Las crisis del nuevo régimen

Difícil adaptación a las nuevas instituciones

La Constitución que el rey y la nación habían dado solemnemente a Francia el 14 de julio de 1790 hubiese podido poner término a la revolución pacífica y legal que, en un año, había conducido al advenimiento del régimen liberal. La transformación profunda de la sociedad y de las instituciones, que tanto reclamó la opinión ilustrada en el transcurso del último medio siglo, se realizaron con un mínimo de perturbaciones, y Francia, siguiendo el ejemplo de la joven América, hacia la cual se dirigían todas las miradas, parecía adoptar —después de una revolución moderada— un régimen de libertad, de tolerancia y de paz.

... Después de la toma de la Bastilla, la llave fue enviada a Washington, puesto que eran los principios de América los que habían abierto las puertas. Los jefes de la revolución, La Fayette, jefe de la Guardia Nacional, y el Vizconde de Noailles, su cuñado, que había tomado la iniciativa, el 4 de agosto de 1789, para la abolición de los derechos feudales, habían luchado en América, La Declaración de los Derechos del Hombre estaba inspirada de modo patente en la Constitución americana, y el 17 de abril de 1790, cuando Franklin murió en París, el café Procope, donde se reunían los más destacados hombres políticos, ostentó su duelo poniendo colgaduras negras.

Los meses que habían seguido a la toma de la Bastilla, a pesar del gran miedo que se extendía por todo el país, fueron, al menos en París, meses de optimismo. La vida de sociedad fue allí más intensa que nunca. Al lado de los salones de madame Helvetius y Condorcet, frecuentados por intelectuales casi unánimemente partidarios del nuevo régimen, se abrían salones políticos donde se formaban los partidos. La vida artística conocía una verdadera transformación. El salón de pintura de 1789, en el que se llegó a imponer con David el triunfo del neoclasicismo, había puesto fin definitivamente al arte amable y elegante del siglo XVIII. Parecía que se inauguraba una nueva era que alimentaba todas las esperanzas, pero pronto fue preciso cambiar de parecer.

El malestar creado por el gran miedo y por la anarquía de los poderes públicos crecía sin cesar. Obreros sin trabajo venidos de todas las provincias se afincaban en París, donde los cabecillas los excitaban a reclamar reformas extremistas recurriendo a la violencia y al motín. Entre los aristócratas de París aumentó la emigración y muchos salones se cerraron, dejando el sitio a los salones políticos, y sobre todo a los cafés, clubs y periódicos. Esta huida casi en masa de la gente de dinero provocó una seria crisis al comercio parisiense que vino a aumentar el paro obrero. El abastecimiento continuaba desorganizado, y como la escasez de alimentos prevalecía, el pan iba encareciendo, lo que ocasionaba una viva agitación entre el bajo pueblo parisiense.

Entre la burguesía liberal se dibujaba una tendencia hacia una ideologia que, renegando de la tradición y sus posibilidades por principios teóricos, volvía la espalda a la monarquía para inclinarse hacia la república y preconizaba una revolución general de los pueblos contra los reyes. Así, pues, mientras que esta ideología sobrepasaba ampliamente las realizaciones previstas por la Constitución, estas aparecían cada vez como más difíciles de aplicar. La transformación de los municipios en cuerpos elegidos precisaba la organización de elecciones en toda Francia, pero faltaba el personal político, ya que entre los oficiales municipales elegidos había más de 20.000 que no sabían escribir. Y sin embargo, a ellos incumbía la tarea de adaptar el país a las nuevas instituciones, formar sus cuadros, organizar las guardias nacionales, establecer la recaudación del impuesto y regular los difíciles problemas del abastecimiento y de la circulación. El orden era mantenido con dificultad y hasta en el Ejército surgían conflictos entre oficiales aristócratas y soldados patriotas.

Estallaron varias rebeliones militares, como la de Naney, que ocasionó más de 300 víctimas, y todo ello hizo perder a La Fayette su popularidad.

El coste de la vida iba en aumento, se ocultaba el trigo y se atesoraba el dinero.

La Constituyente se atribuye plenos poderes

Y sin embargo, sobre las ruinas del antiguo régimen, derribado de un solo golpe, había que rehacerlo todo. Ante la incompetencia de aquellos a quienes incumbia la tarea, la Constituyente creyó que debía intervenir renunciando a aplicar el principio de la separación de los poderes proclamado por la Constitución y atribuyéndose el poder ejecutivo, que confió a una serie de comités elegidos en su seno, los cuales trataron a los ministros como a unos simples empleados: un Comité de Informes e Investigaciones fue encargado de la policía y autorizado para ordenar detenciones, que apenas si se diferenciaban de las antiguas lettres de cachet; el Comité Diplomático, usurpando los poderes reales, dirigió la política extranjera; un Comité de Derechos Feudales sustituyó al poder judicial, siendo su misión zanjar todos litigios relativos a la abolición o al rescate de los derechos feudales; un Comité Eclesiástico se encargó de adaptar la Iglesia a la Constitución Civil del Clero; un Comité de Enajenación de los Bienes Nacionales fue autorizado para organizar la venta de los bienes de la Iglesia puestos a disposición de la nación, y un Comité de Finanzas, en fin, iba a intentar resolver la terrible crisis financiera en que se debatía desesperadamente el país.

Dando la espalda a los principios que acababa de poner como base del Estado, la Constituyente se convertía en una dictadura que heriría de muerte al régimen.

La crisis financiera

De todas las dificultades que obstaculizaban el establecimiento de la monarquía constitucional, la crisis financiera parecía ser la que con mayor urgencia había que resolver. Al poner los bienes de la Iglesia a disposición de Francia, la Constituyente proporcionaba al país una garantía considerable —3.000 millones— que pensaba utilizar para sanear la situación. Hostil al estatismo, la Asamblea rehusó entregar estos inmensos valores al gobierno, que hubiese podido entregarlos a la Caja de Cuentas para así transformarla en Banco Nacional.

Pero cometió el grave error de atribuirse a sí misma la gestión y creó, bajo la dependencia del Comité de Finanzas, una Caja de lo Extraordinario que, con los ingresos procedentes de la venta de bienes nacionales, fue autorizada para emitir billetes de banco concedidos en forma de asignados, es decir, letras de cambio giradas por la Caja y respaldadas por los bienes nacionales.

En teoría, la operación era sana. Pero la difícil situación económica, la falta de confianza y los conflictos que a la vez se plantearon entre la Constituyente , la Santa Sede y la Iglesia iban a hacer difícil la venta de los bienes eclesiásticos. Carente de numerario, la Constituyente se vio obligada a ampliar continuamente la emisión de asignados, que fijada en 400 millones iba a alcanzar rápidamente los 1.200, y ante la depreciación que de ello se derivaba se vio obligada a declararlos de curso forzoso. Rápidamente desapareció el dinero de la circulación y el ciclo fatal de la inflación dio principio. Desde comienzos del año 1790, el asignado de 100 libras ya no era cotizado en Londres más que a 89 libras, y en mayo de 1791 caía a 72 libras. La baja no cesaría ya de precipitarse.

Crisis religiosa

Sin embargo, no fue la crisis financiera lo que debía perjudicar más a la monarquía constitucional, sino la crisis religiosa, en la que la Constituyente se comprometió de modo imprudente. La Constitución Civil del Clero, que por su radicalismo pretendía transformar a los sacerdotes en funcionarios del Estado, debía ser necesariamente considerada por la Santa Sede como un ataque a la independencia de la Iglesia. En Francia, donde las ideas galicanas estaban muy extendidas, no había levantado apenas oposición por parte del clero.

Pero el 22 de julio de 1790, días después de la fiesta en que había prestado juramento de fidelidad a la Constitución, el rey ratificó el nuevo estatuto dado a la Iglesia de Francia, y al día siguiente recibía una carta del Papa —escrita el 10 de julio— condenando este estatuto y a quienes lo aceptaban como cismáticos. La carta del Papa fue mantenida en secreto. La Constitución Civil del Clero, sin embargo, se revelaba como de difícil aplicación, ya que numerosos prelados retrasaban el prestar juramento. Elementos extremistas adoptaron una posición hostil a la Iglesia. El Comité Eclesiástico cometió el error de imponer el juramento no solamente a los sacerdotes recientemente nombrados, sino a todos los obispos y párrocos ya en funciones, bajo la pena de considerarlos destituidos si se negaban. A partir de entonces, la crisis religiosa era fatal.

Crisis real

Y debía tomar todavía un carácter mucho más grave, hasta el punto de traer consigo una crisis real. La condena del Papa —aún mantenida en secreto— colocaba al rey, que acababa de sancionar el estatuto de la Iglesia, ante un problema de conciencia insoluble. Hasta entonces había aceptado, aunque a desgana, sufrir las reformas que le eran impuestas, pero el conflicto que surgía entre su gobierno y el Papa iba a modificar su actitud. Al jurar fidelidad a la Constitución se había comprometido a aplicar una reforma de la Iglesia que el Papa condenaba como sacrílega, encontrándose, pues, ante un temible dilema: o hacerse instrumento de una ley condenada por el pontífice o traicionar el juramento que había prestado ante los representantes de Francia.

El obispo de Aix, monseñor De Boisgelin, dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó obtener de la Santa Sede que atenuase su actitud, pero lejos de buscar un terreno de entendimiento que hubiese hecho posible la oposición del rey, el Papa se mantuvo en una actitud intransigente y en dos breves promulgados en marzo y abril de 1791 condenó públicamente la Constitución Civil del Clero. El rey no tenía más remedio que adoptar una resolución. Y entre su deber civil y su deber religioso, no dudó: no podía optar más que por este último. Desde el momento en que el nuevo régimen entraba en lucha con la Iglesia, es decir contra Dios, consideró que su obligación era renegar de este régimen y restablecer en Francia el respeto a la fe, aunque para conseguirlo tuviera que buscar el apoyo de los soberanos extranjeros.

Al mismo tiempo que el rey se encontraba en tan difícil posición, se envenenaba la lucha religiosa. Una pequeña parte del clero se sometió a la ley y formó la Iglesia constitucional, pero la gran mayoría rehusó prestar juramento. La Constituyente , considerándolos refractarios, los privó de su sueldo y estallaron disturbios entre fieles y patriotas. La Iglesia se encontraba así dividida en dos campos hostiles, y con ella toda Francia y también la Revolución. Mientras que los extremistas —entre los cuales formaron los jacobinos—, adoptaban una posición antirreligiosa e incluso anticristiana, en el Mediodía se fundaban asociaciones monárquicas y en la Vendée se organizaba la resistencia contra la persecución religiosa que comenzaba.

El 18 de abril de 1791, Luis XVI, que rehusaba recibir la comunión de manos de un sacerdote juramentado, se vio impedido por la Guardia Nacional para trasladarse a Saint-Cloud, donde oficiaban sacerdotes refractarios. Coaccionado en su libertad de conciencia por su propia guardia y anteponiendo la inquietud de su salvación a cualquier otro escrúpulo, el rey tomó la decisión —que proyectaba desde que recibió la carta del Papa— de romper con la Constituyente y huir de París.

Crisis internacional

La crisis religiosa, engendrada por la crisis real, venía igualmente a complicar la situación exterior de Francia. La abolición de los derechos feudales, que lesionaba los intereses de los príncipes alemanes que tenían posesiones en Alsacia —la posesión de sus feudos les habla sido garantizada a estos príncipes alemanes por el tratado de Westfalia, que había cedido Alsacia a Francia (1648)—, había creado un grave conflicto que estos llevaron ante la Dieta del Imperio. También se establecieron negociaciones con Leopoldo II.

Con el fin de dar seguridades a Europa sobre sus pacíficas intenciones, el 22 de mayo de 1790 la Constituyente había votado una resolución según la cual la nación francesa renunciaba a emprender ninguna guerra con vistas a obtener conquistas. Sin embargo, y poco después, Aviñón y el Condado Venasino —posesiones de la Santa Sede—, al proclamar su anexión a Francia (12 de junio), provocaron enérgicas protestas del Papa. A las reclamaciones que le fueron dirigidas por los príncipes alemanes y por Roma, la Constituyente había respondido afirmando el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Esto era llevar al plano internacional la teoría de la soberanía nacional, y también legitimar por anticipado la anexión de todos los países que, sublevándose en nombre de la libertad, pudieran reclamar su unión a Francia. El comité contrarrevolucionario creado por el Conde de Artois había intentado sacar provecho de estas diferencias para obtener la intervención de los soberanos extranjeros, pero Leopoldo II no quería la guerra. Le bastaba dejar que Francia se aislase —en el mes de agosto de 1790 había renunciado a todas las alianzas— y se debilitase, según pensaba él, desorganizándose en la revolución. Por otra parte, como Luis XVI había aceptado la Constitución, no le hubiera sido posible intervenir en nombre de los violados derechos del soberano.

Huída del rey

El 20 de junio de 1791, el rey huía de París con su familia para unirse en Montmedy con el ejército francés del general Bouillé. Dejaba sobre su mesa de despacho una Proclama a todos los franceses, en la que después de reprochar a la Constituyente el hacer imposible todo gobierno al juntar en sus manos el poder legislativo y el ejecutivo, anunciaba su intención de regresar a Francia cuando una Constitución que él hubiese aceptado libremente asegurase la libertad de nuestra santa religión, estableciese el gobierno sobre un pie estable y situase a la libertad sobre bases firmes e inquebrantables.

El rey aceptaba así el principio de la monarquía constitucional de que los representantes del pueblo hicieran la Constitución que aceptase el rey, es decir, en la que el poder legislativo perteneciese a la nación. Pero rehusaba someterse a la dictadura de la Constituyente y, sobre todo, participar en la persecución contra la Iglesia en que aquélla se había comprometido.

La Constituyente consideró la huída del rey como el preludio de una guerra ofensiva contra Francia, y el 21 de junio empezó a tomar medidas de salvaguardia: prohibición de exportar dinero, armas y municiones, movilización de los guardias nacionales del Noroeste y llamamiento de 100.000 voluntarios reclutados entre los miembros de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, un decreto suspendía al rey en sus funciones. Detenido en Varennes, Luis XVI fue conducido a París el 25 de junio.

Declaración de Pillnitz

La detención del rey, unida a la condena lanzada por el Papa contra la Constitución de 1791, obligó a Leopoldo II, que representaba en Europa el principio del derecho divino, a cambiar de actitud. En todas las cortes la emoción fue viva. Catalina II se negaba a recibir al encargado de negocios de Francia, y el rey de España expulsaba a los franceses de su reino. Leopoldo II no podía por menos que intervenir. Lo hizo de una manera un tanto acomodaticia firmando con Prusia —agosto 1791— la Declaración de Pillnitz, según la cual las dos potencias reconocían la necesidad de poner al rey de Francia en situación de afirmar, dentro de la más perfecta libertad, las bases de un gobierno monárquico y declarándose dispuestos a «actuar rápidamente de mutuo acuerdo con las fuerzas necesarias», siempre que las demás potencias se adhiriesen a su acción.

Esta Declaración no contenía más que una amenaza eventual, aunque no dejaba de ser una actitud de los monarcas contra la Revolución y para la restauración de los poderes de Luis XVI. La Declaración tuvo las más graves consecuencias para los destinos de Francia y de Europa. El amenazar a Francia con una coalición de potencias, reforzó el ambiente antimonárquico que se desarrollaba y su resultado fue exasperar a los partidos extremistas, extender la idea de que la guerra contra los soberanos era inevitable y que era preciso ir preparando la lucha de los pueblos contra los reyes. Además, permitió a los detractores de la monarquía presentar a Luis XVI como el enemigo interno que era preciso abatir para asegurar la victoria de la Revolución.

La monarquía constitucional apoyada por la Constituyente

Sin embargo, la opinión moderada se dio cuenta de que la suerte de la monarquía estaba ligada a la de Luis XVI. Los feuillants o monárquicos que formaban la mayoría en la Asamblea y querían estabilizar las conquistas de la Revolución bajo la forma de monarquía constitucional, se pronunciaron por el mantenimiento del rey, que suspendido en sus funciones hasta que la Constitución hubiera sido revisada, recuperaría sus poderes tras prestar el juramento constitucional.

Las críticas formuladas por Luis XVI en su proclama, contra un régimen que confundía los poderes legislativo y ejecutivo, parecían fundadas. Lejos de debilitar los poderes que la Constitución atribuía al soberano, convenía, con el fin de impedir la dictadura de la Asamblea, aumentarlos. Por otra parte, parecía prudente, si se quería evitar una coalición europea contra Francia, respetar al rey y devolverle sus prerrogativas. Pero la prudencia de la mayoría de la Asamblea no podía ser compartida por las sociedades extremistas que incitaban a la revuelta popular para dar jaque a la legalidad. A las manifestaciones violentas que organizaron respondió la Asamblea con medidas rigurosas para asegurar el mantenimiento del orden, y las algaradas sangrientas acabaron por poner a los partidos revolucionarios unos frente a otros, en dos campos ferozmente hostiles: por una parte, los liberales —representados esencialmente por los feuillants—, que dominaban la Asamblea, y por otra los jacobinos y los cordeliers, que se apoyaban en la calle y reclamaban la destitución del rey, el sufragio universal y reformas populares.

Los feuillants fracasaron en su tentativa de reforzar el poder ejecutivo haciendo conceder al rey el derecho de gracia, el de disolver la Asamblea y el veto absoluto, pero salvaron a la monarquía constitucional. El 3 de septiembre de 1791 fue votada definitivamente la Constitución monárquica, y el día 14, en la Asamblea, el rey juró fidelidad a la nación y a la ley, siendo aclamado en la Asamblea y en la calle.

Algunos días después se disolvía la Constituyente con estas palabras, que su presidente Thouret dirigía a Luis XVI: Convencida de que el gobierno que más conviene a Francia es aquel que concilia las prerrogativas respetables del Trono con los derechos innegables del pueblo, la Asamblea Nacional ha dado al Estado una Constitución que garantiza por igual la realeza y la libertad nacional. Si Francia hubiese podido atenerse a la Constitución de 1791, hubiese evitado los desastres de las dictaduras terrorista y militar que durante veinticinco años iban a lanzarla en vanas guerras contra la Europa coaligada y perder el primer puesto entre las potencias europeas, preparando, a cambio, la hegemonía continental de Alemania.

PIRENNE, Jacques, Historia Universal, Ed. Éxito, 1961, t. 5 págs. 29-35.