Fracaso de la revolución liberal

Política de guerra civil
Francia declara la guerra a Austria
La cuestión polaca
La dictadura insurreccional
Política de terror

Política de guerra civil

Si la Constituyente había concebido un régimen de monarquía constitucional, ahora correspondía a la Asamblea legislativa la puesta en vigor de la Constitución de 1791. Al disolverse la Constituyente , en un gesto de desinterés que más tarde se revelaría desastroso, excluyó a sus propios miembros de la futura Asamblea legislativa. Esta, elegida por los electores activos de la burguesía, quedó compuesta por hombres nuevos, generalmente muy jóvenes -la mayoría de los diputados tenía menos de treinta años- y de condición modesta. En ella se manifestaron tres tendencias: los feuillants, que constituían el partido moderado, monárquico y constitucional y disponían de 264 escaños, y el ala activa, que consideraba a la Revolución como no acabada y contaba con 136 miembros, repartidos entre una fracción liberal —los futuros girondinos— de tendencia republicana, y una fracción democrática más netamente antimonárquica que reclamaba reformas de orden político y social. Entre estos grupos, una masa de 345 diputados independientes formaba un centro bastante amorfo.

La situación política aparecía llena de dificultades. La crisis religiosa no estaba resuelta y por consiguiente la posición del rey con respecto a la Constitución seguía siendo poco clara; la crisis financiera no cesaba de acentuarse —a finales de 1791 el asignado había perdido el 40 por ciento de su valor—; la inflación conducía a un alza constante de los precios, y el aumento del paro obrero creaba entre el proletariado de París y de las grandes ciudades una miseria que los agitadores de los partidos extremistas aprovechaban para mantener una efervescencia social constante y peligrosa. Además, el pánico impulsaba a los aristócratas a emigrar en gran número.

Los excesos de la persecución religiosa y los constantes disturbios creaban en el extranjero y en las clases dirigentes —hasta en los Estados Unidos— un movimiento de hostilidad contra la Revolución que se encontraba amenazada, según se creía, por una intervención de las potencias y, en el interior, por acciones contrarrevolucionarias. Para hacer frente a una situación tan peligrosa, Francia sólo contaba con un ministerio del grupo de los feuillants, mediocre y sin prestigio.

Y la Asamblea, en vez de esforzarse por lograr la reconciliación de los franceses atenuando la persecución religiosa, mejorando las condiciones del abastecimiento y afirmando su independencia frente a las tentativas de intimidación de las asociaciones, adoptó una actitud pusilánime. Esperando desarmar a la oposición cediendo a sus exigencias, apenas reunida la Asamblea legislativa emprendió una ofensiva contra los emigrados votando una ley en la que se especificaba que aquellos que no hubieran regresado a Francia en 1 de enero de 1792 serían considerados como traidores a la nación y castigados con la pena de muerte. Luis XVI rehusó sancionar una ley que únicamente hubiera agudizado la división del país, pero exhortó a sus hermanos para que regresaran al país e hizo patente a los emigrados su profundo descontento.

Otras medidas fueron tomadas contra los sacerdotes que se mostraron reacios —so pena de ser privados de sus sueldos y pensiones— a prestar el juramento cívico en un plazo de ocho días. El rey opuso su veto de nuevo, y desde entonces se insinuó una campaña que le presentaba como protector de los emigrados y de los rebeldes.

Francia declara la guerra a Austria

Y así, mientras los jacobinos y los cordeliers se esforzaban por provocar la guerra civil, su ala liberal trataba de explotar la cuestión de los emigrados para arrastrar a Francia a la guerra contra Austria. Persuadidos de que este era el único medio para lograr la unidad de los franceses, veían también en la guerra el remedio de la crisis financiera, ya que la conquista podría permitir la nacionalización de los bienes de la Iglesia en los países que, siguiendo la política imperialista de Luis XIV, ambicionaban anexionar a Francia. La guerra también les parecía un medio para hacer triunfar en toda Europa la ideología liberal y republicana que les servía de programa. Ya en noviembre de 1791, el diputado Isnard declaraba: Si los Gabinetes instigan a los reyes a una campaña contra los pueblos, nosotros incitaremos a los pueblos contra los reyes. De esta forma, la Revolución, que se había dejado arrastrar a una lucha contra la Iglesia, se volvía cada vez más contra todos los soberanos, y por esto mismo contra Luis XVI, considerado como un enemigo de la nación y de la libertad.

En cuanto al rey, aunque violentamente hostil a la persecución religiosa que proseguía la Asamblea legislativa, no quería la guerra. Pero con el fin de conservar el respeto de los partidos extremistas por miedo al extranjero, permanecía secretamente en contacto con el emperador, la zarina y los reyes de Prusia, de España y de Suecia, a quienes animaba a reunirse en un congreso de las principales potencias europeas para contener los excesos en los que temía ver hundirse a Francia.

Bajo el impulso de los jacobinos, la Asamblea adoptaba una posición amenazadora: en diciembre de 1791 obtenía del rey el que invitase al arzobispo de Tréveris a disolver los ejércitos de emigrados que se concentraban en sus territorios. Ante tal amenaza, el emperador Leopoldo II adoptó una actitud conciliadora e hizo llegar a Francia una nota anunciando que el elector de Tréveris había dispersado a los emigrados.

La paz parecía asegurada, pero la Asamblea quería la guerra. Y el 25 de enero de 1792 conminó a Luis XVI para que preguntase al emperador si renunciaba a todo tratado y a toda convención dirigidos contra la soberanía, la independencia y la seguridad de la nación. No habiendo obtenido respuesta, firmó un decreto por el que se confiscaban los bienes de los emigrados. Esperaba, por otra parte, limitar el conflicto a Austria. Custine negociaba en Prusia —en la que los girondinos se obstinaban en ver a una aliada— y Talleyrand en Inglaterra para obtener la neutralidad de estas potencias. Pero el asesinato del rey Gustavo III de Suecia (marzo de 1792), víctima de un complot de la nobleza, libró a Francia del único soberano que había sido activamente partidario de la guerra. El duque de Sudermanie, que ejerció a partir de entonces la Regencia en nombre del rey menor Gustavo IV, era de tendencias liberales e inmediatamente se acercó a Francia.

Luis XVI, aunque buscaba el apoyo de las cortes de Europa, no deseaba la guerra, y para evitarla destituyó a su ministro el conde de Narbona, belicista, y formó un ministerio de coalición en el que, al lado de los feuillants, figuraron los girondinos Roland, en la cartera del Interior, y el banquero ginebrino Clavière, en la de Finanzas. El pacifista general De Grave desempeñó la cartera de Guerra, y el general Dumouriez la de Asuntos Exteriores. Roland llevó enseguida al gobierno, sobre el que el rey carecía de acción, a una política belicosa.

A consecuencia de una nota enviada por el canciller de Austria, Kaunitz, reclamando la restitución de los derechos a los príncipes que tenían posesiones en Alsacia y la devolución al Papa de la ciudad de Aviñón, que acababa de proclamar su anexión a Francia, Dumouriez fue encargado de dirigir al emperador Francisco II —ucesor de Leopoldo II, fallecido el 1 de marzo—, un ultimátum conminándole a desmovilizar sus fuerzas. Francisco II, al contrario que su padre, era absolutista, pero, como él, quería evitar la guerra con Francia. El ultimátum de Dumouriez no obtuvo respuesta, y Austria, sin modificar su posición de principio, según la cual pedía que la monarquía fuese restablecida en Francia como era antes de la convocatoria de los Estados Generales, mantuvo su ejército en estado de movilización debido al peligro que la propaganda jacobina representaba para Bélgica.

Dumouriez, interpretando la actitud de Francisco II como una amenaza contra Francia, propuso a la Asamblea que declarase la guerra a Austria. Esta fue votada en abril de 1792 casi por unanimidad (faltaron siete votos). Una corriente de entusiasmo atravesó la Francia revolucionaria, adhesión que ha dejado un impresionante recuerdo: el canto de marcha de los voluntarios del ejército del Rin, que bajo el nombre de La Marsellesa iba a convertirse en el himno nacional de la República.

Francia acababa de emprender una guerra que no terminaría hasta 1815.

La cuestión polaca y la lucha contra la revolución francesa

En el momento en que se iniciaba el conflicto contra Austria, las tres grandes monarquías continentales se hallaban entregadas a una política de imperialismo en el este de Europa. Las miras de Austria y de Rusia sobre Turquía, y las de Rusia y Prusia sobre Polonia, les inquietaban mucho más que la lucha contra la Revolución francesa. Desde luego, no les desagradaba ver como Francia, debilitada en querellas intestinas, les dejaba las manos libres sobre el continente. Y si en el año 1792 Austria y Prusia habían podido sentirse amenazadas por la expansión de las ideas revolucionarias en Alemania, no sucedía lo mismo en Rusia. Sin duda, Catalina II era totalmente hostil a la Revolución, pero prefería dejar a Austria y Prusia el cuidado de aplastarla, lo que permitiría a Rusia realizar sus designios en la Europa Oriental, aprovechando la guerra en que se viesen envueltas en el Oeste.

El acercamiento de Austria a las potencias marítimas y, en el congreso de Reichenbach, a Prusia, había obligado a Rusia, entonces, a abandonar sus miras imperialistas sobre las provincias turcas. Y como en enero de 1792 la paz de Jassy no le había reportado ninguna ventaja, estaba decidida, una vez más, a encontrar compensaciones en Polonia. Desde el primer reparto, que la había desmembrado y lanzado a la anarquía, Polonia vivía bajo el protectorado ruso, mas Catalina II deseaba estabilizar esta situación. Austria no se oponía a ello, pero Prusia exigía Thorn y el puerto de Danzig, que al darle las bocas del Vístula le permitiría dominar la vida económica de este vasto país, cuya población de 10 a 15 millones de habitantes era tan numerosa como la de la misma Rusia.

Con el fin de escapar a la tutela rusa, la Dieta polaca aprobó en el mes de mayo de 1791 una nueva Constitución con miras a adaptar la Polonia señorial al régimen de la monarquía constitucional. El partido ruso, especie de quinta columna sobre la que se apoyaba Catalina para mantener Polonia bajo su dependencia, se había opuesto inmediatamente a la Constitución. Y cuando Rusia se vio libre, por la paz de Jassy, de la guerra en Turquía, se volvió inmediatamente hacia Polonia. En un manifiesto dirigido al pueblo polaco denunciaba la Constitución de 1791 como inspirada en los principios revolucionarios que arruinaron a Francia y perderían pronto a Polonia.

Y mientras esto sucedía, la Asamblea legislativa declaró la guerra a Francisco II. Nada podía servir mejor a los designios políticos de Catalina. Rompió el tratado de comercio franco-ruso, prohibió todas las relaciones económicas con Francia —en particular la exportación de trigo—, expulsó de Rusia a todos los franceses que se negaron a prestar juramento contra la Revolución y entregó 400.000 rublos a la alianza austro prusiana, pero no se adhirió a ella militarmente. Y mientras que las fuerzas de Austria y de Prusia se concentraban en el Oeste, un ejército ruso de 100.000 hombres penetraba amistosamente en Polonia para reinstaurar la antigua Constitución. Polonia, como aliada de Prusia, solicitó su ayuda, pero esta no acudió. Y mientras los ejércitos austro prusianos invadían Francia por las fronteras del Noroeste, Austria y Prusia firmaban separadamente con Rusia tratados por los cuales se repartían Polonia (julio y agosto de 1792).

En Francia la guerra abre el camino a la dictadura insurreccional

Las preocupaciones de Austria y de Prusia sobre Polonia salvaron a Francia del desastre. Frente al ejército austro prusiano, cuyos reducidos efectivos no debían pasar de los 60.000 hombres, Francia sólo disponía de fuerzas desorganizadas por falta de mandos —los oficiales aristócratas habían emigrado en gran número—y por el principio de la elección de oficiales por los voluntarios, que fomentaba en el Ejército la indisciplina.

Retrato de Maximilien de Robespierre (1758-1794)Retrato de Maximilien de Robespierre (1758-1794)

Y así, la guerra comenzó con reveses. Rechazado de Bélgica, cuya frontera se había apresurado a franquear, el ejército francés inició una retirada hacia Lille y Valenciennes en espantoso desorden, mientras los soldados gritaban «traición! y asesinaban a sus generales. En seguida, los jacobinos se hicieron eco en la Asamblea: Robespierre acusaba a los generales de traicionar a la Revolución y Marat felicitaba a los soldados por el asesinato de sus jefes. Y la Asamblea, siguiendo su política, que consistía en ceder ante las amenazas, decretó el procesamiento de los generales vencidos.

Incitado por las asociaciones, el populacho se agitó acusando abiertamente al rey de complicidad con el enemigo, y para calmar a perturbadores la Asamblea votó la deportación de los sacerdotes que no habían prestado juramento, el licenciamiento de la guardia del rey, que fue sustituida por guardias nacionales, y se estableció un campamento de 20.000 voluntarios a las puertas de París para defender la capital contra los generales facciosos. Luis XVI opuso su veto a estos decretos que organizaban la guerra civil frente al enemigo que avanzaba, aceptando solo el licenciamiento de su guardia. Los ministros, aclamados por los diputados, solo dimitieron como protesta a la decisión del rey, y ante las vacilaciones de la Asamblea los cabecillas incitaron a los amotinados a invadir las Tullerías y a reclamar la retirada del veto real. El rey se puso el gorro frigio y bebió a la salud de la nación, pero rehusó retirar su veto.

Entonces, los jacobinos intentaron sublevar las provincias, y los ayuntamientos de Marsella, Grenoble y Clermont-Ferrand reclamaron, bajo su presión, la abolición de la monarquía. Pero con eso solamente hicieron patente que la oposición al rey, por parte de los jacobinos, no representaba más que a una ínfima minoría de la nación; en 72 departamentos —de los 83 que contaba Francia— las autoridades locales reaccionaron indignadas contra tal actitud. Mientras, la guerra continuaba y Francia se veía amenazada de invasión. La Asamblea, para organizar la defensa, creó con plenos poderes la Comisión de los Doce y declaró a la patria en peligro, es decir, el estado de sitio, que de hecho dejaba en suspenso la Constitución.

A partir de entonces, Robespierre se quita la máscara y se erige como adversario resuelto de la monarquía constitucional. Arengando en el local de los jacobinos a los voluntarios que llegan de provincias, les exhorta a sustituir la ineficaz Asamblea y constituye bajo su dirección un directorio insurreccional secreto.

Los liberales girondinos, que por ideología republicana habían hecho causa común con los jacobinos, van a volverse desde entonces contra ellos, y Robespierre los denuncia como enemigos del pueblo y reclama la sustitución de la Asamblea legislativa por una convención elegida por sufragio universal y encargada de dar a Francia una nueva carta constitucional.

Desbordada por la insurrección, la Asamblea —que desde su reunión había entrado en vías de capitulación ante el motín— otorga una existencia legal a las 48 secciones electorales de París, cuyo núcleo lo constituían los jacobinos, y les reconoce el derecho a poseer un órgano permanente con sede en el Ayuntamiento. A continuación 47 de las 48 secciones votan la suspensión del rey, y Petion, alcalde jacobino de París, pide en nombre de aquellas que la Asamblea deponga a Luis XVI. La legalidad se encontraba cada vez más desarmada ante algunas decenas de millares de revoltosos organizados por los jefes de asociaciones

Algunos concejales prudentes instaron al rey para que abandonase París, donde triunfaba la insurrección violenta, y marchase a provincias, para desde allí, apoyado por la inmensa mayoría del país, continuar representando la legalidad. Pero el monarca rehusó ante el temor de que su traslado llevase a Francia a una guerra civil que esperaba evitar a pesar de todo.

Así la situación, apareció muy desafortunadamente (25 de julio de 1792) el manifiesto firmado por el Duque de Brunswick, comandante de los ejércitos aliados que amenazaba a la capital con una ejecución militar y una subversión total si la persona del rey llegaba a ser tocada. Esto produjo en París una impresión tan considerable que las secciones corrieron a las armas, e instigadas por Danton destituyeron al Ayuntamiento de París y nombraron 82 comisarios en su lugar, que se declararon constituidos en Comuna insurreccional e impusieron su autoridad a la Guardia Nacional.

La asamblea francesa priva al rey de sus poderes

Aquel mismo día (10 de agosto de 1792) la Comuna, apenas posesionada, invitó a la Asamblea a convocar nuevas elecciones en toda Francia, aconsejándole sustituir a los magistrados municipales y departamentales y a los jueces y comisarios de policía acusados de incuria por los patriotas. Al mismo tiempo, bandas armadas invadían las Tullerías. El rey se refugió en la Asamblea y ordenó a los guardias suizos que defendían el palacio de los ataques de la multitud a que cesaran el fuego y regresasen a sus cuarteles. Esta orden, dictada por su extremado interés por mantenerse en la legalidad, iba a permitir la victoria definitiva de la ilegalidad. Los guardias reales, desarmados, fueron arrollados por el populacho. Esta jornada costó la vida a unos 600 suizos, a unos 200 servidores del rey, que fueron asesinados en palacio, y a 400 amotinados.

Mientras las Tullerías eran teatro de sangrientas escenas, muchos diputados, aterrorizados al ver que el rey se ponía bajo su salvaguardia, abandonaron la Asamblea. Cuando la multitud invadió el salón de sesiones, de los 745 diputados solamente quedaban en los escaños 284, que bajo las amenazas de muerte proferidas suspendieron los poderes del rey y abolieron la Constitución, declarando que Luis XVI cesaría provisionalmente de cumplir sus funciones de jefe del poder ejecutivo hasta que una Convención nacional, elegida por todos los franceses mayores de veintiún años, se hubiera pronunciado acerca de las medidas para asegurar la soberanía del pueblo y el reinado de la igualdad y de la libertad. Después, esta Asamblea, reducida a un tercio de sus miembros y sustituyendo —siempre bajo la amenaza de los insurrectos— al poder ejecutivo, nombró en seguida un Consejo ejecutivo provisional de seis miembros —entre ellos Danton—, mientras que el rey, detenido, era conducido a la prisión del Temple.

El golpe de estado de la Comuna insurreccional, fomentado por Robespierre y Danton, había triunfado. Dueña de todos los resortes del poder, organizó rápidamente un régimen de dictadura: fueron detenidos los ministros de gabinete precedente; en todas partes fueron arrancadas las efigies reales; un comité de vigilancia fue encargado de prender a los sospechosos para ser entregados a un tribunal extraordinario que la Asamblea hubo de crear, y la persecución religiosa entró en una fase aguda. Los sacerdotes refractarios fueron perseguidos, suprimidas todas las órdenes religiosas, incluso las dedicadas a la enseñanza y beneficencia que habían sido mantenidas por la Constitución Civil del Clero, y los objetos del culto fueron requisados para ser fundidos.

Ante esta afirmación de fuerza, apoyada en el terror, las provincias, desorganizadas, no reaccionaron. La Fayette intentó arrastrar al ejército para marchar sobre París y restablecer la Constitución, pero el régimen legal creado por la revolución de 1789 había sido vencido por la insurrección callejera.

La dictadura insurrecta pone fin a la monarquía constitucional

El encarcelamiento del rey en el Temple ponía prácticamente fin a la monarquía constitucional. El poder real era sustituído, como detentador del poder ejecutivo, por el gobierno nombrado bajo la presión de la Comuna insurreccional de París y sería un instrumento en sus manos. El rey, árbitro situado fuera y por encima de los partidos, representaba la unidad nacional y la paz interior. Con su veto a las medidas excepcionales decretadas por la Legislativa, había intentado impedir la guerra civil y mantener en vigor los principios proclamados por la Constitución de 1791. Por eso la caída de la realeza, al suprimir el poder moderador del rey, iba a entregar Francia a los peores excesos. Ya los feuillants, previéndolo con claridad, habían rehusado discutir los errores de Luis XVI para salvar la Constitución, comprendiendo que la persona del soberano no podía ser separada de la monarquía constitucional sin asestar al régimen una herida mortal y que su caída arrastraría consigo a la Constitución y a las libertades individuales que ella garantizaba a los franceses.

El error fundamental de los liberales girondinos fue no verlo así. Al ceder a la ideología republicana dieron ese golpe de muerte al régimen cuyo advenimiento habían saludado con entusiasmo y permitieron la instauración de una dictadura que, para arruinar toda la obra política de la Constitución liberal, haría de los girondinos sus primeras víctimas.

La Comuna insurreccional de París, que sustituía al soberano como jefe de poder ejecutivo, concebía sus funciones de modo opuesto al rey. En vez de considerarse como un árbitro entre los partidos, como el guardián de la Constitución de la paz pública, se transformaría en instrumento de la minoría insurreccional, a cuya disposición pondría todos los poderes de un Estado omnipotente y policíaco.

A la sumisa Asamblea no le quedaba más que ser la ejecutora de las órdenes de la Comuna. Y para que esta pudiera dominar al Ejército, envió comisarios de los ejércitos con poderes para suspender y detener a generales y oficiales, perseguir a los sospechosos y tratar como rehenes a los miembros de las familias de los emigrados, al tribunal extraordinario, cuya creación había exigido la Comuna, se le concedieron manos libres para proceder sumarísimamente contra los sospechosos, y la persecución religiosa, de anticlerical pasó a ser anticristiana. Fue suprimida la libertad de prensa y publicadas las listas de las personas que habían firmado peticiones monárquicas, con el fin de entregarlas a la vindicta de los insurrectos. Los derechos del hombre, por cuyo logro se hizo la Revolución y que la Constitución del año 1791 proclamaba solemnemente, eran negados en provecho de una minoría que, afirmando ser el único partido patriota, iba a emprender en seguida el aniquilamiento de las conquistas adquiridas por la revolución liberal e imponer a todo d pueblo francés un riguroso régimen autoritario.

Repercusiones internacionales de la jornada del 10 de agosto

Ante la profunda impresión que causó en toda Europa la detención del rey, el gobierno francés comprendió que era preciso tranquilizar a la opinión, y para ello la Asamblea legislativa repudió solemnemente cualquier política de conquista y en seguida emprendió una serie de negociaciones diplomáticas. Inglaterra había llamado a su embajador, y el gobierno francés, por inspiración de Talleyrand, que veía en la alianza con Inglaterra el apoyo de la política a seguir, envió un agente secreto a Londres con objeto de tranquilizar a Inglaterra con respecto a Holanda y de preparar una alianza entre ambos países que dejaba a Inglaterra manos libres en las colonias hispanas de América.

También, a pesar de la guerra, se iniciaron negociaciones secretas con Prusia para lograr una paz por separado y se hicieron ofertas de alianza a Suecia y Dinamarca. Y con el fin de paralizar a Rusia, se envió un emisario a Constantinopla con la oferta de ofrecer 8 millones como subsidio y el apoyo de la flota francesa a la Puerta para que declarase la guerra a Catalina II. Pero todas estas negociaciones fracasaron. En todas las capitales de Europa, salvo en Suecia y Dinamarca, fueron expulsados los agentes diplomáticos franceses. En cuanto al rey de Prusia, lejos de ceder a las ofertas que le eran hechas, intensificó su esfuerzo de guerra, y pronto Longwy y Verdún se vieron obligadas a capitular.

Política de terror

Ante un peligro tan considerable, el gobierno no hizo más que reforzar el régimen dictatorial. Fueron enviados a provincias comisarios designados por la Comuna de París con plenos poderes para reclutar hombres, hacer las requisas necesarias y buscar a los sospechosos. En dos días (30 y 31 de agosto) se hicieron en París 1.000 detenciones de forma tan arbitraria y en medio de un abuso tan escandaloso, que la Asamblea legislativa, en un sobresalto de energía intentó recuperar el poder. Al llamamiento de los girondinos, conscientes demasiado tarde de que al entregar el país a la insurrección callejera por odio a la monarquía prepararon la ruina de las ideas liberales, la Asamblea pronunció la disolución de la Comuna. Pero la Asamblea se había dejado privar de todos los medios para hacer respetar sus decisiones, y la Comuna, dueña de la calle y de la Guardia Nacional, respondió cursando órdenes de detención contra los jefes del partido girondino. Una vez más, la Asamblea cedió. Envalentonada, y a propuesta de Marat, la Comuna constituyó un comité de vigilancia que esparció el rumor —totalmente falso— de que se estaba organizando una sedición en las distintas prisiones donde se hallaban hacinados los sospechosos.

Al día siguiente, París recibía la noticia de la caída de Verdún. Aquel día (el 2 de septiembre) comenzaban precisamente las elecciones para la designación de los diputados de la Convención y era preciso intimidar a los adversarios de la Dictadura a toda costa. Marat empujó al pueblo a lanzarse sobre las prisiones y durante tres días, después de un simulacro de juicio, los detenidos fueron asesinados. Más de 1.000 personas fueron sacrificadas, mientras que la Comuna de París invitaba a las provincias a practicar las mismas medidas de salud pública. Y las matanzas se prolongaron durante todo el mes de septiembre en diversos lugares. Ante semejantes gestos de intimidación, la inmensa mayoría de los ciudadanos se abstuvo de votar. De los 7 millones de electores que el sufragio universal llamaba a las asambleas primarias, no se presentaron ni 700.000; menos que en las elecciones hechas por sufragio restringido en 1790 y en 1791.

Por otra parte, en todo el país se impusieron los burgueses beneficiados por la Revolución, eliminando a los artesanos y a los obreros. En cuanto al campo, no estuvo representado, por decirlo así, en la Convención. Excepto dos obreros y algunos aristócratas, entre los que estaba el Duque de Orleans—elegido por los comicios con el nombre de Felipe Igualdad—, todos los escaños de la Convención fueron ocupados por diputados pertenecientes a la burguesía.

El ejército austro prusiano es contenido en Valmy

La Convención se reunió el 20 de septiembre. Ese mismo día, los ejércitos prusianos eran contenidos en Valmy (Argona) y la invasión era frenada. Los voluntarios de 1792 y los guardias nacionales militarizados, que eran todos ciudadanos activos, es decir burgueses —no unos desarrapados, como la leyenda ha pretendido—, poniendo en jaque al mejor ejército de Europa impusieron de súbito a las potencias un temor respetuoso hacia la Revolución.

Goethe, que asistía al encuentro de Valmy, considerará a esta victoria como el comienzo de una nueva era en la Historia.

PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 51-63.