La Inquisición en España

Índice

Introducción
La Inquisición Medieval
La Inquisición Española
Decadencia del Tribunal
El procedimiento judicial
La Inquisición en América
Inquisidor general
Inquisidores

Introducción

Tribunal eclesiástico para la represión de la herejía y demás delitos contra la fe cristiana (superstición, brujería, iluminismo, apostasía, etcétera) establecido a mediados del siglo XIII por la autoridad pontificia, en los diversos países de la Europa Occidental. El nombre de Inquisición (inquisitio) lo recibió del sistema procesal que informaba su actuación, radicalmente distinto del usual en todos los tribunales que solo actuaban a instancia de parte. En el sistema inquisitivo, era el propio juez quien debía proceder a una busca, una inquisición, en este caso de los herejes, para ser juzgados y sentenciados por dicho tribunal, tras la correspondiente sustanciación del proceso.

La Inquisición eclesiástica como jurisdicción o tribunal, ofrece históricamente dos manifestaciones distintas: la llamada Inquisición medieval que funcionó en los diversos países del occidente cristiano entre los siglos XIII y XV, bajo la directa dependencia pontificia, y la Inquisición española, establecida por los Reyes Católicos, con la aprobación del papa Sixto IV, a fines del siglo XV, y que actuó tan solo en la Península Ibérica y en los dominios indianos, durante toda la Edad Moderna. Una y otra, aunque inspiradas en los mismos principios, difirieron, no obstante, en su organización y procedimiento, y presentan una distinta caracterización externa: más eclesiástica y universal, la primera, más nacional y sometida a la autoridad civil, la segunda.

La Inquisición Medieval

El principio de represión coercitiva de la herejía, por parte del poder eclesiástico, razón de ser de la Inquisición en contraste con la doctrina patrística de la Iglesia, se precisa de modo cada vez más acusado, a partir del siglo XII. El creciente desarrollo de nuevas sectas, que con los nombres de cátaros, valdenses o albigenses (de Albi) infectaban las regiones del sur de Francia y causaban con la difusión y práctica de sus doctrinas una agitación social y política tanto como religiosa, motivó que los príncipes seculares emprendieran la persecución de la herejía en sus dominios. Por su parte, los Pontífices excitaban asimismo el celo de los mismos y recomendaban a los ordinarios la mayor diligencia en el descubrimiento y condenación los sospechosos de herejía a cuyo fin nombraban legados especiales para que les auxiliaran y suplieran en su misión.

Santo Domingo presidiendo un auto de fe Auto de fe por Berruguete (1475)

Así, de modo gradual y sucesivo fueron adoptándose con carácter general medidas y disposiciones contra la herejía que condujeron, hasta la creación de un verdadero poder judicial, encargado de la represión de la misma, el tribunal de la Inquisición. La erección de este tribunal se debió a Gregorio lX, a través de varias bulas de 1233, a tenor de las cuales, encargaba a la Orden de Predicadores en sustitución de los respectivos prelados la misión de inquirir, juzgar y sentenciar los herejes de las respectivas diócesis, quedando encargado el poder civil de la ejecución de las penas impuestas, que, conforme a disposiciones anteriores, podían ser la del fuego, cárcel y confiscación.

El tribunal así creado, en un principio para el sur de Francia, se extendió rápidamente hacia las regiones del Norte, y traspasando las fronteras del reino, se difundió por los demás países de la Cristiandad, salvo Inglaterra. En nuestra península, la Inquisición penetró, desde un primer momento, en el reino de Aragón, que por su proximidad con el sur de Francia, acusaba también la acción disolvente de las herejías aludidas, motivando desde la época de Pedro II la adopción de medidas rigurosas contra sus secuaces. Jaime I, a instancias de su confesor San Raimundo de Peñafort, obtuvo del Pontífice la entrada de la Inquisición en sus reinos, y en el concilio de Tarragona, de 1242, quedó definitivamente estructurado el funcionamiento de dicho tribunal, y regulado su procedimiento de acuerdo con las normas eclesiásticas. Al propio San Raimundo se debe la redacción del primer código de procedimiento inquisitorial, un manual práctico para inquisidores (1235). A este, siguió más tarde otra obra parecida, debida a la pluma del inquisidor gerundense fray Nicolás Eymerich, Directorio de inquisidores, que pronto había de convertirse en el manual corriente en todos los Tribunales de la Inquisición.

Con el concurso de dominicos y franciscanos, sobre todo los primeros, funcionó regularmente este tribunal durante el resto de la Edad Media, en los reinos de Aragón, y también en Navarra. Diferentes tentativas para introducirlo en los reinos castellanos, en el curso del siglo XV, no llegaron a su fin; pero los códigos territoriales vigentes en los mismos —Fuero Real, Partidas— admitían la condenación de la herejía con la pena de muerte, reproduciendo las respectivas prescripciones de las Decretales y otras disposiciones canónicas.

La Inquisición Española

El establecimiento de la Inquisición en Castilla fue obra de los Reyes Católicos, no como una admisión de la antigua Inquisición medieval, según regía en Aragón, sino como una institución nueva, que desplazando o absorbiendo esta última, vino a extenderse por todos los reinos de la Península bajo un nuevo patrón uniforme y centralizado. Los Reyes Católicos instaron la creación y funcionamiento del nuevo tribunal como un instrumento eficaz de consolidar la unidad religiosa y nacional de la Península puestas en peligro por la amenaza que representaba la gran masa de judíos conversos, marranos, mantenedores ocultos de sus viejas prácticas y frecuentes fautores de desórdenes y aun delitos en la población cristiana Bula de Sixto IV, 1478.

Por esto, tras un forcejeo diplomático con el Sumo Pontífice, consiguieron de este la facultad de organizar la Inquisición o Santo Oficio con plena independencia de la Santa Sede, creando una jurisdicción o tribunal, que dependía, como todos los demás, de la corona. En este sentido se puede hablar de una Inquisición española, distinta de la inquisición medieval pontificia, del resto de Europa, que justamente por entonces dejaba ya de actuar.

En las décadas finales del siglo XV, logran los Reyes Católicos ir extendiendo los tribunales de la nueva Inquisición —en un principio limitado a varias ciudades castellanas— a los reinos de la corona de Aragón, no sin chocar con serias resistencias de las poblaciones respectivas. Hacia fines de siglo, la Inquisición, con una organización y características casi definitivas, actuaba con rigor en las principales capitales españolas, contra los judaizantes y falsos conversos. Más tarde amplió su campo de acción contra los moriscos, y desde la segunda mitad del siglo XVI, contra los protestantes, reprimiendo severamente los focos de herejía aparecidos en algunos lugares (especialmente Valladolid y Sevilla).

Decadencia del tribunal

A partir del siglo XVII se inicia una decadencia en la actuación y eficacia del Santo Oficio, que se agudiza en el siglo XVIII, merced a las nuevas corrientes ideológicas recibidas en España, y a las desviaciones y abusos del propio tribunal, utilizado cada vez más como arma política por los soberanos. Varios ministros, como Godoy y Jovellanos, proyectaron su abolición, sin llevarla a cabo. No es de extrañar, así, que el movimiento liberal, surgido a raíz de la Guerra de la Independencia, fuera francamente hostil a este tribunal, y que las Cortes de Cádiz decretaran solemnemente su extinción (5 de enero de 1813). Aun revivió con ciertas intermitencias en los periodos de restauración realista, pero su existencia fue puramente nominal. Un decreto de 15 de julio de 1834 le dio el definitivo golpe de muerte.

El procedimiento judicial

El tribunal de la Inquisición, funcionaba, según se ha apuntado, como una jurisdicción del Estado, en materia religiosa. El poder real nombraba directa o indirectamente y retribuía los jueces o inquisidores (religiosos o clérigos seculares) y demás personal de la misma, pero estos recibían del Papa su aprobación y sus poderes para actuar. Al frente de la Inquisición se hallaba un inquisidor general, quien, con el Consejo Supremo de la Inquisición (organizado en 1480 por los Reyes Católicos, e integrado en el sistema de los Consejos centrales), llevaba la alta dirección del instituto. A su lado funcionaban, como tribunales de instancia, los tribunales provinciales, con sus correspondientes inquisidores (generalmente en número de tres), nombrados directamente por el inquisidor general, oficiales. procurador fiscal, familiares del Santo Oficio (especie de policía de la Inquisición), etcétera.

El número de estos tribunales, en la época de apogeo de la misma, llegó hasta nueve en la Península (Barcelona, Logroño, Zaragoza, Valencia, Córdoba, Cuenca, Granada, Murcia, Llerena, Santiago, Sevilla, Toledo y Valladolid) y algunos más en los territorios de Indias.

El procedimiento seguido por el Tribunal de la Inquisición se basaba en el de la Inquisición medieval y no difería sustancialmente de los sistemas procesales de la época. La presentación voluntaria de todo hereje o suspecto confesando su culpa, acarreaba tan solo la imposición de ligeras penitencias. Pero la denuncia o la actuación de oficio contra algún acusado, originaba un proceso detenido y minucioso, durante el cual este quedaba incomunicado en prisión preventiva y sin conocimiento de los nombres de los testigos y acusadores, pudiendo no obstante comunicarse con el juez, defenderse con su abogado, apostar testigos de abono, etcétera. Solo cuando el resultado de las pruebas aparecía dudoso, se recurría al tormento, para obtener la confesión del acusado. Esta prueba, usual en los tribunales civiles, se aplicó según varias modalidades (cordeles, potro, garruchia), y con ciertas garantías de ejecución.

Las sentencias definitivas podían ser de absolución más o menos total, reconciliación pública, previa abjuración (con penas graves, prisión perpetua, inhabilitación pública, uso de sambenito, si esta sobrevivía después de oír el resultado de la prueba) y de relajación al brazo secular, cuando el culpable se obstinaba en su creencia. Esta traía consigo la muerte en la hoguera —o en efigie si el procesado se hallaba en rebeldía— conmutable por el garrote cuando abjuraba ante el patíbulo, y era ejecutada por los ministros de la justicia estatal en la forma y lugar acostumbrados, después de la celebración del correspondiente auto de fe, acto público y solemne en el que eran leídas las penas y se formulaban las reconciliaciones.

De modo diverso ha sido enjuiciada la Inquisición española, mezclándose lamentablemente perjuicios ideológicos y políticos que enturbian la recta visión de la misma, solo apreciable si se distinguen sus diferentes aspectos. En cuanto a su fundamento y razón de ser, cuyo enjuiciamiento pertenece más bien a la ciencia teológica que a la histórica, es evidente que la Inquisición aparece incomprensible a la mentalidad de nuestros días, pero no lo era en tiempos de su institución, cuando la integridad de la fe religiosa se concebía universalmente como el valor fundamental de la vida.

Tampoco en orden a su actuación ordinaria puede merecer la Inquisición —y concretamente la española— especiales reproches, ya que su sistema penal procesal participaba de las características del proceso ordinario en la jurisdicción civil (tormento, cárceles, muerte en la hoguera), y salvo en los primeros tiempos, no usó a través de ellos especial rigor y crueldad.

Más vulnerable es la consideración de los abusos a que dio lugar el funcionamiento y la misma existencia de la institución, dada su dependencia del poder real, que la utilizó, sobre todo con Felipe II, como instrumento político para fines particulares, y dada la propensión a ensanchar sus atribuciones pretendiendo invadir la esfera de otras jurisdicciones y delitos. Sin embargo, como recuerda Menéndez Pelayo, la Inquisición española evitó con sus víctimas los raudales de sangre que las guerras religiosas causaron en otros países de Europa, y no fue obstáculo alguno para el desarrollo del pensamiento y la inspiración, como lo acredita el brillante florecimiento de la literatura española en los siglos que estaba en auge el Santo Oficio.

FONT, José María, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg. 2ª edición. Ed. de la Revista de Occidente, 1969, tomo F-M, págs. 478-480.

La Inquisición en América

Como el móvil fundamental que impulsó a los Reyes Católicos a la empresa colombina fue el de la conquista de innumerables almas infieles, era necesario que la corona y la Iglesia, después de la conquista, se preocuparan de que una vez atraídos los indios a la fe de Cristo, no se contaminaran de las herejías existentes o reincidieran en sus antiguos ritos. Para ello, y con el mismo fin que en España, se lleva a América el Tribunal de la Inquisición.

Germana de FoixEjecución de Mariana de Carvajal (judía conversa) en México, 1601.

La institución como tal, con sus ministros propios, no cruza el mar para implantarse en los primeros tiempos de la conquista; entonces el cuidado de la pureza de la fe queda en manos de los obispos por órdenes del cardenal Cisneros (1517). Más tarde, en 1519, el emperador expide Real Cédula a favor del obispo de Puerto Rico y del dominico fray Pedro de Córdoba para que actúen como inquisidores y que procedan contra los judaizantes, blasfemos e idólatras. Es su hijo Felipe II el que funda, en 1570 y 1571, los tribunales de Perú y de México, asesorado por el inquisidor general, el cardenal don Diego de Espinosa. En 1610, el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Rojas, conseguía la creación de un tercer tribunal en Cartagena de Indias.

Los tres tribunales eran puestos, juntamente con sus componentes, bajo la protección de los oficiales reales, aunque estos no entendían en sus asuntos, y sus apelaciones se llevaban ante el Consejo Supremo de la Inquisición. Los oficiales de las Audiencias podían actuar en número de tres como consultores del Santo Oficio, y estaban encargados de ejecutar las sentencias con los reos relapsos.

Las funciones de la Inquisición tuvieron su auge en los momentos de peligro luterano y judaizante actuando sobre españoles, mulatos y mestizos, pero ya en el siglo XVIII había decaído grandemente. Junto a su labor propia de inquirir en causas civiles y criminales idénticas a las de España e Italia, tenía otra de moralizar y mejorar las costumbres de la sociedad: en este sentido se encargaba de las causas de clérigos solicitantes, de los bígamos y de los casos de hechicería. Los indios no eran sujetos de su ministerio, quedando bajo el amparo y jurisdicción de los obispos por ser nuevos en la fe, gente flaca y de poca sustancia.

El tribunal de la Inquisición tenía libertad para enjuiciar a cualquier individuo fuera del rango que fuese —bien que en los casos del virrey, oidores, gobernador, se les encomendaba gran tacto y discreción.

Ningún otro organismo podía intervenir en sus decisiones, a pesar de que el obispo o su vicario formaban parte del tribunal como miembros; únicamente carecían de poder en las causas civiles en que se vieran envueltos sus familiares y aún en estos casos ponían todos los fueros que obraban a su favor en acción.

Por su labor de moralización y corrección de vicios se ganó la enemiga de una parte poderosa de la sociedad; por sus reservas económicas y el amparo que la institución desplegaba en los negocios de sus miembros, los choques con los organismos estatales fueron duros y de difícil solución. Del primer hecho se desprendió parte del ambiente hostil hacia sus métodos y sus prisiones, cuyas salas de tortura defraudaron a los limeños cuando en un motín del siglo XVII no encontraron en ellas más que aparatos abandonados y sin usar de largo tiempo. Los roces con los oficiales reales tuvieron más trascendencia, y durante dicho siglo los reyes se vieron obligados a convocar en dos ocasiones una concordia que ajustara las diferencias.

Uno de los puntos espinosos para el ajuste era el de los salarios de los inquisidores: estos debían recibirlos de las arcas reales, pero como las penas que el tribunal imponía a sus reos solían consistir en multas y confiscaciones, el rey juzgó conveniente para su erario que el tal salario se tomara de dichas confiscaciones, y, en caso de que no fuesen suficientes, sus receptores les abonarían la diferencia. Este sistema requería una revisión periódica y minuciosa de las cuentas del tribunal antes de serles entregado su sueldo cada cuatro meses.

Felipe III se propone solucionar las demandas de ambas partes y convoca una concordia en 1610 por la que se mandó que los familiares no arrendaran rentas reales, no tuvieran encomiendas, corregimientos, esclavos ni cargos públicos; que no se entrometieran en los estatutos de las Universidades para la expedición de títulos; que no mercadearan, etc. Para llegar a un acuerdo en los pleitos que surgieran en lo sucesivo, se reunirían el corregidor y el inquisidor más antiguos. Si no había conformidad, el virrey debía elegir una dignidad eclesiástica entre tres para que lo sustituyera, y si tampoco esta tentativa tenía resultado, era el propio virrey el que decidía.

Los intereses andaban muy mezclados con los cargos, para que la anterior concordia surtiera efecto, y en 1633 hubo necesidad de repetir la suerte, aduciéndose los mismos cargos fundamentales: los oficiales reales pedían que las cuentas fueran entregadas, y que, como particulares, no estuvieran bajo el fuero de la Inquisición.

Gozaban los inquisidores gran distinción y rango entre las autoridades de la colonia: eran recibidos con salvas de artillería y salían a buscarlos el obispo, el cabildo y el gobernador con los oficiales cuando llegaban para implantar un tribunal. El fiscal, el juez de bienes confiscados, el secretario, el receptor, el nuncio y alcalde de cárcel de cada tribunal estaban exentos de pechar al rey; y los familiares podían llevar armas.

Como institución ha sufrido la Inquisición americana las mismas críticas que la española, cuando si su función en la Península supuso la unidad religiosa e ideológica, en América se vio aumentada por sus actividades represivas de los vicios de una sociedad más sensual у libertina, a consecuencia del medio geográfico y humano, y lo que es todavía más esencial: la lucha contra la hechicería. En este aspecto, hasta el mismo Lea, detractor tenaz de San Oficio elogia su labor para extirpar todas las supersticiones y brujerías aportadas por tan heterogénea población de indios, negros, mestizos, mulatos, etc.

Durante el gobierno español no se dio el caso de la persecución y muerte en la hoguera de miles de brujas y hechiceros, como sucedía en la contemporánea Europa. Añádase a esto que el desarrollo cultural en los virreinatos floreció de manera rápida y que todavía hoy admira, contradiciendo de un modo práctico todas las acusaciones de represión del espíritu y oscurantismo que se le han achacado. El principal historiador de la Inquisición en América ha sido el gran polígrafo chileno José Toribio Medina, autor de sendas historias del Santo Oficio en Cartagena de Indias, México, Río de la Plata, Perú, Chile y Filipinas.

CORTÉS, Vicenta, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg. 2ª edición. Ed. de la Revista de Occidente, 1969, tomo F-M, págs. 481-482.

Inquisidor general

Cargo supremo de la inquisición española, creado por los Reyes Católicos, con la aprobación pontificia, en 1483, para dar unidad al cuerpo de la Inquisición, integrado hasta aquel momento por tribunales o inquisidores varios que actuaban en distintas ciudades. Procedente del inquisidor general puede considerarse al juez general de apelaciones, establecido poco antes por los mismos soberanos, para rehuir toda dependencia pontificia. El inquisidor general extendía su jurisdicción a los distintos reinos peninsulares reunidos en la Corona de los Reyes Católicos y monarcas sucesivos, y era el presidente del Consejo Supremo de Inquisición (Consejos), su organismo asesor, siendo, desde un primer momento, nombrado por los reyes. A él le pertenecía el nombramiento de los tribunales e inquisidores provinciales y, en general, la alta dirección y vigilancia sobre todo el instituto.

El cargo de inquisidor general fue ganando en importancia, y pronto debieron pasar por sus manos los asuntos más delicados o de cierta gravedad instruidos por los tribunales inferiores. Asimismo, el inquisidor con el Consejo debía entender de las apelaciones de los fallos en estos tribunales cuando estas tenían lugar, como era en el caso de no haberse producido una votación uniforme en la sentencia final. Ocupaba este cargo un alto dignatario eclesiástico, o un religioso de reconocido prestigio. Inquisidores generales fueron, en los primeros años del funcionamiento del instituto, fray Tomás de Torquemada, Cisneros, fray Diego de Deza...

Inquisidores

Miembros del tribunal de la Inquisición, con cargo de jueces en los distintos tribunales provinciales de la misma. En un principio, los inquisidores actuaban como jueces delegados o comisionados en un determinado lugar o ciudad, para la represión de los delitos de herejía o análogos a descubrir en la misma. Así, en los inicios de la Inquisición pontificia, en el sur de Francia y en el reino de Aragón (siglo XIII); también en los de la Inquisición española creada por los Reyes Católicos (siglo XV). Más tarde, conforme se organizaban los tribunales en una área territorial fija, los inquisidores quedaban asignados como jueces en dichos tribunales, generalmente en número de tres.

Germana de FoixSan Pedro de Arbués, por Murillo

En la Inquisición medieval, los inquisidores pertenecían casi todos a la Orden Dominicana, siendo nombrados por el maestro general de la Orden, pero dependían en su actuación del Sumo Pontífice y actuaban de acuerdo con el Ordinario del lugar. Los inquisidores españoles de la edad Moderna pertenecientes a distintas órdenes regulares, o al clero secular, eran nombrados por el inquisidor general, quien a su vez, lo era por el rey, pero sus nombramientos eran aprobados por el Papa, quien les comunicaba su jurisdicción y poder de actuar.

Los inquisidores, como integrantes, de los tribunales provinciales, instruían y sentenciaban los procesos de herejía, pudiendo actuar conjunta o separadamente, salvo en ciertos casos, uniéndose, en el momento de la sentencia, al ordinario del lugar y a los consultores o teólogos del Santo Oficio. La asistencia personal del inquisidor era requisito esencial en la aplicación del tormento. Los inquisidores cuidaban, asimismo, de la predicación de la fe contra los herejes al pueblo reunido con ocasión de un auto de fe, y también en otras ocasiones, generalmente antes de iniciar su actuación en una ciudad o distrito. Víctimas de su misión, fueron, entre otros, los inquisidores españoles fray Ponce de Blanes, fray Pedro de la Cadireta, y en la Edad Moderna, fray Pedro de Arbués.

FONT, José María, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg. 2ª edición. Ed. de la Revista de Occidente, 1969, tomo F-M, pág. 482.