucción de la flota francesa (1 y 2 de agosto de 1798) por el almirante inglés Nelson, en la rada de Abukir. Esta vez, el poderío naval de Francia había recibido un golpe de muerte. La empresa de Bonaparte, iniciada sin poseer Francia el dominio marítimo del Mediterráneo, era una locura que trajo consigo el que el ejército francés se encontrara sin comunicación con la metrópoli. Esta fue la señal para la formación de la segunda coalición contra Francia.

Inglaterra, Turquía, Rusia, Austria contra Francia

Las miras de Bonaparte sobre el Oriente tuvieron profunda repercusión en la política del zar Pablo I, inquieto por los manejos secretos de Napoleón con los griegos, por los preparativos en Tolón de la expedición a Egipto, que se había creído en Rusia iba destinada a un desembarco en las orillas del mar Negro, e igualmente por la organización de una legión polaca en Italia, Por todo ello, Pablo I había iniciado un acercamiento a Inglaterra y Turquía.

Cuando se produjo la ocupación de Malta por las fuerzas francesas, el zar aceptó el nombramiento de Gran Maestre de la Orden de Malta. A partir de entonces, la suerte estaba echada. La paz de Campo Formio, al permitir a Francia instalarse en las islas Jónicas y en los territorios de la Albania veneciana, fue considerada por Turquía como una grave amenaza. En seguida estallaron sublevaciones en Bulgaria; Montenegro —que desde 1791 formaba un principado episcopal independiente—, se había vuelto hacia Francia para obtener su apoyo contra Turquía, y los griegos, a quienes la Revolución francesa entusiasmó y que, por sus piraterías y bandas de clephtos constituían un peligro permanente para Turquía, también se orientaron hacia Bonaparte. De repente, la ocupación de Egipto hizo patente el vasto plan de imperialismo oriental que preparaba Bonaparte. En los comienzos, el sultán Selim III quedó intimidado por sus victorias, pero después de la destrucción de la flota francesa en Abukir se alió con Rusia y declaró la guerra a Francia.

La alianza turca abría a Pablo I los Estrechos. Y mandó a su flota a unirse con la otomana para atacar en las islas Jónicas a las guarniciones francesas que fueron instaladas allí después de la paz de Campo Formio; mientras, el rey de Nápoles, Fernando IV, ponía sus puertos a disposición de la flota inglesa que volvía victoriosa de Egipto, y sus tropas invadían la República romana. En diciembre de 1798, Rusia se aliaba con Inglaterra contra Francia, y en enero de 1799, Austria, iniciando de nuevo la guerra, se unía a ellas.

La guerra estalló a la vez en el continente y en Oriente. En Siria, después de haber conquistado Jaffa, Bonaparte se vio detenido ante San Juan de Acre. Los rusos tomaron la isla de Corfú. Y en la India, el aliado eventual de los franceses, Tippoo-Sahid, derrotadas sus huestes por los ingleses, moría entre las ruinas de su capital.

Esto representaba el hundimiento de los vastos proyectos orientales de Bonaparte, y en el continente la posición de Francia, tan fuerte después de Campo Formio, también aparecía de repente un tanto comprometida.

En el congreso de Rastadt, que se había iniciado bajo el protectorado de Bonaparte, el emperador Francisco II se reafirmó como dueño de Alemania, sus sesiones fueron clausuradas apresuradamente y los plenipotenciarios franceses fueron asesinados. Parecía que Francia, ante la Europa coaligada, se tambaleaba.

El gran ejército de un millón de hombres que la Convención había reclutado estaba en gran parte desmovilizado, siendo preciso, para salvar la situación, reclutar a toda prisa 200.000 soldados en medio de una abierta resistencia de la población.

El ejército francés de Italia, sin embargo, tomó la ofensiva, conquistó el reino de Nápoles y proclamó la República Partenopea.

Intervención rusa

Pero se preparaba una lucha más dura. Por primera vez en la historia de Europa, el poderoso ejército ruso que había preparado Catalina II inició la marcha hacia Occidente. Bajo las órdenes de Suvarov, y al lado de las fuerzas austríacas, penetró en Italia.

Mientras que otras tropas anglo-rusas, desembarcando en el sur de Italia, reconquistaban Nápoles y restauraban la monarquía en medio de duras represiones, el ejército de Suvarov derrotaba a las tropas francesas y las rechazaba hasta la frontera de los Alpes marítimos.

Era el momento en que la flota rusa intervenía victoriosamente en el Mediterráneo y en el que Pablo I, lanzando a Rusia a una gran política de expansión, firmaba en plena guerra europea un ucase creando la Compañía Rusoamericana y otorgándole el monopolio del comercio en la costa americana del Pacífico, al norte del grado 55 de latitud norte, para hacer la competencia a los ingleses y a los americanos en el negocio de pieles con China.

Poco después, las fuerzas anglo-rusas desembarcaban en los Países Bajos.

Rusia estaba en condiciones de tomar la dirección de la guerra continental y su plan parecía ser la preparación de una doble ofensiva contra Francia, tanto desde el Norte como desde el Sur. Suvarov, en efecto, después de sus victorias en Italia, se disponía a marchar sobre París para restaurar la monarquía. Pero la corte de Viena, inquieta por el creciente papel que tomaba Rusia, se negó a que Suvarov marchase sobre París y pidió a las tropas rusas de Italia que fuesen a Suiza a reforzar las tropas austríacas, con el fin de permitir a las del archiduque Carlos, que se encontraban en este país, marchar hacia Alemania.

Sin esperar la llegada de los rusos, el ejército austríaco inició su movimiento hacia Alemania de tal forma que, cuando las tropas rusas franquearon el San Gotardo en septiembre, se encontraron en una situación muy peligrosa en Suiza. Algunos días antes las tropas anglo-rusas desembarcadas en las Provincias Unidas acababan de sufrir un desastre. Rusia había perdido la ocasión de extender su influencia política y militar hasta la Europa Occidental.

A los rusos no les quedaba más que batirse en retirada, y acusando a los austríacos de haberles traicionado en Suiza, y a los ingleses de hacer lo mismo en Holanda, Pablo I abandonó la alianza anglo-austriaca.

La República intenta afirmar su autoridad

Ante el grave peligro que la amenazaba, la República reaccionó. El Cuerpo legislativo exigió la inmediata dimisión y renovación de los directores y los ministros y como poco antes hiciera la Convención, se apoderó del gobierno.

La situación estaba totalmente restablecida en noviembre. Se había perdido Italia, pero se conservaban Holanda y la frontera del Rin y el abandono ruso dejaba a Austria fuera de combate. Una vez más, Inglaterra era la única que quedaba en liza.

Napoleón y el 18 Brumario

Bloqueado en Egipto, donde sus ejércitos se hallaban amenazados de una capitulación más o menos cercana, Bonaparte temió que la recuperación militar interior condujese a Francia a negociar sin su intervención una paz general. Toda su política personal estaba comprometida. Abandonando, pues, su ejército a toda prisa, marchó a Francia, donde llegó en octubre de 1799. La opinión, en este momento, estaba cansada de Revolución y de guerras; deseaba la paz, el respeto a los derechos individuales, la libertad económica y un régimen de orden que permitiese la restauración de la prosperidad.

El Directorio, a pesar de sus excelentes reformas interiores, seguía siendo impopular porque era incapaz de dar estabilidad a la República y su tentativa de volver a un régimen liberal había fracasado. Y desde este instante, la creencia era que Francia no podía escapar a un régimen autoritario. Conseguida la igualdad civil y fiscal, el pueblo se desinteresaba de la política. Y en cuanto a lo demás, solo aspiraba a la protección de la propiedad y de la seguridad. Así, pues, el Directorio, por los golpes de fuerza que había desplegado contra los monárquicos y jacobinos, aparecía como el continuador de los gobiernos revolucionarios cuyos excesos todos temían.

Por el contrario, Bonaparte volvía a París en ausencia de los generales que acababan de restablecer la situación militar en el continente y con una aureola de gloria por sus victorias. Solamente su intervención había permitido al Directorio dominar primero a los monárquicos y después a los jacobinos. La autoridad militar parecía ofrecer las garantías que no daban los gobiernos republicanos. En ausencia de Bonaparte, Francia había estado a un paso del desastre. Su prestigio militar hacía que se le considerase como el único capaz de imponer la paz en Europa, y todas estas razones le habían proporcionado una gran popularidad de la que incluso participaba su familia. Su hermano Luciano llegó a ser elegido presidente de los Quinientos; su hermano José era miembro del Consejo de los Ancianos, en cuyo seno le era adicta la mayoría, y tres de los directores y la mayor parte de los ministros eran favorables a la instauración del poder personal de Bonaparte. Así, tan pronto como llegó a París preparó un golpe de estado, para cuyo financiamiento halló en seguida colaboración.

El 18 brumario —9 de noviembre—, pretextando un complot jacobino, el Consejo de Ancianos confió a Bonaparte el mando de todas las fuerzas armadas de París. Aquel mismo día prestó juramento ante los Ancianos, y en las Tullerías pasó una revista espectacular, durante la cual se hizo aclamar contraponiendo al fraude, las exacciones y las leyes expoliadoras de un gobierno degradado, generadoras de la miseria del pueblo, su obra personal de conquistas, de enriquecimiento y de paz. Denunciando el despotismo que preparaba el Directorio -según él decía-, reclamaba una república asentada sobre bases de legalidad, de moral, de libertad civil y de tolerancia política, se alzaba contra el reinado de las facciones y reivindicaba para los ex combatientes el derecho a ser los dueños de los destinos del país.

Este discurso demagógico —en el que para instaurar una dictadura que debía inaugurar una gran política de guerra y de conquistas, Bonaparte se presentaba como paladín de la legalidad y de la paz—, fue acogido con gran entusiasmo. Poco importaba a la opinión el que no hiciera ninguna alusión a los derechos políticos de los ciudadanos, cuya gran mayoría se abstenía de votar; le bastaba con que Bonaparte prometiese orden, protección a la propiedad, terminar el fraude de las facciones políticas, la garantía de los derechos civiles, la prosperidad y la paz, para que la opinión se entregase.

Como respuesta a su proclama, los directores Sieyès, Roger Ducos y Barras, con el fin de abrir a Bonaparte el acceso al poder, dimitieron. Los directores Gohier y Moulin, que se negaron a seguirles, fueron inmediatamente detenidos. Al día siguiente, en presencia del golpe de estado que se preparaba, las Asambleas pidieron explicaciones y Bonaparte se presentó ante el Consejo de los Quinientos. Recibido con los gritos de ¡Dictador!, ¡tirano!, hizo expulsar a los diputados por sus granaderos. Por la noche, los Quinientos, reducidos a treinta miembros, ratificaron el golpe de estado y formaron una comisión consular ejecutiva compuesta por Sieyès, Roger Ducos y Bonaparte, investida de poder dictatorial para reorganizar la Administración, restablecer la tranquilidad interior y concluir con Europa una paz honorable y duradera. En cada uno de ambos consejos fueron elegidos veinticinco miembros para preparar las reformas que habían de introducirse en la Constitución.

Así se ponía de manifiesto que, al romper con la monarquía constitucional, la Revolución había hecho imposible el régimen de soberanía nacional para cuya instauración se promovió.

Por segunda vez, la República —carente de un poder ejecutivo estable— se revelaba como no viable. Democrática, había sido arrollada por los movimientos callejeros y cedido el paso a la dictadura terrorista de las sociedades populares de París; liberal, se sintió incapaz para resistir a su propio ejército victorioso y fue brutalmente derribada en provecho de una dictadura militar que iba a estabilizar la revolución con un autoritarismo más rígido que el de la monarquía absoluta.

PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 91-118.