Guerra de las Comunidades

Datos históricos

Fecha: 1520-1521
Bando 1: Guerras civil en Castilla

El conflicto

Las comunidades de Castilla, es decir, las ciudades, los municipios, iniciaron, en 1520, un movimiento de protesta contra la equivocada política seguida por Carlos I durante la primer época que pasó en España, esto es de 1517 a 1520. Toledo era la ciudad más agraviada: no podía olvidar que el sucesor de los cardenales Mendoza y Cisneros en la silla primada de España, era, por voluntad del rey y ambición de sus favoritos, un mozo de veinte años y extranjero, Guillermo de Croy, sobrino de Chièvres.

Ejecución de los comuneros de Castilla en Villalar el 24-IV-1521, visto por Antonio Gisbert, año 1860Ejecución de los comuneros de Castilla en Villalar el 24-IV-1521, visto por Antonio Gisbert, año 1860.

Así se explica que, desde el principio, se pusiera a la cabeza del movimiento, del que fueron alma individuos de la nobleza toledana, principalmente Juan de Padilla. El concejo de Toledo se puso en abierta rebeldía, sin que acertara a llevarlo al camino de la obediencia el corregidor Palma, que estaba casado con una hermana de don Pedro Lasso de la Vega, otro de los nobles rebeldes. El 27 de febrero de 1520, cuando estaban reunidos los regidores, se presentaron en el Ayuntamiento, como emisarios del cabildo catedralicio, el obispo auxiliar Campo y el canónigo Acevedo, a fin de ofrecer al concejo de la ciudad el apoyo de la Iglesia En efecto, el clero, tanto secular, como regular, ayudaba a la propaganda, o descaradamente desde el púlpito, censurando la ida del rey a Alemania, alabando la conducta de los regidores y excitando al pueblo a la revuelta, o mansamente, autorizando una procesión de la Cofradía de la Caridad, organizada para rogar a Dios que iluminase el entendimiento y enderezase la voluntad del rey al buen gobierno de estos reinos.

Don Carlos, desde Galicia, donde estaba esperando los acuerdos de las Cortes de Santiago y La Coruña, requirió a Padilla y a los demás regidores toledanos a presentarse ante él para responder de su conducta La respuesta de los requeridos fue un motín popular, promovido, según parece, por Padilla y sus compañeros de Ayuntamiento. Los revoltosos se apoderaron del Alcázar, expulsaron de la ciudad al corregidor en nombre de la comunidad de Toledo y del rey y la reina, y constituyeron una Junta de Gobierno en la que entró Lasso, que acababa de llegar de Galicia. Carlos V tuvo noticia de esto antes de embarcar en La Coruña; pero, sin poder medir su alcance, se limitó a aconsejar que se procurase sosegar las cosas con maña y templanza.

A las ciudades de Castilla de voto en Cortes comenzaban a llegar noticias de la conducta de sus procuradores en Santiago y La Coruña. Se supo que, para inducirles a votar el injusto y desmesurado servicio, no solo se había dispensado a algunos del juramento prestado al recibir los poderes, sino que el canciller Gattinara había recurrido a toda clase de coacciones, sin excluir la del oro, que consta recibieron los procuradores de Sevilla, Granada, Valladolid, Burgos, Zamora, Segovia y otras ciudades.

En algunas se produjeron alborotos. Promovió el de Segovia el caballero Juan Bravo. Los revoltosos comenzaron por ahorcar a dos alguaciles y dieron también muerte a su procurador Rodrigo de Tordesillas, al volver de La Coruña. Tordesillas y su colega se habían manifestado en Santiago y en La Coruña muy sumisos al rey; bien es verdad, que desde las primeras sesiones, habían declarado que otorgarían el servicio conforme a las instrucciones recibidas de su ciudad. No parece, pues, que Tordesillas fuera asesinado por haber votado el subsidio, sino por haber recibido dinero y por haber pronunciado palabras que suenan a serviles, al dar gracias al rey por la merced que hace a estos reinos en dejar la persona que deja por gobernador. Actas..., publicación de la R. Acad. de la Hist., t. IV, páginas 315-316.

Las gentes de Zamora, obedeciendo a las incitaciones del toledano Lasso, quemaron en efigie a sus procuradores y admitieron a su inquieto obispo Antonio de Acuña, que inmediatamente expulsó de la ciudad al conde de Alba de Liste. Toro, Madrid, Guadalajara, Alcalá, Soria, Avila, Cuenca, Burgos, Salamanca, León, Murcia, Mula y Alicante constituyeron su respectiva comunidad y cometieron atropellos más o menos graves, Burgos depuso a su corregidor y asesinó a Jofré de Cotannes. En León, la aristocrática familia de los Guzmanes expulsó a sus rivales los Luna. Aquí y allí hubo violencias semejantes, aunque con notas peculiares que quitan unidad al movimiento.

En Guadalajara, por ejemplo, los nobles sofocaron los alborotos iniciales, pero escribieron inmediatamente al gobernador del reino, el cardenal Adriano, para pedirle que revocase el servicio que las Cortes de La Coruña habían votado; que redujese las alcabalas al tipo antiguo, y que quitara a los extranjeros todos los oficios que se les habían concedido. Bien claro está que aquellos nobles tenían por justas las reclamaciones de los comuneros, aunque desearan servir al representante del rey. El cardenal, por su parte, también veía lo que había de justo en el fondo de esas reclamaciones, pero no se atrevió a resolver sin consultar a don Carlos.

Aunque era hombre débil, el cardenal-regente reunió en Valladolid el Consejo de Regencia y pidió medios para castigar a Segovia por la muerte de su procurador a Cortes, Tordesillas. Después de oír a sus consejeros y contra el parecer de algunos de ellos, confió la acción punitiva al alcalde de corte Rodrigo Ronquillo, nombrándole pesquisidor y poniendo bajo su mando 1.000 hombres a caballo. Los segovianos se armaron, y dirigidos por Juan Bravo, se dispusieron a impedir la entrada en su ciudad al odiado alcalde, famoso por la dureza de sus castigos. Ayudados por gente armada de Madrid, al mando de Juan Zapata, y por los toledanos que seguían a Juan de Padilla, los segovianos rechazaron a Ronquillo, que tuvo que levantar el campo y retirarse hacia Arévalo. Temía que vinieran en socorro de Segovia los hombres de Salamanca acaudillados por Pedro Maldonado Pimentel, sobrino del conde de Benavente, que, al frente de los populares, había expulsado de aquella ciudad a todos los nobles.

La situación presentaba mal cariz. Algunas ciudades tomaban partido por Segovia. Otras buscaban la concordia, o, como Medina del Campo y Córdoba, declaraban su decisión de mantenerse leales a los representantes del rey. Adriano no desistía de imponer la obediencia a Segovia, y ordenó a la ciudad de Medina que entregase la artillería de la plaza, para emplearla contra los segovianos. Los de Medina se negaron a entregar las piezas, por lo que Adriano ordenó al general Antonio de Fonseca que castigara esta nueva desobediencia. Los soldados de Fonseca incendiaron la ciudad, entonces en el apogeo de su florecimiento mercantil (21 agosto 1520).

Esa energía extemporánea del débil cardenal regente agravó la situación, y varias ciudades, tales como Palencia, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Jaén, Úbeda y Baeza, hasta entonces remisas, procedieron a la constitución de sus comunidades. Los comuneros, firmes en su actitud de protesta y resistencia, comprendieron la necesidad de convenir un plan de conducta. Toledo, como siempre, tomó la dirección, invitando a las comunidades a enviar sus delegados a la ciudad de Ávila.

El rey, ausente, tenía noticia de todo y sus consejeros trataron de restar la acción unificadora de Toledo atrayéndose a algunas ciudades con especiales concesiones. A Valladolid, por ejemplo, se la eximió por merced del pago del servicio y de la alcabala en la venta del pescado, trigo y cebada y se le concedió mercado y feria libres. El cardenal-regente no desconocía la inminencia de la lucha armada, y se preparaba para ella pidiendo dinero al rey y convocando a los nobles castellanos con sus mesnadas. Aunque la alta nobleza se mantuvo, en general, leal al rey y al regente, les aconsejaba templanza. Baste alegar, en prueba, la carta del condestable de Castilla a don Carlos, y la del duque de Alburquerque al cardenal.

Los comuneros, entre tanto, iban llegando a Ávila, donde constituyeron lo que se llamó Junta Santa el 29 de julio de 1520. Los reunidos nombraron presidente al caballero toledano don Pedro Lasso de la Vega, y aunque comenzaron jurando morir en servicio del rey y de la comunidad, sus actos inmediatos fueron la abierta rebeldía. La Junta, en efecto, depuso al corregidor de Ávila; nombró capitán general de las fuerzas comuneras a otro toledano, Juan de Padilla; se declaró emancipada del gobernador y de su Consejo; se incautó de las rentas reales para aplicarlas a la organización y sostenimiento de sus propias milicias, y hasta creó una rudimentaria cancillería, para sustituir a la que dependía del regente, cancillería cuyo funcionamiento ha esbozado el profesor vallisoletano Arribas F. Arribas Arranz, La organización de la Cancillería durante las comunidades de Castilla, en Hispania, núm. XXXVIII.

Ausente don Carlos, la personalidad de la reina madre, doña Juana, pareció recobrar toda su importancia. El cardenal Adriano la visitó en su retiro de Tordesillas, para rogarle que autorizase con su firma las reales provisiones que condenaban el movimiento comunero; pero la pobre loca se negó a hacerlo. El mismo día en que Adriano disolvió el ejército real llegaron a Tordesillas Padilla, Ayala, Maldonado, Bravo y otros capitanes de las milicias comuneras. Doña Juana los recibió afectuosamente, y ellos extremaron sus respetos a la desgraciada señora. Prometió la reina su autorización para castigar a los malos, y los comuneros se retiraron demostrando que nunca fue su propósito secuestrar a doña Juana.

Aunque un poco tardíamente, don Carlos adoptó una resolución muy conveniente para su causa: la de nombrar asociados del cardenal Adriano en el gobierno de Castilla a dos prestigiosos nobles castellanos, el almirante don Fadrique Enriquez y el condestable don Íñigo de Velasco. Debilitó además la causa de los comuneros mediante un documento que daba satisfacción a una gran parte de sus quejas. Suspendió, en efecto, el cobro del servicio votado tan irregularmente en las Cortes de La Coruña; mandó que las rentas reales se percibieran por encabezamiento, como en tiempo de los Reyes Católicos, y que no se proveyera ningún oficio en extranjeros; ordenó que se hiciera efectiva la prohibición de exportar moneda, y dispuso que se regularizase la administración de justicia y se castigara la extensión abusiva de la jurisdicción eclesiástica. Terminaba don Carlos su carta anunciando que volvería a España antes de lo que se pensaba.

En sus instrucciones al Consejo de Regencia, mandaba don Carlos que, sin renunciar a los procedimientos prudentes y templados, perdonando todo lo que pareciera conveniente, para lo que enviaba poderes suficientes, se evitase que Padilla o cualquier otro tuvieran gente armada, so pena de ser tenidos por rebeldes y traidores. Ordenaba, además, a los regentes que reunieran tropas bastantes para disolver la llamada Junta Santa. Si los procuradores pretendían reunirse en Tordesillas, encargaba don Carlos al cardenal y a sus asociados que mirasen si convenía reunir Cortes en esa villa, y en tal caso, las convocasen para quitar a esa posible reunión de procuradores todo carácter sedicioso. No olvidó don Carlos o quien le aconsejara otro aviso oportuno: vigilar a los predicadores indiscretos.

Ocurrió lo que se temía. La Junta Santa se trasladó a Tordesillas, con la anuencia de doña Juana, y expulsó de palacio a los marqueses de Denia, encargados de la guarda de la reina (10 septiembre 1520). Los jefes comuneros mandaban que nadie obedeciese órdenes del cardenal ni de su Consejo, ya que se atribuían la facultad de gobernar, no sabían si en nombre de la reina, del rey o de las Comunidades. Durante algún tiempo la autoridad de los representantes del rey estuvo casi anulada, como ellos mismos confesaban en sus cartas a don Carlos (12 y 14 septiembre). Por si algo faltaba, doña Juana recibió a los procuradores de doce ciudades, aprobó su conducta y les ofreció su apoyo (24 septiembre 1520).

Cuando el triunfo de las Comunidades parecía más seguro, se inició su descomposición. La Junta había caído en la torpeza de enviar a Alemania una comisión de su seno, portadora de una carta de agravios. Antes de que los comisionados llegaran, don Carlos anuló su viaje haciendo las concesiones a que antes hemos aludido. Cuando llegaron no los recibió y tuvieron que regresar a Castilla, corridos y desairados. El prestigio de la Junta quedó muy mermado.

Los fines que las Comunidades se proponían alcanzar eran vagos, diversos y aun contradictorios. Habían empezado por ser un movimiento municipal, pero no democrático, porque los municipios habían caído en manos de oligarquías compuestas de caballeros, es decir, de nobles de segundo rango, cuyos intereses chocaban con los de la alta nobleza y a los que poco importaba el bienestar de las clases inferiores.

No pocas villas y ciudades (Palencia, Nájera, Dueñas) pretendían, a favor del movimiento comunero, sacudir el viejo yugo episcopal o señorial. Otras (Vitoria, San Sebastián) veían en la lealtad al rey el mejor medio de no caer de nuevo bajo señorío. Algunas, como Burgos y Valladolid, enfriaron sus relaciones con la Junta y acabaron por apartarse de ella. Si ciertas villas y ciudades andaluzas, especialmente de la Andalucía Alta (Jaén, Ubeda, Baeza, Cazorla, Baza, Ronda) se habían unido a la protesta comunera, ahora, siguiendo a las de Granada y Cádiz, que se declararon opuestas al movimiento, firmaron en Sevilla, en número de quince, un compromiso de fidelidad al rey (17 febrero 1521). Las ciudades de Galicia se comprometieron también a mantenerse fieles a don Carlos y a oponerse a la injerencia de los comuneros en aquellas lejanas tierras.

Dos refuerzos compensaron, en cierto modo, de estas pérdidas a la Junta. El obispo Acuña se puso resueltamente a su lado con más de 2.000 hombres organizados y mandados por él, y lo mismo hizo el caballero don Pedro Girón, que se había disgustado con don Carlos y sus representantes, porque no le atendían en sus pretensiones sobre el ducado de Medina Sidonia. La Junta premió su adhesión nombrándole capitán general del ejército comunero, con el consiguiente disgusto de Padilla.

De los tres regentes, el menos animoso era el cardenal. El condestable era partidario de una acción resuelta: reunir tropas, entrar con ellas en Tordesillas para liberar a doña Juana de la tutela de la Junta y sostener enérgicamente las decisiones del Consejo. El almirante, en cambio, entró en negociaciones con la Junta, con el propósito de atraerla a la concordia. Lejos de entrar en el camino de la avenencia, la Junta envió a don Carlos dos emisarios, portadores de una carta resumen de sus agravios y pretensiones (20 octubre 1520); escribió también al rey de Portugal, solicitando su apoyo, y trató de sacar de Tordesillas a doña Juana. Esto fue lo que más alarmó a los tres regentes. El cardenal conminó a la Junta a la paz. La Junta respondió amenazando con entrar en Medina, cuartel general de los realistas, y ahorcar a los miembros del Consejo. La guerra era inevitable y los regentes se la declararon a la Junta (31 octubre 1520).

El ejército comunero fue derrotado por el del rey en la famosa batalla de Villalar (23 abril 1521). El ejército rebelde tuvo aquel día un millar de prisioneros y medio millar de muertos. Entre los prisioneros estaban los capitanes Juan de Padilla, toledano: Juan Bravo, segoviano, y Francisco Maldonado, salmantino, que al día siguiente fueron juzgados, condenados a muerte y decapitados en aquella misma villa. De esta justicia escapó, por entonces, otro capitán salmantino Pedro Maldonado Pimentel, por el que intercedió su tío el conde de Benavente.

La derrota de Villalar y el castigo de los principales caudillos comuneros dejó consternados a los rebeldes. La villa de Valladolid envió a varios religiosos, como tratadores, a la inmediata de Simancas, donde estaban los regentes. Sus vecinos fueron admitidos a la obediencia, exceptuando doce de los más significados como comuneros. Algunos de estos consiguieron huir; los demás pagaron con la cabeza su rebeldía. Tras Valladolid se sometieron Medina del Campo, Toro, Zamora, Salamanca, Ávila y otras villas y ciudades.

La rendición de Segovia no fue tan completa, porque los comuneros tenían todavía sitiado el Alcázar, donde se mantenía leal al rey el conde de Chinchón, don Hernando de Bobadilla; pero, cuando las tropas reales llegaron, la ciudad se sometió. Pronto estuvieron todas sometidas, si se exceptúan Toledo y Madrid y algunos lugares del reino de Murcia. La viuda de Padilla doña María Pacheco, pudo sostener los ánimos de los comuneros toledanos durante seis meses. Nombraron estos su capitán general al obispo Acuña; pero este, viendo perdida irremisiblemente la causa, abandonó aquellas tierras buscando lejos su salvación. Madrid y Murcia se sometieron a los representantes del rey y Toledo también capituló (25 octubre 1521).

La animosa viuda de Padilla obtuvo para su hijo los oficios que había tenido el padre, la devolución de la hacienda confiscada y algo más precioso: un plazo suficiente para reivindicar el honor de su marido (28 octubre 1521). En la ciudad que había sido cuna de las Comunidades quedaba todavía rescoldo y el fuego resurgió (febrero 1522). Acudieron las tropas reales mandadas por Juan de Ribera y por el prior. Doña María Pacheco, aunque era dueña del Alcázar y de las puertas de la ciudad, tuvo que buscar refugio en tierra portuguesa, por lo que fue condenada a muerte en rebeldía y su casa arrasada.

Cuando don Carlos regresó de Alemania (7 julio 1522), se esperaba que diese una carta de amnistía o perdón general para cuantos habían participado en la revuelta de las Comunidades, en atención al patriotismo con que las ciudades castellanas vencidas en Villalar habían enviado sus milicias a reforzar el ejército real que rechazó al ejército francés que en mayo de 1521 había invadido Navarra.

Pero la amnistía se retrasó, y antes de concederla dispuso el rey algunos duros castigos. En Medina del Campo fueron degollados por su mandato seis o siete procuradores que habían sido hechos prisioneros en Tordesillas cuando entraron las tropas reales. Otro de los capitanes de Villalar, Pedro Maldonado Pimentel, fue igualmente decapitado en Simancas, donde estaba preso. El pellejero salmantino Villoria pagó también con la vida su rebeldía y sus desmanes.

Don Carlos hizo su entrada en Valladolid el 26 de agosto de 1522, y acudieron a besarle la mano los más grandes señores de Castilla, eclesiásticos y seglares. Los inesperados castigos tenían inquietos a muchos de los que habían intervenido en las Comunidades. No pocos —se contaban por millares— habían salido de España o andaban huidos. Don Carlos resolvió publicar una carta de perdón general, del que estaban excluidos solamente los más culpables, tales como los capitanes y procuradores y los que en los pueblos habían inducido a la rebelión.

La carta se leyó públicamente en Valladolid el 1 de octubre de 1522, y la lectura fue acogida con gran alegría. Se excluía del perdón a unos 200 comuneros; de ellos solo tres fueron presos y ajusticiados, y andando el tiempo todos los demás quedaron perdonados. Un caso notable refiere Pedro Mexía. Hernando de Ávalos, caballero toledano, exceptuado del perdón por ser uno de los más tenaces rebeldes, volvió del extranjero y en la corte estaba oculto, con la esperanza de que llegase una ocasión propicia para pedir perdón. Descubrió su escondrijo un cortesano y se lo denunció al emperador. Como pasaran unos días y el emperador nada hiciese, el cortesano repitió la denuncia; pero don Carlos le respondió: Mejor hubieras hecho de avisar a Hernando de Ávalos que se fuese, que no a mí que le mandase prender.

El obispo de Zamora, Acuña, fue detenido cerca de Logroño y conducido al castillo de Simancas. En 1526 el obispo mató al alcaide de la fortaleza con ánimo de escaparse, pero un hijo del muerto se lo impidió. Estaba Carlos V en Sevilla celebrando sus bodas cuando le llegó la noticia de esta nueva felonía del obispo. Indignado, encargó al alcalde Ronquillo de hacer justicia, y este le dio muerte en garrote. Por ser el ajusticiado un ungido del Señor, Carlos V estuvo algunos días fuera de la comunión de los fieles, hasta que llegó la absolución del Papa P. Mexia, Historia del emperador Carlos V, ed. Carriazo, págs. 426-427.

AGUADO BLEYE, Pedro, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg. 2ª edición. Ed. de la Revista de Occidente, 1969, tomo A-E, págs. 923-927.