Tal vez no encontremos en el mundo una nación que halla tenido menos oportunidad de decidir su propio destino que la española. En rigor, la Historia de España no la han hecho los españoles más que en mínima parte: la han hecho a menudo sucesos y accidentes en cuyo desencadenamiento no ha tenido mano el español y cuya trayectoria tampoco ha podido gobernar.
Toda nación debe su personalidad a diversos elementos: físico —el medio—, étnicos, históricos, etc. Pero la proporción en que cada uno de estos agentes participa en el proceso formativo de las sociedades humanas varía sobremanera. A unos pueblos les ha sido posible manifestarse en la Historia con absoluta fidelidad a su carácter, porque ningún accidente grave ha venido a perturbar el espontáneo desenvolvimiento de su existencia. Hay naciones, por el contrario, moldeadas en grado superlativo por la acción de la Historia. España es una de ellas. La Historia —relaciones internacionales, instituciones políticas, formas de cultura— puede ejercer sobre la suerte de una nación influjo tan hondo como el milieu —medio natural— y la sicología o idiosincrasia nacional.
El destino de la Península Hispánica parece estribar en servir de palestra a cuantas banderías, pueblos y civilizaciones tienen que dirimir una querella
En España se ha decidido sucesivamente —al menos en parte considerable— el destino de Roma, el futuro de la Cristiandad, la estructura política de Europa. En España inician cartagineses y romanos la segunda guerra púnica y se baten luego las facciones de las guerras civiles romanas. Sobre España descarga el Islam toda la energía de su expansión en Occidente. Concluida virtualmente la reconquista del territorio por los cristianos (siglo XIII), cuando España empieza a eliminar cuerpos extraños, Francia e Inglaterra extienden a la Península (siglo XIV) su guerra secular.
En el siglo XVIII, con la guerra de Sucesión, se dilucida en suelo español la hegemonía europea de las dos grandes casas reinantes en el continente. A principios del siglo XIX, la guerra de la Independencia se vuelve a decidir en España, con el quebranto del poder napoleónico, el porvenir de Europa. En 1823, la Santa Alianza, vigía del absolutismo, sofoca en España la libertad con el envío de un ejército francés de ocupación.
Por último, aún está viva la situación en que varias potencias contrarían, una vez más, el libre juego de las fuerzas políticas españolas imponiendo a esta nación un linaje determinado de gobierno repudiado por ella. Se considera, que solo durante los siglo XVI y XVII dejó de padecer España decisivas injerencias exteriores. Pero aunque ningún siniestro histórico no provocado por los españoles desvía en esos siglos el curso de la política peninsular, esta viene determinada, quizás irrevocablemente, por un pasado que el español no pudo elegir.
La invasión sarracena del año 711 de nuestra era (llamada en la Edad Media, con frase justa, la destrucción de España) constituye para la Península un cataclismo político mucho más considerable por sus consecuencias que las invasiones bárbaras lo fueron para Europa trescientos años antes. Como ha demostrado Pirenne, el hecho capital de la Edad Media es el conflicto cristiano-árabe. Al punto de que a esa colisión debe acaso la Edad Media occidental sus más acusadas características.
Y ese choque tiene lugar, esencialmente, en suelo español, tierra donde se superponen las razas, las religiones y las culturas en pugna. España presta entonces un doble valiosísimo servicio al Occidente, como muro en que se van estrellando las legiones de guerreros musulmanes que periódicamente arroja contra Europa el Norte de África islamizado, y como agente transmisor al Occidente de la cultura superior de los árabes.
En cuanto fortaleza avanzada de Europa, España ahorro a otros pueblos de la Cristiandad las guerras y complicaciones políticas que traía la intrusión de los musulmanes en Occidente. Europa pudo organizarse y evolucionar social y políticamente sin contratiempos de aquella magnitud, al paso que España se desenvolvió en guerras continuas. Esa tragedia medieval dejó planteados a los españoles ingentes pleitos sin solución, de los cuales aún se resiente la vida política peninsular.
El rumbo peculiar que la ocupación musulmana impuso a España la quebrantó y descompuso como nación, e hizo imposible para lo futuro, quizás para siempre, la reaparición de una nación regularmente constituida, de un Estado peninsular; y el estadista español moderno, que toca hoy, todavía, las consecuencias de la extraordinaria Edad Media que vivió la Península Hispánica, tiene, sin duda, razones para deplorar la dominación musulmana.
Con todo, si se mira el interés permanente de la humanidad, se verá que aquella dominación se acompañó de resultados maravillosos, y no ha sido España, en otro orden de cosas, la nación menos favorecida por ella. La ocupación árabe enriqueció a la Península con valores históricos y artísticos de rara originalidad; y antes que agotar a la raza española, la secular colisión con el Islam la templó y la endureció.
Si en la Edad Media cupo a España, como hemos dicho, la alta misión de defender a Europa con sus soldados y transmitir la cultura árabe a Occidente, necesitado de nuevas luces renovadoras, al cerrar aquella Edad pudieron los españoles coronar sus servicios a la humanidad con otra proeza singular. España se presenta en el Renacimiento con insólito y sobrehumano vigor; y esa exaltación se debe en última instancia a la presión sarracena, que dispara la energía cristiana hacia mundos desconocidos.
De suerte —escribe Toynbee — que los pioneros ibéricos de la Cristiandad occidental prestaron un servicio sin par a la civilización que representaban. Dilataron el horizonte y con ello, potencialmente, los dominios de nuestra sociedad occidental, desde un oscuro rincón del viejo mundo, hasta que llegó a abarcar todos los territorios habitables y todos los mares navegables del planeta. Se debe a esta energía y a esta iniciativa ibéricas la circunstancia de que la Cristiandad occidental haya crecido, como el grano de semilla de mostaza de la parábola, hasta convertirse en la Gran Sociedad : un árbol en cuyas ramas se han aposentado y domiciliado todas las naciones de la tierra.
Examinemos ahora el proceso político desintegrador con algún detalle.
Bajo la monarquía visigoda (476-711 de nuestra era) —el fundador de la monarquía visigoda en España es Eurico (466-483); los seis reyes godos que le precedieron reinaron en las Galias—, la unidad política de España, propulsada por factores e intereses innúmeros, se había consumado en el seno de un Estado peninsular. España se movía ya, con ninguna diferencia cardinal, por el sendero de todos los pueblos occidentales sustraídos a la sociedad natural por el soldado y el legislador romanos. No hay evidencia alguna que nos induzca a suponer que España hubiese sido fundamentalmente distinta en las edades Media y Moderna, por sus instituciones políticas y sociales, de otras naciones europeas si el drama visigótico hubiera tenido solución diferente de la que tuvo.
Pero ese proceso de incorporación definitiva a la corriente europea (al modo como la Península se había incorporado al mundo romano, del que fue la provincia ultramarina que más rápidamente se latinizó), quedó irreparablemente truncado por árabes y beréberes en el siglo VII. Hispania desaparece. Se rompen la unidad de lengua y de cultura, la unidad religiosa, la unidad política, y hasta la misma existencia de la raza resulta seriamente comprometida.
No faltan autores de que se asombren de que los españoles tardaran en expulsar a los sarracenos ocho centurias. Pero nada hay de sorprendente en ello. Desde el primer instante, el ejército, y muy pronto la cultura árabe, fueron superiores a los ejércitos y a la cultura cristianos. Los musulmanes afianzaron su dominación más por el intelecto que por la fuerza. Estaban mejor organizados, presentaban una cohesión y una vitalidad que faltaban en absoluto en el mundo occidental.
Con su deslumbrante civilización, los árabes, en vez de ser conquistados y absorbidos por los vencidos, como les aconteció a las tribus germánicas, conquistaron y en parte absorbieron a los pueblos que cayeron bajo su ley. Como por primera vez apuntó en 1912 don Julián Ribera, infinito número de españoles se islamizaron; y fuera de España se islamizaron figuras como la del emperador Federico II y su hijo Manfredo.
La empresa de la Reconquista, que en otra edad habría fomentado la unidad entre los españoles, en la Edad Media actuaba a favor de la desintegración militar y política característica del feudalismo. Ambas circunstancias —Reconquista y dispersión feudal—, que dieron lugar a la aparición de los diversos estados o reinos sobre las ruinas del Estado único visigótico, se coaligaron en la Alta Edad Media para dificultar toda acción cristiana concertada y eficiente frente al invasor.
Por otra parte, la íntima comunicación con el árabe y el aislamiento en que se sumergió a partir del siglo VIII, impusieron al español una Edad Media más genuina e intensa, en ciertos aspectos capitales, que a los demás europeos. El incesante ejercicio de las armas en una edad en que lo militar, lo religioso y lo caballeresco venían a ser una y la misma cosa, hizo de España el país sin rival en la caballería.
La lucha secular contra el islamismo y la presencia de multitudes hebreas más cultas, más ricas y más numerosas que en ninguna otra parte del mundo occidental acentuaron el sentimiento católico ortodoxo de los españoles. En ningún otro país hubo tantas ni tan brillantes controversias teológicas como en España entre los filósofos de las tres religiones. Y la Reconquista dio a la Iglesia de España un predicamento excepcional, al tiempo que imponía al clero español una inmoderada actividad militar que los eclesiásticos del resto de Europa no conocieron.
Si la nobleza guerrera fue en España fue religiosa, los religiosos fueron también guerreros. Las fortalezas militares eran conventos; los monasterios eran fortalezas. Los prelados mandaban sus tropas propias en persona. En tal atmósfera, el clero español no fue solo militar; fue, además, político. Cuanto el español hace o deja de hacer en los siglos XVI y XVII menester es, por tanto, analizarlo a la luz de la excepcional Edad Media española.
Con tales antecedentes no ofrece dificultad comprender el papel que España desempeña en el mundo del Renacimiento. Al ideal individualista del Renacimiento, el español opone el universalismo medieval. Los valores que España defiende en el siglo XVI son típicamente medievales: en política, la monarquía católica universal; en filosofía, Aristóteles y la escolástica; en ética, lo caballeresco; en economía, el rebaño. Al español no le interesa el comercio ni la industria, que considera actividades de villanos. Conforme la ética medieval, se paga de noble. Busca el género de riqueza que fue la obsesión de la Edad Media: el oro, que Alfonso X quiso hallar con la piedra filosofal. No va el español a América en busca de mercados, sino de oro en pepitas.
Pero también le impulsa el espíritu misionero, la ambición de sustraer a millones de almas a las religiones bárbaras. Los españoles exterminaron a los indios del Caribe, pero en el Continente se cruzaron con los nativos, los convirtieron al cristianismo y los situaron moralmente a su altura, con Dios como punto de referencia. Llevaron a las colonias —y esto es lo que importa, lo permanente y transcendental — aquel sentimiento universalista de la Edad Media que pintaba en la Epifanía a un Rey Mago negro junto a otros Reyes Mayos blancos. Porque ignoraban las diferencias de raza y dividían a los hombres no por el color de la piel, sino por la religión que practicaban.
En cambio, los colonizadores protestantes, inspirados por la Biblia, llegaron a América y a la India convencidos de que eran el pueblo elegido, el nuevo Israel, y de que, tomando posesión de la Tierra Prometida, cumplían la voluntad de Jehová, que les mandaba, de paso, identificar a los no europeos con los cananeos, entregados a ellos por Dios para que los destruyesen y sojuzgasen. Con este criterio los colonizadores protestantes de lengua inglesa exterminaban al indio del Norte de América de costa a costa del Continente.
El poder que adquiere España en el siglo XVI no proviene, como tendremos ocasión de ver, de que España forje su unidad política antes que las demás grandes naciones (error muy extendido), sino del hecho que para las empresas de las armas, la diplomacia, la conquista y los descubrimientos geográficos se necesitaban actores que ninguna otra raza podía ofrecer entonces como la hispánica. No se hurta España enteramente al Renacimiento.
Lo recibe en el siglo XV con honores, como se refleja en la literatura de la segunda mitad de esa centuria, y sobre todo como se advierte en la monarquía de Fernando el Católico. Pero la intensísima Edad Media que ha conocido el pueblo español depara un fin impopular a la revolución renacentista, cuyo sentido es redescubrimiento de la razón, la visión del hombre como eje del universo, esto es, el humanismo, la duda frente a la afirmación dogmática. Por manera que si bien España se da una monarquía renacentista, esta monarquía estará pronto al servicio de los ideales de la Edad Media y se apoyará, en parte, en una institución esencialmente medieval, como es la Inquisición, resucitada en 1482.
La Inquisición española nació para vigilar la conducta religiosa de los judíos conversos, exclusivamente para los judíos que, de mejor o peor grado, se habían convertido al catolicismo. España fue el país donde mejor trato disfrutaron los judíos durante la Edad Media. Pero cuando en el siglo XIV se planteó el conflicto racial (producto en gran parte de la lucha de clases), la Iglesia intentó resolver el problema mediante las conversiones, la mayoría obtenida por coacción.
No dieron las conversiones el resultado que se buscaba, porque los judíos españoles, compatriotas del gran Maimónides, gentes muy versadas en sus libros y ceremonias, se mantenían fieles, subrepticiamente, a la sinagoga. Estimó entonces la Iglesia que con la Inquisición se podría evitar la apostasía —negación de la fe de Jesucristo recibida en el bautismo— de los bautizados, y la Corona apoyó a la Iglesia en este designio, percibiendo, sin duda, que la Inquisición imprimiría mayor coherencia al Estado.
Pero tampoco mitigó el nuevo tribunal, a pesar de su rigor, la lucha de razas, y en todo caso carecía de jurisdicción sobre los judíos no conversos, que acabaron siendo expulsados en 1492. Hasta 1525 no extendió el Santo Oficio su jurisdicción a los cristianos. Es más; la Inquisición no solo coexistió con cierta libertad de conciencia entre los católicos, sino que favoreció la naciente disidencia en materia dogmática.
El protestantismo entró en España con los libros y las cartas de Erasmo. Adviértase que la ra mitad del siglo XVI es un periodo de confusión teológica o doctrinal en todas partes. En España, el arzobispo de Toledo, Fonseca, y el de Sevilla, el inquisidor general Manrique, seguían a Erasmo. Buena parte de la inteligentsia española era erasmista, y Erasmo estaba sostenido en España por la Inquisición y por el emperador Carlos V. En España no había luteranos; había erasmistas. La intelectualidad española acogía mejor el espíritu de conciliación y compromiso de Erasmo que la intransigencia de Lutero. Pero todo eso se lo llevó el huracán que soplaba de Alemania. El avance del movimiento reformista acabó alarmando a la Iglesia, y hacia mediados del siglo XVI surgió la reacción católica.
Roma abandonó su confiada actitud frente a los sutiles renovadores del tipo de Erasmo y decretó la defensa del dogma cabal, sin mengua, tal como se había recibido de la Edad Media. En España, a la muerte del inquisidor Manrique (1538) la reacción se tradujo en la implacable persecución del erasmismo, y la dirigieron las órdenes religiosas. Entonces se comprobó que el erasmismo era obra de una minoría intelectual si base en el pueblo.
En todas partes volvió la Iglesia en la medida de lo posible al momento prerrenacentista, y España tornó a centrarse en ese momento con todas sus potencias; se erigió en escudo y campeón del dogma católico. Dada la pasión militante que embargaba el espíritu del credo popular desde la Edad Media y el excepcional influjo de la Iglesia en la sociedad española, no es de extrañar que fuera España, al dividirse el mundo católico, uno de los centros en los que más sólidamente se condensó la reacción contra la Reforma. España iba a cerrarse ahora herméticamente a la corriente renacentista (que nadie personificó mejor que Erasmo), y la persecución del erasmismo no sería más que un episodio de la lucha contra las nuevas luces.
La intolerancia, la locura religiosa, fue en los siglos XVI y XVII común a toda Europa, y España no quedó en esto a la zaga de ninguna nación. ¿Pero no había dado España, en otras circunstancias, ejemplo opuesto? Bien será recordar que en la Córdoba de los califas coexistieron los tres cultos: el mahometano, el judaico y el cristiano, y que cristianos y musulmanes llegaron a compartir el mismo templo. Idéntica tolerancia se aclimató en los siglo XII y XIII en la España recuperada por los cristianos.
El arzobispo de Toledo don Raimundo, gran canciller de Castilla (1130-1150) inició, en el reinado de Alfonso VIII, la difusión de la cultura árabe entre los cristianos. Alfonso X el Sabio (1252-1284) solicitó y obtuvo para sus trabajos científicos la colaboración de hombres de las tres religiones, asignó en Sevilla a los judíos tres mezquitas, que se convirtieron en sinagogas, y fundó en esta ciudad y en Toledo cátedras de lengua y literatura hebreas.
Y, en fin, el famoso Colegio de Toledo, laboratorio en que se dieron cita los sabios judíos, mudéjares y cristianos, continuó con magnífico lustre la admirable tradición de las escuelas árabes. Moros y judíos vivieron quizás, más seguros y respetados durante los siglos XI, XII y XIII en los dominios de los reyes cristianos que los cristianos bajo los árabes en los buenos tiempos del Califato. Esa situación española representa un magnífico lienzo en que la tolerancia se destaca sobre un fondo pavoroso de histerismo religioso, matanzas de judíos y excesos de todo linaje a cargo de los cruzados europeos en Oriente y aun de los que pasaron sus armas por España.
Es Castilla las comunidades hebreas disfrutaban sus fueros y privilegios al igual que los municipios y convivían con cristianos que eran, como ellos, ni señores ni siervos, sino células de una clase urbana, al nivel de la cual funcionaba perfectamente, por su ilustración, su libertad y su riqueza, el mundo israelita. Tampoco se persiguió en España a los templarios, ni compartió España el furor que se desató en Francia contra los albigenses; antes bien, un rey de Aragón, el valeroso Pedro II, en cuyos dominios abundaban estos herejes, no solo no los persiguió, sino que casó a una de sus hermanas con el conde de Toulouse, caudillo de la secta, y a otra con el hijo de este mismo conde. Marchó luego al frente de sus tropas contra las fuerzas del papa, capitaneadas por el fanático Simón de Monfort y murió peleando en Muret (1211).
En suma, en la Edad Media florecieron en España la tolerancia y el espíritu de compromiso religioso, precisamente cuando el resto de Europa vivía arrebatado por el fanatismo y cuando había flamencos (pueblo famoso luego por su respeto a la conciencia disidente) que incendiaban sinagogas en Constantinopla. Forzoso es preguntarse si hubiera sido posible la tolerancia medieval española en una nación de innata ferocidad religiosa, como se dice de la española. ¿Habría dado España tanto ejemplo de moderación intelectual, espiritual y política durante tanto tiempo?
La verdad parece ser esta: que la tolerancia española, como la intolerancia, se hallan determinadas por motivos menos ligados de lo que se supone vulgarmente a la constitución moral y étnica del español; que en unas épocas otras naciones exceden a la española en impulso persecutorio y exclusivista religioso, y en otras es España la más intransigente; y que si en conjunto, en todo el recorrido de la Historia hasta nuestros días, la Península Hispánica ofrece periodos más largos de persecución, esta originalidad proviene de hechos históricos originales también, que analizamos en los capítulos que siguen.
En el siglo XVI el español se planta y se detiene en su posición metafísica medieval. Es caballero, religioso y soldado, un sujeto profundamente antiburgués. El hidalgo, el clérigo y el miles gloriosus eran ya a fines de esa centuria otras tantas plagas de la sociedad española. Con tales ideas era inevitable que España fracasara como nación entre los pueblos donde la revolución científica y económica había introducido e impuesto la razón crítica como norma de pensamiento; el comercio y la industria como fundamento de la economía, y el trabajo como fuente de prosperidad.
Sin embargo, el español ya no estaba tan incomunicado como durante la Alta Edad Media. Por mucho que el Estado se lo propusiera, no podía excluir de España totalmente la brisa estimulante y aguda del Renacimiento. Buen número de intelectuales españoles pasaron por Italia, meridiano renacentista, y el aliento vivificante de la época se refleja en las literatura del llamado siglo de Oro.
En el Quijote, libro esencialmente crítico, triunfa el humanismo, y por tanto, la genuina emoción del Renacimiento. Cervantes ve a los españoles como ellos, absortos en el cultivo de valores inactuales, no pueden verse. El manco genial descubre a España enamorada de sus anacrónicos ideales y en camino seguro de arruinarse por defenderlos. Con Don Quijote, Cervantes saca a la Edad Madia a pública irrisión, pero el autor simpatiza con su héroe (la razón, la crítica, el humanismo tampoco bastan; de ahí la sonrisa inteligente del autor) y lo trata con ternura, porque aunque el ideal es disparatado es, no obstante, noble. La quimera quijotesca, medievalista, antiindividualista, y por consiguiente, antiburguesa, descarta en España la posibilidad de que surja una clase social cuyo poder radique en la economía mercantil e industrial.
El renacimiento de la industria y del comercio en España, patente en los últimos años del siglo XV y la primera mitad del XVI, queda sofocado por la reacción antirrenacentista que corta de súbito, al propio tiempo, el desarrollo del renacimiento literario y religioso. España solo tiene, en rigor, dos clases sociales: aristocracia de sangre y pueblo. Es decir, la sociedad española se presenta en la Edad Moderna radicalmente desequilibrada. La clase directora española salía de la nobleza. No podía salir de la burguesía, porque no había burguesía, salvo en Cataluña.
Como acaeció a poco en todas partes, también en España perdió su vigor la nobleza; en España más rápidamente que en otras naciones, por cuanto la aristocracia no se cruzaba con las clases inferiores. En la Edad Media habían sido frecuentes los matrimonios entre la aristocracia de linaje y los judíos ricos. Pero ya apenas quedaban judíos y los que quedaban carecían de fortuna capaz de tentar a los nobles arruinados.
La nobleza española degenera en todos los órdenes, y no existe otra clase que pueda reemplazarla en la dirección de la sociedad. En otros países, cuando la nobleza decayó de su función directora vino oportunamente a ocupar su puesto en la política y en la economía la clase media, la burguesía o ambas clases se mezclaron, renovándose la aristocracia en todos los sentidos y compartiendo con la burguesía, más o menos secundariamente, la responsabilidad del gobierno.
Si se busca en el siglo XVII español (ya en el siglo XVIII) un estrato social vivo, entero, depositario de las virtudes de la raza, se hallará únicamente en el pueblo; pero el pueblo no podía aportar en aquella época la clase directora que faltaba. Por agotarse la nobleza española como clase directora en unos cien años, desde fines del siglo XVI España está prácticamente sin Estado y sin gobierno. Este es el drama de la brusca y vertical caída de España: la falta de una vigorosa clase media burguesa que sustituya al frente de la sociedad a la antigua aristocracia de sangre. Al caer la monarquía absoluta, a principios del siglo XIX, cuando se proclama la soberanía popular, la tragedia de no haber en España clase directora se revela en toda su crudeza.
La aristocracia pasa de clase directora a clase dominante; entonces se presenta la secesión del proletariado (incluyendo en este término, como es uso en la sociología moderna, a la minoría pensante). El pueblo repudia a una clase social (y a sus instituciones) que ya no dirige, que ha perdido toda ascendencia y autoridad moral e intelectual sobre él, y que tendrá como única política la dominación por la fuerza bruta.
El pueblo español acepta ya con fervor, a mediados del siglo XIX, las ideas liberales, no porque sean liberales, sino porque no son las de la clase dominante. En ese momento comienza el drama histórico que nos es familiar. Se trata de una lucha que se rige por un movimiento pendular, en el cual la revolución y la contrarrevolución de desalojan mutuamente del poder sin que ni una ni otra posean fuerza suficiente para imponerse a la sociedad de modo definitivo.
Aunque se suele hablar de las guerras civiles españolas, en realidad solo hay una guerra civil; lo que se viene entendiendo por guerras civiles son simplemente los episodios externos del drama, las campañas militares en que se manifiesta con estridencia el conflicto subyacente y pertinaz, de esencia fundamentalmente civil. Ese violento proceso se divide hasta ahora en trece periodos, seis reformistas y siete antirreformistas, como puede verse en la siguiente:
Interesa ahora alumbrar la entraña de cada periodo y hallar el sentido que encierran la revolución y la contrarrevolución. Así veremos a la guerra civil en su esqueleto, despojada de la parte externa y espectacular.
En líneas generales las Cortes de Cádiz se proponen abolir los privilegios feudales y eclesiásticos. El caballo de batalla de revolución será la movilización de la propiedad amortizada en el seno de las instituciones civiles y eclesiásticas. En ley de agosto de 1811 las Cortes dictan la incorporación de los señoríos jurisdiccionales —sujetos a un señor particular, a distinción de los realengos— a la nación. Por decreto posterior suprimen los mayorazgos inferiores a tres mil ducados, pero respetan los mayores en los casos en que no excedan de ochenta mil.
En septiembre de 1813 ordenan que se cubran los intereses de la deuda del Estado, mientras dure la guerra, con las rentas de los maestrazgos y las encomiendas vacantes de las órdenes militares, con los bienes de la Inquisición y con el sobrante de las rentas de los conventos, después de satisfechos los gastos del culto y la manutención de los regulares.
En enero de igual año (siguiendo el orden temático, no el cronológico) disponen las Cortes el paso a propiedad particular de todos los bienes de propios, excepto los ejidos de los pueblos. En junio proclaman la libertad de industria, y con ello la muerte de los gremios. Por último, ponen en venta los bienes de los monasterios. Toman, en fin, partido por la agricultura contra los privilegios abusivos de la Mesta, mandando el cierre de las tierras de propiedad particular y dictando otras medidas limitadoras del poder político de la ganadería.
Imponen la Constitución liberal, la que tuvo España, de 19-III-1812. Ese código político es copia de la Constitución francesa de 1791, salvo en el aspecto religioso, si bien en algunos extremos la aventaja en radicalismo, como el punto al veto real de las leyes, que en Francia se podía dilatar hasta cinco años y aquí se limita a dos. Crean la milicia nacional, a semejanza también de la guardia nacional francesa.
Establecen un Consejo de Estado formado por cuarenta miembros. Decretan el sufragio universal para la elección de los ayuntamientos, y el sufragio restringido, basado en la fortuna personal, para la cámara legislativa única. Fundan las diputaciones provinciales. Suprimen la Inquisición. Ordenan la fundación de escuelas en todos los pueblos de España y sus colonias. Cierran las casas religiosas de menos de doce miembros. Prohíben la existencia de más de un convento de la misma orden en un lugar.
Derogación de la ley sobre señoríos jurisdiccionales. Restablecimiento de los mayorazgos. El rey Fernando VII ordena que vuelvan a funcionar los gremios. Devuelve a los eclesiásticos los bienes vendidos, sin indemnizar a los compradores. Suspende la enajenación de las fincas de propios, pero la situación de la Hacienda le obliga a vender los baldíos (bienes del dominio eminente del Estado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo, o de la adquisición de bonos del Estado) y realengos (bienes que estaban afectos a los tributos y derechos reales) para pagar la Deuda Pública. Deroga la Constitución de 1812. Su el Consejo de Estado. Impone a los ayuntamientos el régimen de 1808. Extingue las diputaciones provinciales. Restablece la Inquisición. En fin, la monarquía se arroga todas las prerrogativas del absolutismo, tal como lo entendía Fernando VII.
Las Cortes sacan de nuevo a la venta las fincas de las órdenes religiosas. Por decreto de 1-X-1820 suprimen monasterios y órdenes monásticas, colegios regulares, conventos, órdenes militares —excepción hecha de los hospitalarios —, aplicándose al crédito público las rentas sobrantes de los conventos subsistentes y todos los bienes de los extinguidos.
En ley de 11 de octubre del mismo año se prohíbe a los organismos eclesiásticos adquirir bienes raíces, ni por testamento. Las Cortes tornan a poner en vigor el decreto de 1813 que daba a propiedad particular los bienes de propios. En 1822 se manda la división de estas fincas, de suerte que cada parcela pueda sustentar a cinco personas. Proclaman las Cortes otra vez la libertad de industria. Si antes se habían suprimido ciertos mayorazgos, ahora se suprimen todos.
Queda restablecida la Constitución de 1812. Reanuda su funcionamiento el Consejo de Estado. Se reinstauran las libertades municipales y se concede a los ayuntamientos amplia autonomía administrativa. Reaparecen las diputaciones provinciales. Las Cortes dictan la división del territorio nacional en 52 provincias, de acuerdo con el modelo francés. Se decide la expulsión de los jesuitas. Queda abolida la Inquisición. Nace la Universidad Central.
Restablecimiento de los gremios. Las órdenes religiosas recuperan sus bienes en parecidas circunstancias que en el periodo 1814-1820, se restablecen los mayorazgos, fuente de poder de la nobleza. Las reformas de la propiedad quedan anuladas en la medida de lo practicable. Por ley de 1831 se despoja a los pueblos de la servidumbre de pastos de rastrojera y barbechera que gozaban los vecindarios.
Es abolida de nuevo la Constitución de 1812. Se impone a los municipios el régimen de 1808. Desaparecen las diputaciones provinciales. Se su la división de España en 52 provincias. Se decreta la extinción del Consejo de Estado. Vuelven los jesuitas a sus conventos, con el resto de las órdenes. Se cierran las universidades y se dicta el monopolio de la enseñanza a favor de los religiosos. Fernando VII ampara las Juntas de la Fe, sustitutivo de la Inquisición.
En el terreno económico se mantuvo el Statu quo. Al morir Fernando VII deja 353 conventos más que en 1808, pero hay 38.000 regulares menos. El carlismo se levanta en armas contra la Reina gobernadora. Sufre modificación el régimen municipal. Se suprimen aquellos conventos en que la sexta parte de la comunidad se haya afiliado a la causa carlista. Resurge la milicia nacional con el nombre de milicia urbana. Se dicta una amnistía. Abren sus puertas las universidades. Martínez de la Rosa promulga el Estatuto Real, con sus Estamentos de Próceres y Procuradores. a imitación de la Carta otorgada francesa de 1814. Toreno destierra a los jesuitas y el Estado se incauta de sus bienes.
Vuelven a quedar abolidos los gremios. Se dispone por ley de 11-X-1835 la disolución de las órdenes religiosas, exceptuándose a las que dan enseñanza a los niños pobres, a las que asisten a los enfermos y a las que educan misioneros para Filipinas. En enero de 1836 el gobierno expulsa a los frailes y se incauta de sus edificios. Por decretos de 19-II y de 5 y 8-III del mismo año se suprimen todos los conventos de varones y los de mujeres que tengan menos de 20 monjas profesas, y se asignan a los exclaustrados pensiones de tres y cinco reales.
Las anteriores disposiciones resultan quebrantadas por situaciones políticas intermedias. La revolución vuelve, pues, a la carga y nos manda registrar la ley de 2-IX-1841, por virtud de la cual se extinguen todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas religiosas de uno y otro sexo y se adjudican a la nación todos los bienes del clero secular, catedral, colegial y parroquial, salvo los de prebendas, capellanías, beneficios y demás patronatos de sangre; las cofradías y obras pías procedentes de adquisiciones particulares; los dedicados a objeto de hospitalidad, beneficencia e instrucción; las iglesias y las habitaciones y huertos adyacentes de los prelados y curas. En la Constitución de 1837 se anuncia la supresión total del diezmo y se establece para el año siguiente, a cambio, el mantenimiento del culto y el clero por la nación. En agosto de 1836 se proclama la Constitución de Cádiz. La nación se da una nueva Constitución, de compromiso, en junio de 1837.
Por decreto de 26-VII-1844 se anula la venta de los bienes del clero secular y comunidades de monjas. En ley de 9-IV-1845 se ordena la devolución al clero secular de las fincas que hubieren sido enajenadas. En razón del concordato del 13-V-1851 queda en suspenso la venta de todos los bienes eclesiásticos, reconociéndose a la Iglesia el derecho a adquirir otros. Se reintegran a la Iglesia las fincas comprendidas en la ley devolutoria de 1845. Los prelados se obligan a pignorar los bienes y a invertir el producto en títulos de Deuda Pública. Se dictó ley dotando económicamente al culto y al clero con veinticuatro millones de pesetas anuales. Se restablece el diezmo —parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la Iglesia—, ingresando la mitad en las cajas del Estado.
Se promulga ley mermando las libertades municipales (la misma que, aprobada por las Cortes en 1840, constituyó el motivo inmediato de la salida de España de la Reina Gobernadora). Queda disuelta la milicia nacional. Disuelve el gobierno el ayuntamiento de Madrid, el Congreso de los Diputados y todo el Senado. González Bravo funda la Guardia Civil. Se impone a la nación la Carta otorgada de 1845, que revoca el principio de la soberanía nacional. Narváez obtiene poderes de dictador.
En diciembre de 1851 Bravo Murillo reforma por acta la carta otorgada de 1845 con el fin de que la corona pueda legislar en casos urgentes. Se pacta con el Vaticano el concordato de 1851 —ya aludido— que afirma que en España será tolerada únicamente la religión católica; se autoriza por él a residir en España las congregaciones de San Felipe de Neri, San Vicente de Paúl y una tercera orden de las permitidas por el papado.
Por ley de 29-IV-1855 se dispone la venta de todos los bienes pertenecientes al Estado, establecimientos de beneficencia, instrucción pública y municipalidades. Se promulgan los decretos de 1-V-1855 y 11-VI-1856 que declaran en venta todas las fincas del clero. Con los bienes de la Iglesia se incluyen en este periodo, por la mencionada ley de abril de 1855, terrenos comunales, gremiales e instituciones caritativas. En disposición especial se determinaba que esta enorme masa de propiedad sería vendida en subasta y en pequeñas parcelas para que pudieran adquirirlas las clases más pobres.
Se dan a estas grandes facilidades de pago. En el momento de la venta se pide solo el 10% de su valor; otro 8% a pagar en cada uno de los dos años siguientes; otro 7% en los otros dos años por venir; los 3/5 restantes del precio se aseguraban por hipoteca al 6% y por un periodo de diez años. Se calculaba que, pagando esta renta, el campesino sería dueño de su tierra en quince años. El producto de las enajenaciones de los bienes del clero habría de invertirse en Deuda del Estado, al 3% de interés y a favor de la Iglesia.
Se prohibió a los eclesiásticos poseer bienes raíces. Se autorizó a la Iglesia a recibir legados y donaciones, siempre que adquiera títulos de la Deuda con su producto. Funcionan Cortes Constituyentes, que elaboran un proyecto de Constitución, nunca sometido a la aprobación de la reina ni convertido en ley. Los obispos se declaran en rebeldía. La Santa Sede rompe relaciones con el Gobierno español, por violación del concordato vigente.
O´Donnell deroga aquellas disposiciones de Espartero que ponían en venta las fincas de la Iglesia. Por orden de 14-X-1856 se suspende la desamortización de los bienes eclesiásticos. El 28-VIII-1859 se firma un nuevo convenio con la Santa Sede en el que se reconoce a la Iglesia el derecho de adquirir y retener toda clase de bienes y valores. Se la declara propietaria de aquellos que le habían sido devueltos por el concordato de 1851, pero a condición de que ceda sus bienes al Estado mediante recibo de Deuda. O´Donnell disuelve el Parlamento y la Milicia Nacional . Restablece la Constitución de 1845, mermando algo su furor antipopular por acta de 5-IX-1856. Autoriza el funcionamiento de la Compañía de Jesús.
Narváez se proclama dictador y otorga la cartera de Gobernador al carlista Nocedal. Deroga el acta reformatoria de O´Donnell y pone a la Constitución de 1845 otro aditamento —julio de 1857— que acentúa el carácter absolutista de ese código político. El acta de Narváez queda revocada por ley de IV-1864. Nuevo conflicto con Roma por circular los obispos documentos apostólicos sin conocimiento del gobierno, contra lo dispuesto en la pragmática de 1768, aun vigente. González Bravo instaura la dictadura en abril de 1868.
Se ordena le extinción de todos los monasterios, conventos y casas de religiosos de uno y otro sexo fundados después de la ley desamortizadora de 1837. Sus bienes pasan a propiedad del Estado. El general Serrano, regente del reino. Se su por debreto la Compañía de Jesús. Cortes Constituyentes. Nueva Constitución en junio de 1869. Amadeo de Saboya ocupa el trono de Isabel II. Las Cortes, reunidas en asamblea única, proclaman la I República.
Consolidación de la propiedad adquirida en la desamortización, Proteccionismo arancelario. Hegemonía definitiva de los intereses agrarios sobre los mercantiles e industriales. Fundación del régimen monárquico constitucional apoyado en la corrupción del sufragio. Caciquismo. Se acentúa la centralización del poder político. Constitución de 1876. Promulgación del sufragio universal. Precaria supremacía del poder civil. Derrota final del carlismo en los campos de batalla y compromiso de la oligarquía territorial con la Iglesia. Vuelva a funcionar la Compañía de Jesús y se multiplican las órdenes religiosas. Alfonso XII. Regencia de María Cristina de Habsburgo. Alfonso XIII. Dictadura del general Primo de Rivera. Hundimiento de las instituciones de la Restauración.
Reforma agraria y leyes complementarias. El Estado se declara facilitado pra expropiar con o sin indemnización. Proclamación de la II República. Constitución de 1931. Se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Concesión del voto a la mujer. Reforma del Ejército. Disolución de la Compañía de Jesús. Se prohíbe a las órdenes religiosas practicar la enseñanza y ejercer la industria. Separación de la Iglesia y el Estado. Abolición del presupuesto de culto y clero. Concesión de estatutos autonómicos a Cataluña y las Provincias Vascongadas.
Supresión de la reforma agraria y derogación de las disposiciones contrarias al interés de los grandes terratenientes. Elevación de la renta territorial. Ley sindical que impone la intervención del Estado falangista en la economía. Importación del sistema fascista italiano con un caudillo como jefe de Estado y del gobierno a imitación del régimen nacional socialista alemán, y una cámara corporativa. Abolición de las autonomías regionales. Restablecimiento de los privilegios eclesiásticos y reconocimiento legal de la Compañía de Jesús. Modus Vivendi con el Vaticano.
En ese conflicto secular español ha tomado pie un público superficial para concluir que cuanto en el orden político y social acontece en la Península Hispánica carece de sentido o se origina en una incoercible afición de la raza a la guerra civil. Recordemos, sin embargo, que hasta el siglo XIX Inglaterra y Francia padecieron mayor número de años de guerra civil que España.
(En los siglos XVI, XVII y XVIII Francia e Inglaterra sufrieron, cada una, cincuenta años de luchas fratricidas y España solo veintitrés. ) Preguntémonos ahora: ¿Por qué no logra España llevar a feliz término su revolución? La historia juzgará, tal vez, con severidad a los liberales españoles, pero habrá de tener presente que su obra ha sido perturbada por las intervenciones extranjeras. Al pueblo español se le ha negado el derecho a la revolución, es decir, el derecho a cambiar la clase directora.
En el siglo XIX español se produce un acontecimiento decisivo, que determina el rumbo político de la Península para el resto de la centuria. Ese acontecimiento es la intervención francesa de 1823. La invasión del ejército del duque de Angulema, que ocupa el país hasta que la reacción vuelve a afirmarse en el poder, pone fin al proceso renovador y reentroniza en el mando a las clases y estamentos sociales que en la Guerra de la Independencia se habían acreditado de incompatibles con la salud y el progreso de España. Cuando penetraron —y por eso penetraron— en España los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, los liberales eran dueños de la situación: estaba el rey, Fernando VII, sometido; Espoz y Mina sofocaba los últimos latidos de la rebelión en el Norte. Los liberales eran una minoría, pero ellos, con todos sus defectos, monopolizaban el patriotismo, la fe en la salvación nacional, la ambición creadora, la ilustración. El clero se había batido contra Napoleón, no por España, sino contra la ideas de la Revolución francesa, contra los soldados de Voltaire como decían.
La ominosa década fernandina (1823-1833) —que hubiera sido imposible sin la invasión extranjera— fue, pues, accidente gravísimo en la Historia moderna de España. La nación retornó a los días de Carlos II. Todo el progreso moral e intelectual debido a los reyes y políticos del siglo XVIII quedó anegado por la ola de vesania y plebeyez que tuvo su centro en la Corte. Al despotismo ilustrado sucedió una tiranía oculta.
Los liberales que no perecieron en la represión, emigraron; y en Londres se hicieron famosos por sus andrajos los refugiados españoles que se daban cita en Leicester Square. Si la intervención de la Santa Alianza impuso a España un retroceso político de cien años, la intervención italoalemana en la guerra civil de 1936-1939 situó de nuevo a nuestra nación —en el orden político, moral e intelectual— en el decenio de 1823-1833. El régimen del general Francisco Franco retrotrae a España a la época fernandina. En gran parte, la Historia se repite. En 1823 el ejército invasor era francés.
Francia destruyó violentamente la Constitución liberal española por mandato de la Santa Alianza . Inglaterra que no pertenecía a la Santa Alianza , se declaró no intervencionista; pero Wellington trazó los planes a los píos aliados en el Congreso de Verona, para el caso de que los invasores tropezaran con resistencia popular en España. En 1936-1939 las fuerzas invasoras eran italianas y alemanas; pero Inglaterra, que proclamó la política de No Intervención, observó una neutralidad que representaba ayuda indirecta a los intervencionistas.
Al general Franco lo aúpan al poder las potencias europeas, como en 1823 auparon a Fernando VII. Los militares, tenidos a raya, durante cincuenta años, por el régimen de la Restauración, hicieron de España un país ocupado por su propio ejército. La guerra civil había removido los últimos sedimentos de la sociedad española, y esa resaca arrojó a la vida pública hombres e ideas que no se concebían ya.
RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, T. I págs. 547-564.