Diversión España

España

Nacionalismo español

Introducción

Tal vez no encontremos en el mundo una nación que halla tenido menos oportunidad de decidir su propio destino que la española. En rigor, la historia de España no la han hecho los españoles más que en mínima parte: la han hecho a menudo sucesos y accidentes en cuyo desencadenamiento no ha tenido mano el español y cuya trayectoria tampoco ha podido gobernar.

Toda nación debe su personalidad a diversos elementos: físico —el medio—, étnicos, históricos, etc. Pero la proporción en que cada uno de estos agentes participa en el proceso formativo de las sociedades humanas varía sobremanera. A unos pueblos les ha sido posible manifestarse en la Historia con absoluta fidelidad a su carácter, porque ningún accidente grave ha venido a perturbar el espontáneo desenvolvimiento de su existencia. Hay naciones, por el contrario, moldeadas en grado superlativo por la acción de la Historia. España es una de ellas. La Historia —relaciones internacionales, instituciones políticas, formas de cultura— puede ejercer sobre la suerte de una nación influjo tan hondo como el milieu —medio natural— y la sicología o idiosincrasia nacional.

El destino de la Península Hispánica parece estribar en servir de palestra a cuantas banderías, pueblos y civilizaciones tienen que dirimir una querella

En España se ha decidido sucesivamente —al menos en parte considerable— el destino de Roma, el futuro de la Cristiandad, la estructura política de Europa. En España inician cartagineses y romanos la segunda guerra púnica y se baten luego las facciones de las guerras civiles romanas. Sobre España descarga el Islam toda la energía de su expansión en Occidente. Concluida virtualmente la reconquista del territorio por los cristianos (siglo XIII), cuando España empieza a eliminar cuerpos extraños, Francia e Inglaterra extienden a la Península (siglo XIV) su guerra secular.

En el siglo XVIII, con la guerra de Sucesión, se dilucida en suelo español la hegemonía europea de las dos grandes casas reinantes en el continente. A principios del siglo XIX, la guerra de la Independencia se vuelve a decidir en España, con el quebranto del poder napoleónico, el porvenir de Europa. En 1823, la Santa Alianza, vigía del absolutismo, sofoca en España la libertad con el envío de un ejército francés de ocupación.

Por último, aún está viva la situación en que varias potencias contrarían, una vez más, el libre juego de las fuerzas políticas españolas imponiendo a esta nación un linaje determinado de gobierno repudiado por ella. Se considera, que solo durante los siglo XVI y XVII dejó de padecer España decisivas injerencias exteriores. Pero aunque ningún siniestro histórico no provocado por los españoles desvía en esos siglos el curso de la política peninsular, esta viene determinada, quizás irrevocablemente, por un pasado que el español no pudo elegir.

La destrucción de España

Fatal batalla del Guadalete.

La invasión sarracena del año 711 de nuestra era (llamada en la Edad Media, con frase justa, la destrucción de España) constituye para la Península un cataclismo político mucho más considerable por sus consecuencias que las invasiones bárbaras lo fueron para Europa trescientos años antes. Como ha demostrado Pirenne, el hecho capital de la Edad Media es el conflicto cristiano-árabe. Al punto de que a esa colisión debe acaso la Edad Media occidental sus más acusadas características.

Y ese choque tiene lugar, esencialmente, en suelo español, tierra donde se superponen las razas, las religiones y las culturas en pugna. España presta entonces un doble valiosísimo servicio al Occidente, como muro en que se van estrellando las legiones de guerreros musulmanes que periódicamente arroja contra Europa el Norte de África islamizado, y como agente transmisor al Occidente de la cultura superior de los árabes.

En cuanto fortaleza avanzada de Europa, España ahorro a otros pueblos de la Cristiandad las guerras y complicaciones políticas que traía la intrusión de los musulmanes en Occidente. Europa pudo organizarse y evolucionar social y políticamente sin contratiempos de aquella magnitud, al paso que España se desenvolvió en guerras continuas. Esa tragedia medieval dejó planteados a los españoles ingentes pleitos sin solución, de los cuales aún se resiente la vida política peninsular.

El rumbo peculiar que la ocupación musulmana impuso a España la quebrantó y descompuso como nación, e hizo imposible para lo futuro, quizás para siempre, la reaparición de una nación regularmente constituida, de un Estado peninsular; y el estadista español moderno, que toca hoy, todavía, las consecuencias de la extraordinaria Edad Media que vivió la Península Hispánica, tiene, sin duda, razones para deplorar la dominación musulmana.

Con todo, si se mira el interés permanente de la humanidad, se verá que aquella dominación se acompañó de resultados maravillosos, y no ha sido España, en otro orden de cosas, la nación menos favorecida por ella. La ocupación árabe enriqueció a la Península con valores históricos y artísticos de rara originalidad; y antes que agotar a la raza española, la secular colisión con el Islam la templó y la endureció.

Si en la Edad Media cupo a España, como hemos dicho, la alta misión de defender a Europa con sus soldados y transmitir la cultura árabe a Occidente, necesitado de nuevas luces renovadoras, al cerrar aquella Edad pudieron los españoles coronar sus servicios a la humanidad con otra proeza singular. España se presenta en el Renacimiento con insólito y sobrehumano vigor; y esa exaltación se debe en última instancia a la presión sarracena, que dispara la energía cristiana hacia mundos desconocidos.

De suerte —escribe Toynbee — que los pioneros ibéricos de la Cristiandad occidental prestaron un servicio sin par a la civilización que representaban. Dilataron el horizonte y con ello, potencialmente, los dominios de nuestra sociedad occidental, desde un oscuro rincón del viejo mundo, hasta que llegó a abarcar todos los territorios habitables y todos los mares navegables del planeta. Se debe a esta energía y a esta iniciativa ibéricas la circunstancia de que la Cristiandad occidental haya crecido, como el grano de semilla de mostaza de la parábola, hasta convertirse en la Gran Sociedad: un árbol en cuyas ramas se han aposentado y domiciliado todas las naciones de la tierra.

Examinemos ahora el proceso político desintegrador con algún detalle.

Bajo la monarquía visigoda (476-711 de nuestra era) —el fundador de la monarquía visigoda en España es Eurico (466-483); los seis reyes godos que le precedieron reinaron en las Galias—, la unidad política de España, propulsada por factores e intereses innúmeros, se había consumado en el seno de un Estado peninsular. España se movía ya, con ninguna diferencia cardinal, por el sendero de todos los pueblos occidentales sustraídos a la sociedad natural por el soldado y el legislador romanos. No hay evidencia alguna que nos induzca a suponer que España hubiese sido fundamentalmente distinta en las edades Media y Moderna, por sus instituciones políticas y sociales, de otras naciones europeas si el drama visigótico hubiera tenido solución diferente de la que tuvo.

Pero ese proceso de incorporación definitiva a la corriente europea (al modo como la Península se había incorporado al mundo romano, del que fue la provincia ultramarina que más rápidamente se latinizó), quedó irreparablemente truncado por árabes y beréberes en el siglo VII. Hispania desaparece. Se rompen la unidad de lengua y de cultura, la unidad religiosa, la unidad política, y hasta la misma existencia de la raza resulta seriamente comprometida.

No faltan autores de que se asombren de que los españoles tardaran en expulsar a los sarracenos ocho centurias. Pero nada hay de sorprendente en ello. Desde el primer instante, el ejército, y muy pronto la cultura árabe, fueron superiores a los ejércitos y a la cultura cristianos. Los musulmanes afianzaron su dominación más por el intelecto que por la fuerza. Estaban mejor organizados, presentaban una cohesión y una vitalidad que faltaban en absoluto en el mundo occidental.

Con su deslumbrante civilización, los árabes, en vez de ser conquistados y absorbidos por los vencidos, como les aconteció a las tribus germánicas, conquistaron y en parte absorbieron a los pueblos que cayeron bajo su ley. Como por primera vez apuntó en 1912 don Julián Ribera, infinito número de españoles se islamizaron; y fuera de España se islamizaron figuras como la del emperador Federico II y su hijo Manfredo.

La empresa de la Reconquista, que en otra edad habría fomentado la unidad entre los españoles, en la Edad Media actuaba a favor de la desintegración militar y política característica del feudalismo. Ambas circunstancias —Reconquista y dispersión feudal—, que dieron lugar a la aparición de los diversos estados o reinos sobre las ruinas del Estado único visigótico, se coaligaron en la Alta Edad Media para dificultar toda acción cristiana concertada y eficiente frente al invasor.

Por otra parte, la íntima comunicación con el árabe y el aislamiento en que se sumergió a partir del siglo VIII, impusieron al español una Edad Media más genuina e intensa, en ciertos aspectos capitales, que a los demás europeos. El incesante ejercicio de las armas en una edad en que lo militar, lo religioso y lo caballeresco venían a ser una y la misma cosa, hizo de España el país sin rival en la caballería.

La lucha secular contra el islamismo y la presencia de multitudes hebreas más cultas, más ricas y más numerosas que en ninguna otra parte del mundo occidental acentuaron el sentimiento católico ortodoxo de los españoles. En ningún otro país hubo tantas ni tan brillantes controversias teológicas como en España entre los filósofos de las tres religiones. Y la Reconquista dio a la Iglesia de España un predicamento excepcional, al tiempo que imponía al clero español una inmoderada actividad militar que los eclesiásticos del resto de Europa no conocieron.

Si la nobleza guerrera fue en España fue religiosa, los religiosos fueron también guerreros. Las fortalezas militares eran conventos; los monasterios eran fortalezas. Los prelados mandaban sus tropas propias en persona. En tal atmósfera, el clero español no fue solo militar; fue, además, político. Cuanto el español hace o deja de hacer en los siglos XVI y XVII menester es, por tanto, analizarlo a la luz de la excepcional Edad Media española.

Con tales antecedentes no ofrece dificultad comprender el papel que España desempeña en el mundo del Renacimiento. Al ideal individualista del Renacimiento, el español opone el universalismo medieval. Los valores que España defiende en el siglo XVI son típicamente medievales: en política, la monarquía católica universal; en filosofía, Aristóteles y la escolástica; en ética, lo caballeresco; en economía, el rebaño. Al español no le interesa el comercio ni la industria, que considera actividades de villanos. Conforme la ética medieval, se paga de noble. Busca el género de riqueza que fue la obsesión de la Edad Media: el oro, que Alfonso X quiso hallar con la piedra filosofal. No va el español a América en busca de mercados, sino de oro en pepitas.

Pero también le impulsa el espíritu misionero, la ambición de sustraer a millones de almas a las religiones bárbaras. Los españoles exterminaron a los indios del Caribe, pero en el Continente se cruzaron con los nativos, los convirtieron al cristianismo y los situaron moralmente a su altura, con Dios como punto de referencia. Llevaron a las colonias —y esto es lo que importa, lo permanente y transcendental — aquel sentimiento universalista de la Edad Media que pintaba en la Epifanía a un Rey Mago negro junto a otros Reyes Mayos blancos. Porque ignoraban las diferencias de raza y dividían a los hombres no por el color de la piel, sino por la religión que practicaban.

En cambio, los colonizadores protestantes, inspirados por la Biblia, llegaron a América y a la India convencidos de que eran el pueblo elegido, el nuevo Israel, y de que, tomando posesión de la Tierra Prometida, cumplían la voluntad de Jehová, que les mandaba, de paso, identificar a los no europeos con los cananeos, entregados a ellos por Dios para que los destruyesen y sojuzgasen. Con este criterio los colonizadores protestantes de lengua inglesa exterminaban al indio del Norte de América de costa a costa del Continente.

La cuestión religiosa en el XVI

El poder que adquiere España en el siglo XVI no proviene, como tendremos ocasión de ver, de que España forje su unidad política antes que las demás grandes naciones (error muy extendido), sino del hecho que para las empresas de las armas, la diplomacia, la conquista y los descubrimientos geográficos se necesitaban actores que ninguna otra raza podía ofrecer entonces como la hispánica. No se hurta España enteramente al Renacimiento.

Lo recibe en el siglo XV con honores, como se refleja en la literatura de la segunda mitad de esa centuria, y sobre todo como se advierte en la monarquía de Fernando el Católico. Pero la intensísima Edad Media que ha conocido el pueblo español depara un fin impopular a la revolución renacentista, cuyo sentido es redescubrimiento de la razón, la visión del hombre como eje del universo, esto es, el humanismo, la duda frente a la afirmación dogmática. Por manera que si bien España se da una monarquía renacentista, esta monarquía estará pronto al servicio de los ideales de la Edad Media y se apoyará, en parte, en una institución esencialmente medieval, como es la Inquisición, resucitada en 1482.

La Inquisición española nació para vigilar la conducta religiosa de los judíos conversos, exclusivamente para los judíos que, de mejor o peor grado, se habían convertido al catolicismo. España fue el país donde mejor trato disfrutaron los judíos durante la Edad Media. Pero cuando en el siglo XIV se planteó el conflicto racial (producto en gran parte de la lucha de clases), la Iglesia intentó resolver el problema mediante las conversiones, la mayoría obtenida por coacción.

No dieron las conversiones el resultado que se buscaba, porque los judíos españoles, compatriotas del gran Maimónides, gentes muy versadas en sus libros y ceremonias, se mantenían fieles, subrepticiamente, a la sinagoga. Estimó entonces la Iglesia que con la Inquisición se podría evitar la apostasía —negación de la fe de Jesucristo recibida en el bautismo— de los bautizados, y la Corona apoyó a la Iglesia en este designio, percibiendo, sin duda, que la Inquisición imprimiría mayor coherencia al Estado.

Pero tampoco mitigó el nuevo tribunal, a pesar de su rigor, la lucha de razas, y en todo caso carecía de jurisdicción sobre los judíos no conversos, que acabaron siendo expulsados en 1492. Hasta 1525 no extendió el Santo Oficio su jurisdicción a los cristianos. Es más; la Inquisición no solo coexistió con cierta libertad de conciencia entre los católicos, sino que favoreció la naciente disidencia en materia dogmática.

El protestantismo entró en España con los libros y las cartas de Erasmo. Adviértase que la ra mitad del siglo XVI es un periodo de confusión teológica o doctrinal en todas partes. En España, el arzobispo de Toledo, Fonseca, y el de Sevilla, el inquisidor general Manrique, seguían a Erasmo. Buena parte de la inteligentsia española era erasmista, y Erasmo estaba sostenido en España por la Inquisición y por el emperador Carlos V. En España no había luteranos; había erasmistas. La intelectualidad española acogía mejor el espíritu de conciliación y compromiso de Erasmo que la intransigencia de Lutero. Pero todo eso se lo llevó el huracán que soplaba de Alemania. El avance del movimiento reformista acabó alarmando a la Iglesia, y hacia mediados del siglo XVI surgió la reacción católica.

Roma abandonó su confiada actitud frente a los sutiles renovadores del tipo de Erasmo y decretó la defensa del dogma cabal, sin mengua, tal como se había recibido de la Edad Media. En España, a la muerte del inquisidor Manrique (1538) la reacción se tradujo en la implacable persecución del erasmismo, y la dirigieron las órdenes religiosas. Entonces se comprobó que el erasmismo era obra de una minoría intelectual si base en el pueblo.

En todas partes volvió la Iglesia en la medida de lo posible al momento prerrenacentista, y España tornó a centrarse en ese momento con todas sus potencias; se erigió en escudo y campeón del dogma católico. Dada la pasión militante que embargaba el espíritu del credo popular desde la Edad Media y el excepcional influjo de la Iglesia en la sociedad española, no es de extrañar que fuera España, al dividirse el mundo católico, uno de los centros en los que más sólidamente se condensó la reacción contra la Reforma. España iba a cerrarse ahora herméticamente a la corriente renacentista (que nadie personificó mejor que Erasmo), y la persecución del erasmismo no sería más que un episodio de la lucha contra las nuevas luces.

Tolerancia española

La intolerancia, la locura religiosa, fue en los siglos XVI y XVII común a toda Europa, y España no quedó en esto a la zaga de ninguna nación. ¿Pero no había dado España, en otras circunstancias, ejemplo opuesto? Bien será recordar que en la Córdoba de los califas coexistieron los tres cultos: el mahometano, el judaico y el cristiano, y que cristianos y musulmanes llegaron a compartir el mismo templo. Idéntica tolerancia se aclimató en los siglo XII y XIII en la España recuperada por los cristianos.

El arzobispo de Toledo don Raimundo, gran canciller de Castilla (1130-1150) inició, en el reinado de Alfonso VIII, la difusión de la cultura árabe entre los cristianos. Alfonso X el Sabio (1252-1284) solicitó y obtuvo para sus trabajos científicos la colaboración de hombres de las tres religiones, asignó en Sevilla a los judíos tres mezquitas, que se convirtieron en sinagogas, y fundó en esta ciudad y en Toledo cátedras de lengua y literatura hebreas.

Y, en fin, el famoso Colegio de Toledo, laboratorio en que se dieron cita los sabios judíos, mudéjares y cristianos, continuó con magnífico lustre la admirable tradición de las escuelas árabes. Moros y judíos vivieron quizás, más seguros y respetados durante los siglos XI, XII y XIII en los dominios de los reyes cristianos que los cristianos bajo los árabes en los buenos tiempos del Califato. Esa situación española representa un magnífico lienzo en que la tolerancia se destaca sobre un fondo pavoroso de histerismo religioso, matanzas de judíos y excesos de todo linaje a cargo de los cruzados europeos en Oriente y aun de los que pasaron sus armas por España.

Es Castilla las comunidades hebreas disfrutaban sus fueros y privilegios al igual que los municipios y convivían con cristianos que eran, como ellos, ni señores ni siervos, sino células de una clase urbana, al nivel de la cual funcionaba perfectamente, por su ilustración, su libertad y su riqueza, el mundo israelita. Tampoco se persiguió en España a los templarios, ni compartió España el furor que se desató en Francia contra los albigenses; antes bien, un rey de Aragón, el valeroso Pedro II, en cuyos dominios abundaban estos herejes, no solo no los persiguió, sino que casó a una de sus hermanas con el conde de Toulouse, caudillo de la secta, y a otra con el hijo de este mismo conde. Marchó luego al frente de sus tropas contra las fuerzas del papa, capitaneadas por el fanático Simón de Monfort y murió peleando en Muret (1211).

En suma, en la Edad Media florecieron en España la tolerancia y el espíritu de compromiso religioso, precisamente cuando el resto de Europa vivía arrebatado por el fanatismo y cuando había flamencos (pueblo famoso luego por su respeto a la conciencia disidente) que incendiaban sinagogas en Constantinopla. Forzoso es preguntarse si hubiera sido posible la tolerancia medieval española en una nación de innata ferocidad religiosa, como se dice de la española. ¿Habría dado España tanto ejemplo de moderación intelectual, espiritual y política durante tanto tiempo?

La verdad parece ser esta: que la tolerancia española, como la intolerancia, se hallan determinadas por motivos menos ligados de lo que se supone vulgarmente a la constitución moral y étnica del español; que en unas épocas otras naciones exceden a la española en impulso persecutorio y exclusivista religioso, y en otras es España la más intransigente; y que si en conjunto, en todo el recorrido de la Historia hasta nuestros días, la Península Hispánica ofrece periodos más largos de persecución, esta originalidad proviene de hechos históricos originales también, que analizamos en los capítulos que siguen.

Cervantes y el Humanismo

En el siglo XVI el español se planta y se detiene en su posición metafísica medieval. Es caballero, religioso y soldado, un sujeto profundamente antiburgués. El hidalgo, el clérigo y el miles gloriosus eran ya a fines de esa centuria otras tantas plagas de la sociedad española. Con tales ideas era inevitable que España fracasara como nación entre los pueblos donde la revolución científica y económica había introducido e impuesto la razón crítica como norma de pensamiento; el comercio y la industria como fundamento de la economía, y el trabajo como fuente de prosperidad.

Sin embargo, el español ya no estaba tan incomunicado como durante la Alta Edad Media. Por mucho que el Estado se lo propusiera, no podía excluir de España totalmente la brisa estimulante y aguda del Renacimiento. Buen número de intelectuales españoles pasaron por Italia, meridiano renacentista, y el aliento vivificante de la época se refleja en las literatura del llamado siglo de Oro.

En el Quijote, libro esencialmente crítico, triunfa el humanismo, y por tanto, la genuina emoción del Renacimiento. Cervantes ve a los españoles como ellos, absortos en el cultivo de valores inactuales, no pueden verse. El manco genial descubre a España enamorada de sus anacrónicos ideales y en camino seguro de arruinarse por defenderlos. Con Don Quijote, Cervantes saca a la Edad Media a pública irrisión, pero el autor simpatiza con su héroe (la razón, la crítica, el humanismo tampoco bastan; de ahí la sonrisa inteligente del autor) y lo trata con ternura, porque aunque el ideal es disparatado es, no obstante, noble. La quimera quijotesca, medievalista, antiindividualista, y por consiguiente, antiburguesa, descarta en España la posibilidad de que surja una clase social cuyo poder radique en la economía mercantil e industrial.

El renacimiento de la industria y del comercio en España, patente en los últimos años del siglo XV y la primera mitad del XVI, queda sofocado por la reacción antirrenacentista que corta de súbito, al propio tiempo, el desarrollo del renacimiento literario y religioso. España solo tiene, en rigor, dos clases sociales: aristocracia de sangre y pueblo. Es decir, la sociedad española se presenta en la Edad Moderna radicalmente desequilibrada. La clase directora española salía de la nobleza. No podía salir de la burguesía, porque no había burguesía, salvo en Cataluña.

Como acaeció a poco en todas partes, también en España perdió su vigor la nobleza; en España más rápidamente que en otras naciones, por cuanto la aristocracia no se cruzaba con las clases inferiores. En la Edad Media habían sido frecuentes los matrimonios entre la aristocracia de linaje y los judíos ricos. Pero ya apenas quedaban judíos y los que quedaban carecían de fortuna capaz de tentar a los nobles arruinados.

Decadencia

La nobleza española degenera en todos los órdenes, y no existe otra clase que pueda reemplazarla en la dirección de la sociedad. En otros países, cuando la nobleza decayó de su función directora vino oportunamente a ocupar su puesto en la política y en la economía la clase media, la burguesía o ambas clases se mezclaron, renovándose la aristocracia en todos los sentidos y compartiendo con la burguesía, más o menos secundariamente, la responsabilidad del gobierno.

Si se busca en el siglo XVII español (ya en el siglo XVIII) un estrato social vivo, entero, depositario de las virtudes de la raza, se hallará únicamente en el pueblo; pero el pueblo no podía aportar en aquella época la clase directora que faltaba. Por agotarse la nobleza española como clase directora en unos cien años, desde fines del siglo XVI España está prácticamente sin Estado y sin gobierno. Este es el drama de la brusca y vertical caída de España: la falta de una vigorosa clase media burguesa que sustituya al frente de la sociedad a la antigua aristocracia de sangre. Al caer la monarquía absoluta, a principios del siglo XIX, cuando se proclama la soberanía popular, la tragedia de no haber en España clase directora se revela en toda su crudeza.

La aristocracia pasa de clase directora a clase dominante; entonces se presenta la secesión del proletariado (incluyendo en este término, como es uso en la sociología moderna, a la minoría pensante). El pueblo repudia a una clase social (y a sus instituciones) que ya no dirige, que ha perdido toda ascendencia y autoridad moral e intelectual sobre él, y que tendrá como única política la dominación por la fuerza bruta.

El pueblo español acepta ya con fervor, a mediados del siglo XIX, las ideas liberales, no porque sean liberales, sino porque no son las de la clase dominante. En ese momento comienza el drama histórico que nos es familiar. Se trata de una lucha que se rige por un movimiento pendular, en el cual la revolución y la contrarrevolución de desalojan mutuamente del poder sin que ni una ni otra posean fuerza suficiente para imponerse a la sociedad de modo definitivo.

Aunque se suele hablar de las guerras civiles españolas, en realidad solo hay una guerra civil; lo que se viene entendiendo por guerras civiles son simplemente los episodios externos del drama, las campañas militares en que se manifiesta con estridencia el conflicto subyacente y pertinaz, de esencia fundamentalmente civil. Ese violento proceso se divide hasta ahora en trece periodos, seis reformistas y siete antirreformistas, como puede verse en la siguiente:

Sinopsis del conflicto civil

Interesa ahora alumbrar la entraña de cada periodo y hallar el sentido que encierran la revolución y la contrarrevolución. Así veremos a la guerra civil en su esqueleto, despojada de la parte externa y espectacular.

1810-1814: Revolución

En líneas generales las Cortes de Cádiz se proponen abolir los privilegios feudales y eclesiásticos. El caballo de batalla de revolución será la movilización de la propiedad amortizada en el seno de las instituciones civiles y eclesiásticas. En ley de agosto de 1811 las Cortes dictan la incorporación de los señoríos jurisdiccionales —sujetos a un señor particular, a distinción de los realengos— a la nación. Por decreto posterior suprimen los mayorazgos inferiores a tres mil ducados, pero respetan los mayores en los casos en que no excedan de ochenta mil.

En septiembre de 1813 ordenan que se cubran los intereses de la deuda del Estado, mientras dure la guerra, con las rentas de los maestrazgos y las encomiendas vacantes de las órdenes militares, con los bienes de la Inquisición y con el sobrante de las rentas de los conventos, después de satisfechos los gastos del culto y la manutención de los regulares.

En enero de igual año (siguiendo el orden temático, no el cronológico) disponen las Cortes el paso a propiedad particular de todos los bienes de propios, excepto los ejidos de los pueblos. En junio proclaman la libertad de industria, y con ello la muerte de los gremios. Por último, ponen en venta los bienes de los monasterios. Toman, en fin, partido por la agricultura contra los privilegios abusivos de la Mesta, mandando el cierre de las tierras de propiedad particular y dictando otras medidas limitadoras del poder político de la ganadería.

Imponen la Constitución liberal, la que tuvo España, de 19-III-1812. Ese código político es copia de la Constitución francesa de 1791, salvo en el aspecto religioso, si bien en algunos extremos la aventaja en radicalismo, como el punto al veto real de las leyes, que en Francia se podía dilatar hasta cinco años y aquí se limita a dos. Crean la milicia nacional, a semejanza también de la guardia nacional francesa.

Establecen un Consejo de Estado formado por cuarenta miembros. Decretan el sufragio universal para la elección de los ayuntamientos, y el sufragio restringido, basado en la fortuna personal, para la cámara legislativa única. Fundan las diputaciones provinciales. Suprimen la Inquisición. Ordenan la fundación de escuelas en todos los pueblos de España y sus colonias. Cierran las casas religiosas de menos de doce miembros. Prohíben la existencia de más de un convento de la misma orden en un lugar.

1814-1820: Contrarrevolución

Derogación de la ley sobre señoríos jurisdiccionales. Restablecimiento de los mayorazgos. El rey Fernando VII ordena que vuelvan a funcionar los gremios. Devuelve a los eclesiásticos los bienes vendidos, sin indemnizar a los compradores. Suspende la enajenación de las fincas de propios, pero la situación de la Hacienda le obliga a vender los baldíos (bienes del dominio eminente del Estado, susceptible de apropiación privada, mediante ocupación acompañada del trabajo, o de la adquisición de bonos del Estado) y realengos (bienes que estaban afectos a los tributos y derechos reales) para pagar la Deuda Pública. Deroga la Constitución de 1812. Su el Consejo de Estado. Impone a los ayuntamientos el régimen de 1808. Extingue las diputaciones provinciales. Restablece la Inquisición. En fin, la monarquía se arroga todas las prerrogativas del absolutismo, tal como lo entendía Fernando VII.

1820-1823: Revolución

Las Cortes sacan de nuevo a la venta las fincas de las órdenes religiosas. Por decreto de 1-X-1820 suprimen monasterios y órdenes monásticas, colegios regulares, conventos, órdenes militares —excepción hecha de los hospitalarios —, aplicándose al crédito público las rentas sobrantes de los conventos subsistentes y todos los bienes de los extinguidos.

En ley de 11 de octubre del mismo año se prohíbe a los organismos eclesiásticos adquirir bienes raíces, ni por testamento. Las Cortes tornan a poner en vigor el decreto de 1813 que daba a propiedad particular los bienes de propios. En 1822 se manda la división de estas fincas, de suerte que cada parcela pueda sustentar a cinco personas. Proclaman las Cortes otra vez la libertad de industria. Si antes se habían suprimido ciertos mayorazgos, ahora se suprimen todos.

Queda restablecida la Constitución de 1812. Reanuda su funcionamiento el Consejo de Estado. Se reinstauran las libertades municipales y se concede a los ayuntamientos amplia autonomía administrativa. Reaparecen las diputaciones provinciales. Las Cortes dictan la división del territorio nacional en 52 provincias, de acuerdo con el modelo francés. Se decide la expulsión de los jesuitas. Queda abolida la Inquisición. Nace la Universidad Central.

1823-1833: Contrarrevolución

Restablecimiento de los gremios. Las órdenes religiosas recuperan sus bienes en parecidas circunstancias que en el periodo 1814-1820, se restablecen los mayorazgos, fuente de poder de la nobleza. Las reformas de la propiedad quedan anuladas en la medida de lo practicable. Por ley de 1831 se despoja a los pueblos de la servidumbre de pastos de rastrojera y barbechera que gozaban los vecindarios.

Es abolida de nuevo la Constitución de 1812. Se impone a los municipios el régimen de 1808. Desaparecen las diputaciones provinciales. Se su la división de España en 52 provincias. Se decreta la extinción del Consejo de Estado. Vuelven los jesuitas a sus conventos, con el resto de las órdenes. Se cierran las universidades y se dicta el monopolio de la enseñanza a favor de los religiosos. Fernando VII ampara las Juntas de la Fe, sustitutivo de la Inquisición.

1833-1835: Transición

En el terreno económico se mantuvo el Statu quo. Al morir Fernando VII deja 353 conventos más que en 1808, pero hay 38.000 regulares menos. El carlismo se levanta en armas contra la Reina gobernadora. Sufre modificación el régimen municipal. Se suprimen aquellos conventos en que la sexta parte de la comunidad se haya afiliado a la causa carlista. Resurge la milicia nacional con el nombre de milicia urbana. Se dicta una amnistía. Abren sus puertas las universidades. Martínez de la Rosa promulga el Estatuto Real, con sus Estamentos de Próceres y Procuradores. a imitación de la Carta otorgada francesa de 1814. Toreno destierra a los jesuitas y el Estado se incauta de sus bienes.

1835-1843: Revolución

Vuelven a quedar abolidos los gremios. Se dispone por ley de 11-X-1835 la disolución de las órdenes religiosas, exceptuándose a las que dan enseñanza a los niños pobres, a las que asisten a los enfermos y a las que educan misioneros para Filipinas. En enero de 1836 el gobierno expulsa a los frailes y se incauta de sus edificios. Por decretos de 19-II y de 5 y 8-III del mismo año se suprimen todos los conventos de varones y los de mujeres que tengan menos de 20 monjas profesas, y se asignan a los exclaustrados pensiones de tres y cinco reales.

Las anteriores disposiciones resultan quebrantadas por situaciones políticas intermedias. La revolución vuelve, pues, a la carga y nos manda registrar la ley de 2-IX-1841, por virtud de la cual se extinguen todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas religiosas de uno y otro sexo y se adjudican a la nación todos los bienes del clero secular, catedral, colegial y parroquial, salvo los de prebendas, capellanías, beneficios y demás patronatos de sangre; las cofradías y obras pías procedentes de adquisiciones particulares; los dedicados a objeto de hospitalidad, beneficencia e instrucción; las iglesias y las habitaciones y huertos adyacentes de los prelados y curas. En la Constitución de 1837 se anuncia la supresión total del diezmo y se establece para el año siguiente, a cambio, el mantenimiento del culto y el clero por la nación. En agosto de 1836 se proclama la Constitución de Cádiz. La nación se da una nueva Constitución, de compromiso, en junio de 1837.

1843-1854: Contrarrevolución

Por decreto de 26-VII-1844 se anula la venta de los bienes del clero secular y comunidades de monjas. En ley de 9-IV-1845 se ordena la devolución al clero secular de las fincas que hubieren sido enajenadas. En razón del concordato del 13-V-1851 queda en suspenso la venta de todos los bienes eclesiásticos, reconociéndose a la Iglesia el derecho a adquirir otros. Se reintegran a la Iglesia las fincas comprendidas en la ley devolutoria de 1845. Los prelados se obligan a pignorar los bienes y a invertir el producto en títulos de Deuda Pública. Se dictó ley dotando económicamente al culto y al clero con veinticuatro millones de pesetas anuales. Se restablece el diezmo —parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la Iglesia—, ingresando la mitad en las cajas del Estado.

Se promulga ley mermando las libertades municipales (la misma que, aprobada por las Cortes en 1840, constituyó el motivo inmediato de la salida de España de la Reina Gobernadora). Queda disuelta la milicia nacional. Disuelve el gobierno el ayuntamiento de Madrid, el Congreso de los Diputados y todo el Senado. González Bravo funda la Guardia Civil. Se impone a la nación la Carta otorgada de 1845, que revoca el principio de la soberanía nacional. Narváez obtiene poderes de dictador.

En diciembre de 1851 Bravo Murillo reforma por acta la carta otorgada de 1845 con el fin de que la corona pueda legislar en casos urgentes. Se pacta con el Vaticano el concordato de 1851 —ya aludido— que afirma que en España será tolerada únicamente la religión católica; se autoriza por él a residir en España las congregaciones de San Felipe de Neri, San Vicente de Paúl y una tercera orden de las permitidas por el papado.

1854-1856: Revolución

Por ley de 29-IV-1855 se dispone la venta de todos los bienes pertenecientes al Estado, establecimientos de beneficencia, instrucción pública y municipalidades. Se promulgan los decretos de 1-V-1855 y 11-VI-1856 que declaran en venta todas las fincas del clero. Con los bienes de la Iglesia se incluyen en este periodo, por la mencionada ley de abril de 1855, terrenos comunales, gremiales e instituciones caritativas. En disposición especial se determinaba que esta enorme masa de propiedad sería vendida en subasta y en pequeñas parcelas para que pudieran adquirirlas las clases más pobres.

Se dan a estas grandes facilidades de pago. En el momento de la venta se pide solo el 10% de su valor; otro 8% a pagar en cada uno de los dos años siguientes; otro 7% en los otros dos años por venir; los 3/5 restantes del precio se aseguraban por hipoteca al 6% y por un periodo de diez años. Se calculaba que, pagando esta renta, el campesino sería dueño de su tierra en quince años. El producto de las enajenaciones de los bienes del clero habría de invertirse en Deuda del Estado, al 3% de interés y a favor de la Iglesia.

Se prohibió a los eclesiásticos poseer bienes raíces. Se autorizó a la Iglesia a recibir legados y donaciones, siempre que adquiera títulos de la Deuda con su producto. Funcionan Cortes Constituyentes, que elaboran un proyecto de Constitución, nunca sometido a la aprobación de la reina ni convertido en ley. Los obispos se declaran en rebeldía. La Santa Sede rompe relaciones con el Gobierno español, por violación del concordato vigente.

1856-1868: Contrarrevolución

O´Donnell deroga aquellas disposiciones de Espartero que ponían en venta las fincas de la Iglesia. Por orden de 14-X-1856 se suspende la desamortización de los bienes eclesiásticos. El 28-VIII-1859 se firma un nuevo convenio con la Santa Sede en el que se reconoce a la Iglesia el derecho de adquirir y retener toda clase de bienes y valores. Se la declara propietaria de aquellos que le habían sido devueltos por el concordato de 1851, pero a condición de que ceda sus bienes al Estado mediante recibo de Deuda. O´Donnell disuelve el Parlamento y la Milicia Nacional . Restablece la Constitución de 1845, mermando algo su furor antipopular por acta de 5-IX-1856. Autoriza el funcionamiento de la Compañía de Jesús.

Narváez se proclama dictador y otorga la cartera de Gobernador al carlista Nocedal. Deroga el acta reformatoria de O´Donnell y pone a la Constitución de 1845 otro aditamento —julio de 1857— que acentúa el carácter absolutista de ese código político. El acta de Narváez queda revocada por ley de IV-1864. Nuevo conflicto con Roma por circular los obispos documentos apostólicos sin conocimiento del gobierno, contra lo dispuesto en la pragmática de 1768, aun vigente. González Bravo instaura la dictadura en abril de 1868.

1868-1874: Revolución

Se ordena le extinción de todos los monasterios, conventos y casas de religiosos de uno y otro sexo fundados después de la ley desamortizadora de 1837. Sus bienes pasan a propiedad del Estado. El general Serrano, regente del reino. Se su por debreto la Compañía de Jesús. Cortes Constituyentes. Nueva Constitución en junio de 1869. Amadeo de Saboya ocupa el trono de Isabel II. Las Cortes, reunidas en asamblea única, proclaman la I República.

1874-1931: Contrarrevolución

Consolidación de la propiedad adquirida en la desamortización, Proteccionismo arancelario. Hegemonía definitiva de los intereses agrarios sobre los mercantiles e industriales. Fundación del régimen monárquico constitucional apoyado en la corrupción del sufragio. Caciquismo. Se acentúa la centralización del poder político. Constitución de 1876. Promulgación del sufragio universal. Precaria supremacía del poder civil. Derrota final del carlismo en los campos de batalla y compromiso de la oligarquía territorial con la Iglesia. Vuelva a funcionar la Compañía de Jesús y se multiplican las órdenes religiosas. Alfonso XII. Regencia de María Cristina de Habsburgo. Alfonso XIII. Dictadura del general Primo de Rivera. Hundimiento de las instituciones de la Restauración.

1931-1939: Revolución

Reforma agraria y leyes complementarias. El Estado se declara facilitado pra expropiar con o sin indemnización. Proclamación de la II República. Constitución de 1931. Se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Concesión del voto a la mujer. Reforma del Ejército. Disolución de la Compañía de Jesús. Se prohíbe a las órdenes religiosas practicar la enseñanza y ejercer la industria. Separación de la Iglesia y el Estado. Abolición del presupuesto de culto y clero. Concesión de estatutos autonómicos a Cataluña y las Provincias Vascongadas.

1939-1949: Contrarrevolución

Supresión de la reforma agraria y derogación de las disposiciones contrarias al interés de los grandes terratenientes. Elevación de la renta territorial. Ley sindical que impone la intervención del Estado falangista en la economía. Importación del sistema fascista italiano con un caudillo como jefe de Estado y del gobierno a imitación del régimen nacional socialista alemán, y una cámara corporativa. Abolición de las autonomías regionales. Restablecimiento de los privilegios eclesiásticos y reconocimiento legal de la Compañía de Jesús. Modus Vivendi con el Vaticano.

Conclusión

En ese conflicto secular español ha tomado pie un público superficial para concluir que cuanto en el orden político y social acontece Hispánica carece de sentido o se origina en una incoercible afición de la raza a la guerra civil. Recordemos, sin embargo, que hasta el siglo XIX Inglaterra y Francia padecieron mayor número de años de guerra civil que España.

(En los siglos XVI, XVII y XVIII Francia e Inglaterra sufrieron, cada una, cincuenta años de luchas fratricidas y España solo veintitrés. ) Preguntémonos ahora: ¿Por qué no logra España llevar a feliz término su revolución? La historia juzgará, tal vez, con severidad a los liberales españoles, pero habrá de tener presente que su obra ha sido perturbada por las intervenciones extranjeras. Al pueblo español se le ha negado el derecho a la revolución, es decir, el derecho a cambiar la clase directora.

En el siglo XIX español se produce un acontecimiento decisivo, que determina el rumbo político de la Península para el resto de la centuria. Ese acontecimiento es la intervención francesa de 1823. La invasión del ejército del duque de Angulema, que ocupa el país hasta que la reacción vuelve a afirmarse en el poder, pone fin al proceso renovador y reentroniza en el mando a las clases y estamentos sociales que en la Guerra de la Independencia se habían acreditado de incompatibles con la salud y el progreso de España. Cuando penetraron —y por eso penetraron— en España los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, los liberales eran dueños de la situación: estaba el rey, Fernando VII, sometido; Espoz y Mina sofocaba los últimos latidos de la rebelión en el Norte. Los liberales eran una minoría, pero ellos, con todos sus defectos, monopolizaban el patriotismo, la fe en la salvación nacional, la ambición creadora, la ilustración. El clero se había batido contra Napoleón, no por España, sino contra la ideas de la Revolución francesa, contra los soldados de Voltaire como decían.

La ominosa década fernandina (1823-1833) —que hubiera sido imposible sin la invasión extranjera— fue, pues, accidente gravísimo en la Historia moderna de España. La nación retornó a los días de Carlos II. Todo el progreso moral e intelectual debido a los reyes y políticos del siglo XVIII quedó anegado por la ola de vesania y plebeyez que tuvo su centro en la Corte. Al despotismo ilustrado sucedió una tiranía oculta.

Los liberales que no perecieron en la represión, emigraron; y en Londres se hicieron famosos por sus andrajos los refugiados españoles que se daban cita en Leicester Square. Si la intervención de la Santa Alianza impuso a España un retroceso político de cien años, la intervención italoalemana en la guerra civil de 1936-1939 situó de nuevo a nuestra nación —en el orden político, moral e intelectual— en el decenio de 1823-1833. El régimen del general Francisco Franco retrotrae a España a la época fernandina. En gran parte, la Historia se repite. En 1823 el ejército invasor era francés.

Francia destruyó violentamente la Constitución liberal española por mandato de la Santa Alianza . Inglaterra que no pertenecía a la Santa Alianza , se declaró no intervencionista; pero Wellington trazó los planes a los píos aliados en el Congreso de Verona, para el caso de que los invasores tropezaran con resistencia popular en España. En 1936-1939 las fuerzas invasoras eran italianas y alemanas; pero Inglaterra, que proclamó la política de No Intervención, observó una neutralidad que representaba ayuda indirecta a los intervencionistas.

Al general Franco lo aúpan al poder las potencias europeas, como en 1823 auparon a Fernando VII. Los militares, tenidos a raya, durante cincuenta años, por el régimen de la Restauración, hicieron de España un país ocupado por su propio ejército. La guerra civil había removido los últimos sedimentos de la sociedad española, y esa resaca arrojó a la vida pública hombres e ideas que no se concebían ya.

Introducción

Conformada España moral, política y económicamente por el largo y violento proceso medieval que le impuso la Reconquista, desembocó en el Renacimiento dividida en cinco estados: Aragón, Castilla, Navarra, Portugal y el reino moro de Granada . Cada uno de estos estados se regía por instituciones soberanas particulares; y el de Aragón comprendía tres pueblos, con sus Cortes aragonesas, catalanas y valencianas, respectivamente. Sin embargo, en todas las regiones latía en el siglo XV un sentimiento favorable a la centralización y a la unificación estatal de la Península. Las Cortes y el régimen municipal de la Edad Media estaban en decadencia. La unificación legal de Castilla se realizó en la mayor parte de los casos por presión de los diputados o procuradores de los concejos. Lo mismo, o poco menos, aconteció en otras regiones.

La Virgen de los Reyes Católicos
Cuando Fernando el Católico modificó la constitución política de Barcelona, los concelleres no hallaron asistencia en la opinión pública para resistir al príncipe: en 1490 quisieron adoptar medidas para contener la amenaza, pero la mayoría de las personas a quienes pidieron consejo mostraron gran frialdad en la defensa de los fueron municipales: prueba elocuente —comenta con acierto Altamira— de que se había perdido el antiguo amor a la independencia y de que la masa se sentía dominada por el prestigio de la autoridad real y por las ideas absolutistas de la época. Altamira, Histpria de España y de la Civilización Española, 4ª edición, t. II pág. 453.

La monarquía absoluta se había ido afirmando desde el siglo XIII en virtud de la resurrección del derecho romano, y la unidad de España era una exigencia del tiempo, dictada por la reacción contra el orden particularista medieval y también por la necesidad de sobrevivir en un mundo en que las naciones divididas sucumbían ante el juvenil apetito de las unidas.

Bajo Enrique VII consumó Inglaterra su unificación política, y lo mismo hizo Francia bajo Luis XI. Fernando el Católico era en España perfecta contrafigura de esos dos príncipes. Príncipes muy renacentistas por sus ideales y por su perfidia fueron asimismo don Juan II de Aragón y su segunda mujer, doña Juana Enríquez, que tanto contribuyeron a la unión de Aragón y Castilla, persiguiendo por todos los medios el casamiento de su hijo Fernando con Isabel.

Con todo la unificación política de España no podía ser como la de Inglaterra o Francia; habría de tener sus limitaciones; no se anulaban ni borraban ya por completo los efectos y consecuencias de la peculiar Edad Media peninsular. La sociedad española se hallaba aún dominada por el espíritu de la Edad que moría, lo que explica que Isabel y Fernando pusieran más de una vez en peligro su propia obra con palabras y actos incomprensibles de otro modo. Isabel era esencialmente una mujer de la Edad Media, como lo fueron sus directores espirituales; Torquemada y el cardenal Cisneros. En la diarchia o gobierno dúplice en que Fernando personificó la razón de Estado y el escepticismo del Renacimiento, Isabel representó los ideales medievales con un leve tinte humanista a los sumo, como Cisneros.

Antes que Felipe II fue Isabel quien pronunció, ante la cuestión religiosa, la famosa frase: aunque se pierdan los Estados, fórmula impolítica que jamás hubiera usado Fernando. Precaria y todo, la unificación realizada por los Reyes Católicos y continuada por Carlos V y Felipe II ahorró probablemente a España el trágico destino a que la desunión política condenó entonces a otros pueblos. España no era en el siglo XV una nación que se hubiera desenvuelto biológicamente, por decirlo así, sin accidente grave alguno, fiel al ciclo de las edades, como un ser normal.

Para juzgar a la monarquía absoluta española y apreciar la obra de los Reyes Católicos hay que tener presente que la Península salía de la Edad Media desahuciada, tan dividida e ingobernable, que tenía difícil enmienda. Quien pase por alto esta circunstancia errará fundamentalmente en la interpretación de la historia moderna de España. España entraba en la nueva Edad sentenciada a devorarse en sí misma en guerras intestinas, a desaparecer en un caos de luchas entre las clases sociales, entre las razas y entre las religiones.

Los contemporáneos no veían salida, y en el discurso coherente y ordinario de los hechos, según los discernimos, no la había. La aparición de Isabel y Fernando en el trono fue una especie de fenómeno o suceso providencial, que bien estudiado nos parece portentoso.

Carlos I y Felipe II

No ofrece duda de que los Reyes Católicos salvaron a España como Julio César salvó a Roma: para que pudiera tirar, y con cierta gloria, otros tres siglos más. La suposición de que en el siglo XVI se inserta en la historia española un elemento extraño que corta el normal desenvolvimiento del ser español y le pone con todas sus energías y toda su grandeza al servicio de una dinastía servidora a su vez de una idea imperialista y católica (Azaña) no se sostiene, porque elimina toda la imponente realidad medieval española, que disparaba a la nación en ese rumbo.

Sin duda, la alternativa que se ofrecía al estadista español en el Renacimiento se hubiera cifrado en una política que permitiera organizarse a las regiones y ciudades españolas en régimen análogo al de las repúblicas italianas; pero eso era imposible en la España de los siglos XV y XVI (en primer lugar, este tipo de libertad no interesaba al pueblo entonces, porque le situaba, indefenso, a merced de la poderosa nobleza) y hubiera sido fatal para la Península.

Basta con leer la jeremíadas de Maquiavelo ante el drama de una Italia desunida, desgarrada por las invasiones, campo de batalla de todos los ejércitos de Europa, víctima de las despiadadas intrigas de la diplomacia internacional, para persuadirse de la razón con que el gran patriota florentino veía en la monarquía de Fernando el Católico un régimen ejemplar y envidiable.

Es por tanto absurda la idea de que los Austrias, una dinastía extranjera, importaron en España el régimen absolutista y centralizador. No hay tal cosa; ni hay, si bien se considera, tales Austrias. Carlos I (Carlos V de Alemania), como heredero de la personalidad moral de Juana I la Loca, su madre, sin un solo rasgo idiosincrático que recuerde al alegre y vital Felipe I el Hermoso, su padre, era un personaje profundamente español. De Felipe II , hijo de esa figura tan española Menéndez Pidal y de una portuguesa, no hay que decir.

Con su política cesarista dentro de España, Carlos V continuó la obra de los Reyes Católicos. Y Felipe II desarrolló la política de su padre y de sus abuelos, incluso en la cuestión protestante. Porque aunque hubo un momento en que Carlos V buscó la conciliación con los luteranos y se carteó con Erasmo, entró luego en favor del catolicismo y contra la Reforma, fomentó la Inquisición, se interesó por el Gran Concilio y desde el monasterio de Yuste envió a su hijo instrucciones draconianas contra los heterodoxos de Valladolid y Sevilla.

Bien que se advierta en la política religiosa de Carlos V y Felipe II la continuidad de los afanes de los Reyes Católicos, pues, en fin de cuentas, la política antirreformista de aquellos se inspiraba en el sentir y las tendencias de los españoles tanto como la de Isabel y Fernando, no es menos cierto que Carlos no recogió con mano firme ni prosiguió con el deseable impulso la obra nacional emprendida por sus abuelos maternos.

Los treinta y tantos años de reinado de Carlos V fueron años perdidos para España, dado que estuvo ausente, en conjunto, cerca de veintitrés y en una sola ocasión tardó en aparecer por la Península casi tres lustros. La nación que pareció que iba a levantar la monarquía unitaria quedó por hacer; y la unificación orgánica de España avanzó poco en los ciento cincuenta años de poderío español. Porque en sus últimas aspiraciones la política del Estado español del siglo XVI fue netamente medieval.

Se pretendió perpetuar la Edad Media, y perpetuarla, no solo en España, sino en toda Europa. Y ello tuvo dos consecuencias importantes: una, que la nación desvió su interés y su fuerza hacia el exterior, con lo cual se olvidó de sí misma, y otra que el Estado se desentendió de la obra de unidad orgánica, como acabamos de decir, por la que, pensando con conceptos medievales, no sentía la urgencia del Estado francés, por ejemplo; y como las regiones se orientaban también con igual espíritu, defendieron la tradición particularista medieval con tenacidad.

Los ideales de Felipe II eran los de su bisabuela, Isabel la Católica. En su reinado se vuelve a sumergir España en la Edad Media, pero con sus cumbres intelectuales como la representada por Cervantes iluminadas por el Renacimiento. Y aunque Felipe II apenas salió de la Península, siguió absorbido más por la marcha del mundo, que él quería regir, que por la marcha de su país, del que, sin embargo, se ocupó en mayor medida que su padre. Pero no impulsó la obra unificadora, como veremos a continuación: la unión de Portugal con el resto de los Estados de la monarquía fue puramente formal.

Felipe II, rey de los españoles

La Independencia política de Portugal estaba ya en el Renacimiento muy consolidada y a ello había contribuido poderosamente Inglaterra en los siglos anteriores. El conflicto histórico anglo francés estuvo exacerbado en los siglos XIV y XV, e Inglaterra necesitaba a Portugal para luchar contra Francia. La necesitaba también para debilitar a Castilla, aliada a veces de Francia. Es decir, Portugal debía la afirmación de su independencia a ese fenómeno internacional, aun subsistente, que se conoce por balance of power.

Otro factor acabó de singularizar a los portugueses, por más que no denote genio distinto al de Castilla, de donde salieron figuras de igual talla: los descubrimientos geográficos. La independencia estranguló económicamente a Portugal (que continua aniquilada por esa razón). Con su extensísima costa, a menudo abrupta o estéril, y su corto hinterland, los portugueses tenían que navegar o condenarse a una vida miserable; y antes del descubrimiento de América ya se afanaban con angustia por acrecer su espacio vital, que solo podía ser marítimo, si Portugal insistía en mantener fronteras con Castilla.

Así, las navegaciones de los portugueses, que fueron hasta cierto punto consecuencia de la separación, dieron a Portugal una personalidad que a su vez acentuó la independencia política. Y, sin embargo, de tal modo favoreció el Renacimiento —en la medida en que penetró en España— la política de la mutua aproximación de los pueblos peninsulares, que Portugalpersiguió la unión peninsular con tanto interés como Aragón y Castilla.

Si su incorporación al nuevo Estado fundado por Isabel y Fernando fracasó, no fue por ninguna razón o causa profunda. Sabido es que la unión se forjaba entonces formalmente mediante los enlaces matrimoniales de la realeza, y solo la muerte, arrebatando pertinazmente a los príncipes castellano portugueses que fueron candidatos sucesivos al reino unido de España, impidió que prosperaran tan altos proyectos. En tiempos de los Reyes Católicos y de Carlos V, Portugal quedó fuera del estado español, pero se sintió aún española.

Se acendró en el siglo XVI la entrañable intimidad cultural, que desde mediados de la centuria antecedente hermanaba a Portugal con Castilla por el lazo de la poesía bilingüe. La unión política siempre frustrada, continuó latente, y se lograría. El auge del poder español actuó de fuerza centrípeta, atrajo a Portugal, y fue también el principal agente en la absorción de Cataluña. En 1580 estaba España en la altura meridiana de su poderío e influencia.

Fuera de la Península los dominios de Felipe II comprendían las Islas Baleares, y Canarias, el Rosellón, Nápoles, Sicilia, Milán, Cerdeña, Flandes, los Países Bajos, el Franco Condado, plazas del N. de África; México, el Perú, Nueva Granada, Chile, las provincias del Paraguay y la Plata y todas las Antillas, en América; en el Pacífico, las Filipinas.

En suma, la monarquía española era en ese instante la más poderosa del orbe y su fuerza militar y diplomática, irresistible. Portugal, en cambio, declinaba. Camoens cantaba ya glorias pasadas. Portugal percibió, quizás, el error de la separación y aceptó a Felipe II como rey en las Cortes de Thomar (abril de 1581). Ni el derecho indiscutible de Felipe II a la corona portuguesa, ni la peripecia militar que le abrió la ruta física al trono explican la unión, que solo por causas más hondas pudo lograrse y mantenerse durante sesenta años.

Castellanización de Cataluña

Cataluña, cuyas instituciones dejó incólumes en esencia la corona, se castellanizó por el mismo fenómeno que facilitó el acercamiento de Portugal: la incontenible presión moral de Estado y el idioma nacional español reinante en los dos hemisferios. (Por razones semejantes se hace inglesa Escocia desde principios del siglo XVIII).

Ese factor se alió con otros decisivos, que despotenciaron a Cataluña: el descubrimiento de América, que dirigió a Occidente la actividad mercantil; las conquista de los turcos en Asia Menor, que interrumpieron el comercio catalán con las escalas de Levante; la piratería turca y berberisca, que tornó inseguro todo tránsito por el Mediterráneo, y la cuestión religiosa, que privó a Barcelona de grandes capitales de que eran dueños los judíos ortodoxos y conversos. Estos accidentes asestaron a Cataluña el golpe que impuso su decadencia y casi borró su personalidad. La mengua de la personalidad catalana se gestó, en definitiva, en la ruina económica de Barcelona. Si bien Isabel, llena de prejuicios medievales, excluyó a los catalanes del comercio con las Indias, Carlos V, que abría las Cortes catalanas hablando catalán, sentía debilidad por ellos y los favoreció mucho.

Pero el remedio de la crisis no dependía de la corona; tenía demasiada profundidad. Cuando decimos que Cataluña se castellanizó no empleamos, tal vez, la palabra exacta para señalar el hecho de la sustitución en los grandes centros de población del principado del idioma catalán por el que hablaban la mayoría de los españoles. Deberíamos decir se españolizó . Porque el lenguaje que se extendía por toda la Península, lenguaje suprarregional, no era, en rigor, el castellano, sino otro, aunque elaborado sobre el dialecto castellano, distinto.

El romance que resultó en Castilla por la progresiva descomposición del latín, distaba mucho de ser la lengua de cultura compuesta y edificada sobre la descomposición dialectal castellana por los hombres más cultos de todas las regiones españolas. Cataluña contribuyó, como las otras regiones, a formar la lengua nacional, el español, que al abrirse paso, en detrimento del catalán, por el Nordeste de España acentuó la españolización de Cataluña. El castellano propiamente dicho siguió siendo un dialecto como otro cualquiera de la Península y no rebasó los confines de Castilla la Vieja.

Sin embargo, hemos escrito se castellanizó y no se españolizó teniendo en cuenta que Cataluña es una región española, y lo sería aunque solo hablase catalán. La última expresión es solo valida, pues, para definir con propiedad el acontecimiento lingüístico. Cuando el español se propagó por las ciudades catalanas, Cataluña no recibió, en fin, una lengua extranjera, sino el habla nacional de España, tan suya como de las demás regiones, construida por todos los espíritus cultivados de la Península; por el valenciano Vives, como por el portugués Gil Vicente, por el andaluz Herrera, como por el catalán Boscán.

Olivares y la unidad nacional

Dijimos que Felipe II dejó en pie en las regiones la organización política medieval no afectada por las reformas de sus predecesores. Antes que derogar los privilegios feudales los sostuvo con indiferencia, inclusive cuando el pueblo clamaba por su abolición, como aconteció con el despótico tribunal fuerista de los Veinte en Zaragoza, instituido a principios del siglo XII y que todavía en 1589 aplicó la pena de horca a dos reos sin formación de proceso.

Cierto que en el reinado de Felipe II perdió su independencia la institución del Justicia Mayor de Aragón, pero ello no hubiera acaecido sin los disturbios a que dio lugar la presencia de Antonio Pérez —el secretario del rey, que, huido y en rebeldía, se refugió en Zaragoza—. Nunca estuvo en la intención de Felipe II la intención de abrogar este fuero, por lo demás de indiscutible impronta medieval, pues la función del Justicia consistía en velar por la seguridad de los nobles.

Y es que en la Edad Media, singularmente en Aragón y Cataluña, la libertad tenía significación y alcance muy restringidos; era privilegio de una minoría, compatible con la más desenfrenada opresión de las clases serviles. Por eso la acción igualitaria de la monarquía absoluta hizo popular al príncipe y a la institución. En la constitución política de Cataluña, dicho se está, Felipe II tampoco introdujo ninguna modificación especial.

En Portugal respetó escrupulosamente la autonomía. Los personajes de la dinastía sustituida —salvo don Antonio, el prior de Crato — continuaron residiendo en el país y se movieron con libertad absoluta, liberalmente tratados, al extremo de seguir existiendo la corte portuguesa. En aquello que pudiera ofender los sentimientos nacionales de los portugueses, el cambio de régimen solo se reflejó en la presencia de un virrey, un pequeño destacamento de tropas españolas y algunos impuestos sin importancia.

Los empleos públicos continuaron desempeñados por portugueses. En ninguna ocasión trató Felipe II de usar el ejército o la marina de Portugal en campañas que no fueran en interés directo de aquella nación. Portugal administró sus ingresos sin intervención de la corona. Las colonias continuaron bajo gobierno y administración de los portugueses. En suma, Portugal no tuvo queja de Felipe II , cuya política, si de algo pecó, fue de timidez, a la que este rey, como es sabido, fue excesivamente adicto, excepto cuando se ventilaban asuntos de la fe religiosa.

Se ha dicho que Felipe II no extrajo a la unión con Portugal todo el fruto que prometía para el interés peninsular y que debía haber trasladado la corte a Lisboa. En el primer reproche hay, sin duda, algún fundamento, pero no en el segundo. Educados los portugueses desde tiempo inmemorial por las clases dominantes en aquel país en el odio a Castilla —y los castellanos, estúpidamente, en el desprecio a Portugal—, la unión requería por parte de los españoles tacto muy suave y en este criterio se inspiró Felipe II , no dando ningún paso que pudiera herir la hipersusceptibilidad portuguesa.

La fusión de ambos estados, aun teniendo tan corto alcance, no perjudicó a Portugal, sino todo lo contrario. Felipe II dio nuevo impulso al comercio peninsular suprimiendo las fronteras fiscales entre los dos reinos; trato de hacer el río Tajo navegable desde Toledo a Lisboa; combatió con resultados apreciables la mendicidad; mejoró la administración pública y llevó a cabo la ordenación de las leyes portuguesas, que refundió en un todo conexo.

En el reinado de Felipe II , Portugal siguió tocando los beneficios de la unión, sin ninguna de sus desventajas. Pero España, desde la derrota de la Armada Invencible en 1588, comenzó a resbalar por la pendiente de su derrumbamiento militar y político, y lo que el prestigio y el éxito habían anudado, el fracaso y la penuria lo iban a desanudar. Mientras España sostuvo su relevante posición en la guerra y en la diplomacia, la aguda diversidad política y administrativa de sus regiones, esto es, la escasa penetración de la unidad nacional, pudo no preocupar seriamente a la monarquía.

Mas la rápida crisis del poder español en Europa planteó de súbito el problema de la unidad efectiva de la nación

España estuvo de continua en guerra con Francia, una potencia uniforme, organizada a base de una fuerte centralización. La vastedad de los territorios españoles en el mundo —todos codiciados por Estados jóvenes deseosos de acrecer su riqueza y su poder—, imponía a nuestra nación, aunque nadie lo hubiera querido, una lucha sin tregua.

Ya desde la unión de las coronas de Aragón y Castilla, el pasado de la política aragonesa catalana en el Mediterráneo complicó a Castilla en las guerras por la reconquista o conservación de los territorios de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Rosellón, y la rivalidad tradicional de Aragón y Cataluña con Francia forzó a los Reyes Católicos a buscar alianzas en el Norte y en el centro de Europa.

De ahí, el matrimonio de Juana, hija de Fernando e Isabel, con el archiduque de Austria, Felipe I el Hermoso. Los países aportados por los Habsburgo y borgoñones a la nueva combinación estatal acabaron de asegurar la insoslayable intervención de España en las luchas continentales. No hay, ciertamente, nada caprichoso en la dirección que tomaron los intereses españoles, siquiera sea exacto que al recaer la corona imperial de Alemania en Carlos I de España un nuevo factor vino a multiplicar los compromisos españoles en Europa.

El hecho más transcendental, sin embargo, es que el imperialismo francés arrastraba a España —una vez consumada la unión de Aragón y Castilla— a la alianza con los países del Norte y el centro de Europa, y a estos a la alianza con España.

Por tanto, las interminables guerras en que España se ve envuelta en los siglos XV, XVI y XVII, se originan, o en la necesidad de conservar la herencia de la corona de Aragón en el Mediterráneo y en Francia, o en el designio imperialista de Fernando el Católico —compartido por Isabel con un sentido nacional—, o en defensa de los ideales religiosos antirreformistas

Estas luchas, junto con los azares y trabajos dDescubrimiento y Conquista de las indias occidentales, consumen rápidamente las energías de España, en particular las de Castilla. Pero no estamos, como se ha supuesto, ante empresas y aventuras que Castilla, persiguiendo una política y unos ideales propios, solo a ella inherentes, imponga a España.

Ya hemos visto como los intereses de la corona de Aragón y Cataluña desvían las fuerzas de Castilla a la vorágine mediterránea y continental. En cuanto a las guerras de religión, tan fervorosamente adscritos, con no menos militante ademán estaban los vascos, aragoneses, catalanes y portugueses a la contrarreforma como los castellanos.

La defensa del catolicismo era un ideal peninsular. No obstante eso, la subsistencia de los privilegios y particularismos locales, oriundos de la organización medieval, echaba casi todas las cargas sobre Castilla. Ninguna otra región contribuía en la medida necesaria y justa con dinero y con hombres a las guerras que abrumaban al Estado español, como si Castilla las buscara siempre y solo se debatiera en ellas un interés puramente castellano o dinástico.

Los catalanes rechazaban sistemáticamente todo intento de imponerles tributos, no admitían a las tropas del rey de España en territorio catalán, procuraban desentenderse de la lucha con Francia —en tanto no fuera invadida Cataluña—, y toleraban de pésimo grado a los funcionarios de la corona. Igual actitud observaban los vizcaínos y los aragonesesiglo Vizcaya, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca se regían por sus organismos de gobierno, por sus Cortes, sus consejos, sus Diputaciones, sus Juntas, sobremodo sensibles a cuanto menguara la tradición medieval de independencia, ya anacrónica e insostenible

En ausencia de solidaridad entre pueblos cuyos intereses morales, políticos y económicos se hallaban, lo quisieran o no, tan estrechamente enlazados, se puso de manifiesto, en su más cruda revelación, cuando la crítica posición de España en Europa y la bancarrota de la Hacienda indujeron a los gobernantes a buscar soluciones en remedios heroicos.

En aquellas condiciones no le era dado al Estado español hacer frente a sus innumerables y poderosos enemigos exteriores, y no faltaron cabezas que al indagar sobre las causas de la debilidad de España la atribuyeran en primer lugar al atávico medievalismo —que en ciertos casos será simplemente feroz primitivismo— en que se desenvolvían algunas regiones.

Se descubrió que en punto a la unidad nacional todo estaba aun por hacer, y se convino en que apremiaba imprimir a la unificación nuevo y decisivo impulso. El principal autor de esta política fue el conde-duque de Olivares, dictador del reinado de Felipe IV (1621-1665). Olivares percibió mejor que nadie los desastrosos resultados del mutuo apartamiento e ignorancia en que vivían las provincias de la monarquía. Y, en efecto, era lamentable que se consideraran extranjeros en cada región al resto de los españoles.

De otra parte, Olivares achacaba en gran parte las victorias diplomáticas y militares de Francia a la enérgica centralización de este país. Advertía, sin duda, que luchaba con Richelieu —a quien admiraba y quería imitar— en condiciones de manifiesta inferioridad. El ideal del privado español hubiera sido poder hacer en España lo que su rival hacía en Francia. Pero la Francia de Richelieu se encontraba en un momento vital de ascensión inverso al de España, que era de veloz descenso desde los últimos diez años del reinado de Felipe II .

La idea del conde-duque consistía en acabar con las autonomías regionales mediante un alarde fuerza combinado con negociaciones diplomáticas. Esto es lo que aconsejó a Felipe IV en la Memoria que le sometió en 1621. En este documento el valido proponía, concretando, que se multiplicaran y acentuaran las relaciones entre los pueblos de la Península para que se conocieran y estimaran y dejaran de mirarse con desconfianza.

Era esencial —aconsejaba— que catalanes, castellanos, aragoneses, portugueses, vizcaínos, etc., participaran, mezclados, en las funciones del Estado. Había que atraer a los catalanes a Castilla y abrir las puertas de Cataluña a los castellanos. La aspiración de Olivares estribaba, en resolución, en fundir en cierto modo a las naciones de la Península en una gran comunidad española, cada uno de cuyos componentes tuviera conciencia de la realidad de un interés transcendental español, común a todas las regiones

En el mismo escrito especificaba Olivares esta política con referencia a Portugal. El rey debía visitar más a menudo a los portugueses, otorgarles empleos y honores en Castilla, elegir entre las clases superiores cabezas del ejército, oficiales palatinos, virreyes, embajadores. Al propio tiempo debía emplear cierto número de castellanos en Portugal.

El conde-duque se apresuró a poner en práctica sus teorías sobre la unidad nacional y envió a Portugal con esta misión al marqués de Castel-Rodrigo. Llegaron a Madrid representantes de la nobleza, el clero y las ciudades portuguesas y se entablaron negociaciones al efecto. Se habló de fundir la Cortes de Portugal y Castilla. El Consejo de Castilla, que entendía en los problemas de los reinos, sería substituido por otro, cuya presidencia recaería en el arzobispo de Évora, portugués.

Cataluña y Portugal

En el siglo XVII español era por demás arriesgado el intento de consumar la centralización política y administrativa de la Península. El momento favorable a esta política había pasado.

Felipe IV no inspiraba ni la admiración ni el temor que inspiraron sucesivamente los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II . Olivares, para que nada quede por decir, era un tirano y su gobierno intolerablemente injusto; y su política exterior, que insistía en perseguir objetivos que ya no interesaban al pueblo, tenía el defecto de ser, además de trasnochada e impopular, ruinosa a plazo inmediato.

En ese instante la monarquía carecía de fuerza moral y material para conservar la unidad política de la Península, y dado el derrumbamiento exterior y el formidable descontento interior, la única política recomendable hubiera consistido en descubrir la forma de evitar que quebraran los insuficientes lazos que unían a Portugal y a Cataluña con el Estado Nacional. Mantener la unidad existente, no el acentuarla, hubiera sido ya un triunfo para el gobierno. Pero plantear la cuestión de las autonomías, aun habiendo en ellas mucho de abusivo, cuando la autoridad moral y física del Estado descendía a su nadir, presuponía, claro es, estimular el impulso centrífugo avivado por las derrotas y el desgobierno.

Era, en fin, el único momento, desde los Reyes Católicos, en que una elemental prudencia aconsejaba renunciar a la centralización. Ahora bien, la misma situación —guerras de resultados adversos, penuria financiera del Estado, desorden interior— que mermaba el ascendiente de la monarquía unitaria sobre las regiones excitaba al gobierno de Felipe IV a violar los privilegios que impedían al rey obtener recursos y hombres para la defensa del país.

La rebelión de Cataluña en 1640 y la cruenta guerra civil de doce años a que condujo —durante el cual los catalanes trataron de constituirse en República independiente y a continuación se sometieron a la soberanía de Luis XIII de Francia, arrepintiéndose pronto de haber dado este paso— esta guerra tuvo por causa inmediata, antes que la defensa de los fueros, la ineptitud y la intemperancia del gobierno central.

Los campesinos catalanes se alzaron al grito de ¡Visca ´l rei i muyra lo mal govern!. En principio, Cataluña se sublevó, pues, no como nación, sino como provincia de la monarquía española

El Corpus de Sang

Y cuando se enumeran los agravios —no todos evitables— que sufrieron los catalanes desde que las tropas del rey acamparon en su región para pasar a Francia hasta que se generalizó el levantamiento, no se hallan, ciertamente motivos para alabar la conducta de los catalanes — que costó a España el Rosellón, entre otras cosas—, pero sí para justificarla. Cualquiera otra provincia hubiera reaccionado, si no con igual violencia, al menos con idéntico gesto de rebeldía en parejas circunstancias. Cataluña no podía aguantar más.

En el pleito de los fueros, la razón histórica estaba al lado la monarquía, pero la evidente extemporaneidad de la iniciativa unitarista de Olivares, agravada por la altanería dictatorial con que se presentó, disminuyeron aquella en modo superlativo. Ni era ya el espíritu fuerista tan intransigente que excluyera, en lo principal, un acuerdo. Los catalanes habían realizado un esfuerzo prodigioso antes del alzamiento en la guerra del Rosellón, en la que lo dieron todo, hombres y dinero, con una generosidad que hizo posibles las primeras victorias sobre los franceses.

Tropas catalanas lucharían enseguida, por cierto, contra los separatistas, sus compatriotas, bajo las banderas reales. Y aun después de comenzada la lucha civil, no olvidaron los catalanes despachar un emisario a la corte para solicitar al rey que confirmara, como de costumbre, la elección de los nuevos concellers, sin duda para que se notara que estaban en guerra contra el gobierno, pero no con el Estado.

Estos y otros incidentes de gran significación nos persuaden de que el separatismo fue un vástago de la invericundia gubernamental. Olivares confiaba en exceso en la fuerza y no solo no había temido la insurrección, sino que se dispuso a aceptarla como ocasión singular de pretexto para aniquilar los fueros. Perversa política policíaca que le llevó a abusar en Portugal y en Cataluña de una fuerza que el Estado español no poseía y que destruía en agraz el fruto que pudieran alumbrar las negociaciones pro unidad.

Los catalanes se mostraban más afectos aún a la monarquía que los portugueses. Pero en el mismo Portugal el poder de la Corona había echado raíces. Gozaba allí de mucha fuerza el partido unitarista, por no llamarle partido español. En el figuraban muchos grandes y personas importantes del reino, entre otros, el arzobispo de Braga, el marqués de Villarreal, el duque de Caminha, su hijo, el conde de Valde Reys, el de Castañeira, el de Armamar, el general Francisco de Mello, jefe de los Tercios españoles de Flandes.

Margarita de Saboya

Ya el hecho de que aun habiendo decaído tanto España y su monarquía hubiera nobles, eclesiásticos y ciudadanos portugueses que discutieran con el conde-duque la cuestión de la unidad orgánica de ambos reinos, apunta a un estado de cosas que cuidadosamente administrado en épocas más oportunas, hubiera forjado la fusión, cuando menos dentro de ciertos confines.

Doña Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, mujer de extraordinaria inteligencia y muy noble tacto, que tan discretamente había desempeñado el papel de virreina de Lisboa, conocía como pocos la situación de Portugal, y su convicción era, y así se lo dijo a Felipe IV, con copiosas noticias, que solo a aquél (a Olivares) y a sus allegados y amigos debía atribuir la pérdida de la corona portuguesa. El impulso que alejó a portugueses y catalanes del Estado español en fue uno y el mismo, provocado por el odioso gobierno del conde-duque.

Mas en la protesta portuguesa había un aliento separatista desde los comienzos que no sentían los catalanes. Porque Portugal conservaba su dinastía propia, en acecho de la coyuntura de volver al trono, y contó en seguida con lo que siempre la ha salvado —o la ha perdido, según distintos tipos de vista—, con la ayuda de tropas extranjeras (francesas, holandesas, inglesas); al paso que Cataluña, que no podía subsistir como república medieval, se vio pronto ante la inquietante alternativa de hacerse francesa, y Francia era más centralista que Castilla .

Existía una tradición antifrancesa en Cataluña que no tardó en aflorar, abriendo los pueblos las puertas a las tropas de Felipe IV y cerrándoselas a los franceses, —guerra del Rosellón—

Resulta, por consiguiente, que la insurrección catalana de 1640 no fue, al surgir, un movimiento separatista, sino una reacción contra el desgobierno, y desgobierno era también, como hemos señalado, el intento de abolir las autonomías en ese instante y por tales procedimientos marciales y seudodiplomáticos. Se revela de nuevo en el siglo XVII lo que constituye la tradición catalana dentro del Estado español.

Cataluña nunca ha sido separatista, sino como reacción contra el gobierno intolerable o estimulada por la descomposición del Estado

La mera amenaza a sus fueros jamás ha hecho guerreros a los industriosos catalanes; pero la historia también ha demostrado, desde la sublevación contra don Juan II de Aragón, en el siglo XV, que si la centralización o el prurito asimilista coinciden con el mal govern, con la corrupción y la injusticia del poder central, los catalanes son difíciles de sujetar. Esto es lo que nos dirá también el subsiguiente estudio del problema.

Felipe IV no abusó de su victoria militar sobre los separatistas, y excepción hecha de algunas medidas precautorias, dejó al principado en el disfrute de sus antiguos privilegios, lo cual fue añadir al error de provocar la guerra civil el de no aprovechar sus consecuencias lógicas. Pero Cataluña no era un ente estático, insensible al paso del tiempo, y en el seno de la sociedad catalana bullía una revolución social que actuaba pertinazmente contra los particularismos legados por la Edad Media.

Este amago imponderable inquietaba a los fueristas, que representaban una reacción, o sea, la actitud sobresaltada común a todas las sociedades amenazadas por el simple transcurrir de los días. La decadencia medular de las instituciones forales, en Cataluña y fuera de Cataluña, presagiaba su acabamiento y acendraba la susceptibilidad del tradicionalismo.

Los más peligrosos enemigos de este tradicionalismo, que parecía liberal, y, como decimos, era una reacción, eran las nuevas clases sociales de la propia región catalana, que emergían soliviantadas contra los privilegios de todo linaje. La situación en que quedó definitivamente Cataluña —provincia de la monarquía española— descartaba la posibilidad de que permaneciera de modo indefinido bajo el Estado nacional con instituciones anteriores a la unidad política.

El rey no podía ser soberano si en Cataluña disputaba sus prerrogativas otra soberanía. O era también rey de los catalanes o no lo era. O Cataluña se separaba, y en ese caso le sería dable existir plenamente como nación, o, si la secesión resultaba imposible, tendría que avenirse a ceder de su nacionalidad cuanto era inconcebible con la unidad del Estado

Este era el problema por mucho que lo obviase Felipe IV, y el problema se resolvió al cabo, naturalmente, con la desaparición de los fueros, corolario inexorable del hecho de que Cataluña hubiera de seguir siendo española porque así lo ordenaba la Historia.

Como en seguida se comprobará, semejante realidad les entró pronto por los ojos a los regionalistas, y los privilegios murieron, en resumidas cuentas, de muerte natural. Por cuanto no dependía solamente de la voluntad del monarca la cuestión de los fueros, Felipe IV, respetándolos, dejó en pie el conflicto para sus sucesores. La anarquía constitucional se prolongó durante otros cincuenta años, pero así que se presentó una nueva crisis del Estado, el problema de la supervivencia o la desaparición de los antiguos privilegios se planteó de nuevo.

Felipe V llevó a la práctica, a la postre, en 1707-1716 los designios del conde-duque de Olivares. Importa ahora averiguar como se produjo este acontecimiento. Sobrado conocidas son las causas de la guerra por la Sucesión al trono español en los primeros años del siglo XVIII. Carlos II de España murió sin descendencia directa, y la casa de Austria y la de Borbón se disputaron su cetro, respectivamente, para el archiduque Carlos, hijo del emperador de Alemania, y para el duque de Anjou, nieto de Luis XIV.

La contienda duró nueve años y en su transcurso se puso de relieve que Cataluña, Aragón y Valencia, esto es, las provincias de la antigua corona de Aragón, respaldaban con entusiasmo al candidato austriaco y que Castilla luchaba con no menos ardor por el francés. Curioso fenómeno, lleno de sugestiones, aún, tal vez, por analizar. Tratemos de explicárnoslo. La repulsa de Castilla al archiduque se comprende sin vacilación, porque el mal gobierno de Felipe III y de Felipe IV, las liviandades de la regente, la nulidad de Carlos II y la avaricia de su mujer doña Mariana de Neoburgo, habían hecho odioso el nombre alemán.

En el discurso de la guerra se aquilató la adhesión de Castilla a la nueva monarquía a causa de la alianza del pretendiente austríaco con Holanda e Inglaterra, naciones protestantes y heréticas . Los reaccionarios abrazaron pues, decididamente el partido de Felipe V, y como los Borbones contaban de antemano con la simpatía de los espíritus liberales, ya admiradores de Francia, fuera de Cataluña, Aragón y Valencia apenas latió ya un corazón por el hijo del emperador. ¿Por qué prefirieron las provincias que fueron de la corona aragonesa el austríaco al francés? ¿Temían por sus fueros, atendida la reputación centralizante de los Borbones? No parece haber sido esta última la razón principal de la hostilidad de esas provincias al nuevo monarca, pues Felipe V no dio motivos en su visita a Barcelona de 1702 para pensar que derogaría los privilegios.

Su contacto con las Cortes catalanas no se caracterizó por la cordialidad, pero eso había acontecido con todos los reyes, y acaso para tranquilizar a los catalanes en este punto, el Borbón les otorgó nuevos privilegios, que los barceloneses repudiaron luego haciendo con ellos una fogata en público. Por lo demás, Cataluña había sufrido el desbarajuste del reinado de Carlos II tanto como Castilla. No era para llorar su fin y término. Creo que precisa ver en la actitud de aragoneses, catalanes y valencianos, como mayor motivo, la tradicional antipatía de los súbditos de la corona de Aragón hacia la potencia vecina.

Este inveterado sentimiento —hoy sin duda, extinguido— resultó entonces intensificado por los catalanes. En los últimos veinte años del siglo XVII la guerra franco española había tenido por teatro a Cataluña, donde se había luchado con furor, aguantando Barcelona heroicamente un sitio de cincuenta y dos días. El hierro con que los catalanes habían peleado contra los franceses estaba todavía caliente cuando Luis XIV envió a su nieto al trono de España. A la verdad, Cataluña, que en un rapto de desesperación se había enfeudado a Francia en 1640, reafirmó con sus actos en la guerra de las dinastías su destino peninsular.

La veleidad aquella quedó, pues, como un suceso del que Cataluña no quería acordarse, y en la centralización que decretó el monarca vencedor, Felipe V, no podemos menos de ver la consecuencia irrevocable de esa reafirmación española de Cataluña. Es posible que la galofobia de las provincias que se alzaron por el archiduque austríaco influyese en el ánimo de Felipe V a la hora de decretar la abolición de los fueros. Pero no ofrece duda que el nuevo rey procedió como príncipe de su tiempo y no como francés agraviado.

En 1707 había derogado ya los privilegios de Aragón y Valencia, saliendo por otros fueros, los de la soberanía de la corona, a la que está reservada la imposición y derogación de leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanza de costumbres —decía el decreto real— podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello. La modificación de las instituciones catalanas las aplazó el monarca hasta el fin de la guerra. En 1714 disolvió el Consejo de ciento, la Diputación general y el Brazo militar o noble, y los reemplazó por una Real Junta Superior de Justicia y Gobierno formada por seis ciudadanos catalanes.

Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña

Las reformas fueron complementadas por el Decreto de Nueva Planta (enero 1716) que suprimía el resto de los privilegios políticos. Desaparecieron los virreyes y los substituyeron los capitanes generales. Con todo, la centralización estuvo muy lejos de tener un carácter general y absoluto. Cataluña conservó en gran parte su derecho penal y procesal, e íntegros su derecho civil y mercantil, su sistema monetario, su régimen de tributación, la exención del servicio militar, y otros fueron no menos privativos.

Solo en la administración de justicia impuso el rey el empleo del castellano. La represión política y criminal tuvo, por otro lado, en Cataluña severidad draconiana. Entre otras medidas impopulares que los catalanes resienten aún, ordenó Felipe V el trasladola Universidad de Barcelona al bucólico lugar de Cervera, por lo visto para evitar los frecuentes disturbios estudiantiles en la capital. En general, la autonomía, muy disminuida, era ya en la práctica mucho menos vigorosa que en la ley. Por eso no ofreció dificultad el trámite de consignar las Cortes de Valencia y Aragón a los archivos de la Historia.

En 1709 aparecen los diputados de estas antiguas provincias mezclados con los de Castilla en las Cortes de Madrid, y en 1724 envían sus representantes, por privilegio real, y por primera vez también, las ciudades catalanas. En realidad, Felipe V se circunscribió a imponer una unidad política a la que Cataluña no podía hurtarse por más tiempo sin daño para sí misma. De esta suerte Cataluña fue arrastrada finalmente a la responsabilidad plena de su misión española.

Si disminuyeron los privilegios catalanes medievales, tampoco se hizo ya excepción adversa a Cataluña en nada. Por más de una razón —no todas comprensibles para nosotros— los súbditos de la corona de Aragón habían estado excluidos del comercio con América. Felipe V levantó este absurdo veto. En 1720 se establecieron las reglas para la exportación de las manufacturas catalanas a las Indias occidentales.

Las disposiciones del nuevo monarca se tradujeron en mayor libertad de movimientos para la burguesía catalana y en merma del poder de la nobleza. Se dio cima de este modo a la revolución de tendencia democrática iniciada siglos antes.

Felipe V fue el rey que derogó el bárbaro derecho de vida y muerte que en Aragón disfrutaban aún los señores sobre los villanos. La monarquía absoluta, cuando la representó Carlos V , autorizó al pueblo a usar espada para defenderse de los nobles. El nieto de Luis XIV prohibió ahora a la nobleza adornarse con este símbolo de soberanía y poder de clase

Con las nuevas reformas Cataluña perdió su autonomía política, mas conservó su autonomía cultural y jurídica. No hubo por parte de la Corona propósito asimilista, y el hecho diferencial, en su más noble y sustantivo aspecto, fue reconocido. Por lo demás, ni en Cataluña ni en las demás regiones afectadas por el cambio sofocó la centralización ninguna fuente vital del genio peculiar de cada una de ellas.

Felipe V puso el cimiento de la nueva Cataluña, de la Cataluña burguesa moderna

A él y a sus sucesores —Fernando VI y Carlos III— le es deudora la burguesía catalana —en la medida en que estas metamorfosis dependen de los reyes— del poder con que se presenta en el mundo económico español al concluir el siglo XVIII, umbral del renacimiento catalán que devolvió a Cataluña, primero, su riqueza mercantil e industrial, y en seguida su lengua y su cultura abandonadas.

Autor y obra: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia España, Compañía general ediciones, 1950, México, T. I págs. 547-564.