Nubeluz

Sucesos en Barcelona V-1937

En Cataluña este proceso se había realizado con anterioridad: el 26-09-1936 se formó un Gobierno presidido por Companys e integrado por la Esquerra Republicana de Catalunya de Tarradellas, Gassol, y Artemi Aiguader; la CNT de Fábregas, Doménech y García Birlán; el PSUC de Valdés y Comorera y el POUM de Andreu Nin. El 1-X siguiente quedó disuelto el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña y, una semana después, los comités locales fueron sustituidos por ayuntamientos con representación de todos los partidos y sindicatos. El Gobierno autónomo adoptó las mismas medidas respecto a las patrullas de control y fronterizas, los comités hegemónicos en diversas industrias y servicios públicos, y la intervención directa de los anarco-sindicalistas en los asuntos militares, a través de la Consejería de Defensa. El conflicto provocado por la reticencia de la CNT-FAI y POUM a renunciar —en beneficio de la Generalitat y el PSUC— al poder conseguido en las jornadas revolucionarias-VII-1936, culminó con los sucesos-V-1937.

La lucha en las calles de Barcelona finalizó con unos quinientos muertos y casi dos mil heridos, tuvo una amplia repercusión internacional y determinó una grave división en la retaguardia republicana. Los esfuerzos de la Generalitat por imponer su autoridad coincidían con los del Gobierno central para recuperar sus atribuciones en Cataluña, en especial las referentes a las industrias de guerra y orden público, de cuyos servicios se incautó nombrando al general Pozas como jefe de la IV División Orgánica.

Como resultado de la crisis, una semana después dimitió Largo Caballero y, el 17 de octubre el doctor Juan Negrín formó nuevo gobierno con tan solo ocho ministros. El presidente asumía además la cartera de Hacienda y Economía, Prieto la de Defensa y su directo colaborador, Julián de Zugazagoitia, la de Gobernación. Fracasada la fórmula del gobierno sindical, la escisión entre el sector radical del PSOE liderado por Largo Caballero —preponderante durante el primer bienio republicano (1931-1933)— y el más moderado que representaba Prieto, se había consumado a favor de este. Aunque inicialmente ligado al prietismo Negrín ofrecía una alternativa cuya relevancia y viabilidad aumentaron en el transcurso de la guerra gracias al apoyo del PCE, que contaba con dos ministros en el nuevo gabinete: Vicente Uribe en Agricultura y Jesús Hernández en Instrucción Pública.

A partir de ese momento los comunistas españoles se beneficiaron de la aislada ayuda soviética a la causa republicana para imponer su programa de unidad militar, centralización política y control económico, cuya aplicación les enfrentó con la CNT-FAI y el POUM. La lucha contra esta última organización culminó con el asesinato de Andreu Nin por la policía secreta soviética, mientras que los anarquistas —que habían tenido un protagonismo esencial en el primer año de la contienda— desempeñaron desde entonces una función subordinada. La presencia de los republicanos Giral y Giner de los Ríos en los ministerios de Estado y Obras Públicas, respectivamente, manifestaba la voluntad de normalización que Negrín pretendía ofrecer a la opinión pública internacional.

Los Planes de Control

En la zona sublevada Franco adoptó diversas medidas dirigidas a reforzar su indiscutido poder personal, confirmar la supremacía del Ejército sobre el conjunto de fuerzas reaccionarias y unir las diferentes tendencias políticas bajo su jefatura. El 20-12-1936 decretó la militarización de los voluntarios, lo que motivó el exilio de Fal Conde en Portugal y, el 9-04-1937, la unificación de falangistas y carlistas en una nueva organización política: FET y de las JONS. Con este decreto, redactado por Serrano Suñer, se pretendía fundamentalmente la configuración del Movimiento como un Estado y convertir el Alzamiento en una empresa política. El 22 se constituyó la Junta Política de FET y de las JONS, cuyos seis miembros serían designados a partes iguales por el Jefe del Estado y por el Consejo Nacional, segundo órgano rector del partido.

Tres días después Hedilla, jefe nacional de Falange tras imponerse en la denominada crisis de Salamanca, fue detenido por oponerse al decreto de unificación. Al proceso de institucionalización contribuyó, de manera decisiva, el reconocimiento oficial del régimen de Franco por Italia y Alemania, el 18-11-1936, una semana después de que el comité de Londres aprobara un primer Plan de Control. El 20-01-1937 fue aceptado por el gobierno español a condición de que, además de los envíos materiales, fueran computados también los de tropas regulares y voluntarios extranjeros, cuyo reclutamiento habían prohibido Reino Unido y Francia ese mismo mes, pero Franco rechazó la propuesta.

El 8 de marzo siguiente el Comité aprobó un segundo Plan de Control, en vigor desde el 20 de abril, que preveía la creación de una comisión responsable de su aplicación, el establecimiento de un control de fronteras terrestres, el nombramiento de observadores marítimos para supervisar la mercancía de los buques y la vigilancia de las costas españolas por patrullas de las diferentes potencias europeas. El proyecto era el más completo y ambicioso de los elaborados por el Comité, pero contenía graves defectos que anulaban su efectividad en la práctica. La URSS renunció a su respectiva misión de patrulla, las Canarias quedaban excluidas de la zona de control, no existía vigilancia aérea y se encargó precisamente a Alemania e Italia la supervisión de las dos zonas que comprendían casi toda la franja costera del territorio republicano.

El Gobierno de la República denunció reiteradas ocasiones la vulneración del acuerdo y, entre mayo y junio de 1937, se produjeron con este motivo graves incidentes. El 26-V aviones republicanos bombardearon el acorazado italiano Barletta en el puerto de Palma de Mallorca y, tres días después el acorazado alemán Deutschland, fondeado en la bahía de Ibiza (Baleares). Según el Plan de Control los buques encargados de la vigilancia no debían acercarse en ningún caso a más de diez millas de la costa y, además, el control de las Baleares correspondía a las patrullas francesas e inglesas. El 30 de mayo Italia y Alemania abandonaron la Comisión de Control Naval y, un día después, una escuadra alemana bombardeó Almería en represalia, causando graves daños y numerosas víctimas, aunque de nada sirvieron las protestas diplomáticas del Gobierno español.

La Batalla del Norte

Desde los primeros momentos de la contienda la existencia de una zona republicana en el N. peninsular —Vizcaya, Cantabria y Asturias, excepto Oviedo— constituyó una de las claves estratégicas para ambos bandos. Respecto a los sublevados, provocó la dispersión de las fuerzas de Mola en detrimento de la ofensiva sobre Madrid y supuso un obstáculo para la propaganda franquista de la guerra como cruzada, argumento que ignoraba la declarada confesionalidad del PNV.

La defensa de una estrecha franja del territorio —entre 30 y 40 Km. de anchura, 300 de costa y distante unos doscientos en línea recta de las posiciones republicanas más cercanas— constituía un grave problema para el Gobierno. El alejamiento geográfico tuvo como consecuencia no solo la dificultad en los abastecimientos y suministro de armamento, especialmente aviones, sino también la autogestión política, militar y económica.

En el País Vasco, desde que las Cortes aprobaran el Estatuto de Autonomía (1-10-1936), existía un Gobierno presidido por el lehendakari Aguirre, mientras que en Cantabria y Asturias ejercieron el poder sendos comités hasta la constitución de una junta interprovincial con presidencia socialista. El proceso general de militarización hubo de superar en la zona N. numerosos obstáculos, como la falta de mandos cualificados, la ausencia de aviación, la escasez de artillería, la inexistencia de una frontera terrestre tras la toma de Irún y el bloqueo naval ejercido por la flota franquista, la única activa en el Cantábrico.

Contribuyó a agravar la situación el conflicto de competencias suscitado entre los gobiernos central y vasco, especialmente tras la llegada a Bilbao (Vizcaya) del general Llano de la Encomienda, delegado desde Madrid para asumir el mando del Ejército del N. Formaba parte de este el XIV Cuerpo de Ejército, que el PNV consideraba como Ejército Vasco, a las órdenes directa de Aguirre hasta que el gobierno de la República envió al general Gamir Uribarri el 29-05-1937; tenía sus batallones, tardíamente agrupados en brigadas y divisiones, los capellanes castrenses sustituían a los comisarios políticos. Como afirmó el cardenal Gomá, los dos sectores más declaradamente militantes del catolicismo nacional —nacionalistas vascos y carlistas— se enfrentaron el la denominada —batalla del Norte—.

Esta comenzó el 31-03-1937, suspendido el ataque franquista sobre Madrid y fracasado el republicano sobre Oviedo, con una ofensiva de las fuerzas de Mola: cuatro brigadas navarras, puestas bajo el mando del general Solchaga, que sumaban en conjunto más de 25.000 soldados, protegidos por ochenta carros blindados, unos cien bombarderos Heinkel 51, cincuenta Fiat CR 32 y dos escuadrones de aparatos de persecución. A ellas se añadía dos unidades de Corpo Truppe Volontarie CTV italiano, la División motorizada 23 de Marzo y la Brigada Flechas Negras, con 250 piezas de artillería y unos sesenta tanques.

El Cuerpo de Ejército Vasco les oponía 51 batallones —aún no se habían constituido brigadas— con 46 piezas de artillería y una docena de aviones en los improvisados aeródromos, siempre expuesto a un ataque por la proximidad de las líneas enemigas. En los primeros momentos las unidades navarras e italianas, reforzadas con marroquíes, consiguieron tomar Ochandio (Vizcaya) pero, el 4-IV, las unidades vascas al mando del comandante Ibarrola detuvieron el avance unos 10 Km. al N. de la población. Detenido también Mola en sus ataques frontales sobre la sierra de Elgeta y los montes Inchortas, veinte días después emprendió una maniobra envolvente de las peñas de Udala que, por primera vez, le permitió romper las líneas defensivas republicanas y ocupar sucesivamente Elorrio, Elgeta y Eibar (Vizcaya).

Esta última ciudad, como antes Durango (Vizcaya), había sido casi totalmente destruida por los aviones JU-52 de la Legión Cóndor, siguiendo órdenes del Estado Mayor franquista, en los primeros bombardeos masivos conocidos sobre poblaciones civiles.

El auxilio aéreo reclamado con insistencia por Aguirre y Llano de la Encomienda era inviable por razones técnicas e, incluso, el abastecimiento resultaba cada vez más difícil como consecuencia del bloqueo naval decretado por Franco el 6 de abril. El día 22 de ese mes solo quedaba un aparato de caza en los aeródromos vascos y, el día 26, la Legión Cóndor destruyó con bombas explosivas e incendiarias la villa de Guernika (Vizcaya), símbolo de las instituciones vascas. La guerra total, como la represión sistemática y otras formas de terror, mostraba su efectividad para vencer la resistencia de la población, aunque tuvo como contrapartida el descrédito de la propaganda franquista ante ciertos sectores de la opinión católica internacional.

Desde principios de mayo la defensa vasca se apoyaba en las alturas de Jata, Sollube y Bizcargui, triángulo fortificado —el conocido como cinturón de hierro — que protegía Bilbao. En él 85 batallones vascos, cántabros y asturianos resistieron durante casi un mes la acometida de 95 batallones navarros, varios tabores de Regulares marroquíes e importantes efectivos del CTV., con una cobertura artillera y aérea —más de 200 aparatos— sin precedentes. La inferioridad republicana resultaba evidente, a pesar de la llegada a Bilbao y Santander (Cantabria) de dos escuadrillas, una veintena de cazas cuyo radio de acción había sido ampliado.

El 12-VI las defensas cedieron ante la acometida de las brigadas de Solchaga, apoyadas por cien piezas de artillería, setenta aviones trimotores de bombardeo y cincuenta cazas. Cuatro días después el Estado Mayor Central ordenó una ofensiva sobre Huesca, que fracasó tanto en su finalidad inmediata —la distracción de fuerzas de Vizcaya— como en sus objetivos últimos: completar el cerco sobre la plaza e, incluso, proceder a su conquista. El 17-VI el Gobierno vasco abandonó Bilbao y, en la mañana del día 19, las tropas franquistas entraron en la ciudad. Esa misma tarde los cinco batallones de gudaris encargados de defender la ría se rindieron sin resistencia al general García Valiño: para la ejecutiva del PNV la defensa del territorio primaba sobre la estrategia del gobierno de la República de salvar todas las unidades que fuera posible para continuar la lucha en posiciones más retrasadas.

También por decisión del Gobierno autónomo la infraestructura industrial vasca pasó casi intacta al Estado de Burgos que, de esta manera, incorporaba a sus recursos un amplio potencial bélico y económico. El 23-VI Franco decretó la derogación del Estatuto de Autonomía del País Vasco y del Concierto Económico de las Provincias de Guipúzcoa y Vizcaya como castigo a su comportamiento. La máxima penetración de las brigadas navarras alcanzó hasta Balmaseda (Vizcaya), población ocupada el día 29, pero el general Gamir consiguió estabilizar sus fuerzas en una línea comprendida entre Ontón (Cantabria) al N. y la sierra de Ondurte y el puerto de Tornos (Burgos) al S. Las estructuras del Cuerpo de Ejército vasco habían quedado deshechas y resultaba preciso reorganizar la defensa con centro en Santander.

La Batalla de Brunete

Sin embargo, la actividad en el frente N. quedó suspendida casi dos meses con motivo de la ofensiva republicana en Brunete (Madrid) y la consiguiente réplica franquista, desarrolladas entre los días 6 y 28-07-1937. Para la operación, planeada por Rojo y dirigida por Miaja, se formaron el V Cuerpo del Ejército, al mando de Modesto, que contaba con las divisiones de Líster, Valentín González El Campesino y Walter; el X08 Cuerpo, al mando de Casado, con las divisiones de Jurado, Enciso y Gal, y el II Cuerpo de Romero, muy inferior a los otros dos y preparado para una acción secundaria.

En total, unos ochenta mil hombres apoyados por cien carros de combate, treinta blindados y 164 piezas de artillería. Como en otras ocasiones, el factor sorpresa hizo posible el avance inicial republicano, detenido como resultado de la falta de coordinación entre las grandes unidades, la escasa preparación y disciplina de las tropas para maniobrar en el ataque, las vacilaciones del Estado Mayor Central y la pérdida de tiempo en liquidar las bolsas de resistencia surgidas.

En la segunda fase de la operación —contraofensiva y lucha de desgaste— se impuso la supremacía del ejército franquista que, de nuevo mostró su capacidad para el traslado a gran escala de tropas de un frente a otro. Del N. llegaron la 105ª división de Saénz de Buruaga, la 108ª división gallega, las IV y V brigadas de Navarra y toda la Legión Cóndor con los nuevos Messerschmitt 109 y Heinkel III. Al final de la batalla el Ejército Popular había adelantado sus posiciones en un entrante de terreno de varios kilómetros al NO. de Madrid, mantenido durante toda la contienda, una ventaja estratégica mínima en consideración al número de bajas y la cantidad de material perdido, en cifras que doblaron las del enemigo.

Reanudación campaña del Norte

La campaña del Norte se retoma El Estado Mayor del general Franco, decidió entonces reemprender la campaña por el N., centrada en la conquista de Cantabria y de su capital Santander. El general Dávila, responsable de la ofensiva, contaba con unos noventa mil soldados agrupados en las seis brigadas navarras, la Brigada de Castilla y el CTV. italiano, con más de trescientas piezas de artillería, un centenar de blindados ligeros y casi doscientos aparatos de la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria.

Frente a ellos había catorce divisiones distribuidas en tres cuerpos de Ejército: el XIV, al mando del coronel Prada y formado por las unidades restantes del Cuerpo de Ejército Vasco, el XV y el XVII, a las órdenes de los tenientes coroneles García Vayas y Linares, respectivamente. El ejército del Norte, cuyo mando había asumido el general Gamir en substitución de Llamo de la Encomienda, disponía en total de unos cien mil hombres, cien piezas de artillería, cuarenta aviones y algunos blindados antiguos de la clase Renault o fabricados en Trubia (Asturias). En la mañana del 14-08-1937 comenzó en Cantabria la ofensiva de las tropas franquistas que, tres días después habían tomado Peña Labra, alcanzado el Puerto del Escudo y ocupado Reinosa, cuyas instalaciones fabriles destruyeron, con la oposición de los obreros, unos técnicos enviados desde Madrid.

Mientras tanto, el avance de las agrupaciones navarras por el valle del río Besaya hacia Torrelavega obligó al comandante Ibarrola, cuya división se encontraba en la zona de Cabuérniga, a ordenar un despliegue de sus batallones vascos. Sin embargo, el día 23, tres de éstos, siguiendo instrucciones de la ejecutiva del PNV, abandonaron el frente e iniciaron su retirada hacia Santoña y Laredo, donde debían concentrarse. Este hecho se producía como resultado de las negociaciones mantenidas entre Ajuriaguerra —presidente del Euskadi Buru Batzar— y el coronel italiano De Carlo para conseguir una capitulación de las unidades vascas por separado, de cuya ejecución y garantía se responsabilizaba el CTV.

El día 23, Ajuriaguerra regresó de Francia a Santoña, el día 24 el lehendakari Aguirre —enfrentado a la ejecutiva de su partido y totalmente opuesto a las negociaciones— abandonó Santander en un avión y, el día 25, los italianos entraron sin resistencia en Laredo. Las condiciones de la capitulación consensuada entre Ajuriaguerra y general Manzini en el conocido como pacto de Santoña —libertad de las tropas vascas una vez desarmadas y evacuación de civiles y jefes políticos— comenzaron a cumplirse el día 25, cuando unos veinte mil gudaris de doce batallones se entregaron al CTV. Sin embargo, la intervención de Franco impuso una rendición incondicional a esas tropas, paralizó la operación de embarque de civiles y provocó la detención de miles de oficiales y responsables políticos vascos, entre ellos el mismo Ajuriaguerra, muchos de los cuales fueron luego fusilados.

La defección de los batallones del PNV dificultó la maniobra de repliegue del Ejército del Norte republicano hacia Asturias, aunque finalmente pudo establecerse una primera línea defensiva a partir de San Vicente de la Barquera (Cantabria). El bloqueo total de los puertos por la flota franquista intensificó el aislamiento, agravó el suministro de manera extraordinaria y determinó la autonomía operativa del Consejo Asturias-León. Presidía este el socialista Belarmino Tomás, quien decretó la sustitución de Gamir por el coronel Prada al frente de los noventa batallones —unos ochenta mil hombres, pero con solo cincuenta mil fusiles— que quedaban en el Ejército del Norte.

El 1-09-1937 se inició la ofensiva franquista sobre Asturias: cuatro brigadas navarras y la de Castilla, al mando de Solchaga, superaron la línea de San Vicente de la Barquera, mientras Aranda atacaba en el S. a través de los puertos leoneses, con tres divisiones y dos brigadas más de Navarra. En total, unos 110.000 soldados y 250 aviones bajo la dirección del general Dávila, quien hubo de reforzar sus efectivos con unidades del CTV y una agrupación de 24 batallones al mando de Muñoz Grandes a causa de la resistencia ofrecida por los republicanos.

En la línea del río Sella, defendida por el XVI Cuerpo del Ejército reorganizado a las órdenes de Francisco Galán, las brigadas navarras solo consiguieron avanzar 12 Km. hasta el 8-X. En el S. Aranda no pudo tomar el puerto de San Isidro hasta el día 4 de ese mes y fracasó en los sucesivos ataques sobre el puerto de Pajares. La situación cambió a partir del 10-X cuando, tras una intensa preparación aérea y artillera, Solchaga logró desbordar la línea del Sella por su ala derecha.

El autoproclamado Consejo Soberano de Asturias abandonó Gijón el 20-X y, al día siguiente, la IV Brigada de Navarra entró en la ciudad. Como resultado final, 22 batallones quedaron prisioneros, nueve o diez pudieron ser evacuados, cinco o seis se dispersaron en grupos que, en algunos casos, tuvieron continuidad en la guerrilla antifranquista y el resto fueron deshechos. Combatientes y civiles huyeron en toda clase de barcos, sin ninguna protección tras el hundimiento del destructor Ciscar y del submarino C-B, de los cuales más de la mitad fueron apresados o hundidos por la flota franquista, aunque unas nueve mil personas lograron llegar a Francia.

El frente de N. había desaparecido, lo cual permitía a Franco concentrarse en una línea única —desde los Pirineos hasta la costa de Granada— sin necesidad de dispersar sus fuerzas. 150 batallones de su ejército quedaban disponibles, a los cuales se sumaban unos cien mil combatientes capturados en las diferentes fases de la campaña, que pasaron a integrarse en unidades normales o de castigo. Asimismo pudo concentrar la tropa en el Mediterráneo e incorporó a sus recursos un importante potencial industrial que le permitía negociar mejor con Alemania e incluso, con el Reino Unido. La guerra se decidía al mismo tiempo que Franco confirmaba su liderazgo entre los oficiales sublevados, especialmente tras la muerte de Mola en accidente de aviación el 3-06-1937.

Por el contrario la campaña del N. supuso para la República la pérdida de 14 divisiones, unos treinta y cinco mil muertos y una alteración en el proyecto de Estado Mayor Central para la formación del Ejército de Maniobra. Reserva estratégica indispensable, este suponía una cuarta parte del total de efectivos republicanos, mientras que el alto mando franquista cubría todos los frentes con el 60% de su contingente y mantenía el 40% restante en reserva estratégica como masa de maniobra.

La Batalla de Belchite

La crítica situación de Santander precipitó los planes de Rojo para la apertura de un nuevo frente en Aragón que cumpliera dos objetivos, uno de carácter estratégico y otro táctico: provocar un aplazamiento de las operaciones en el N. y cercar o, en última instancia, tomar Zaragoza. La batalla de Belchite supuso el fracaso del Estado Mayor Republicano en el cumplimiento de ambos objetivos, especialmente en el primero (Dávila aplazó únicamente cinco días la ofensiva sobre Asturias). A pesar de la amplia movilización realizada (unos ochenta mil hombres), de la sorpresa inicial y de los éxitos parciales como la conquista del Quinto de Ebro y Belchite (Zaragoza), de nuevo el Ejército Popular mostró sus deficiencias para maniobrar a la ofensiva.

La 5ª División de Líster alcanzó la localidad de Fuentes de Ebro, a 30 Km. de Zaragoza, pero el avance quedó una vez más paralizado por el temor del mando republicano al estrangulamiento de las bolsas creadas en cada ruptura del frente y la consiguiente preocupación por guarnecer los flancos y liquidar resistencias aisladas. A entorpecer la penetración republicana contribuyó la resistencia tenacísima de Belchite, que restó a la acción de los atacantes un número excesivo de fuerzas; Belchite, bien fortificado y con unos 2.000 hombres de guarnición, quedó aislado el 26-08 y cayó en manos republicanas el 6-IX. El gobierno aprovechó los preparativos de la ofensiva para proceder a la disolución del Consejo de Aragón, órgano autónomo de hegemonía anarquista, según un decreto de Zugazagoitia de cuya aplicación se encargó la división de Líster.

Aislamiento y Reconocimiento

Durante 1937 se intensificó el aislamiento internacional de la República y, de manera paralela, aumentó su dependencia a la URSS, especialmente tras la formación del Gobierno de Negrín en mayo. Los esfuerzos diplomáticos se dirigieron tanto a intentar detener el intervencionismo de las potencias del Eje a favor de los sublevados, como a reiterar la apelación a la Sociedad de Naciones para que esta recuperara su protagonismo ante el Comité de Londres. Incluso, con la participación de Luis Araquistáin, se emprendieron diversas negociaciones ajenas a los cauces diplomáticos, destinadas a conseguir un aislamiento efectivo del conflicto español y el cese de toda intervención extranjera. Franco boicoteó con éxito esas iniciativas y su causa resultó muy favorecida con los relevos producidos en Reino Unido y Francia con los nombramientos de los conservadores Chamberlain y Chautemps como jefes de sus respectivos gobiernos.

El nuevo primer ministro británico orientó toda su política exterior hacia un acercamiento con Italia y Alemania, manteniendo firme la alianza con Francia, para lo cual reafirmó su no intervención en el conflicto español e inició un acercamiento a la Junta Técnica de Burgos. A la retirada de las potencias fascistas del Comité de Control Naval, definitiva desde el 22-06-1937, siguieron durante ese verano numerosos ataques submarinos contra barcos de países neutrales —entre ellos Reino Unido— que se dirigían hacia puertos republicanos.

Con pruebas concluyentes el Gobierno español denunció a Italia como única responsable de la piratería marítima que, a propuesta franco-británica, motivó una conferencia internacional de países ribereños del Mediterráneo y del Mar Muerto celebrada en Nyon (Suiza) entre los días 10 y 14-IX-1937. En un primer momento, Alemania e Italia rehusaron acudir, pero aceptaron luego su inclusión en los acuerdos cuando se concedió al Gobierno italiano el control de la zona marítima comprendida entre Cerdeña y Baleares para evitar todo ataque que contraviniese el derecho internacional.

El 16-IX Negrín pronunció ante la Sociedad de Naciones un discurso en el que denunciaba los acuerdos de Nyon como insuficientes y peligrosos. Además solicitaba que se reconozca la agresión de que España es objeto por parte de Alemania e Italia; que se devuelva íntegramente al Gobierno español el derecho de procurarse libremente todo el material de guerra que estime necesario; que los combatientes no españoles sean retirados del suelo de España, y que se asegure a España la participación que legítimamente le corresponde.

La Sociedad de Naciones no adoptó ninguna medida efectiva y mantuvo durante los meses siguientes una política ambigua que favorecía a los sublevados, al igual que ocurría en el Comité de Londres tras la retirada de las potencias del Eje. El 16-10-1937 se reunió el subcomité para estudiar la propuesta francesa sobre la retirada de efectivos extranjeros, control y beligerancia, aunque hasta 4-XI siguiente no fue aprobado un plan de retirada de voluntarios, que debía someterse a la aprobación de los dos bandos contendientes. El Gobierno español lo aceptó el día 30 de ese mes, pero Franco supeditó su decisión final al reconocimiento del derecho de beligerancia, objetivo prioritario de su diplomacia por cuanto le equiparaba legalmente con la República.

La actividad del Comité de Londres quedó bloqueada por este asunto y, a finales de 1937, resultaba evidente el fracaso de la No Intervención, que no solo constituía una manera de afrontar el problema español, sino también un elemento substancial de la política exterior británica. El 16-X Robert Hodgson fue nombrado agente comercial del Reino Unido en Salamanca —asistido por dos militares y con subagentes en Bilbao, Santander, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y la Coruña— y ese mismo día llegó a Londres Jacobo Fitz James Stuart, XVII duque de Alba, con el mismo cargo.

El acuerdo de intercambio de agentes no suponía un reconocimiento diplomático del régimen de Franco, pero sí la legalización de una situación de facto mantenida desde mayo por medio de representantes oficiosos, al mismo tiempo que permitía la firma de acuerdos comerciales relativos al mineral procedente de Río Tinto (Huelva) y Vizcaya. Los respectivos agentes tenían acceso directo a los diferentes organismos y departamentos estatales, podían comunicarse confidencialmente con sus gobiernos, recibían protección oficial y sus funciones eran las reconocidas a los cónsules para la protección de súbditos y defensa de intereses comerciales.

Además, el duque de Alba disponía de subagentes en Newcastle, Cardiff, Liverpool y Manchester, y como miembro de una de las principales casas nobiliarias de Escocia, contaba con excelentes relaciones entre las más altas magistraturas del Reino Unido. El 21-IX la Santa Sede nombró a monseñor Antoniutti encargado de negocios en Burgos y, el 1-XII, Japón reconoció oficialmente a la Junta Técnica de Burgos, con la que Checoslovaquia, Bulgaria, Noruega, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Uruguay habían ya realizado canje de notas o firmado acuerdos comerciales.

El reconocimiento internacional del régimen franquista hacía más apremiante la reforma de la estructura de poder improvisada en los primeros meses de la contienda y su conversión en un estado soberano. La Junta Técnica —dirigida por Gómez Jordana desde que, en junio de 1937, Dávila tomara el mando del Ejército del Norte tras la muerte de Mola— no había adquirido la importancia política específica que le correspondía en teoría. Se había demostrado incapaz de culminar la unificación política y militar en el bando nacionalista, lo cual favorecía la existencia de poderes casi autónomos en el Ejército —caso de Queipo de Llano en Andalucía— y de un continuo conflicto de competencias con FET y de las JONS.

El 2-12-1937 quedó constituido el Consejo Nacional de Movimiento y el falangista Fernández Cuesta fue nombrado secretario general del partido único. Aunque no desempeñara cargo político alguno, se debió a la influencia de Serrano Suñer la formación del primer Gobierno de Franco el 31-01-1938, con Gómez Jordana en Vicepresidencia y Asuntos Exteriores, Serrano Suñer en Interior, el conde de Rodezno en Justicia, Martínez Anido en Orden Público, Amado en Hacienda, Fernández Cuesta en Agricultura y Sainz Rodríguez en Educación Nacional.

Ese mismo día se promulgó en Burgos la Ley de Administración Central del Estado, que concedía a Franco la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general y, el 9-III siguiente, apareció el Fuero del Trabajo como declaración de los principios doctrinales de la política social del nuevo Estado. A la estructuración organizativa del régimen franquista correspondía un afianzamiento ideológico basado en dos doctrinas, ocasionalmente discordantes en sus objetivos pero generalmente coincidentes en sus métodos: el falangismo y el catolicismo.

El 1-07-1937 había sido publicada la Carta Colectiva del episcopado español, texto de amplia difusión internacional que legitimaba la sublevación antirrepublicana y cuya firma solo rechazaron Mateo Múgica y Vidal i Barraquer, obispos de Vitoria y Tarragona, respectivamente. A pesar de ello los fusilamientos de sacerdotes vascos y de políticos católicos, como el catalán Carrasco y Formiguera (9-04-1938), evidenciaban la importancia otorgada a la lucha contra lo que, en la ideología castrense, se denominaba separatismo. A la derogación del Estatuto de Autonomía del País Vasco (23-06-1937) y de Cataluña (9-04-1938) siguió la promulgación de diversas normas para la uniformidad lingüística de ambas regiones (21-05-1938).

En la zona republicana las Cortes prosiguieron su actividad y, el 1-2-10-1937, se reunieron en Valencia 166 diputados, por primera vez algunos no pertenecientes al Frente Popular, como Portela Valladares y Rafael Guerra del Río. El día 31 de ese mes, coincidiendo con el fin de la campaña en el N., el gobierno decidió su traslado a Barcelona, entre otros motivos para ejercer un control efectivo de las industrias de guerra. Esta medida provocó una ratificación de la confianza del Parlamento catalán a Companys, cuya finalidad radicaba en reafirmar el poder autonómico en circunstancias que hacían prever la desaparición de la importancia específica que había tenido hasta ese momento. La marginación de los anarquistas y del sector socialista liderado por Largo Caballero continuó e, incluso, UGT llegó a contar con dos comisiones ejecutivas presididas, respectivamente por González Peña y Díaz Alor.

Composición de los Ejércitos

La inestabilidad política no impidió que continuara la organización del Ejército Popular, debiendo recurrir con insistente frecuencia a la movilización. En febrero de 1937 cada uno de los bandos había llamado a filas a doce reemplazos completos, de manera que la cifra total de combatientes se aproximaba a 1.900.000 hombres, que, sumados los voluntarios extranjeros y los marroquíes reclutados en el Protectorado, superaban ampliamente los dos millones. La cifra de los incorporados con cada reemplazo fue inicialmente mayor en la zona republicana, pero quedó equilibrada en el verano de 1937 y, a partir de entonces se modificó a favor de los sublevados.

Integraban el Ejército Popular los ejércitos del Centro (Miaja), con los cuerpos de Ejército I, II, III, IV y VI; el de Extremadura (Burillo ), VII y 08; de Andalucía (Prada ), IX y XXIII; de Levante (Hernández Sarabia ), XIII y XIX; del Este (Pozas ), X, XI y XII, y de Maniobra, a las órdenes directas del ministro, con los cuerpos de ejército V, X08, XX, XXI y XXII, además de la división de Ingenieros Blindados. De los 23 cuerpos de Ejército, 73 divisiones y 225 brigadas mixtas que había organizado, instruido y equipado hasta entonces el Ejército Popular, solo le restaban 19 cuerpos del Ejército, 56 divisiones y 167 brigadas mixtas, lo que suponía una pérdida aproximada de una cuarta parte de los efectivos totales. Los cuerpos de Ejército XIV, XV, XVI y XVII —con 16 divisiones mixtas— del Ejército del Norte habían sido incorporados en su mayor parte a las fuerzas terrestres de Franco.

Estas se componían de los ejércitos del Centro (Saliquet), con las agrupaciones divisionarias de Somosierra-Soria y Segovia-Ávila y el I Cuerpo de Ejército; del Sur (Queipo de Llano), con los cuerpos de Ejército II y III, y del Norte (Dávila), con los cuerpos de Ejército de Navarra, Aragón, Marroquí, Galicia, Castilla y CTV, en total, cincuenta divisiones más dos de caballería. La aviación republicana, a las órdenes del general Hidalgo de Cisneros, disponía de unos trescientos aviones distribuidos en las escuadras 1, 5, 7 y 11, mientras que la franquista, dirigida por el general Kindelán, contaba con tres grandes agrupaciones —Hispana, Legionaria y Legión Cóndor— que sumaban un total de quinientos aparatos.

Por último, en 1937 la inicial superioridad del gobierno en el mar desapareció en beneficio de los sublevados, especialmente tras la entrada en servicio de los cruceros Canarias y Baleares. La renuncia a Mallorca, en septiembre de 1936, proporcionó a estos últimos una base fundamental para controlar todo el tráfico marítimo en el Mediterráneo, y el hundimiento del destructor Almirante Ferrándiz por los cruceros Canarias y Almirante Cervera, el 29 de ese mismo mes, supuso la ruptura definitiva del bloqueo republicano en el Estrecho. En el Cantábrico, la flota franquista impuso, sin oposición considerable, un dominio absoluto, aunque los dragaminas republicanos consiguieron mantener abiertos a la navegación los accesos a los puertos más importantes. El 5-03-1937 el Canarias hundió varios barcos pesqueros que integraban la Flota Auxiliar de la Armada de Euskadi en el denominado combate de Cabo Machichaco y, tres días después, fue apresado el buque Mar Cantábrico, que transportaba un importante cargamento de material bélico comprado por la República en Méjico y EE.UU.

La única baja de la flota franquista en la zona se produjo el 30-IV, cuando el viejo acorazado España chocó con una de sus propias minas en el transcurso de una acción de bloqueo sobre el puerto de Bilbao, si bien el destructor Velasco consiguió salvar a los 820 hombres de su tripulación. La desaparición del frente N. permitió a los sublevados concentrar en el Mediterráneo todos sus efectivos, aumentados por la compra a Italia de los destructores, Ceuta, Melilla, Huesca y Teruel, y de seis submarinos de las clases C-3 y C-5, con los cuales se formó una base en Sóller (Baleares). La principal amenaza para la República, sin embargo, prevenía de las escuadras italianas y alemanas que patrullaban el Mediterráneo occidental en cumplimiento de los acuerdos internacionales de No Intervención.

Desde finales de 1936 se encontraban en la zona unos 25 submarinos italianos que, en diversos ataques, causaron graves daños al crucero Miguel de Cervantes y al destructor Churruca. Además el 17-06-1937 el acorazado Jaime I, mientras era reparado en Cartagena, quedó totalmente destruido a consecuencia de una explosión fortuita que provocó la muerte de trescientos miembros de su tripulación. El 6-03-1938 la marina republicana culminó con éxito una importante operación ofensiva, el hundimiento del Baleares, pero tanto en 1937 como en 1938 su principal misión consistió en proteger los convoyes que transportaban alimentos, material bélico y toda clase de suministros a la costa mediterránea. Esta actitud defensiva permitió a la flota rebelde apresar o hundir numerosos buques mercantes, entre ellos el soviético Komsomol (14-12-1936) y el Ciudad de Barcelona (30-05-1937), en este último caso provocando más de doscientos muertos.

Las acciones ilegales de los submarinos italianos entre el 6-08 y el 12-09-1937 iniciaron un periodo de bloqueo de los puertos republicanos que dificultó la recepción de armamento soviético, especialmente en los meses de mayor actividad, durante la primavera de 1938. La ruta del Mar Negro fue substituida por otra que, a través de Báltico, llegaba hasta los puertos de El Havre y Cherburgo (Francia) para continuar en ferrocarril hasta la frontera española, solución extremadamente insegura por cuanto dependía de los cambios coyunturales de la política francesa.

En los tres años de guerra la flota franquista, con ayuda de la italiana, hundió 35 mercantes españoles (57.159 t) y 18 extranjeros (71.668); y apresó 227 españoles (257.577 t) y 99 extranjeros (230.000), sobre todo soviéticos y británicos. A ellos deben sumarse los 39 cargueros españoles (79.252 t) y 20 extranjeros (72.213) que hundieron bien sus aviones, bien los de la Aviación Legionaria o la Legión Cóndor. Ni la flota ni la aviación republicanas consiguieron hundir ni capturar buque mercante alguno.

VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, tomo X págs. 4913-4934.